Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01754-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01754-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01754-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01754-00
Accionante: JESÚS MARÍA MESTRA MARTÍNEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
CUARTA DE DECISIÓN
Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Cuarta de Decisión. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado
por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 6 de marzo de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Jesús María Mestra Martínez, actuando por conducto de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión, con el fin de que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y el «principio de gratuidad».
2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia del 29 de agosto de 2025, proferida la autoridad judicial accionada.
Mediante esta providencia se confirmó el fallo del 27 de junio del 2025 dictado
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión. Asimismo, se vinculó al Juzgado Sexto Administrativo
Oral del Circuito de Turbo; a la Nación, Ministerio de Educación Nacional; a la Fiduprevisora S.A., como
vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG); al
Departamento de Antioquia, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Jesús María Mestra Martínez
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por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Turbo, en el cual se
negaron las pretensiones de la demanda y fue condenado en costas, al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05837-33-
33-001-2023-00500-01.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en
sentencia proferida del 29 de agosto de 2025 dentro del medio de control bajo
radicado No. 05737-33-33-001-2023- 00500-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y PRINCIPIO DE GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente
judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, DEJAR SIN EFECTOS la providencia
judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen de
procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme la
normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de
salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante.3
1.2. Hechos
4. El señor Jesús María Mestra Martínez demandó en nulidad y
restablecimiento del derecho a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al
departamento de Antioquia con el fin de que obtener el reconocimiento de la
sanción moratoria por la demora en el pago de cesantías de que trata la Ley 1071
de 2006.
5. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Turbo negó las
pretensiones de la demanda, y condenó en costas al actor al considerar que no
existió fundamento legal para la presentación de la demanda y no se ventiló un
asunto de interés público. Por tal motivo, fijó las agencias en derecho en la suma
de $ 1.710.000 en favor del FOMAG.
6. Esta decisión fue apelada por la parte actora al considerar que no había
lugar a la condena en costas porque no hubo mala fe, ni temeridad, y, en su
criterio, el que se nieguen las pretensiones, la duración del proceso o su cuantía
no son factores determinantes de la condena en costas. Adicionalmente, alegó
que en el expediente no obra prueba de los costos en que incurrió la contraparte.
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia la confirmó a través de sentencia
del 5 de junio del 2025 y también condenó en costas en segunda instancia al
considerar que de lo dispuesto en artículo 188 del CPACA, adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la condena en costas obedece a un criterio
objetivo en procesos en los que no se ventile un asunto de interés público y a uno
3 Transcripción literal que puede contener errores.
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subjetivo respecto de los que sí. Por tanto, no acogió los argumentos del
demandante, pues fue vencido en primera instancia.
1.3. Sustento de la vulneración
8. La parte actora afirmó que el asunto reviste relevancia constitucional
porque se condenó en costas de manera objetiva, sin tener en cuenta el factor
subjetivo introducido por el artículo 47 de la Ley 2080 del 2021, que dispone que
se debe evaluar si la demanda carecía de fundamento legal, apartándose sin
sustento del precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
9. Señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo al omitir la verificación de si la demanda había sido presentada con
manifiesta carencia de fundamento legal, lo cual resultaba necesario conforme al
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, norma que —según afirmó— es aplicable a todos los procesos
tramitados ante la jurisdicción contencioso administrativa.
10. Indicó que el tribunal efectuó una interpretación fragmentada del precepto
legal, en contravía del principio de inescindibilidad y del de favorabilidad, y
además impuso la condena en costas sin considerar que el accionante ostenta
la calidad de parte débil dentro de la relación laboral. Por estas razones sostuvo
que la interpretación realizada por la autoridad judicial accionada fue errónea y
condujo a una condena en costas que desconoció los criterios previstos por la
normativa vigente.
11. Afirmó que, si bien existe un margen de autonomía e independencia
judicial, ello no es óbice para respaldar decisiones arbitrarias y carentes de
sustento normativo vigente y aplicable al caso en concreto. Por tanto, sostuvo
que la inconformidad no es la imposición de una carga económica, sino la
interpretación fragmentada de la norma, lo que vulnera el derecho al debido
proceso y a una decisión motivada y ajustada a derecho.
12. Adujo, que también se configuró un desconocimiento del precedente de
las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. De la
Subsección B, citó los fallos del 7 de diciembre de 2021 dentro del radicado
25000-23-42-000-2018-02785-01; del 27 de enero de 2022 dentro del radicado
25000-23-42-000-2016-05174-01; del 11 de agosto de 2023 en el proceso 18001-
23-33-000-2014-00249-01; del 30 de mayo de 2024 en el expediente 23001-23-
33-000-2016-00148-01; del 13 de junio de 2024 en el radicado 25000-23-42-000-
2012-01145-02 y del 23 de abril de 2025 en el proceso 11001-03-25-000-2016-
00592-00.
13. De la Subsección A, citó las decisiones del 24 de agosto de 2023 en el
proceso 05001-23-33-000-2017-00562-01; del 8 de febrero de 2024 dentro del
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01754-00
radicado 52001-33-33-000-2018-000416-004; el 4 de abril del 2024 en el proceso
20001-23-33-000-2013-00352-01; 23 de mayo del 2024 en el radicado 25000-23-
42-000-2015-0335-015; y del 27 de marzo de 2025 en el radicado 110010-03-25-
000-2016-00173-006.
14. Respecto de las anteriores providencias, argumentó, que en las mismas
se determinó que la condena en costas debe verificarse bajo un «criterio objetivo
valorativo», lo que implica que no procede de manera automática, que debe
verificarse su causación, valorarse la mala fe o temeridad de la parte, así como
la ausencia de fundamento legal. En consecuencia, afirmó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia se apartó injustificadamente del precedente, sin
ofrecer carga argumentativa que lo sustentara.
15. También citó fallos de tutela del 18 de abril del 2024 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del radicado 11001-03-15-000-2024-
01360-00 (Subsección A) y 24 y 25 de julio del 2024 en los radicados 11001-03-
15-000-2024-03343-00 y 11001-03-15-000-2024-03346-00 (Subsección B),
respectivamente, donde se ampararon los derechos fundamentales de la parte
actora porque se encontró que las autoridades accionadas incurrieron en un
defecto sustantivo por no tener en cuenta el artículo 47 de la Ley 2080 del 2021.
1.4. Intervenciones
16. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Turbo –
Antioquia7 realizó un recuento de las actuaciones procesales, indicó que el
proceso le fue remitido por redistribución, y envió copia del expediente digital.
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión8
luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso
ordinario, señaló que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, en
la medida en que la controversia planteada es estrictamente legal, y lo que busca
el accionante es reabrir un debate concluido por los jueces naturales, mostrando
una simple divergencia interpretativa respecto a la procedencia de la condena en
costas, y en este caso, su criterio prevalece, no solo por ser el juez natural, sino
porque su decisión fue válida, razonada y ajustada a derecho y se encuentra
amparada por los «principios de autonomía e independencia judicial que imponen
respeto por la cosa juzgada».
18. Adicionalmente, adujo que no existe una postura unificada frente a la
4 Se precisa que, en el escrito de tutela, el actor indicó el radicado con 24 dígitos y que, consultado SAMAI,
se encontró que el radicado correcto es 52001-23-33-000-2018-00461-00, el cual coindice con los demás
datos de identificación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dados por el actor.
5 Se precisa que, en el escrito de tutela, el actor indicó el radicado con 22 dígitos y que, consultado SAMAI,
se encontró que el radicado correcto es 25000-23-42-000-2015-03335-01, el cual coindice con los demás
datos de identificación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dados por el actor.
6 Se precisa que, en el escrito de tutela, el actor indicó el radicado con 24 dígitos y que, consultado SAMAI,
se encontró que el radicado correcto es 11001-03-25-000-2016-00173-00, el cual coindice con los demás
datos de identificación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dados por el actor.
7 Índice 10 de Samai.
8 Índice 11 de Samai.
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interpretación del artículo 188 del CPACA, y «considerando que dicha disposición
establece un criterio objetivo, por regla general, y subjetivo, por excepción,
únicamente en tratándose de acciones públicas (supuesto en el cual se debe
analizar la conducta de la parte), la Sala del Tribunal sostiene que la parte
vencida en los asuntos de carácter subjetivo debe ser condenada en costas,
atendiendo a las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del
Proceso».
19. El Departamento de Antioquia9 después de enunciar los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
manifestó que el accionante pretende convertir la acción en una tercera instancia
al querer reabrir un debate jurídico ya concluido con fuerza de cosa juzgada, por
lo que solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.
20. La Nación - Ministerio de Educación Nacional10 manifestó que la acción
es improcedente respecto de esa cartera por falta de legitimación por pasiva
ministerial al tratarse de un reproche en contra de una decisión judicial de un
tribunal. También solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo de
amparo al considerar que no se encuentra ajustada a los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
1.5. Manifestación de impedimento
21. Mediante escrito presentado el día siete de abril de 2025, la magistrada
Gloria María Gómez Montoya manifestó su impedimento para conocer del
presente asunto con fundamento en la causal contemplada en el numeral 5.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal11. La Sala, mediante auto del 16
de abril de 2026, resolvió declarar infundado el impedimento, porque no se
acreditó la configuración de la causal alegada.
II. CONSIDERACIONES
22. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por el accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las
cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de
relevancia constitucional.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales
9 Índice 12 de Samai.
10 Índices 13, 15 y 16 de Samai.
11 «ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […] 5. Que exista
amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el
funcionario judicial.».
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23. El Consejo de Estado12 y la Corte Constitucional13, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales14 y a la configuración de algún
defecto especial15 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
24. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
25. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
26. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
27. La Sala advierte que el señor Jesús María Mestra Martínez está legitimado
en la causa por activa, porque fue la parte demandante al interior del medio de
control en el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante esta vía.
28. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión está legitimado en la causa por pasiva por haber
proferido la decisión objeto de estudio el presente trámite constitucional.
29. Finalmente, la Nación – Ministerio de Educación Nacional pidió que se
declare su falta de legitimación por pasiva. Sin embargo, la Sala negará su
desvinculación, en tanto le asiste un interés en el resultado de este trámite por
haber hecho parte del extremo demandado en el proceso en que se dictó la
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388
de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
14 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
15 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
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providencia sub examine.
30. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional16, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
31. Como se expuso previamente, el accionante consideró que el Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y «al principio de gratuidad» al
confirmar la condena en costas en segunda instancia.
32. A su juicio, se incurrió en un defecto sustantivo por la indebida
interpretación fragmentada del artículo 188 de la Ley 1437 del 2011, modificado
por el artículo 47 de la Ley 2080 del 2021, que estipuló que la condena en costas
será procedente cuando se establezca que la demanda se presentó con
manifiesta carencia de fundamento legal.
33. Adicionalmente, sostuvo que se desconoció el precedente de las
subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las cuales,
tanto en procesos ordinarios, como en fallos de tutela, se ha determinado que la
condena en costas no puede ser objetiva, sino que debe aplicar un «criterio
objetivo valorativo» al estudiar el actuar temerario o de mala fe de la parte, que
efectivamente se haya causado, y que la demanda se haya presentado sin
fundamento legal.
34. Respecto de lo anterior, la Sala estima conveniente precisar que, de
conformidad con las sentencias SU-215 de 2022, y SU-573 de 2019 proferidas
por la Corte Constitucional, un asunto carece de relevancia constitucional cuando
se trata de una controversia estrictamente legal, o económica con connotaciones
particulares o privadas que no representen un interés general. En ese sentido,
como la discusión planteada por el accionante se limita, por un lado, a cuestionar
el criterio interpretativo del tribunal en la decisión judicial, y por otro, a cuestionar
la confirmación de una condena en costas y no involucra la vulneración de un
derecho fundamental ni la garantía de uno de esta naturaleza, la acción de tutela
resulta improcedente.
35. En ese orden, se evidencia que el accionante más allá de proponer un
debate que dé cuenta de la posible vulneración de una garantía constitucional,
16 Sentencia SU-215 de 2022.
7
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en realidad, expone su discrepancia con la imposición de la condena en costas,
que es un asunto netamente legal y económico. Por ello, resulta evidente que lo
pretendido por la parte actora es que se reabra el debate ordinario y constituir
una tercera instancia para que se revoque aquello que le fue resuelto
desfavorablemente.
36. Por otra parte, el actor trae a colación varias sentencias de procesos
ordinarios y fallos de tutela de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda de
esta Corporación. Sin embargo, no señaló con claridad la razón por la que deben
aplicarse dichas decisiones, pues no existe un criterio unificado por el Consejo
de Estado en esta materia y el actor se limitó a traer a colación providencias de
una sola Sección. En ese sentido, no se cumple con la carga argumentativa
mínima para que este yerro supere el requisito de relevancia constitucional.
37. En consecuencia, la Sala evidencia que los reproches formulados por la
parte actora reflejan una mera inconformidad con la decisión del tribunal
accionado. Por lo tanto, se advierte que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que en
el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental.
38. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales de la causa. Por ende, la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
el señor Jesús María Mestra Martínez contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Decisión.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación por
pasiva de la Nación – Ministerio de Educación Nacional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
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expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
9
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