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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01759-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01759-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación realizada por la Agencia Nacional de Infraestructura, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Julio Edmundo Piedrahita Cruz, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Julio Edmundo Piedrahita Cruz Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2026-01759-00 TERCERO: ORDENAR al magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tiene a cargo de la acción de grupo que se tramita bajo radicado 25000-2341- 000-2019-01128-00, que, dentro del término de 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva la solicitud de coadyuvancia presentada por el accionante el 18 de marzo de 2025. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01759-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01759-00
Demandante: JULIO EDMUNDO PIEDRAHITA CRUZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela por presunta mora judicial. Accede al amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Julio Edmundo Piedrahita Cruz, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, a efectos de que le sea amparado su derecho fundamental
de petición.

Lo anterior, con ocasión a la falta de pronunciamiento frente a los escritos radicados
por el actor dentro de la acción de grupo identificada con el radicado 25000-2341-
000-2019-01128-00, que adelanta la autoridad judicial accionada.

1.2. Pretensión

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió que:

Se sirva ORDENAR, a través de esta ACCIÓN DE TUTELA, que la entidad judicial
accionada se pronuncie en punto a la demanda instaurada propiamente por el suscrito
accionante en el mes de Marzo próximo pasado en el proceso otrora mencionado2.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Transcripción del texto original con posibles errores.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Julio Edmundo Piedrahita Cruz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2026-01759-00

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

En la actualidad, se tramita ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una
acción de grupo bajo radicado 25000-2341-000-2019-01128-00, con el propósito de
que se reconozca y pague la indemnización de los perjuicios ocasionados a varias
personas3- sin mencionar- con ocasión de la «construcción del proyecto vial RUTA
DEL SOL Sector 1 Villeta Guaduero, El Koran, como parte de la modernización de
la red vial nacional».

El referido proyecto fue ejecutado en el marco del contrato de concesión n° 002 de
14 de enero de 2010 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura, como
concedente, y el Consorcio Vial Helios, como concesionario.

En la demanda ordinaria inicial, se omitió incluir al señor Priedahita Cruz como uno
de los demandantes. Por ese motivo, en el mes de marzo de 2025, presentó ante el
tribunal censurado escrito de coadyuvancia con el lleno de los requisitos exigidos
por la Ley 472 de 1998, sin que a la fecha el magistrado ponente que tramita el
asunto se haya pronunciado.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora consideró que, con ocasión a la mora presentada por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, le está
siendo vulnerado su derecho fundamental de petición, así como los «los mandatos
contenidos en el Titulo III Arts 42 y ss. en punto a los deberes y poderes de los
jueces agendados en el Código General del Proceso»; pues desde el mes de marzo
del 2025, que presentó su memorial de coadyuvancia no ha obtenido una
respuesta por parte de la autoridad judicial accionada.

Incluso, advierte que a través de memoriales del 11 de septiembre, 13 de noviembre
y 9 de diciembre del «próximo año signados por el suscrito», le solicitó al magistrado
que se pronunciara frente a su «demanda», sin embargo, tales peticiones fueron
ignoradas por la accionada.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 13 de marzo de 2026 , la Magistrada Ponente avocó el
conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al accionante4, y a los
magistrados Favio Iván Afanador, Néstor Arturo Méndez Pérez y Luis Norberto

3 Sin mencionarlas.
4 Notificación realizada a: julipiecruz@gmail.com (índice 9 de Samai).
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Demandante: Julio Edmundo Piedrahita Cruz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
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Cermeño, integrantes de la Subsección C, Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca5 en calidad de accionados.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C6.

El Magistrado ponente, allegó escrito en el que luego de realizar un recuento de las
actuaciones surtidas en el proceso de grupo, manifestó que, la acción de tutela no
puede utilizarse como un instrumento de presión en los procesos judiciales que se
encuentran en trámite, ni para saltar etapas procesales establecidas. Por ese
motivo, considera que el actor plantea una inconformidad frente al trámite legal del
asunto de su interés, dejando a un lado que se debe argumentar la vulneración de
derechos fundamentales por causa de irregularidades procesales.

Señaló que el proceso objeto de atención lo tiene a cargo desde el 13 de junio de
2023, en virtud del Acuerdo PCSA23-120060 del 25 de abril de 2023, y que el mismo
ha tenido impulso por parte del Despacho. En este punto, advirtío que la razón para
no haberse agotado las etapas que están pendientes, obedece a que: i) ha tenido
que adelantar la reconstrucción de varias piezas procesales; ii) tuvo que acudir a la
lista externa de auxiliares de la justicia (IGAC) ante la falta de vigencia de la del
Consejo Superior de la Judicatura; iii) las partes y los profesionales seleccionados
en muchas oportunidades han omitido el cumplimiento de los términos en
actuaciones que les corresponde.

Aunado a lo anterior, refirió que los tiempos para adoptar las decisiones no han
superado el plazo razonable a los que está sujeta la administración de justicia; y
puso de presente que la planta de personal del despacho está integrada por 6
personas, quienes deben dar trámite prioritario a las acciones de tutela.

Precisó que desde el momento en que fueron presentadas las peticiones por el
accionante han pasado solo dos meses7, por lo que estima que dicho término no se
torna irrazonable ni desproporcionado, y por tanto, no constituye mora judicial
alguna.

Finalmente, sostuvo que todos los trámites del Despacho se someten al
cumplimiento de un turno, y en el caso concreto, el que tiene asignado el proceso

5 Notificación realizada a: scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co y
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co (índice 9 de Samai).
6 Índice 17 de Samai.
7 descontando el término de vacancia judicial.

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Demandante: Julio Edmundo Piedrahita Cruz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
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identificado con el radicado 25000-2341-000-2019-01128-00, permite establecer
que las peticiones serán resueltas en un lapso de dos semanas aproximadamente.

1.6.2. Agencia Nacional de Infraestructura8.

Sostuvo que no tiene injerencia alguna en las decisiones judiciales que debe
adoptar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C; razón por la cual, debe desvincularse del trámite de la presente acción
constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Al margen de lo anterior, sostuvo que la acción de tutela no tiene relevancia
constitucional en la medida que el actor omitió demostrar la vulneración de un
derecho fundamental y la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria
la intervención del juez constitucional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, por cuanto se dirige contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C.

2.2. Cuestión previa

2.2.1 Respecto la desvinculación solicitada.

La Agencia Nacional de Infraestructura aludió en el escrito de contestación a su falta
de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación.

La Sala accederá a la referida petición en la medida que la decisión que se profiera
dentro del presente mecanismo no comporta un beneficio o afectación a los
intereses de la entidad, comoquiera que lo cuestionado por el accionante es la
omisión atribuida al despacho judicial accionado en adoptar una decisión respecto
de la solicitud de coadyuvancia.

2.2.2 Frente al objeto de la controversia.

En el caso concreto, el señor Julio Edmundo Piedrahita Cruz solicitó el amparo de
su derecho fundamental de petición; sin embargo, del contenido de la pretensión
formulada, la Sala entiende que el propósito del accionante es que se analice la

8 Índice 14 de Samai.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
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presunta mora judicial injustificada en la que incurrió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, al no dar trámite ni resolver la
solicitud de coadyuvancia que presentó en la acción de grupo que se tramita bajo el
radicado 25000-2341- 000-2019-01128-00.

Entendida así la controversia, la Sección, estima que el asunto debe abordarse bajo
la égida de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, toda vez que la actuación presentada por la parte
accionante en la referida acción de grupo, corresponde en realidad a una solicitud
relacionada con actuaciones de tipo judicial, y no a una petición sobre aspectos
propiamente administrativos. En ese sentido, la afectación alegada no recae sobre
el derecho de petición, sino sobre el debido proceso, en su dimensión de acceso a
la administración de justicia sin dilaciones injustificadas. En efecto, la órbita de
estudio se sitúa sobre una supuesta mora judicial atribuible a la autoridad
accionada.

2.3 Problema jurídico.

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta el material probatorio recaudado y las
intervenciones presentadas, corresponde a la Sala resolver:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C incurrió en mora al no tramitar ni resolver la solicitud de coadyuvancia
presentada por el señor Julio Edmundo Piedrahita Cruz en la acción de
reparación de los perjuicios causados a un grupo que se tramita bajo el
radicado 25000-2341- 000-2019-01128-00?

Para dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia (iii) la mora judicial, y (v) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando

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no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.

2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución10, del derecho fundamental al debido
proceso11 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia12.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»13.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de
los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador
acerca de los hechos materia de su decisión […]»14.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que:

«[…] cuando el ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”15, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para

9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
11 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
12 Sentencia T-006 de 1992.
13 Sentencia T-476 de 1998.
14 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
15 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo
cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se
entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de
que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas
[…]»16.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia17 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia
y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del
proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]»18.

2.6. La mora judicial injustificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes19.

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales
no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»20.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su

16 Ibídem.
17 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que

cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional”.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
19 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
20 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se
acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución
de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos
de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento
es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. (Resaltado
propio)

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial21, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.

2.7. Caso concreto

El señor Julio Edmundo Piedrahita Cruz, considera que la autoridad judicial
accionada incurrió en mora judicial injustificada al no resolver la solicitud de
coadyuvancia que presentó en la acción de grupo que se sigue en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, bajo el radicado
25000-2341- 000-2019-01128-00.

Con ocasión a la notificación efectuada por la Secretaría General de esta
Corporación, el magistrado ponente a cargo del proceso de grupo rindió informe en
el que indicó que, el proceso lo recibió el 13 de junio de 2023 en cumplimiento a lo
dispuesto en el Acuerdo PCSA23-12060 del 25 de abril de 2023. Asimismo, precisó
que el 20 de enero de 2025 se llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista en
el artículo 27 de la Ley 472 de 1994, actuación en la que se fijó el litigio y dictó el
auto de pruebas ordenando la práctica de dictámenes periciales y testimonios,
dentro de los cuales estuvo el aquí accionante.

En esa línea, sostuvo que para la práctica de la prueba pericial tuvo que hacer uso
de la lista de auxiliares de la justicia conformada por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi pues la de Consejo Superior de la Judicatura no se estaba vigente. Así,
una vez designados los profesionales que atenderían la experticia, uno de ellos
formuló una serie de preguntas, lo que implicó que el despacho tuviera que

21 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 14.09.23, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-

23-33-000-2023-00520-01 y (ii) 18.04.24, M.P. Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-03-15-
000-2023-06923-01.
8
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Demandante: Julio Edmundo Piedrahita Cruz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
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resolverlas mediante providencia del 20 de febrero de 2025, ordenándole que
presentara la propuesta de gastos y honorarios.

De igual forma, manifestó que el 4 de marzo de 2025 se realizó audiencia de
pruebas en donde se recepcionó el testimonio del señor Julio Edmundo Piedrahita
Cruz, quien para ese momento no era parte ni vinculado, pues no se había
formulado petición en tal sentido. El magistrado ordenó la suspensión de la referida
audiencia con el fin de que las partes allegaran los medios de convicción que tenían
a su cargo, y los peritos designados informaran el valor de los honorarios, esto, con
el fin de impartir su aprobación para luego ser «tramitados ante el Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos».

Seguidamente, expuso que, el 18 de marzo de 2025, el accionante solicitó ser tenido
como coadyuvante de la parte demandante, y efectuó el respectivo pronunciamiento
frente a los hechos, pretensiones y medios de prueba. Posteriormente, la apoderada
judicial del grupo demandante allegó múltiples hojas de vida de profesionales en
ingeniería con el fin de que con ellos se ordenara la práctica de la experticia
decretada, ello, en total desconocimiento de que el auto de pruebas ya había sido
modificado en el sentido de ordenar realizar la referida práctica con la lista de
auxiliares del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Con todo esto, informó que en el mes de noviembre de 2025 se profirió un auto con
el cual se fijaron los honorarios de la única profesional que presentó propuesta para
el dictamen pericial. En dicha oportunidad, se le concedió un plazo para que aquella
manifestara si aceptaba el valor de los honorarios fijados, y se le ordenó a la
Secretaría del Tribunal requerir «la prueba de oficio» que había sido decretada.

Así, advirtió que el 18 de noviembre de 2025, el señor Piedrahita Cruz solicitó
impulso procesal y pronunciamiento frente a la petición de coadyuvancia del mes
de marzo de esa misma anualidad. Finalmente, expuso que: i) el 19 de noviembre
de 2025, la perito, presentó un memorial en el que presentó nuevas condiciones
para poder rendir el informe pericial y omitió referirse a la aceptación de los
honorarios fijados por el despacho; y ii) el 9 de diciembre de 2025, el señor
Piedrahita Cruz allegó un informe técnico en su condición de testigo dentro del
proceso para que fuera tenido como prueba al momento de adoptar la decisión de
fondo.

Al respecto, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha señalado que el
fenómeno de la mora judicial vulnera los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos, en los que, la dilación
en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la
existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los
funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus
deberes por parte de los mismos22.

22 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

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Demandante: Julio Edmundo Piedrahita Cruz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2026-01759-00

Así mismo, debe precisarse que, la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación
injustificada que configura la violación de los citados derechos fundamentales, se
caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar actuación por parte del funcionario competente; (ii) la omisión en el
cumplimento de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la
autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora
obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar.

En el caso concreto, se acreditó que el señor Piedrahita Cruz desde el 18 de marzo
de 2025, le pidió al magistrado sustanciador que se tuviera como coadyuvante de
la parte demandante. Igualmente, se probó que en dos oportunidades solicitó el
impulso procesal, uno del 12 de septiembre, y el otro del 18 de noviembre de 2025,
sin que tampoco hayan sido atendidos por la autoridad judicial demandada.

Aunque el tribunal accionado manifestó que la acción de grupo se encuentra en fase
probatoria y que la misma ha tenido múltiples inconvenientes23; en criterio de la
Sala, ese argumento no es suficiente ni tiene la virtud de justificar la tardanza en
que ha incurrió al no resolver la petición de coadyuvancia que hizo el demandante,
por dos razones. La primera, porque es evidente que desde que hizo la solicitud ha
transcurrido más de 1 año, sin que exista un motivo válido que justifique la demora
en el pronunciamiento judicial. La segunda, porque la fase de pruebas y la solicitud
de intervención se pueden tramitar de manera independiente, lo que implica que la
decisión respecto al tercero en nada afecta la práctica y recaudo de los medios de
convicción que se viene efectuando en la acción de grupo.

En línea con lo anterior, es preciso indicar que en la Ley 472 de 1998 no se reguló
la figura de la coadyuvancia en los procesos de grupo; sin embargo, por la
integración normativa prevista en el artículo 68 ibídem, debe atenderse lo dispuesto
en el artículo 71 del Código General del Proceso, norma, que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 71. COADYUVANCIA. Quien tenga con una de las partes determinada
relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia,
pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso
como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de
segunda instancia.

El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento
de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte
que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen
disposición del derecho en litigio.

La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de
intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se
apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.

23 Particularmente, en la práctica de pruebas.

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Demandante: Julio Edmundo Piedrahita Cruz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2026-01759-00

Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará
las peticiones que hubiere formulado el interviniente.

De la norma en cita, la Sala infiere que una vez recibida la petición de intervención
la autoridad judicial debe atenderla en el menor tiempo posible por cuanto aquella
se debe resolver de plano, ya que no tiene que agotarse ningún trámite previo de
cara a establecer si se reúnen los presupuestos para ser tenido como tercero en el
proceso. En contraste, no darle trámite ni resolverla con prontitud afecta
indiscutiblemente el derecho de defensa de quien tiene la intención de intervenir en
la acción de grupo.

De esta manera, no cabe duda que al señor Piedrahita Cruz se le está restringiendo
esa posibilidad, pues hasta tanto no exista pronunciamiento judicial, aquel no puede
ejercer plenamente los actos procesales permitidos respecto a la parte que podría
ayudar, que, para el caso concreto, se ve reflejado en la falta de participación en la
práctica como en el recaudo de las pruebas.

Conforme lo anterior, la Sección advierte que, aunque ha tenido trámite, lo cierto es
que se desatendió sin explicación tanto la petición de coadyuvancia como los
impulsos procesales que con ese mismo propósito hizo el demandante. Lo anterior,
permite concluir que la solicitud inicial no se atendió en un plazo razonable, y esa
situación hace que la mora le sea imputable al actuar del funcionario judicial a cargo
de la acción de reparación de los perjuicios causados a un grupo que se trajo a
colación.

En ese sentido, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia del accionante, y se le ordenará al magistrado
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tiene a cargo la
acción de grupo que se tramita bajo radicado 25000-2341-000-2019-01128-00, que,
dentro del término de 10 días siguientes a la notificación de esta providencia,
resuelva la solicitud de coadyuvancia presentada por el accionante el 18 de marzo
de 2025.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA

PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación realizada por la Agencia
Nacional de Infraestructura, conforme a las razones expuestas en la parte
considerativa.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia del señor Julio Edmundo Piedrahita Cruz, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2026-01759-00

TERCERO: ORDENAR al magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que tiene a cargo de la acción de grupo que se tramita bajo radicado
25000-2341- 000-2019-01128-00, que, dentro del término de 10 días siguientes a la
notificación de esta providencia, resuelva la solicitud de coadyuvancia presentada
por el accionante el 18 de marzo de 2025.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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