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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01761-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01761-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 24 de abril de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 9 Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger. 10 M.P. Natalia Ángel Cabo. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-01761-01 Accionante: Carlos Aldo Fernández Calderón Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01761-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01761-01
Accionante: CARLOS ALDO FERNÁNDEZ CALDERÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D Y JUZGADO VEINTE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defectos procedimental absoluto,
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución. Incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Carlos Aldo Fernández Calderón contra la sentencia de 24
de abril de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de marzo de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la seguridad social y a la igualdad, así como del principio de favorabilidad
laboral, que consideró vulnerados por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado Veinte Administrativo del
Circuito de Bogotá.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“2.1. TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29 CP), al Acceso
a la Administración de Justicia (Art. 229 CP), a la Seguridad Social (Art. 48 CP), a la
Igualdad (Art. 13 CP) y el principio de Favorabilidad Laboral, los cuales han sido
vulnerados al señor CARLOS ALDO FERNÁNDEZ CALDERÓN por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección D) y el Juzgado Veinte
(20) Administrativo del Circuito de Bogotá.

2.2. DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de segunda instancia proferida el 6 de
noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado 11001-33-35-020-
2023-00053-01, mediante la cual se confirmó la negativa del derecho a la asignación de
retiro.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01761-01
Accionante: Carlos Aldo Fernández Calderón

2.3 DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de primera instancia proferida el 2 de
julio de 2025 por el Juzgado Veinte (20) Administrativo del Circuito de Bogotá, por
haber incurrido en defectos sustantivos y fácticos al desconocer el tiempo de aportes
realizados por el actor a CREMIL.

2.4 ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en un término no
superior a cuarenta y ocho (48) horas, profiera una nueva sentencia de reemplazo en la
que se apliquen de manera integral la Ley 923 de 2004, el Acto Legislativo 01 de 2017
y la Ley 1820 de 2016, reconociendo como tiempo válido para la asignación de retiro la
totalidad de los periodos laborados y/o aportados (17 años, 2 meses y 24 días).

a) Subsanar el Defecto Fáctico: Mediante la valoración expresa, conjunta y prioritaria
de las pruebas documentales que fueron omitidas o valoradas de forma parcial,
especialmente las constancias de aportes continuos a CREMIL efectuados entre
marzo de 1999 y diciembre de 2014. Debe valorarse el impacto del extracto de haberes
de noviembre de 2014, el cual acredita que el accionante percibía la totalidad de su
sueldo y la prima de vacaciones, lo que desvirtúa la tesis de la suspensión de funciones
y ratifica la vigencia del vínculo laboral para efectos prestacionales. Asimismo, debe
valorarse el documento de reconocimiento de la prima de antigüedad y el certificado
oficial de tiempos expedido el 29 de diciembre de 2014, que contabiliza un total de 17
años, 2 meses y 24 días al servicio del Ejército Nacional.

b) Subsanar el Defecto Sustantivo: Mediante la aplicación preferente de las normas
posteriores y especiales que integran el bloque de legalidad y constitucionalidad, tales
como el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 923 de 2004, la Ley 1820 de 2016 y la
Ley 1957 de 2019 El Tribunal debe dar prevalencia al numeral 3.1 del artículo 3 de la
Ley 923 de 2004, reconociendo que el derecho a la asignación de retiro se consolida por
el "tiempo aportado" de manera autónoma al tiempo de servicio efectivo. En
consecuencia, se debe garantizar el Tratamiento Simétrico, Equitativo y Equilibrado
derivado del sometimiento voluntario del actor a la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP), computando el tiempo de privación de la libertad como tiempo válido para la
asignación de retiro en virtud del principio de Favorabilidad

c) Subsanar el Desconocimiento del Precedente Judicial: Mediante la aplicación
estricta de la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
cual establece que la causal de "separación absoluta" es equiparable a la de
"conducta deficiente" o "mala conducta comprobada" para efectos del reconocimiento
de derechos pensionales. Por tanto, al acreditarse más de 15 años de servicio/aportes
(17 años, 2 meses y 24 días) y encontrarse amparado por el régimen de transición de
la Ley 923 de 2004 por estar en servicio activo al 30 de diciembre de 2004, el Tribunal
debe reconocer la procedencia del derecho prestacional reclamado.

2.5. Primera Subsidiaria, en el evento en que esta ALTA CORTE estime conveniente,
ruego se emita sentencia sustitutiva de segunda instancia accediendo a las pretensiones
del medio de control y en su lugar, RECONOCER DIRECTAMENTE a favor de mi
poderdante la Asignación Mensual de Retiro, ordenando a la CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES (CREMIL) proceder con el correspondiente pago prestacional y
el retroactivo a que haya lugar desde la fecha de su desvinculación (9 de diciembre de
2014).

2.6. Que se adopten las medidas adicionales, necesarias y pertinentes bajo la potestad
ultra y extra petita para proteger los derechos fundamentales del señor CARLOS ALDO
FERNÁNDEZ CALDERÓN”.

2. Hechos

El accionante relató que nació el 18 de mayo de 1978, se incorporó al Ejército
Nacional como soldado bachiller el 10 de julio de 1997, el 15 de septiembre de 1997
ingresó como alumno a la Escuela Militar de Suboficiales y el 10 de febrero de 1999
fue ascendido al grado de cabo segundo del Ejército Nacional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01761-01
Accionante: Carlos Aldo Fernández Calderón

Indicó que el 30 de junio de 2009 fue privado de la libertad por orden de la Fiscalía
81 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitaria 1, por los punibles
de homicidio en persona protegida.

Aseveró que el 11 de abril de 2011, el Juzgado Penal del Circuito de Marinilla lo
condenó con pena principal de 45 años de privación de la libertad, con ocasión de
los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2002, en desarrollo de la orden de
operaciones del Ejército Nacional Minerva 033 del Batallón de Artillería “Coronel
Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez”.

Sostuvo que el 26 de septiembre de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia modificó la pena principal a 40 años de privación de la
libertad.

Indicó que en el año 2014, el Ministerio de Defensa Nacional le reconoció el pago
de la prima de antigüedad equivalente al 16%. Agregó que el 9 de diciembre de
2014 fue retirado del servicio activo del Ejército Nacional mediante orden
administrativa de personal núm. 1032, por la causal de separación absoluta, a lo
que agregó que el 29 del mismo mes y año obtuvo constancia de tiempo total
laborado equivalente a 17 años, 2 meses y 24 días.

Manifestó que el 25 de abril de 2017, firmó acta de sometimiento ante la Jurisdicción
Especial para la Paz y el 8 de agosto de 2017, el Juzgado de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Facatativá le concedió la libertad transitoria,
condicionada y anticipada de conformidad con la Ley 1820 de 2016.

Añadió que el 29 de mayo de 2018, la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas
Militares mediante Resolución 14315 de 2018 le negó el reconocimiento y pago de
la asignación de retiro.

Aseguró que el 18 de octubre de 2019, el departamento jurídico del Ejército
Nacional emitió boletín no. 16 denominado “Reconocimiento de Tiempo de
Servicios en la Jurisdicción Especial Para la Paz”, en el que estableció las reglas
para el reconocimiento del tiempo de la siguiente manera:

“(...) la jurisdicción especial para la paz, mediante oficio No. 2019 3340059853
de fecha cero 1 de marzo de 2019 emitió concepto sobre la materia, refiriendo
qué, se entiende abocada a la competencia de la sala de definición de
situaciones jurídicas de la JEP a efectos de reconocer el tiempo de privación de
libertad de un miembro de la institución para que sea computado en su
asignación de retiro cuando: Se otorga la libertad por la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de la JEP.

Se otorga libertad transitoria, condicionada por los jueces y tribunales de la
jurisdicción ordinaria, previo concepto favorable de la Secretaría ejecutiva de la
JEP. Habiendo suscrito el miembro de la fuerza (compareciente) las actas de
compromiso con la JEP(...)”.

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Bajo el radicado 054403104001201000244.
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Accionante: Carlos Aldo Fernández Calderón

Manifestó que mediante constancia expedida el 9 de marzo de 2022 por la Dirección
de Personal del Ejército Nacional se acreditó que realizó aportes ininterrumpidos a
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL-, desde el año 1999 hasta
diciembre de 2014.

En consecuencia, el 19 de enero de 2023 el accionante radicó ante Cremil nueva
solicitud de reconocimiento y pago de la asignación de retiro. Dicha petición fue
negada el 13 de febrero de 2023 mediante oficio 690, bajo el argumento de que en
el año 2015 ya se había resuelto la misma solicitud, sin que se evidencie un nuevo
expediente prestacional que justifique un estudio adicional.

Conforme a lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional y la Cremil, con la pretensión de que se
declarara la nulidad de la Resolución no. 14315 del 29 de mayo de 2018 y el oficio
no. 690 del 13 de febrero de 2023, actos administrativos mediante los cuales fue
negado el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

Sostuvo que del proceso2 conoció en primera instancia el Juzgado Veinte
Administrativo del Circuito de Bogotá, que en sentencia de 2 de julio de 2025 negó
las pretensiones de la demanda, tras considerar que no cumplió los requisitos
establecidos en el Decreto 1211 de 1990 para el reconocimiento de la asignación
de retiro, teniendo en cuenta que fue retirado del Ejército Nacional por separación
absoluta y el tiempo de servicios a la fecha de su retiro fue de 11 años, 11 meses y
13 días.

Adujo que luego de que apelara la precitada sentencia, la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 11
de noviembre de 2025 confirmó el fallo de primera instancia, bajo el argumento de
que los miembros de la Fuerza Pública que son condenados por el delito de
homicidio, no tienen derecho a que el tiempo que se encontraron privados de la
libertad sea computado para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro.

Sumado a lo anterior, sostuvo que a pesar de que los aportes, pagos de salarios y
otros emolumentos permanecieron hasta diciembre de 2014, cuando fue retirado
por causal de separación absoluta, permaneció suspendido de sus funciones, por
lo que no podía ser “considerado como en actividad para ser agregado al tiempo de
servicios, teniendo en cuenta que la suspensión es la consecuencia lógica del no ejercicio
efectivo y personal de las funciones a las que como servidor público se encuentra obligado,
como producto de una condena penal, por lo tanto, la deducción del tiempo por suspensión
se realizó con observancia de la ley, sin que como ahora lo alega pretenda beneficiarse de
documentos que dan cuentan de un lapso superior a 17 años de servicio por cuanto como
se analizó, la hoja de servicios que sirvió de base para negar la prestación, descontó 5
años, 5 meses y 10 de privación de la libertad y en tal virtud dicho tiempo disminuyó a 11
años, 11 meses y 13 días”.

Agregó que el demandante no cumplió con los requisitos que exige la norma con el
fin de que se tenga en cuenta el tiempo que estuvo privado de la libertad para
efectos de reconocimiento y pago de la asignación de retiro, por cuanto no se

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Proceso identificado con el radicado 11001-33-35-020-2023-00053 00
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encontraba en servicio activo cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de
2017.

Por último, indicó que no acreditó los requisitos establecidos en el artículo 163 del
Decreto 1211 de 1990 para obtener el reconocimiento y pago de la asignación de
retiro, debido a que “en virtud de la reducción de tiempos que se le aplicó con
ocasión de su privación de la libertad, el lapso que realmente acreditó no le permite
acceder a la prestación que reclama” y concluyó que no existió una incompatibilidad
con la Ley 923 de 2004, que permitió tener en cuenta el tiempo de formación y de
servicios prestados.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional, teniendo en cuenta que no controvierte un error de interpretación
normativa, sino una vulneración grave de sus derechos fundamentales al debido
proceso, la igualdad, la seguridad social y la dignidad humana, debido a que las
autoridades judiciales accionadas desconocieron la jerarquía del Acto Legislativo
01 de 2017 y el bloque de constitucionalidad en materia de justicia transicional “al
someter las disposiciones de rango constitucional a normas reglamentarias de inferior
jerarquía, como los Decretos 1211 de 1990 y 4433 de 2004, vulnerando así el principio de
supremacía constitucional consagrado en el artículo 4 de la Carta Política”.

Sostuvo que la cuestión que plantea trasciende la mera legalidad ordinaria, debido
a que involucra el alcance constitucional del derecho a la seguridad social frente al
deber del Estado de otorgar un tratamiento equilibrado a los miembros de la Fuerza
Pública cobijados por el marco jurídico de la paz.

En ese orden, aseguró que el marco jurídico establecido en el Acto Legislativo 01
de 2017, impuso al juez ordinario la obligación de aplicar una interpretación
“conforme con la finalidad de reincorporación y garantía de derechos para quienes
comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ignorar este mandato implica
desnaturalizar el sentido garantista del ordenamiento transicional, cuyo propósito fue
precisamente restablecer la confianza legítima del personal militar en la justicia del Estado”.

Agregó que las providencias judiciales que cuestiona afectaron la eficacia del
artículo 53 de la Constitución Política, al asumir una postura contraria al principio
de favorabilidad y la primacía de la realidad sobre las formas y desconoció que
mantuvo un vínculo ininterrumpido con el sistema prestacional de la Fuerza Pública,
el cual fue aceptado por la administración, en tanto recibió sus aportes por más de
17 años.

Sostuvo que es necesaria la intervención del juez constitucional debido a la
afectación de su mínimo vital y la dignidad humana, teniendo en cuenta que por sus
antecedentes penales no cuenta con un trabajo estable, a lo que agregó que el
debate sobre la asignación de retiro no es una discusión económica sino “una
cuestión de supervivencia digna para un sujeto que ha cumplido con los requisitos de
aportes efectivos y sometimiento al proceso de paz, cumpliendo así plenamente con el
requisito de relevancia constitucional exigido por la jurisprudencia para la procedencia de
la acción contra providencia judicial”.

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Asimismo, indicó que agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial para acudir a la acción de tutela, a lo que agregó que pretende
evitar un perjuicio irremediable y cumple con el requisito de inmediatez.

En ese orden de ideas, manifestó que las providencias cuestionadas incurrieron en
un defecto procedimental absoluto, en razón que omitieron pronunciarse sobre
la totalidad de los hechos, argumentos y pruebas aportadas al proceso, por lo que
desconocieron el artículo 55 de la Ley 270 de 1996.

Sostuvo que las autoridades judiciales omitieron valorar pruebas incorporadas al
expediente, tales como las constancias de aportes efectuados a la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares y el documento emitido por el Ministerio de Defensa
Nacional que le reconoció la prima de antigüedad al 16%, por lo que al no realizar
el análisis de dichos elementos determinantes, incurrieron en un error al establecer
una supuesta suspensión de funciones que erróneamente redujo el tiempo de
servicios reconocido a 11 años, 11 meses y 13 días.

Aseveró que también se ignoró el extracto de haberes de noviembre de 2014, por
medio del cual acreditó que percibía la totalidad de su sueldo con la inclusión de la
prima de vacaciones que era un beneficio exclusivo del personal de servicio activo,
de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1211 de 1990, situación que impidió
reconocer que su vínculo prestacional se mantuvo vigente por la misma voluntad
de la administración.

Por otro lado, consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió
pronunciarse sobre los argumentos de apelación relacionados con el Acto
Legislativo 01 de 2017 y la Ley 923 de 2004, lo que implicó la vulneración del
principio de doble conformidad judicial y el derecho de defensa.

Bajo ese contexto, aseguró que la apelación no fue decidida de forma integral ni
congruente, debido a que el Tribunal limitó su análisis a reproducir argumentos de
la primera instancia y no resolvió los puntos específicos de la inconformidad
relacionados con la inobservancia de los artículos 176 y 180 el Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

En segundo lugar, hizo referencia a la configuración del defecto fáctico, en el que
reiteró los argumentos que expuso en el defecto procedimental absoluto, en el
sentido de indicar que las autoridades judiciales accionadas omitieron valorar de
forma integral todas las pruebas aportadas al proceso que permitían acreditar los
aportes efectuados a CREMIL entre marzo de 1999 y diciembre de 2014, el pago
de sus prestaciones sociales durante el año 2014, el reconocimiento de la prima de
antigüedad y la certificación del tiempo de servicios prestados equivalente a 17
años, 2 meses y 24 días, elementos que, en criterio del accionante, desvirtuaban la
conclusión, según la cual el tiempo que estuvo privado de la libertad no podía ser
tenido en cuenta para efectos prestacionales.

Asimismo, manifestó la existencia de un defecto sustantivo tras considerar que
las autoridades judiciales accionadas interpretaron de forma errónea el Acto
Legislativo 01 de 2017, la Ley 923 de 2004, la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1957 de
2019, por lo que señaló que se configuró en diferentes oportunidades: “(i) por
aplicación de una norma anterior y restrictiva desplazada por Ley posterior; (ii) por omisión
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de aplicar las disposiciones constitucionales y legales de justicia transicional; (iii) por
desconocimiento de los principios laborales de igualdad, favorabilidad y primacía de la
realidad; y (iv) por negación de los efectos jurídicos de los aportes efectivamente realizados
durante la privación de la libertad. Esta interpretación literalista y regresiva contravino el
principio de progresividad de los derechos sociales, el bloque de constitucionalidad y el
sentido teleológico del Estado Social de Derecho”.

Argumentó que las autoridades incurrieron en una violación directa de la
Constitución, al desconocer el artículo 4 que consagra la supremacía de la
Constitución, en razón a que fundamentaron sus decisiones exclusivamente en el
Decreto 1211 de 1990 sin armonizarlo con el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley
1820 de 2016 y la Ley 1957 de 2019.

Adujo que se violó el derecho a la igualdad material al darse un tratamiento desigual
frente a otros oficiales y suboficiales que en idénticas circunstancias les fue
reconocida la asignación de retiro, a lo que agregó que también se vulneraron sus
derecho al debido proceso y a la seguridad social por la omisión de pruebas
esenciales y la interpretación regresiva y fragmentada del régimen prestacional,
ignorando las Leyes posteriores (Ley 923 de 2004 y Decreto 4433 de 2004).

Finalmente, sostuvo que se configuró el desconocimiento del precedente judicial
por la inaplicación de la sentencia C-007 de 2018 de la Corte Constitucional que
examinó la constitucionalidad del artículo 51, parágrafo 1 de la Ley 1820 de 2016,
así como el precedente judicial fijado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado que ha sostenido que “el retiro por separación absoluta no puede considerarse
una causal excluyente del derecho pensional, sino que debe interpretarse dentro de la
categoría abierta de ’mala conducta comprobada’, a fin de garantizar el principio de
favorabilidad laboral y pensional”, tal y como se evidencia en la sentencia del 19 de
julio de 2019 expediente 5445-2018.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá

A través su titular realizó una relación de las actuaciones procesales realizadas en
la primera instancia, para indicar que la decisión que profirió se sustentó en la
normativa aplicable y la jurisprudencia del Consejo de Estado, conforme al material
probatorio allegado al proceso que le permitió concluir que al demandante no le
asistía el derecho al reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

4.2. Respuesta de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

La magistrada ponente de la decisión objeto de reproche explicó que para adoptar
la decisión que se cuestiona propuso dos problemas jurídicos. El primero para
determinar si el tiempo que estuvo privado de la libertad el señor Fernández
Calderón podía computarse para efectos de reconocimiento de la asignación de
retiro, para lo cual debía establecer si se encontraba en servicio activo al momento
de la entrada en vigencia de la Ley 180 de 2016 y si en aplicación de Acto
Legislativo era beneficiario de esa prerrogativa. El segundo consistió en precisar si
en calidad de sargento segundo del Ejército Nacional que ostentó el demandante,

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tenía derecho al reconocimiento y pago de la asignación de retiro en los términos
del artículo 163 del Decreto 1211 de 1990.

Sostuvo que después de realizar el respectivo análisis pudo concluir que el actor
no cumplió con el requisito temporal establecido en el artículo 163 del Decreto 1211
de 1990, en tanto únicamente acreditó 11 años, 11 meses y 13 días.

Finalmente, aseguró que no cumple con los requisitos de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, especialmente el de relevancia constitucional,
en razón a que los argumentos expuestos demuestran que lo pretendido por el actor
es hacer uso de la acción de tutela con la intención de reabrir una discusión legal y
probatoria que ya fue objeto de estudio por el juez natural del causa, sin que se
evidencie una actuación arbitraria o ilegítima que afecto los derechos
fundamentales del actor.

4.3. Respuesta de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-

El magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas realizó una relación
3
de las actuaciones registradas en el expediente 9003450-20.2019 , para indicar que
el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas Seguridad Social de Facatativá en
decisión de 21 de junio de 2017, concedió el beneficio de la libertad transitoria,
condicionada y anticipada de al señor Carlos Aldo Fernández Calderón.

Indicó que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas requirió la presentación y
ajustes del régimen de condicionalidad, para luego determinar mediante Resolución
de 6 de diciembre de 2021 su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz.

4.4. Respuesta de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil-

La apoderada de la entidad solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que la parte accionante desconoció su carácter subsidiario y residual y
no logró demostrar la vulneración de los derechos fundamentales que invocó ni la
configuración de un perjuicio irremediable. Agregó que el actor contó con todos los
medios de defensa judiciales de los cuales hizo uso, por lo que no puede pretender
utilizar el mecanismo constitucional para dejar sin efectos providencias judiciales
que ya se encuentran debidamente ejecutoriadas para reabrir un debate que fue
resuelto por el juez natural de la causa. Por último, indicó que tampoco se cumple
con el requisito de inmediatez.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 24 de abril de 2026 declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, al utilizarse como un mecanismo adicional
al proceso ordinario.

Para el efecto, sostuvo que el debate planteado por el actor ya había sido objeto de
estudio por parte de las autoridades judiciales accionadas, teniendo en cuenta que
el juzgador de primera instancia precisó la normativa aplicable al caso para

3
Folios. 320 y subsiguientes.
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Accionante: Carlos Aldo Fernández Calderón

determinar que el demandante no cumplía con los requisitos necesarios para
obtener el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, debido a que el lapso
que estuvo privado de la libertad no podía computarse como tiempo de servicio
conforme a lo establecido en el Decreto 1211 de 1990 y el Decreto 4433 de 2004,
a lo que agregó que no le era aplicable la Ley 1820 de 2016, por cuanto había sido
separado del servicio en forma absoluta antes de su entrada en vigencia.

Indicó que por el Tribunal delimitó dos problemas jurídicos, el primero para
establecer si el tiempo en que el demandante estuvo privado de la libertad podía
computarse para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, y el segundo
con el fin de determinar si le asistía el derecho a dicha prestación en los términos
del Decreto 1211 de 1990 y de la Ley 923 e 2004.

En ese contexto, concluyó que únicamente se evidencia el desacuerdo del actor
con la interpretación jurídica y valoración probatoria efectuada por los jueces
naturales del proceso.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término legal, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia y
retiró los argumentos por los cuales consideró, cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, tras considerar que no se trata de una disputa meramente
económica sino que busca la reivindicación de la dignidad humana y el derecho a
la igualdad material, los cuales fueron sacrificados por una interpretación
meramente formalista y no se examina si la interpretación normativa aplicada por
los jueces ordinarios transgredió los principios constitucionales como el de
favorabilidad y la primacía del derecho sustancial sobre las formas.

Agregó que la presunta falta de relevancia constitucional es una estrategia que
invisibiliza la configuración de los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de
la Constitución, por la omisión de la aplicación de la Ley 923 e 2004 y los mandatos
del Acto Legislativo 01 de 2017.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

En los términos de recurso de impugnación, le corresponde a la Sala determinar si
debe revocar la sentencia de 24 de abril de 2026 proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, y en
caso afirmativo, establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el accionante y si incurrieron en los defectos
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procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones4.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional 6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

4
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
6
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
7
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Carlos Aldo Fernández Calderón, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Veinte Administrativo del
Circuito de Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y a la
igualdad e incurrir en los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, con
las sentencias de 6 de noviembre y 2 de julio de 2025, respectivamente, por medio
de las cuales le fue negado el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, tras considerar que el actor utilizó el mecanismo constitucional como
una instancia adicional al proceso ordinario.

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual insistió en que sí cumplía
con el presupuesto general, en tanto pretende la reivindicación de la dignidad
humana y el derecho a la igualdad material, por la configuración de los defectos
sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, al omitirse la aplicación de
la Ley 923 e 2004 y los mandatos del Acto Legislativo 01 de 2017.

Consideró que le asistía el derecho al reconocimiento de la asignación de retiro, en
tanto existían pruebas que permitían establecer los aportes realizados a Cremil, las
certificaciones del tiempo de servicios y las normas especiales -Ley 923 de 2004,
el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1820 de 2016-, que permitían computar el

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tiempo que estuvo privado de la libertad, en tanto se acogió a la Jurisdicción
Especial para la Paz.

Descendiendo al caso concreto, la Sala evidencia, en los mismos términos del a
quo, que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, pues lo que propone el demandante es desarrollar un debate a
manera de una instancia adicional.

Así las cosas, se tiene que el señor Carlos Aldo Fernández Calderón presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con la pretensión de que se
declarara la nulidad de la Resolución No. 14315 del 29 de mayo de 2018 y el oficio
No. 690 del 13 de febrero de 2023, actos administrativos mediante los cuales le fue
negado el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá en sentencia de 2 de julio
de 2025, negó las pretensiones de la demanda e indicó que el demandante tuvo las
siguientes vinculaciones al Ejército Nacional:

(i) ingresó a prestar el servicio militar el 25 de julio hasta el 31 de agosto de 1997;
(ii) se vinculó como alumno desde el 1° de marzo de 1997 hasta el 30 de junio de
1999 y (iii) como suboficial desde el 1 de marzo de 1999 hasta el 30 de junio de
2009, cuando fue privado de la libertad por el delito de homicidio en persona
protegida.

Agregó que mediante providencia del 21 de julio de 2017 el Juzgado de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá le concedió el beneficio de la
libertad transitoria, condicionada y anticipada al señor Fernández Calderón, quien
firmó acta de sometimiento a la JEP.

Luego, al estudiar si al demandante le asistía el derecho al reconocimiento y pago
de la asignación de retiro, verificó si cumplía con el tiempo de servicio exigido en el
artículo 7 del Decreto 4433 de 2004.

En ese orden, indicó que el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2009 y el
9 de diciembre de 2014, tiempo en el cual el señor Fernández Calderón estuvo
privado de la libertad, no podía ser computado para efectos de reconocimiento y
pago de la asignación de retiro, por lo que concluyó que su tiempo de servicio real
fue de 11 años, 11 meses y 13 días.

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que
afirmó que el a quo omitió el estudio de la aplicación del numeral 3.1 del artículo 3
de la Ley 923 de 2004, a pesar que de demostró las cotizaciones efectivas
realizados al sistema de seguridad social administrado por Cremil, tal y como quedó
evidenciado en el oficio 2022317000491901 del 9 de marzo de 2022, suscrito por la
Sección de Nómina del Ejército Nacional, por medio del cual se certificó que efectuó
aportes ininterrumpidos por concepto de seguridad social desde marzo de 1999
hasta diciembre de 2014, incluyendo el periodo en que estuvo privado de la libertad.

Asimismo, sostuvo que el hecho de que la administración hubiera recibido las
cotizaciones le generó una expectativa legítima, aunado a que en el extracto de su
hoja de vida se consignó un total de servicios prestados de 16 años, 4 meses,
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acumulado hasta el 15 de enero de 2014, por lo que ya había superado el tiempo
de 15 años establecido en el artículo 98 del Decreto 1211 de 1990.

Refirió que se omitió valorar el extracto de haberes expedido el 29 de diciembre de
2014 por la Sección Atención al Usuario DIPER, que reflejaba el reconocimiento de
la prima de vacaciones y los boletines jurídicos No. 132 del 4 de abril de 2019 y no.
16 del 18 de octubre de 2019, expedidos por el Ejército Nacional a través de su
Dirección de Personal y el Departamento Jurídico Integral, que aludían a la
computabilidad del tiempo de privación de la libertad para efectos de reconocimiento
de la asignación de retiro.

Así las cosas, consideró que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de
la Ley 153 de 1887 que consagró el criterio de la ley posterior como prevalente sobre
una anterior, debía aplicarse la Ley 923 de 2004 y, por ende, el régimen contenido
en el Decreto 1211 de 1990, así como el Acto Legislativo 01 de 2017.

La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 6 de noviembre de 2025 confirmó
el fallo de primera instancia. Para el efecto, estableció dos problemas jurídicos con
el fin de determinar si “(i) El tiempo en que el demandante estuvo privado de la libertad
puede computarse para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, analizando
para tal efecto si, se encontraba en servicio activo al momento de la entrada en vigencia de
la Ley 1820 de 2016 y si, en aplicación del Acto Legislativo 01 de 2017, es beneficiario de
tal prerrogativa? y; (ii) si el actor en su calidad de Sargento Segundo (R) del Ejército
Nacional tiene derecho a que se le reconozca y pague una asignación de retiro en los
términos del artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, determinando si el juzgado de instancia
omitió aplicar el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y analizar la Antinomia
Normativa entre la Ley 923 de 2004 y el Decreto 1211 de 1990?”.

En ese orden de ideas, sobre el primer problema jurídico consideró que si bien se
le concedió al demandante la libertad transitoria condicionada y anticipada, ello no
significaba que debía aplicarse lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley 1820
de 2016, teniendo en cuenta que a los miembros de la fuerza pública que son
condenados por el delito de homicidio no les asiste el derecho a que se incluya dicho
periodo para efectos del cómputo de la asignación de retiro aunado a que al
momento de entrada en funcionamiento del JEP, el demandante ya había sido
condenado.

Sobre los aportes realizados sostuvo que “independientemente de que le hayan
continuado efectuando aportes hasta la fecha del retiro, ello no desnaturaliza la condición
que ostentó desde el momento de su captura, perdiendo la condición de activo para la fecha
de expedición de la Ley 1820 de 30 de diciembre de 2016, de manera que, aunque se
sometiera a la Jurisdicción Especial para la Paz mediante Acta No. 300363 del 25 de abril
de 2017, ello automáticamente no le concede el beneficio que ahora solicita, sino que le
imponía el cumplimiento de unos presupuestos que como se analizó no satisface”.

En complemento de lo anterior, encontró probado que el demandante fue declarado
deudor del tesoro nacional por los valores pagados de más, de conformidad con el
contenido de la Resolución No. 197700 de 3 de julio de 2015.

Sobre el segundo problema jurídico consideró que el demandante únicamente
acreditó un tiempo de servicios de 11 años, 11 meses y 13 días, y teniendo en
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cuenta que su retiro se generó por separación absoluta, no acreditó los requisitos
establecidos en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 para obtener el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

Por último, sobre la aplicación de lo previsto en el numeral 3.1. del artículo 3 de la
Ley 923 de 2004, explicó que si bien el accionante planteó una antinomia entre la
referida norma y el Decreto 1211 de 1990, “la manera en que se fijó el reconocimiento
de la asignación de retiro en el Decreto en mención se ajusta a los elementos mínimos que
establece la Ley 923 de 2004, al tener en cuenta el lapso de formación y de servicios para
computar al demandante el tiempo total al servicio del Ejército Nacional, cosa distinta es
que, al aquí demandante se le haya efectuado una disminución por el tiempo privado de la
libertad y ello ineludiblemente haya impedido la acreditación del presupuesto de
permanencia exigido”.

La Sala observa, a partir de los argumentos desarrollados en los escritos de tutela
e impugnación, que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, en tanto el accionante utiliza la acción de tutela para
insistir en el mismo debate relacionado con el cómputo del tiempo que estuvo
privado de libertad para efectos de reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

Al estudiar los argumentos planteados por la parte actora en los escritos de tutela e
impugnación, se observa que se alega que la autoridad judicial accionada incurrió
en un procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución pues, en su sentir, las autoridades
judiciales accionadas no valoraron el tiempo de servicios certificado, los aportes que
realizó a Cremil de manera ininterrumpida, inaplicaron y desconocieron los
principios de favorabilidad, equidad derivados del Acto Legislativo 01 de 2017,
existió una antinomia entre la Ley 923 de 2004 y el Decreto 1211 de 1990 y no
tuvieron en cuenta el tiempo cotizado mientras estuvo privado de la libertad para
efectos del reconocimiento de la asignación de retiro

De lo anterior, se observa que estos reproches fueron objeto de estudio por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del Cundinamarca
y el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá, quienes a partir del
material probatorio y en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable,
concluyeron que al señor Carlos Aldo Fernández Calderón no le asistía el derecho
al reconocimiento y pago de la asignación de retiro, en tanto no podía computarse
el tiempo que estuvo privado de la libertad porque únicamente logró acreditar 11
años, 11 meses y 13 días de tiempo de servicio en el Ejército Nacional.

Asimismo, se observa que existen similitudes en los reproches que se desarrollaron
en la demanda y en el recurso de apelación en el proceso ordinario, con los
argumentos que se plantean en el escrito de tutela y en la impugnación bajo la
supuesta configuración de los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20198, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
8
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”9 (Negrilla y
resalta de la Sala)

10
En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y
a la igualdad, en este caso, a la manera de una tercera instancia, toda vez que
insiste en el mismo debate relacionado con el reconocimiento del periodo que
estuvo privado de la libertad, para el reconocimiento y pago de la asignación de
retiro.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 24 de abril de 2026
dictada Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 24 de abril de 2026 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

9
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
10
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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