Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01763-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01763-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01763-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01763-001
Accionante : César Javier Valencia Caballero
Accionado : Tribunal Administrativo de Santander
Acción : Tutela
Tema : Mora judicial
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por César Javier Valencia Caballero contra el Tribunal Administrativo de
Santander, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno
a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. El señor César Javier Valencia Caballero, quien actúa en nombre propio,
interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander.
3. Por consiguiente, solicitó ordenar a la autoridad accionada que, «[...] dentro del
término que […] estime razonable (no superior a cuarenta y ocho (48) horas o el que considere
1
Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01763-00
Accionante: César Javier Valencia Caballero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
pertinente), dicte sentencia de segunda instancia […]» en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-006-2017-00552-02.
1.3 Hechos2.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por
el accionante, se puede evidenciar que, el 12 de diciembre de 2017 instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Consejo Superior de la
Judicatura (expediente 68001-33-33-006-2017-00552-02), encaminada, entre
otros aspectos, a que se dejaran sin efectos los actos administrativos por los
cuales se le negó el reconocimiento de la prima especial de servicios devengada
mensualmente como juez de la República y, en consecuencia, la reliquidación y
pago de las prestaciones sociales incluyendo en la base de liquidación todos los
componentes del salario.
5. El conocimiento del aludido asunto ordinario correspondió por reparto al Juzgado
Administrativo Transitorio de Bucaramanga que, con sentencia de 17 de mayo de
2024 accedió parcialmente a las pretensiones, al estimar que, «[…] los destinatarios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 ciertamente tienen derecho al reconocimiento de la prima especial
como un agregado al salario, lo cual implica consecuentemente que deba efectuarse una
reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta ese 30% que ha sido disminuido de
la remuneración mensual por considerarse prima especial sin efectos prestacionales excepto para
la pensión de jubilación».
6. Inconformes con la anterior decisión, tanto el extremo activo3 como el pasivo
interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron concedidos por dicho juzgado
mediante auto de 28 de junio de 2024 y admitidos el 24 de abril de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Santander, en el despacho a cargo del magistrado Julio
Edisson Ramos Salazar; no obstante, hasta la fecha de presentación de la tutela (4
de marzo de 2026) no ha proferido el fallo de segunda instancia, lo que quebranta
sus garantías superiores, máxime, cuando ha solicitado impulso procesal en varias
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
3
En tanto, a su juicio, (i) se acogió la pretensión de reliquidar las prestaciones sociales, pero desconociendo el pago real de
la prima especial de servicios, pues en la práctica sólo se había efectuado un pago aparente y no se había satisfecho en
forma íntegra dicho rubro, lo que omitió la consideración de la prima como componente salarial básico; (ii) no se valoró la
bonificación judicial recibida mensualmente, la cual también conforma salario y debía haberse incorporado para la liquidación
de prestaciones sociales; y (iii) se incurrió en error al no condenar en costas a la parte demandada.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01763-00
Accionante: César Javier Valencia Caballero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
oportunidades y «[e]xisten procesos en [esa Corporación] que fueron fallados antes que el
[suyo], a pesar que llegaron […] de manera posterior »4.
II. TRÁMITE PROCESAL
7. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 10
de marzo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Santander, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestación de la acción.
8. 2.1.1 El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio en la oportunidad
prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
9. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 Cuestión previa – Manifestación de impedimento
10. El Decreto 2591 de 1991 «[p]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política», dispone en el artículo 39 que, «[e]l juez deberá
declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento
Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente» .
11. En la acción constitucional de la referencia, la magistrada Elizabeth Becerra
Cornejo, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, manifestó su
impedimento5 para conocer del asunto de la referencia, por cuanto, la providencia
objeto de esta tutela, de cuya emisión se alega mora judicial, fue suscrita por la
magistrada María Eugenia Carreño Gómez, con quien tiene una relación de
amistad. Situación que, la hace incursa en la causal establecida en el numeral 5,
4
Para el efecto señaló los procesos identificados con los radicados: 68001-33-33-006-2018-00016-03, 68001-33-33-013-
2018-00331-02 y 68001-33-33-003-2019-00011-02.
5
Actuaciones de Samai, índice 00014.
3
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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal6.
12. Conforme a lo anterior, la Sala Dual, constata que, en la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, el 5 de marzo de 2026, la magistrada María
Eugenia Carreño Gómez conformó la Sala de decisión y firmó. Por lo que, se
encuentra configurada la causal de impedimento referida en el párrafo que
antecede.
13. En consecuencia, la Subsección declarará fundado el impedimento manifestado
por la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo y, la separará del conocimiento del
trámite constitucional de la referencia.
3.3 La acción.
14. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.4 Problema jurídico.
15. Se contrae a determinar el eventual quebranto de los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad del accionante
por la presunta omisión del Tribunal Administrativo de Santander de impartirle
impulso y resolver el recurso de apelación que, tanto él como la Rama Judicial
interpusieron contra el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado
Administrativo Transitorio de Bucaramanga, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-006-2017-00552-02.
3.5 Carencia de objeto por hecho superado.
6
«ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario
judicial.
[…]»
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01763-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
16. Se ha pregonado con acierto que la acción de tutela se encuentra orientada a
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, cuando
ellos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública7; sin embargo, si la circunstancia que dio origen a la trasgresión
desaparece, se configura el fenómeno que se conoce como hecho superado, el
cual da como resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el asunto. Al
respecto, la Corte Constitucional8 ha definido este fenómeno jurídico en los
siguientes términos:
4.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha
señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de
amparo, la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”9. Al
respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta
en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado.
4.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción
de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese
adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo
tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional 10. En
este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de
los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo “si considera que la
decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea]
para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo
que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la
demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que
se demuestre el hecho superado”11 (Subrayado por fuera del texto original).
4.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-045 de 200812, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de un
hecho superado, a saber:
“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se
carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho
fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la
acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se
puede considerar que existe un hecho superado.” [Énfasis propio].
17. Conforme a lo anterior, es necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales deprecados en el caso sub examine aún persiste o si, por
7
Artículo 86 de la Carta Política.
8
Corte Constitucional, sentencia T-59 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9
Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M. P. Humberto Sierra
Porto.
10
Sentencia T-678 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M. P. Álvaro Tafur
Galvis. Al respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
11
Sentencia T-685 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto.
12
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
el contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha,
esto es, si se configuró el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por
hecho superado.
18. En el sub lite el tutelante pide ordenar a la autoridad accionada impartirle trámite
a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró contra la
Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Consejo
Superior de la Judicatura (expediente 68001-33-33-006-2017-00552-02), en el
sentido de desatar los recursos de apelación que tanto él como el extremo pasivo
en ese asunto, interpusieron contra la providencia de 17 de mayo de 2024, con la
que el Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga accedió parcialmente a
las pretensiones formuladas, toda vez que, hasta la fecha de presentación de la
tutela (4 de marzo de 2026) no se ha emitido pronunciamiento sobre el particular.
19. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio en la
oportunidad prevista para el efecto.
20. No obstante, verificada la herramienta electrónica para la gestión judicial
denominada Samai, se observa que, mediante sentencia de 5 de marzo de 202613,
notificada por correo electrónico el 11 de los mismos mes y año 14, la autoridad
accionada desató las referidas alzadas en el sentido de adicionar, modificar y
confirmar parcialmente la decisión de primera instancia, con fundamento en la
siguiente conclusión:
Con sustento en la valoración de los argumentos expuestos y los medios de prueba
obrantes en el expediente en consonancia con las pautas jurisprudenciales invocadas,
la Sala (i) adicionará a la sentencia recurrida la inaplicación del decreto 383 de 2013
sobre la bonificación judicial, en la siguiente forma «inaplicar por inconstitucionalidad
las expresiones «únicamente» y «para la base de cotización al Sistema General de
Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» contenidas en el
artículo 1 del Decreto 383 de 2013, bajo el entendido que la bonificación judicial de la
que es beneficiario el demandante, deberá tenerse en cuenta como factor salarial para
la base de cotización al Sistema General de Pensiones y en salud y, además para la
liquidación de todas las prestaciones sociales que devengan los servidores de la Rama
Judicial; (ii) adicionará a la sentencia recurrida en el sentido de disponer estarse a lo
dispuesto en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces del 2 de septiembre de 2019 (entiéndase incluido
el auto de la misma Sala de Conjueces del 7 de octubre de 2019 que la aclaró
parcialmente y la corrigió); (iii) adicionará a la sentencia recurrida para declarar no
probada la excepción de prescripción; (iv) adicionará a la sentencia recurrida con el fin
de precisar, que los pagos a cargo de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial se efectuarán sin perjuicio de la verificación que realice la
entidad respecto de las sumas canceladas en virtud del Decreto 272 de 2021. En
consecuencia, el reconocimiento dispuesto en la providencia solo procederá en la
13
Visible en el índice 00037 del expediente de Samai de segunda instancia con radicado 68001-33-33-006-2017-00552-02.
14
Índice 00039 del expediente de Samai de segunda instancia con radicado 68001-33-33-006-2017-00552-02.
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medida en que las reliquidaciones ordenadas no hayan sido pagadas con anterioridad
por la entidad y, en esa medida, si en la oportunidad pertinente se demuestra la
existencia de pagos previos por el mismo concepto y período, deberá evitarse cualquier
duplicidad, en atención al principio de legalidad del gasto público, v) modificará el
numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, toda vez que la orden
del juez sobre el reconocimiento de la prima especial no es clara y omitió pronunciarse
sobre la bonificación judicial; iv) confirmará en sus demás partes la providencia
recurrida comoquiera que se encuentra acreditado que los actos administrativos
enjuiciados no deben conservar su presunción de legalidad y vi) no condenará en
costas en esta instancia.
21. En tal contexto, la Sala considera que en el asunto se configura una carencia
actual del objeto de la tutela por hecho superado, en razón a que, por medio de la
providencia de 5 de marzo de 2026, se satisfizo la pretensión formulada por el actor
en la acción de tutela, consistente en que se desatara el recurso de apelación que,
tanto él como la Rama Judicial interpusieron contra la sentencia de 17 de mayo de
2024, con la que el Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga accedió
parcialmente a las pretensiones formuladas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-006-2017-00552-02, lo
que evidencia que ha cesado la presunta conducta lesiva de sus derechos
fundamentales.
IV. DECISIÓN
22. Por los motivos expuestos, comoquiera que los hechos que han dado lugar al
ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este trámite, la Sala
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en la solicitud de amparo
incoada por el señor César Javier Valencia Caballero.
23. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo, para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. SEPARAR del conocimiento de este trámite constitucional a la
magistrada Elizabeth Becerra Cornejo.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01763-00
Accionante: César Javier Valencia Caballero
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
TERCERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro
de la acción de tutela formulada por el señor César Javier Valencia Caballero, en
los términos indicados en la parte considerativa.
CUARTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Con impedimento)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
8
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