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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01770-01

Fecha
7 de julio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01770-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró 22 Artículo 19. “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”. 9 Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01770-01 Accionante: Delfo Emiro Muñoz Pineda Accionado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D Referencia: Acción de tutela (segunda instancia) improcedente la acción de tutela, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01770-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01770-01
Accionante: DELFO EMIRO MUÑOZ PINEDA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – contra providencia judicial que negó pretensiones
anulatorias de los actos administrativos que negaron el reconocimiento de pensión de
gracia de un docente – se invocó la vulneración de los derechos del debido proceso, acceso
a la administración de justicia y seguridad social / IMPROCEDENCIA – falta de legitimación
en la causa por activa – el poder aportado por la parte actora se limitó a trámite del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho pero no previó la facultad para promover el trámite
constitucional de la referencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia del 14 de mayo de 2026, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 4 de marzo de 20261, el abogado Oscar Ricardo Llorente Pérez, quien adujo
actuar en representación de Delfo Emiro Muñoz Pineda, promovió acción de tutela2,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales del debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la seguridad social.

Hechos relevantes

2. El 24 de mayo de 2023, Delfo Emiro Muñoz Pineda solicitó el reconocimiento y
pago de la pensión de gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP por el tiempo de servicio docente
prestado en el Departamento de Boyacá y el Ministerio de Educación Nacional.

1 Índice 1 de Samai de primera instancia “REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS
EL miércoles, 4 de marzo de 2026 con secuencia: 2670”.
2 Índice 2 Samai de primera instancia, expediente digital, archivo
“5_EXPEDIENTEDIGI_Demanda_4_20260305130949745”.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01770-01
Accionante: Delfo Emiro Muñoz Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

3. La UGPP a través de Resolución RDP 022929 del 15 de septiembre de 2023
negó el reconocimiento y pago de la pensión de gracia por considerar que el
peticionario no acreditó los 20 años de servicio en la docencia oficial en atención a
que no es posible computar tiempos de servicio como docente del orden nacional ni
los desempeñados en cargos de carácter administrativo.

4. El 20 de noviembre de 2023, la UGPP profirió la Resolución RDP 027646 que
confirmó en su totalidad la decisión inicial que negó el reconocimiento de la pensión
de gracia a Delfo Emiro Muñoz Pineda.

5. El 14 de mayo de 2024, Delfo Emiro Muñoz Pineda, a través de apoderado
judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
las Resoluciones RDP 022929 del 15 de septiembre de 2023 y RDP 027646 del 20
de noviembre de 2023 proferidas por la UGPP a través de las cuales se le negó el
reconocimiento de la pensión de gracia en su calidad de docente. El proceso se
identificó con el radicado 110013335022202400154-00.

6. El 5 de noviembre de 2024, el Juzgado 22 Administrativo de Bogotá profirió
sentencia de primera instancia en la que declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de
gracias en favor del demandante. Contra esta decisión la UGPP presentó recurso
de apelación.

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en sentencia del 21 de agosto de 2025 revocó el fallo de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda. Con esa decisión se puso fin al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 110013335022202400154-00/01.

Pretensiones

8. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social del señor Delfo Emiro Muñoz
Pineda.
2. Dejar sin efectos la providencia proferida por el Tribunal Administrativo De
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” con fecha del 21 de agosto
de 2025, “NEGAR las pretensiones de la demanda impetrada por el señor
DELFO EMIRO MUÑOZ PINEDA contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, por las razones
expuestas” por ser violatoria de los derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social y acceso a la administración de justicia del señor Delfo Emiro
Muñoz Pineda
3. Ordénese al Tribunal Administrativo De Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, que profiera una nueva decisión de fondo dentro del proceso
de radicado N° 110013335-022-2024-00154-01, garantizando el respeto por los
derechos fundamentales al debido proceso, y seguridad social.
4. Ordénese la protección de los derechos fundamentales tutelados por el
medio que considere más expedito para dicho fin.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01770-01
Accionante: Delfo Emiro Muñoz Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

5. Ordénese la protección de otros derechos no invocados en la presente
acción y que usted considere están siendo violados, amenazados o
vulnerados”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte demandante alega la presunta vulneración de su derecho fundamental
de sus derechos fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D al proferir la sentencia de segunda
instancia del 21 de agosto de 2025 que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 110013335022202400154-00/01, por considerar que
con ellas se incurrió en un defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente vinculante para dirimir la controversia.

10. El accionante indicó que el defecto sustantivo se configuró porque la autoridad
judicial accionada no aplicó la distinción plasmada en la Ley 91 de 1989 entre el
personal docente de carácter nacional, nacionalizado y territorial. Como sustento
expuso que en la providencia del 21 de agosto de 2025 erró al definir la categoría
docente del Delfo Emiro Muñoz como “nacional”, únicamente porque su
nombramiento fue realizado por el Ministerio de Educación Nacional.
Adicionalmente estimó que dicho yerro fue determinante porque impidió computar
el tiempo de servicio total de servicio prestado por el demandante.

11. Por otra parte, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico porque realizó una valoración incompleta y errónea del material probatorio al
considerar que el Delfo Emiro Muñoz Pineda únicamente acreditó 12 años, 1 mes y
18 días del servicio docente prestado, porque con ello excluyó de su análisis 11
años y 16 días, únicamente, en atención a que en ese período la entidad
nominadora fue el Ministerio de Educación Nacional, por lo que concluyó que se
trató de una designación de carácter nacional que no podía ser computada para el
reconocimiento de la pensión de gracia.

12. Por último, consideró que en la providencia cuestionada se desconoció el
precedente proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia del
21 de junio de 2018, en la que se especificaron el elemento relevante para el
reconocimiento de la pensión de gracia consistía en la acreditación de la “plaza”
ocupada por el docente fuera de carácter territorial o nacionalizada y no la
naturaleza de la entidad nominadora.

13. Como fundamento en lo expuesto invocó: (i) infracción del principio de
favorabilidad en materia pensional; (ii) vulneración del debido proceso y seguridad
social del accionante; y (iii) desconocimiento de la protección constitucional especial
de las personas de la tercera edad.

3 Folio 21 del escrito de tutela, Ibidem.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01770-01
Accionante: Delfo Emiro Muñoz Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Trámite procesal

14. Por medio de auto del 9 de marzo de 20264, la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación5 admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D. Adicionalmente vinculó en calidad de terceros con interés al titular del Juzgado
22 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP-.

Intervenciones

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B6 expuso los fundamentos jurídicos y fácticos de la sentencia del 21
de agosto de 2025. Posteriormente pidió que se negara la solicitud de amparo
porque no se acreditó ninguno de los defectos invocados por el accionante, en
atención a que la providencia cuestionada se fundó en parámetros legales,
constitucionales y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, además consideró
que la decisión es razonable, coherente y armónica con el ordenamiento jurídico,
por lo que la tutela no puede ser utilizada como una suerte de tercera instancia para
examinar nuevamente el litigio.

16. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales – UGPP7 solicitó que la acción de tutela se declare improcedente
porque el accionante pretende utilizarla como un mecanismo para desconocer los
trámites administrativos necesarios para el reconocimiento de la pensión de gracia
en su favor. Aunado a ello alegó que el amparo constitucional no es procedente
para discutir reclamaciones netamente económicas y para lo cual se puede acudir
a otros mecanismos de índole administrativo o judicial para el reconocimiento de
pensional reclamado.

17. Luis Octavio Mora Bejarano, en su condición de Juez 22 Administrativo del
Circuito de Bogotá8 solicitó ser desvinculado del presente trámite por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, debido a que la providencia cuestionada
corresponde a la proferida por el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. Aunado a ello indicó que en el
escrito de tutela no se le imputa la violación de ninguno de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.

Solicitud de desacato

18. A través de memorial radicado el 16 de abril de 2026 9, la parte actora solicitó
iniciar el incidente de desacato en contra de la autoridad judicial accionada por no
haber cumplido la orden de remitir al proceso de la referencia el expediente digital

4 Índice 4 id, archivo “12_Autoqueadmite_20260177000admisorio_0_20260309154051993”.
5 Despacho a cargo del consejero Diego Enrique Franco Victoria.
6 Índice 13, id, archivo “17_110010315000202601770002MemorialWeb202631319455”.
7 Índice 12, id, archivo “15_110010315000202601770002MemorialWeb2026313125626”.
8 Índice 18, id, archivo “24_110010315000202601770002MemorialWeb202631713937”.
9 Índice 19, id, archivo “25_110010315000202601770002MemorialWeb2026417155418”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01770-01
Accionante: Delfo Emiro Muñoz Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-022-2024-
00154-00/01.

19. El despacho ponente en primera instancia, a través de auto del 21 de abril de
202610, negó la solicitud por considerar que los hechos alegados no conllevaban a
iniciar un incidente de desacato en contra de la autoridad judicial accionada,
específicamente, porque dicho instrumento judicial supone la existencia previa de
una orden de amparo a través de la sentencia que decida la demanda de tutela, lo
cual no había acontecido en el caso concreto.

La sentencia de primera instancia

20. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por medio de
sentencia del 14 de mayo de 202611, declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

21. Sostuvo que en la presente acción constitucional se planteó un debate de mera
legalidad en el que el accionante expresó su inconformidad frente a la interpretación
y análisis jurídico contenido en la sentencia del 21 de agosto de 2025 en la que se
consideró que Delfo Emiro Muñoz Pineda no acreditó los requisitos legales para
acceder a la pensión de jubilación de gracia. Adicionalmente indicó que el juez
natural del asunto tuvo en cuenta, para decidir el asunto, la ratio decindendi del
precedente jurisprudencial invocado en el escrito de tutela.

22. Con fundamento en lo expuesto concluyó que la demanda de tutela no planteó
una controversia constitucional autónoma que permita evidenciar una afectación
real y directa de las garantías fundamentales del accionante, sino que se evidenció
un propósito de reabrir un debate jurídico definido por la jurisdicción contenciosa-
administrativa en el proceso judicial 11001-33-35-022-2024-00154-00/01.

La impugnación12

23. El accionante solicitó que se revoque la sentencia del 14 de mayo de 2026 y, en
su lugar, se conceda el amparo de los derechos fundamentales invocados. Como
fundamento de su petición indicó que la providencia impugnada desconoció la
protección constitucional especial del señor Delfo Emiro Muñoz Pineda por tratarse
de una persona de la tercera edad.

24. También se opuso a considerar que la tutela fue interpuesta con la intención de
agotar una “tercera instancia” debido a que considera plenamente acreditadas las
irregularidades denunciadas en el escrito inicial. Como sustento de ello alegó que
la autoridad judicial accionada incurrió en una arbitrariedad al desconocer más de
11 años de servicio docente prestado por Delfo Emiro Muñoz Pineda, de modo que
la discusión planteada en la acción constitucional no plantea una mera
inconformidad con la interpretación del juez natural de la controversia sino que pone
de presente una circunstancia de vulneración de los derechos fundamentales de

10 Índice 21, id, archivo “27_Autoqueresuel_20260177000Autoniega_0_20260421113824896”.
11 Índice 26, id, archivo “30_Sentencia_20260177000reconocim_0_20260528093312545”.
12 Índice 31, id, archivo “33_110010315000202601770002MemorialWeb202669103016”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01770-01
Accionante: Delfo Emiro Muñoz Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

seguridad social y mínimo vital del demandante. Adicionalmente reiteró la
configuración del defecto fáctico porque la valoración probatoria fue arbitraria y
trascendió un plano estrictamente legal, lo que despojó al accionante de una
subsistencia digna. Reiteró que el desconocimiento del precedente jurisprudencial
invocado porque se omitió que el reconocimiento de la pensión de gracia no
depende de la naturaleza de la entidad nominadora en el cargo, sino de la
acreditación del cargo ocupado por el solicitante.

25. A partir de lo expuesto, el recurrente puso de presente que el fallo impugnado
validó una interpretación contraria al principio de favorabilidad en materia laboral y
pensional. Además, planteó que la falta de reconocimiento de la pensión de gracia
en favor de Delfo Emiro Muñoz Pineda menoscaba sus condiciones de vida,
especialmente, por tratarse de un sujeto de especial protección debido a su
avanzada edad. También consideró que la providencia recurrida incurre en alta de
motivación porque no explicó con suficiencia las razones que la llevaron a concluir
que la tutela planteó un asunto de mera legalidad, sin examinar los cargos
planteados sobre la violación directa de la Constitución. Así concluyó que la
declaratoria de improcedencia de la tutela por falta de relevancia constitucional es
una postura excesivamente formalista que sacrifica el derecho sustancial del
accionante y, por ende, pidió que fuera revocada dicha determinación.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

27. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que en primera
medida debe definir (i) ¿la parte actora cuenta con legitimación en la causa por
activa, de acuerdo con el mandato presentado por el abogado Oscar Ricardo
Llorente Pérez? Solo en el entendido de que se resuelva afirmativamente este
interrogante se examinará si (ii) ¿la demanda de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad, especialmente, el de relevancia constitucional o, por el contrario,
pretende una instancia adicional para discutir aspectos decididos en el proceso
11001-33-35-022-2024-00154-00/01?

28. En caso de que los anteriores interrogantes se resuelvan de manera afirmativa,
se resolverá (iii) ¿la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante?

29. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) la procedencia excepcional de la acción de
tutela; y (iii) el caso concreto.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01770-01
Accionante: Delfo Emiro Muñoz Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Causales genéricas y específicas de procedencia de tutela contra providencia

30. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200513,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

31. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar14: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela15, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional16 o el Consejo de Estado17,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP18; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable19 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Caso concreto

Legitimación en la causa

32. La Subsección anuncia que declarará la falta de legitimación en la causa por
activa por carencia de poder especial en favor de quien aduce actuar como
apoderado de la parte actora para promover la presente acción constitucional, de
conformidad con las razones que se exponen a continuación:

13 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
14 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
15 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
17 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
19 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01770-01
Accionante: Delfo Emiro Muñoz Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

33. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela puede ser ejercida por la persona cuyos
derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados, directamente, por
representante, por apoderado judicial, por agente oficioso cuando el titular no esté
en condiciones de promover su defensa, o por el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales. De estas normas se desprende que la legitimación en la
causa por activa constituye un requisito de procedibilidad del amparo, de modo que
quien acude a la tutela debe acreditar que actúa en defensa de derechos propios o
que cuenta con habilitación suficiente para representar a otro.

34. La Corte Constitucional ha precisado que, cuando la tutela se ejerce a nombre
de un tercero mediante apoderado judicial, se requiere poder especial, pues el
mandato conferido para otro proceso no legitima automáticamente la promoción del
amparo constitucional. Sobre este aspecto debe indicarse que, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que, por las características especiales de la tutela, la
misma puede ser ejercida mediante apoderado, pero el mismo debe actuar con
poder especial. En la Sentencia T-292 de 202120 se indicó:

“De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el apoderamiento judicial es
una subespecie de la representación, que “(i) [consiste en] un acto jurídico formal
por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) Se concreta en un escrito, llamado
poder que se presume auténtico. (iii) El referido poder para promover acciones
de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) el poder conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que
le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario
del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado
con tarjeta profesional”.

35. Como punto de partida se debe rememorar que el abogado Oscar Ricardo
Llorente Pérez adujo presentar la acción de tutela en representación de Delfo Emiro
Muñoz. Sin embargo, examinado el expediente no se encuentra que el referido
jurista hubiere acreditado la condición de apoderado con la que dijo actuar en el
presente trámite constitucional.

36. Al respecto, se pone de presente que si bien en el expediente digital21 se
encuentra un poder especial otorgado por Delfo Emiro Muñoz Pineda a Oscar
Ricardo Llorente Pérez para que en su nombre y representación “inicie, tramite y
lleve hasta su terminación (sic) demanda de nulidad parcial y restablecimiento del
derecho de carácter laboral contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP” (se
destaca), con el objeto de cuestionar la legalidad de las Resoluciones RDP 022929
del 15 de septiembre de 2023 y RDO 027646 del 20 de noviembre de 2023.

37. En cuanto a las facultades otorgadas al apoderado se dispuso: “El referido
apoderado cuenta con todas las facultades requeridas para los anteriores

20 M.P. Paola Meneses. En el mismo sentido la SU-388 de 2022 (M.P. José Fernando Reyes
Cuartas)
21 Índice 2 de Samai de primera instancia, archivo
“3_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOS_4_3_20263_39__2_20260305130949338”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01770-01
Accionante: Delfo Emiro Muñoz Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

propósitos, incluidas las de presentar demandas, interponer recursos, formular
incidentes, sustituir o reasumir este poder, conciliar, desistir, recibir, cobrar títulos
valores, cobrar prestaciones laborales, salarios, renunciar, transigir, iniciar proceso
ejecutivos y en general todas las facultades necesarias para cumplir
adecuadamente con este mandato”.

38. De lo expuesto se advierte que el poder allegado en la presente acción
constitucional no previó la facultad de promover la acción constitucional de la
referencia. Junto con ello se constata que el mandato referido se extendió hasta la
terminación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en
contra de las Resoluciones RDP 022929 del 15 de septiembre de 2023 y RDO
027646 del 20 de noviembre de 2023, el cual finalizó con la sentencia de segunda
instancia del 21 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de modo que el abogado Oscar
Ricardo Llorente Pérez no acreditó representar los intereses de Delfo Emiro Muñoz
Pineda en la presente acción constitucional.

39. Así, debe concluirse que el referido abogado no demostró la condición en la que
adujo actuar en el escrito inicial. Debido a que, se reitera, el mandato aportado es
insuficiente para atestiguar la condición de apoderado especial en el trámite de la
referencia y no se encuentra que se le hubiera conferido la protección de un interés
legítimo de Delfo Emiro Muñoz Pineda en la presente acción constitucional.

40. Por lo anterior, de acuerdo con los requisitos previstos en el artículo 10 del
decreto 2591 de 199122, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en el
sentido de declarar improcedente la acción de amparo constitucional, pero por
razones distintas, consistentes en que no se acreditó la legitimación en la causa por
activa del accionante Delfo Emiro Muñoz Pineda. En atención a ello no es necesario
examinar los demás problemas jurídicos planteados.

41. Finalmente, se confirmará la negativa de la autoridad judicial de primera
instancia de desvincular del presente trámite al Juzgado Veintidós (22)
Administrativo de Bogotá, dado que actuó como juez de primera instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la presente demanda
de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró

22 Artículo 19. “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01770-01
Accionante: Delfo Emiro Muñoz Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

improcedente la acción de tutela, pero por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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