Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01779-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01779-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01779-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01779-00
Accionante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra tutela - improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080
de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 10 de marzo de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Francisco Javier García Londoño, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la defensa, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y a ejercer cargos
públicos.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión del fallo de
tutela del 2 de febrero del 2026 dictado por la autoridad judicial accionada, que
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. En la referida providencia se dispuso la notificación del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. A su vez, se vinculó como terceros con interés a la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a la DIAN y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
1
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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confirmó la sentencia del 7 de noviembre del 2025, mediante la cual la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela identificada con el radicado número 11001-
03-15-000-2025-06033-00/01.
3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B
DEL CONSEJO DE ESTADO NO RINDA EL INFORME, LO RINDA
EXTEMPORÁNEAMENTE O LO RINDA DE MANERA FORMAL Y NO DE
FONDO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE PUEDEN
VINCULAR LOS SUPERNUMERARIOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE
DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO
2591 DE 1991.
SEGUNDO: QUE CON FUNDAMENTO EN LAS SENTENCIAS CON EFECTOS
ERGA OMNES C-401 DE 1998, C-725 DE 2000, C-422 DE 2012 Y C-293 DE
2020 PROFERIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS CUALES SE
SEÑALAN LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE PUEDE VINCULAR
PERSONAL SUPERNUMERARIO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE
PROFIERA EL FALLO JUDICIAL.
TERCERO: QUE EN EL FALLO DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
TAMBIEN SE TENGA EN CUENTA Y DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN
LOS DECRETOS LEY 1042 DE 1978 EN SU ARTÍCULO 83 Y, DE MANERA
ESPECIAL, AL ARTÍCULO 22 DEL DECRETO LEY 1072 DE 1999, EL CUAL
AUTORIZA LA VINCULACIÓN DE PERSONAL SUPERNUMERARIO A LA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN ÚNICAMENTE
CON EL OBJETO DE SUPLIR O ATENDER NECESIDADES DEL SERVICIO,
PARA APOYAR LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y EL CONTRABANDO,
PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS, Y PARA VINCULAR
PERSONAS A PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE LOS CONCURSOS
ABIERTOS CUANDO ESTOS SE REALICEN BAJO LA MODALIDAD DE
CONCURSO-CURSO.
CUARTO: QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE PROFIERA
UNA SENTENCIA JUDICIAL, EN LA CUAL TENIENDO EN CUENTA LOS
ARGUMENTOS JURÍDICOS PLANTEADOS EN EL ESCRITO DE ACCIÓN DE
TUTELA DENTRO DEL RADICADO 2025-06033-00/01 Y EL PRESENTE
ESCRITO DE ACCIÓN DE TUTELA, SE AMPAREN MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS COMO VULNERADOS POR LA SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO CON RADICACIÓN:
11001-03-15-000-2025-06033-01 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2026: I)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO II) DERECHO A LA IGUALDAD. III)
DERECHO A EJERCER CARGO PÚBLICO EN CARRERA ADMINISTRATIVA
EN LA DIAN. IV) DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
QUINTO: QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE TOMEN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS
CON EL OBJETO DE QUE SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA
TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES.
1.2. Hechos
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4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. Mediante las resoluciones No. 8300060-2009-001 del 30 de abril y 06027
del 24 de mayo del 2017, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) declaró disciplinariamente responsable al señor Francisco Javier García
Londoño y, en consecuencia, fue sancionado con la destitución e inhabilidad para
desempeñar cargos públicos por el término de 12 años.
6. Por lo anterior, el señor García Londoño interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento contra la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de los
mencionados actos administrativos y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se ordenara su reintegro a un cargo igual o superior al que
desempeñaba al momento de su retiro.
7. Al proceso le fue asignado el radicado número 11001-03-25-000-2012-
00372-00 y, mediante sentencia del 28 de marzo del 2019, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones.
8. Contra la anterior decisión, el accionante promovió una acción de tutela
contra la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y a la dignidad.
9. A la acción constitucional se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2025-
01180-00/01 y le fue repartida a la Sección Primera del Consejo de Estado que,
en sentencia del 3 de abril del 2025, declaró su improcedencia por compartir
identidad de partes, objeto y causa con la acción de tutela que interpuso
previamente.3 El accionante impugnó la decisión.
10. En providencia del 12 de junio del 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado confirmó la sentencia de primera instancia, debido a que encontró
acreditada la temeridad, en la medida en que la solicitud de amparo tenía el
mismo objeto de estudio que en procesos conocidos previamente por la
corporación4.
11. Luego, interpuso una nueva acción de tutela contra la Sección Cuarta del
Consejo de Estado por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de acceso al cargo
público y a la igualdad. Esto, con fundamento en que los integrantes de dicha
sección no manifestaron su impedimento para conocer de la acción
3 Identificada con el radicado 11001-03-15-000-2019-03444-00/01.
4 Acciones de tutela identificadas con los radicados 11001-03-15-000-2024-05185-00, 11001-
03-15-000-2024-06125-00 y 11001-03-15-000-2024-07030-00.
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constitucional, debido a que conocieron previamente de otras acciones de tutela5.
12. A la acción constitucional se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2025-
06033-00/01 y le fue repartida a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que, en sentencia del 7 de noviembre del 2025, declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo por cuestionar una decisión de la misma
naturaleza.
13. Al respecto, señaló que la falta de manifestación de impedimento de los
magistrados que conforman la Sección Cuarta del Consejo de Estado no acredita
un evento de «fraude», «error inducido» o un «hecho nuevo» que habilite la
procedencia excepcional de la acción.
14. A su vez, señaló que el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 indica que
en ningún caso será procedente la recusación en las acciones de tutela. En esa
medida, sostuvo que la acción de tutela no está instituida para conminar a los
jueces a manifestar su impedimento en aquellos procesos en los cuales no se
permite la recusación. La anterior decisión fue impugnada por el señor García
Londoño.
15. En sentencia del 2 de febrero del 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia,
puesto que el accionante no satisfizo el estándar constitucional fijado en la
Sentencia SU-627 del 2015, proferida por la Corte Constitucional, respecto de la
procedencia excepcional de las acciones de tutela contra decisiones de la misma
naturaleza.
16. Además, indicó que el hecho de que la Sección Cuarta hubiese conocido
de las tutelas anteriores fue lo que le permitió constatar la reiteración injustificada
de la acción constitucional y, en consecuencia, advertir que se configuraban los
elementos de la temeridad.
1.3. Sustento de la vulneración
17. El accionante señaló que la sentencia del 2 de febrero del 2026, dictada
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, omitió «de
manera arbitraria y caprichosa» referirse a lo manifestado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-023 del 2023 acerca de la «situación de fraude».
18. Indicó que, contrario a lo manifestado en la providencia, demostró que
«existe una clara situación de fraude», puesto que los magistrados de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado adoptaron una decisión derivada de una
interpretación normativa «abiertamente contraria a los postulados
constitucionales y a la buena fe judicial».
5 Identificadas con los radicados 11001-03-15-000-2025-01352-00 y 11001-03-15-000-2024-
06920-00.
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19. A su vez, indicó que existe fraude en los fallos de tutela cuando: i) la
sentencia se profiere con fines ilegales, ii) la providencia es el resultado de un
negocio fraudulento que implica un perjuicio ilícito a terceros y, iii) el juez adopta
una decisión derivada de una interpretación normativa contraria a la buena fe.
20. Por último, señaló que el juez de tutela tiene la obligación de aplicar el
principio iura novit curia en las sentencias de tutela, el cual faculta al juez
constitucional a «aplicar la norma correcta al caso, inciso si no fue invocada por
las partes».
1.4. Intervención
21. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó
que la solicitud de amparo es improcedente, debido a que con ella se pretende
controvertir una decisión adoptada en un trámite de la misma naturaleza, por
cuanto los debates sobre la protección de derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida.
22. A su vez, señaló que no se cumplen los parámetros fijados por la sentencia
SU-627 del 2015, relacionada a la procedencia excepcional de las acciones de
tutela cuando se ataca una decisión de la misma entidad, pues no acreditó alguna
situación de fraude al interior del proceso con radicado 11001-03-15-000-2025-
06033-00.
II. CONSIDERACIONES
23. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo. En tal
sentido, se demostrará que en el asunto no se superan los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.2. Caso Concreto
2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
24. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
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defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
25. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
26. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
27. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
28. La Sala advierte que el señor Francisco Javier García Londoño está
legitimado en la causa por activa. Esto, teniendo en cuenta que fungió como
tutelante al interior del expediente identificado con el radicado 11001-03-15-000-
2025-06033-00/01.
29. Por su parte, la Sala evidencia que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la
autoridad judicial que profirió la decisión controvertida.
30. Tutela contra una decisión de la misma naturaleza. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sección, la procedencia de
esta acción constitucional en contra de providencias judiciales es excepcional, lo
que implica, entre otras, verificar que el objeto de este mecanismo no sea
controvertir decisiones de tutela.
31. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar
la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida
constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y
definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
9 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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[d]e aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería su
efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos
fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la
existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan
obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas
conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela,
siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo
de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua esta acción y vulneraría el
derecho constitucional a acceder a la justicia10
32. Lo anterior admite tan solo una excepción: la cosa juzgada fraudulenta.
Esta se presenta en aquellos eventos en los que «las partes o el juez usan el
proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los derechos de terceros
y atentan contra el bien social de la administración de justicia»11. Sin embargo, la
carga de la prueba del fraude es del accionante. En efecto, este tiene el deber de
«aportar medios de prueba que demuestren con un alto grado de certeza, es
decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y “coherente ” que las decisiones
cuestionadas son fraudulentas»12.
33. En el sub judice, como viene de verse, la parte tutelante cuestiona la
providencia del 2 de febrero del 2026, mediante la cual la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo por cuestionar una decisión de la
misma naturaleza.
34. En su sentir, la autoridad judicial incurrió en un fraude al proferir una
decisión derivada de una interpretación normativa «abiertamente contraria a los
postulados constitucionales y a la buena fe judicial», al interior de la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-06033-00/01.
35. Así las cosas, la Sala concluye que, en este caso, no se configura la
excepción a la procedencia de la tutela contra una decisión de la misma
naturaleza. Esto, porque la parte actora no acreditó la existencia de una situación
de fraude, pues si bien la argumentación del escrito de tutela se funda en dicha
circunstancia, lo cierto es que su lectura únicamente refleja un simple desacuerdo
con la decisión adoptada por el juez constitucional, relacionada a que la Sección
Cuarta del Consejo de Estado no debía manifestar su impedimento para conocer
de la acción de tutela con radicado 2025-01180-00/01.
36. En efecto, el actor no elevó ningún planteamiento que, directa o
indirectamente, esté encaminado a comprobar una actuación fraudulenta por
parte del operador judicial accionado, que torne procedente la acción sub
examine.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2018.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023.
12 Id.
7
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01779-00
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por el señor Francisco Javier García Londoño contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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