Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01780-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01780-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01780-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01780-01
Accionante: Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 20 de
abril de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 5 de marzo de 20261, el Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería, a través de
apoderado, interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, que
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Córdoba. Lo anterior, por
cuanto dicha corporación, mediante sentencia de segunda instancia del 31 de
octubre de 2025, revocó la providencia del 30 de junio de 2023 proferida por el
Juzgado Noveno Administrativo de Montería, que había negado las pretensiones de
la demanda, para, en su lugar, acceder parcialmente a ellas, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Manuel Esteban
Meza Padrón contra el Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería y el municipio de
Montería, radicado 23001333300520210017300/01.
2. Hechos
2.1. Manuel Esteban Meza Padrón presentó demanda3 contra el Cuerpo de
Bomberos Oficial de Montería y el municipio de Montería, con el fin de que se
declarara la configuración del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo
1
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 06B092D8811D85FF 9F7A86B875457EE1
1F181F5BD9AB5C64 5F55CF57B617F9FB.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 591499710F86B0AC AEA17F862ACA3A83
0D226B18ACC28C97 5BB4711BAEC8E67C.
3
Archivo denominado “001 Demanda”, sub carpeta “C01 Principal”, carpeta “01 Primera instancia”, visible a índice 13 de
SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 8AE66C7DFC23899E 55311E9C049E7C53 B24C8EAD748D0FD1
B5275DF080AA5CB8.
2
Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
frente a las solicitudes formuladas. Al respecto, afirmó que la Resolución 137 del 22
de octubre de 2020 no contenía una respuesta clara y completa a lo solicitado, y
que tampoco fue atendida la petición presentada el 1º de septiembre de 2020. En
consecuencia, solicitó la nulidad de los actos administrativos correspondientes. A
título de restablecimiento del derecho, pidió, entre otras declaraciones y condenas,
que se ordenara a las entidades demandadas: i) pagar los salarios y prestaciones
sociales, debidamente indexados y con la correspondiente indemnización
moratoria, equivalentes a los devengados por un bombero de la ciudad de Montería;
y ii) reintegrar los aportes efectuados por concepto de salud y pensión, por
considerar que entre él y el Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería existió una
relación laboral regida por un contrato de trabajo, sin solución de continuidad.
2.2. El Juzgado Noveno Administrativo de Montería, por medio de la sentencia del
30 de junio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Inconforme con la decisión, la entonces parte demandante interpuso recurso de
apelación.
2.4. Posteriormente, mediante sentencia de segunda instancia del 31 de octubre de
2025, el Tribunal Administrativo de Córdoba revocó la providencia apelada para, en
su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda. En ese orden,
declaró la nulidad de la Resolución 137 del 22 de octubre de 2020 y, a título de
restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada, entre otras cosas,
a lo siguiente:
“[…] QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, DECLARAR la existencia de una relación laboral el señor Manuel Esteban
Meza Padrón y el Cuerpo Oficial de Bomberos de durante el periodo comprendido entre
1 de marzo de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2018, tiempo que se tendrá en cuenta
para efectos pensionales.
SEXTO: ORDENAR al Cuerpo Oficial de Bomberos, a cancelar a la parte actora las
prestaciones sociales, que fueren devengadas por los bomberos de planta para las
vigencias fiscales de los años 2017 y 2018.
SEPTIMO: ORDENAR al Cuerpo Oficial de Bomberos, el pago de aportes a pensión de
los porcentajes de cotización que le correspondían al empleador, de conformidad con la
Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el incremento conforme a lo devengado bomberos
de planta para las vigencias fiscales de los años 2017 y 2018, Aportes que se
consignaran a los Fondos que el demandante se encuentre afiliado o elija.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
[…] NOVENO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”4 (Resaltado original del texto).
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. El tribunal incurrió en un defecto sustantivo, porque omitió pronunciarse sobre
la excepción de caducidad propuesta en la contestación de la demanda por la hoy
entidad recurrente, con lo cual incumplió su deber de estudiar de oficio el
cumplimiento del término legal para interponer la demanda, al no valorar las pruebas
obrantes en el proceso que denotaban la extemporaneidad con la que fue iniciado
el medio de control.
3.2. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, pues desconoció que
en el expediente se probó que i) el 28 de agosto de 2020 el señor Manuel Esteban
Meza Padrón presentó solicitud de reconocimiento de la existencia de una relación
laboral con el Cuerpo de Bomberos y el consecuente pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir por los servicios prestados; ii) el 22 de octubre de
2020 el CBOM expidió la Resolución 137, mediante la cual negó dicha solicitud, la
cual fue notificada el 23 de octubre de 2020; iii) conforme al artículo 164 del CPACA,
el término de caducidad de 4 meses inició el 24 de octubre de 2020 y vencía el 23
de febrero de 2021; iv) el 30 de diciembre de 2020 se presentó solicitud de
conciliación prejudicial, cuando ya habían transcurrido 2 meses y 3 días del término
de caducidad, lo que suspendió su cómputo.
Bajo ese panorama, a su juicio, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 4 de 1913 y
el Decreto 1716 de 2009 (compilado en el Decreto 1069 de 2015), la suspensión de
la caducidad podía extenderse hasta por tres (3) meses desde la solicitud de
conciliación sin realización de la audiencia, por lo que dicha suspensión operó entre
el 30 de diciembre de 2020 y el 30 de marzo de 2021. En consecuencia, el término
de caducidad se reanudó el 31 de marzo de 2021 y venció el 31 de mayo de 2021.
La audiencia de conciliación se celebró el 3 de mayo de 2021 y la constancia de
agotamiento del requisito de procedibilidad se expidió el 7 de mayo de 2021, lo cual
4
Archivo denominado “09 Sentencia segunda instancia”, subcarpeta “02 Segunda instancia”, carpeta “02 Segunda Instancia”,
visible a índice 13 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 8AE66C7DFC23899E 55311E9C049E7C53
B24C8EAD748D0FD1 B5275DF080AA5CB8.
4
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no implicó una extensión del término de suspensión de la caducidad. Pese a ello, la
demanda solo se presentó el 10 de junio de 2021, cuando ya había operado la
caducidad del medio de control.
3.3. La sentencia reprochada no abordó de manera adecuada las pretensiones del
señor Meza, en particular la primera de ellas, encaminada a que se declarara que
el CBOM y el municipio de Montería incurrieron en silencio administrativo negativo
frente a la solicitud de reconocimiento de la relación laboral y del pago de los
emolumentos salariales derivados de la misma. Dicho presunto silencio
administrativo fue utilizado por el accionante para controvertir el término de
caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA.
Por lo tanto, en su concepto, de haberse analizado este aspecto por parte del
tribunal, se habría evidenciado la ausencia de pronunciamiento sobre el particular
en la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, la necesidad de que el juez
de segunda instancia se pronunciara sobre el medio exceptivo correspondiente.
3.4. El tribunal incurrió en defecto procedimental, porque no se pronunció sobre un
medio exceptivo debidamente probado al desconocer que la caducidad es la
sanción legal por el no ejercicio oportuno del derecho de acción. Lo anterior, acarreó
una omisión de los deberes impuestos al juez sobre la dirección del proceso que le
imponen estudiar y decidir íntegramente sobre los argumentos que aleguen ambos
extremos procesales.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:
“Sírvanse, por favor, Honorables Magistrados TUTELAR al CUERPO DE BOMBEROS
OFICIAL DE MONTERIA-CORDOBA(CBOM), AMPARAR, el derecho fundamental; a la
igualdad, defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva, principio de confianza legítima
y acceso a la justicia y demás garantías que amparan constitucionalmente a mi
mandante, CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA (CBOM) y como
consecuencia de lo anterior:
PRIMERO: Dejar sin efectos, el proveído de fecha 31 de octubre de 2025, proferida con
la ponencia de la H. Magistrada: Dra. María Bernarda Martínez Cruz, integrante de la
Sala 4° de decisión del H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA dentro del
radicado No. 230013333-005-2021-00173-01, mediante la cual se revocó la sentencia
de 1° instancia de fecha junio 30 del 2023, proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo de Montería y en donde se negaron las pretensiones de la demanda que,
en medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho fue incoada mediante
5
Sentencia de segunda instancia
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apoderado judicial por el ciudadano MANUEL ESTEBAN MEZA PADRON contra la
entidad tutelante.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sala 4° de decisión del
H. Tribunal Administrativo de Córdoba, que dentro del término que estime prudente el H.
Consejo de Estado, se profiera una nueva providencia, en la que se estudie
concretamente, la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentado por el accionante y argumentado como medio exceptivo por la parte
demandada (CBOM) y el cual está y aún sin dilucidar en el proceso.
Todo ello, en estricto cumplimiento a las normas que rigen el procedimiento, apoyando
y pronunciando su decisión con las pruebas legalmente allegadas al expediente por las
partes. Continuar con el trámite del Recurso de Apelación incoado por el accionante y
fallar de fondo, acatando las normas constitucionales y legales que garanticen los
derechos fundamentales de mi poderdante y de conformidad a los lineamientos trazados
por el fallo de tutela por ustedes proferido.
TERCERA: Todas las demás que el Superior considere procedentes.”5 (Resaltado
original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 10 de marzo de 20266 se admitió la acción de tutela y se
vinculó al municipio de Montería y a Manuel Esteban Meza Padrón. También se
dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.
5.2. Manuel Esteban Meza Padrón7 aseveró que la inconformidad de la entidad
accionante no cuenta con la carga argumentativa exigida para que proceda la acción
de tutela, máxime cuando pretende utilizarla como una tercera instancia para que
se revise la interpretación efectuada por el tribunal. Finalmente, manifestó que no
se configuran los defectos alegados.
5.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba8 afirmó que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir el requisito de subsidiariedad, pues la entidad
accionante contaba con la posibilidad de solicitar la adición de las sentencias de
primera y de segunda instancia; sin embargo, omitió hacerlo sin justificación alguna.
Por otro lado, frente a la caducidad del medio de control señaló que, teniendo en
cuenta que el acto demandado le fue notificado el 23 de octubre de 2020, el término
de caducidad inició el 24 de octubre de 2020; desde esa fecha hasta el 30 de
5
Índice 2 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 591499710F86B0AC
AEA17F862ACA3A83 0D226B18ACC28C97 5BB4711BAEC8E67C, folio 2.
6
Índice 4 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 76D696125E7B9312
2CF02CCA9331005E DE9AAD93605EC2B3 CD6C877D35EFE968.
7
Índice 16 de SAMAI, certificado 1237AA08BFEBA5D0 BEADCC9A19F0FD73 8E088111EC1E1C56 0976D5D6425C699C,
ibid.
8
Índice 18 de SAMAI, certificado 309F5EAB63CD5485 EA719078F16EEAD2 B4531DD860506AD0 F58142C05BA012FA,
ibid.
6
Sentencia de segunda instancia
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diciembre de 2020 (presentación de la solicitud de conciliación) transcurrieron 2
meses y 6 días, por lo que al señor Meza Padrón le restaban cerca de 1 mes y 24
días para completar los cuatro (4) meses para presentar la demanda. Ahora bien,
aunque en condiciones ordinarias la suspensión operaría por máximo tres (3) meses
(hasta el 30 de marzo de 2021), lo cierto es que, en virtud del artículo 9 del Decreto
491 de 2020 y de la vigencia de la emergencia sanitaria extendida hasta el 30 de
junio de 2022, el trámite conciliatorio contaba con un término ampliado de hasta
cinco (5) meses y, además, los términos de caducidad se veían impactados por
estas medidas excepcionales.
Indicó que la conciliación culminó con la suscripción del acta de 7 de mayo de 2021,
momento a partir del cual se reanudó el conteo del término restante. Es decir, si al
7 de mayo de 2021 le restaban al entonces demandante un (1) mes y veinticuatro
(24) días, el término para presentar la demanda se extendía aproximadamente
hasta el 30 de junio de 2021 y, al haber sido presentada el 10 de junio de 2021, esta
se radicó dentro del término legal, cuando aún faltaban veinte (20) días para que
operara la caducidad. Por lo tanto, al no haber operado el fenómeno de la caducidad
del medio de control, procedió a realizar el estudio de fondo.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 20 de abril de 20269 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
declaró improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de subsidiariedad.
El a quo constitucional encontró acreditado que en escritos del 18 y 22 de marzo de
2022, dentro de las excepciones propuestas por el CBOM se alegó la caducidad de
la acción. Ahora bien, frente al auto de 12 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado
Quinto Administrativo Mixto de Montería, la parte actora debió presentar solicitud de
adición o complementación, dado que la caducidad fue alegada como excepción
previa dentro del proceso ordinario y dicha excepción constituyó una de las
principales oportunidades procesales para obtener un pronunciamiento expreso
sobre su procedencia y, con ello, evitar el estudio de fondo del caso concreto tanto
en primera como en segunda instancia.
9
Índice 22 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 87FD7A965ED69F2D BC4150A3C59A7180
E6FE0F18A1D79A39 A0AE242F9FEBF8D6.
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Sentencia de segunda instancia
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Igualmente, encontró probado que el CBOM amplió la sustentación de la excepción
de caducidad al presentar los alegatos de conclusión de primera instancia. Y si bien
no hubo un pronunciamiento expreso respecto de la caducidad, indicó que el
entonces demandante debió advertir que el hecho de que se estudiara de fondo el
asunto implicó que el juez de primera instancia analizó ese requisito de procedencia,
lo encontró superado y, en razón de ello, realizó el estudio del caso concreto. Es
decir, el Juzgado Noveno Administrativo de Montería, de forma tácita, al proferir un
fallo de fondo, descartó la caducidad. En consecuencia, la parte actora pudo
presentar recurso de apelación sobre ese aspecto específico.
Incluso, si la intención inicial era que la sentencia quedara en firme por ser favorable
a sus intereses, ante el recurso de la contraparte el CBOM pudo promover recurso
de apelación adhesiva, a fin de provocar un pronunciamiento expreso sobre la
caducidad.
Frente a la sentencia de segunda instancia del 31 de octubre de 2025, explicó que
tal como ocurrió con el fallo de primera instancia, si bien no hubo un
pronunciamiento expreso sobre la configuración o no del fenómeno de la caducidad,
se entiende que dicha instancia judicial estudió dicho presupuesto procesal y al
considerar que se superó, se refirió sobre la apelación presentada por el
exbombero.
Precisó que el hecho de que ese análisis no haya quedado expresamente
consignado en el fallo de segunda instancia no implica, per se, que se haya omitido
su examen por el despacho judicial que la profirió. Por el contrario, el hecho de que
hubiera decidido analizar de fondo el asunto permite concluir que encontró superado
dicho presupuesto procesal y que, como la caducidad no fue objeto de apelación,
no había lugar a declarar la caducidad del medio de control ni a efectuar en la
sentencia un estudio pormenorizado de las fechas, como lo propuso el actor.
Finalmente, no encontró probado un perjuicio irremediable que habilite al juez
constitucional a intervenir como mecanismo transitorio en asuntos que no son de su
competencia, pues no hizo manifestación alguna al respecto y tampoco esbozó
ninguna justificación para no haber interpuesto en las oportunidades procesales
respectivas el referido recurso.
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Sentencia de segunda instancia
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7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 10,
en el que sostuvo lo siguiente:
7.1. El a quo constitucional reconoce que no existió un pronunciamiento expreso
sobre la caducidad en ninguna de las instancias y pretende suplir esa omisión bajo
la idea de un análisis implícito derivado del hecho de haberse decidido el fondo del
asunto.
Esta conclusión resulta insostenible, porque si la caducidad es una condición previa
para decidir de fondo, su análisis no puede ser tácito ni inferido, sino
necesariamente expreso y la ausencia de pronunciamiento impide conocer si
realmente se habilitó válidamente la competencia para decidir el caso.
7.2. El carácter oficioso implica que el juez debe examinarla a partir del material
existente en el proceso, más aún cuando se sustentaba en hechos anteriores a la
demanda y no requería actividad probatoria adicional. En ese sentido, no es
coherente afirmar simultáneamente que el juez tiene el deber de declararla de oficio
y, al mismo tiempo, exigir que la parte despliegue actuaciones para provocar ese
análisis.
En ese contexto, la omisión en el análisis de la caducidad no puede imputarse a la
parte accionante, ni utilizarse como fundamento para declarar la improcedencia de
la acción de tutela.
7.3. La solicitud de adición tiene como finalidad complementar aspectos omitidos en
la decisión, pero no garantiza que el juez realice un análisis material de un
presupuesto procesal que ya había sido diferido para sentencia. Por su parte, la
apelación no sustituye el deber del juez de emitir un pronunciamiento expreso, ni
asegura que la omisión sea corregida, especialmente cuando el punto no fue
decidido en primera instancia.
10
Índice 26 de SAMAI, certificado 3D1D89533CF73881 66CA9F9E752E3174 ED1AE5E5D7D2BF26 B6A4574866C92493,
ibid.
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En ese sentido, esos mecanismos no pueden considerarse remedios eficaces para
corregir la ausencia de pronunciamiento, razón por la cual no es procedente
fundamentar en su no utilización la improcedencia de la acción de tutela.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
8.1. Mediante auto del 12 de mayo de 202611, el a quo concedió la impugnación.
8.2. Posteriormente, el despacho ponente a través de auto del 23 de junio de 202612
vinculó al Juzgado Noveno Administrativo de Montería. No obstante, no se
pronunció.13
8.3. La entidad accionante presentó memorial14 en el que realiza “ampliación de la
sustentación de la impugnación” presentada previamente.
Aseveró, entre otras cosas, que la solicitud de aclaración que exige el a quo
constitucional en realidad no es, ni ha sido nunca en nuestro derecho un recurso ni
una vía ordinaria y/o extraordinaria para modificar la decisión, por lo que no es
obligatorio solicitarla.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada contra el fallo proferido el 20 de abril de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
11
Índice 28 de SAMAI, certificado B9E0D706CC3451DE 2216DDC028741850 BD66C5402C98BDDD 8D60D9E9100EB711,
ibid.
12
Índice 4 de SAMAI, certificado 24E39319A43E787D E8845A85EDB098FE 73C63BA5B5A3ACA8 8B2A519AD5685D48.
13
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Juzgado Noveno Administrativo de
Montería hubiera rendido informe, pese a la notificación electrónica visible en el índice 7 de SAMAI.
14
Índice 9 de SAMAI, certificado 6F14255004DD0096 7A03CF3911DA24DB F702CDB4CA937747 07D6BB7BCAE90762.
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establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad15 y de procedencia16 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional: i) cuando, a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable. En el primero de los casos, la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.
Es pertinente recordar que la acción de tutela tiene un carácter residual y que,
tratándose de la censura de providencias judiciales, corresponde al juez verificar: i)
si el asunto está en trámite; ii) si el solicitante agotó todos los medios de defensa
ordinarios y extraordinarios; y iii) si se pretende su uso para revivir etapas
procesales en las que se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.
4.2. En el caso concreto, la entidad accionante cuestiona, en esencia, que el
Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en un defecto sustantivo, porque omitió
pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta en la contestación de la
15
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
16
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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demanda por la hoy entidad recurrente, con lo cual incumplió su deber de estudiar
de oficio el cumplimiento del término legal para interponer la demanda, al no valorar
las pruebas obrantes en el proceso que denotaban la extemporaneidad con la que
fue iniciado el medio de control.
Asimismo, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico,
pues desconoció que en el expediente se probó que i) el 28 de agosto de 2020 el
señor Manuel Esteban Meza Padrón presentó solicitud de reconocimiento de la
existencia de una relación laboral con el Cuerpo de Bomberos y el consecuente
pago de salarios y prestaciones dejados de percibir por los servicios prestados; ii)
el 22 de octubre de 2020 el CBOM expidió la Resolución 137, mediante la cual negó
dicha solicitud, la cual fue notificada el 23 de octubre de 2020; iii) conforme al
artículo 164 del CPACA, el término de caducidad de 4 meses inició el 24 de octubre
de 2020 y vencía el 23 de febrero de 2021; iv) el 30 de diciembre de 2020 se
presentó solicitud de conciliación prejudicial, cuando ya habían transcurrido 2 meses
y 3 días del término de caducidad, lo que suspendió su cómputo.
4.3. Pues bien, la Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se
satisface, porque la entidad accionante pretende cuestionar tanto la sentencia de
primera instancia del 30 de junio de 2023 como la de segunda del 31 de octubre de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
En primera medida, se trata de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en el que, revisado su expediente, se observa que la hoy entidad accionante
presentó, en su contestación de la demanda, entre otras, la excepción previa de
caducidad.17 Posteriormente, mediante auto del 12 de mayo de 2022,18 el Juzgado
Quinto Administrativo Mixto de Montería señaló que, salvo la excepción denominada
ineptitud sustantiva de la demanda, las demás propuestas se valorarían al momento
de dictar sentencia.
Luego, en el escrito de alegatos de conclusión de primera instancia,19 la hoy entidad
accionante insistió en la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad.
17
Archivo denominado “012 Contestación Demanda”, sub carpeta “C01 Principal”, carpeta “01 Primera instancia”, visible a
índice 13 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 8AE66C7DFC23899E 55311E9C049E7C53
B24C8EAD748D0FD1 B5275DF080AA5CB8.
18
Índice 18 de SAMAI del Juzgado Quinto Administrativo Mixto de Montería, certificado 8F297F5597175485
9C1606CE59EBD2AE 69DAA94CAB58C41C 09A671F9E361A097, radicado 23001333300520210017300.
19
Archivo denominado “034 Alegatos Cuerpo Bomberos”, sub carpeta “C01 Principal”, carpeta “01 Primera instancia”, visible
a índice 13 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 8AE66C7DFC23899E 55311E9C049E7C53
B24C8EAD748D0FD1 B5275DF080AA5CB8.
12
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01780-01
Accionante: Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
De su lado, el Juzgado Quinto Administrativo Mixto de Montería, el 30 de junio de
2023,20 profirió sentencia de primera instancia por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda, tras estudiar de fondo los hechos y pretensiones
alegadas por el señor Manuel Esteban Meza, sin que se hiciera un estudio expreso
de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Bajo este panorama, la Sala advierte que hasta ese momento se trataba de un
proceso de primera instancia de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del
cual se emitió sentencia contra la que procedía el recurso de apelación contenido
en el artículo 243 del CPACA, del cual hizo uso el señor Manuel Esteban Meza. Ahora,
la hoy entidad accionante contaba con la posibilidad de interponer apelación
adhesiva con el fin de solicitar al superior un pronunciamiento expreso respecto de
la excepción de caducidad propuesta en la primera instancia, en caso de considerar
que dicho aspecto no había sido suficientemente abordado por el tribunal.
Así, el parágrafo del artículo 322 del CGP, dispone lo siguiente:
“Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo
con las siguientes reglas:
[…] Parágrafo. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las
partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión
podrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su
despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que
admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión deberá sujetarse a lo previsto
en el numeral 3 de este artículo.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.”
Sin embargo, no obra prueba de que hubiera ejercido dicha facultad procesal, pese
a que la apelación interpuesta por la contraparte habilitaba ese escenario de
discusión ante el juez de segunda instancia. En consecuencia, la entidad dejó de
hacer uso de un mecanismo judicial idóneo y oportuno para plantear sus
inconformidades relacionadas con el estudio de la caducidad, circunstancia que
impide trasladar al juez constitucional el análisis de asuntos que pudieron y debieron
ser debatidos dentro del proceso ordinario mediante los recursos previstos por la
ley.
20
Archivo denominado “037 Sentencia Primera Instancia”, sub carpeta “C01 Principal”, carpeta “01 Primera instancia”, visible
a índice 13 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 8AE66C7DFC23899E 55311E9C049E7C53
B24C8EAD748D0FD1 B5275DF080AA5CB8.
13
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01780-01
Accionante: Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Acto seguido, el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de
segunda instancia del 31 de octubre de 2025, revocó la providencia apelada y, en
su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Al respecto, igualmente, para la Sala se torna evidente que la acción de tutela
tampoco cumple con el requisito genérico de subsidiariedad, en razón a que, si bien
la entidad accionante cuestiona que el Tribunal Administrativo de Córdoba no se
pronunció sobre el fenómeno de la caducidad, lo cierto es que, a pesar de haber
tenido la oportunidad de solicitar la adición de aquella providencia, no lo hizo.
En efecto, según el artículo 287 del CGP,21 aplicable por remisión expresa del artículo
306 del CPACA,22 las sentencias son susceptibles de adición en los siguientes
términos:
“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria,
dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma
oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que
la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda
de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que
dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.”
Tras revisar el expediente del proceso ordinario, la Sala encuentra que la sentencia
del 31 de octubre de 2025 no fue objeto de solicitud de adición por parte del CBOM,
comoquiera que, de conformidad con el sistema SAMAI del Tribunal Administrativo
de Córdoba, radicado 23001333300520210017301, aquella providencia fue
notificada por correo electrónico a las partes el 13 de noviembre de 2025, de
acuerdo con el índice 13, certificado 6EBA5D46B4AECE34 8D6C070AE8967085
2030B56F3A56429F C0E94C552392FAB3, y no se advierte actuación adicional.
4.4. Bajo esta línea argumentativa, las explicaciones ofrecidas por la entidad
accionante no constituyen una justificación válida para eludir el agotamiento de los
mecanismos ordinarios de defensa judicial. Por el contrario, evidencian que la
entidad contó con oportunidades procesales concretas para controvertir la decisión
21
Código General del Proceso.
22
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
14
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01780-01
Accionante: Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
cuestionada y no hizo uso de ellas, circunstancia que impide trasladar al juez
constitucional la carga de corregir omisiones ocurridas dentro del trámite ordinario.
Ahora, en lo que corresponde al perjuicio irremediable, la Sala tampoco advierte su
acaecimiento23. En efecto, las circunstancias invocadas por la accionante no
constituyen por sí mismas un daño inminente, urgente, grave e impostergable que
habilite la intervención excepcional del juez de tutela. Antes bien, se trata de una
situación que pudo ser debatida y corregida mediante los mecanismos ordinarios de
defensa previstos por el legislador, entre ellos la apelación adhesiva contra la
sentencia de primera instancia y la solicitud de adición de la providencia de segunda
instancia, de las cuales la entidad decidió no hacer uso.
En tal sentido, la eventual afectación alegada no reviste las características de
inminencia, urgencia, gravedad y carácter impostergable exigidas por la
jurisprudencia constitucional para estructurar un perjuicio irremediable, razón por la
cual la intervención del juez de tutela resulta improcedente.
Además, acceder a las pretensiones de la demanda implicaría admitir que la acción
de tutela puede utilizarse para reabrir una controversia judicial respecto de la cual
la propia parte dejó precluir los mecanismos ordinarios de impugnación, lo que
desnaturalizaría el carácter residual y subsidiario de este mecanismo constitucional
y lo convertiría en una instancia adicional de revisión de las decisiones judiciales.
Así las cosas, no cabe duda de que el juez de tutela no puede concebirse ni actuar
como juzgador de instancia o de conocimiento respecto de la necesidad de
reconocer la primacía de derechos fundamentales, por cuanto el ordenamiento
jurídico ha dotado a las partes de diferentes instrumentos y recursos para
salvaguardar sus intereses, siendo estos los mecanismos a los que debe ceñirse la
interesada, por ser idóneos y eficaces para la defensa de sus derechos.
4.5. Finalmente, la Sala comparte la conclusión alcanzada por el a quo
constitucional en cuanto a que la ausencia de un pronunciamiento expreso sobre la
caducidad no permite afirmar, por sí sola, la configuración de un defecto
procedimental o sustantivo. En efecto, el estudio de la caducidad constituye un
23
Ha señalado la Corte Constitucional que en la valoración del perjuicio irremediable se exige que este sea (i) cierto, en el
entendido de que exista plena certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho invocado; (ii) con una alta
probabilidad de ocurrencia, pues no puede tratarse de una simple conjetura hipotética o percepción del solicitante; y (iii)
inminente, de modo que esté por suceder en un tiempo cercano, por lo que no se trata de una mera expectativa. Ver Corte
Constitucional, sentencia T-425 de 2019.
15
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01780-01
Accionante: Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
presupuesto procesal previo para la adopción de una decisión de mérito, de manera
que el hecho de que la autoridad judicial hubiera continuado con el trámite del
proceso y emitido una decisión de fondo evidencia que examinó dicho requisito y lo
encontró satisfecho.
En ese sentido, no resulta razonable sostener que, por no haberse consignado de
forma expresa un acápite destinado exclusivamente al análisis de la caducidad, el
juez hubiera omitido verificarla. Por el contrario, la circunstancia de que la sentencia
abordara el fondo de la controversia evidencia que consideró superado ese
presupuesto procesal, pues, de haber concluido lo contrario, estaba obligado a
declarar la caducidad del medio de control
Además, se observa que la caducidad no constituyó un aspecto objeto de
controversia en segunda instancia ni un punto específicamente planteado en el
recurso de apelación, razón por la cual no existía la obligación de efectuar un
examen detallado y autónomo sobre dicho presupuesto en la sentencia de segunda
instancia. Así, el hecho de que el análisis no haya sido exteriorizado de manera
expresa no significa que hubiese sido ignorado por el fallador, máxime cuando la
decisión adoptada presupone necesariamente que encontró cumplidos los
requisitos para pronunciarse sobre el mérito del litigio.
En consecuencia, la inconformidad de la entidad accionante se sustenta más en la
ausencia de una motivación explícita sobre un asunto que el juez consideró
superado, que en la demostración de una omisión real y trascendente con incidencia
en la decisión cuestionada.
5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de subsidiariedad; en consecuencia, la acción tuitiva resulta improcedente,
como lo concluyó el a quo, razón por la cual se confirmará el proveído impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01780-01
Accionante: Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 20 de abril de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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