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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01792-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01792-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora. Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00 Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Primera instancia de acción de tutela SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Sentencia No 297 de 19 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia en el marco del proceso identificado con el radicado 05001-33-33-022- 2023-00340-01. TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión Oral, que, dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la providencia, profiera una sentencia de reemplazo. En dicha decisión, deberá adoptar los siguientes criterios: (i) aplicar el precedente vertical contenido en la sentencia del 29 de enero de 2020, proferido por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como el establecido en fallo SU-439 de 2024 y reiterado en las providencias T-202 de 2025, T-459 de 2025 y T-086 de 2026, emitidas por la Corte Constitucional; y (ii) examinar si, en el caso concreto, se presentaron barreras de acceso en materia probatoria y si existía incertidumbre sobre el momento a partir del cual debía realizarse la imputación a las autoridades estatales, de conformidad con los principios pro actione y pro damato. CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. QUINTO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01792-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: ELVIA ROSA URIBE DE ÚSUGA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia de tribunal administrativo. En el caso, se satisfacen los
requisitos de procedencia general de tutela contra providencia. Se verifica la configuración
del defecto de desconocimiento de precedente, concretamente, del precedente vertical
contenido en la Sentencia de 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, reiterado en la providencia SU-439 de 2024, reiterada en
fallos T-202 de 2025, T- 459 de 2025 y T-086 de 2026 decisiones en las que se ha indicado
que, en los casos de homicidios en personas protegidas seguidas de desaparición forzada,
dentro del patrón de macro criminalidad de ejecuciones extrajudiciales presentadas como
bajas legítimas en combate, es necesario que el juez de la reparación examine la posibilidad
que tuvieron las víctimas para presentar medios de prueba que controvierta el discurso
oficial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. Elvia Rosa Uribe de Úsuga, Eduar Antonio Úsuga Uribe, Hugo Úsuga Uribe, Cielo
Úsuga Uribe, Efrén Úsuga Uribe, Mildrey Úsuga Uribe, Milton Antonio Úsuga Uribe,
Katherine Úsuga Uribe, Yurani Úsuga Uribe, en nombre propio, presentaron acción
de tutela contra la providencia proferida el 19 de noviembre de 2025 por la Sala
Sexta de decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso
de reparación directa identificado con radicado 05001-33-33-022-2023-00340-01.
En la providencia atacada, se revocó la sentencia de primera instancia en la que se
había declarado la responsabilidad del Estado, por la desaparición forzada de
Alveiro Úsuga Uribe. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, se
mencionarán los del proceso ordinario y, posteriormente, los fundamentos y el
trámite del proceso de tutela.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado con el
radicado 05001-33-33-022-2023-00340-01.

2. El 14 de noviembre de 1997, Alveiro Úsuga Uribe, joven campesino, fue retenido
y desaparecido en el municipio de Dabeiba, Antioquia, en el operativo militar
adelantado por tropas del Batallón de Infantería No. 10 del Ejército Nacional.

3. Respecto a estos hechos, los demandantes ejercieron demanda de reparación
directa. En primera instancia, correspondió al Juzgado Veintidós (22) Administrativo

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

de Medellín, que en providencia de 5 de noviembre de 2024 declaró responsabilidad
extracontractual del Estado por la desaparición forzada y posterior ejecución
extrajudicial de Alveiro Úsuga Uribe. La providencia descartó la ocurrencia del
fenómeno de la caducidad, pues la desaparición forzada es un daño continuado y
tuvo en cuenta los obstáculos que enfrentaron los familiares de la víctima.

4. La parte accionante y la entidad demandada apelaron dicha decisión. La primera
consideró que los perjuicios morales debían reconocerse en mayor cuantía,
conforme a la gravedad del daño y al precedente constitucional. También cuestionó
la negativa de los perjuicios materiales, por estimar que se valoró la prueba de
manera restrictiva, sin considerar adecuadamente los testimonios, el contexto rural
de la víctima ni el apoyo económico que brindaba a su familia. La segunda solicitó
la declaratoria de la caducidad de la acción contenciosa, pues la desaparición se
produjo en 1997 y la entrega de los restos se produjo en 2020. Respecto del fondo,
indicó que el joven Alveiro Úsuga Uribe estaba vinculado con actividades ilegales
(sin aportar prueba alguna), motivo por el cual, este señalamiento constituye, a juicio
de los tutelantes, un hecho de revictimización.

5. En sentencia de 19 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión Oral, revocó la sentencia de primera instancia, y
declaró la caducidad del derecho de acción. En particular, realizó el examen del
término de caducidad respecto de los daños antijuridicos derivados del homicidio,
producto de una ejecución extrajudicial, y posterior desaparición forzada de la
víctima. Al respecto, indicó que, en este caso, los restos de Alveiro Úsuga Uribe
fueron identificados y entregados a sus familiares el 10 de noviembre de 2020, lo
que marcó el inicio del cómputo del término de caducidad. Sin embargo, los actores
presentaron la demanda el 28 de marzo de 2023, lo que excede el plazo de dos
años establecido por la ley. Por lo tanto, el Tribunal consideró que la acción estaba
caducada y no procedía resolver el fondo del asunto.

6. Los tutelantes reivindican que, el 5 de marzo de 2021, el compareciente Juan
Manuel Grajales narró ante instancias de la JEP, dentro de los macro casos 03 y
04, que el joven Alveiro Úsuga Uribe estuvo en poder del Ejército Nacional e indicó
el lugar donde se encontraban sus restos. En particular, agregó:

“La desaparición de Alveiro Úsuga Uribe, ocurrida el 14 de noviembre de 1997
a manos del Batallón Girardot, no es un hecho que pueda reducirse a una simple
fecha en un calendario procesal. Durante más de 20 años, el Estado no sólo
ocultó su cuerpo, sino que mantuvo una mentira institucional que nos impidió
buscar justicia. Si bien el 10 de noviembre de 2020 la JEP nos entregó una caja
con restos óseos, ese acto forense no detuvo el daño continuado de la
desaparición, pues seguíamos sin saber quién y por qué lo había asesinado o
si había un nexo causal de esta desaparición con el actuar del Ejército”1.

7. Argumentaron que, el velo del ocultamiento solo empezó a caer el 29 de abril de
2021, cuando el subteniente (r) Juan Manuel Grajales, en un acto de confesión
judicializada, admitió que Alveiro fue secuestrado, asesinado a sangre fría y

1 Índice Samai 2. Folio 4 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

desaparecido por tropas del Ejército. Aunque indicaron que, la situación de lo que
ocurrió a su familiar se oficializó con el Auto 01 del 11 de julio de 2022 y con el Auto
No. 09 (ADHC) del 28 de noviembre de 2025, donde la JEP determinó formalmente
que nuestro familiar fue víctima de los "falsos positivos" en Urabá y responsabilizó
a los miembros del Ejército que tuvieron relación con estos hechos.

Fundamentos del escrito de amparo

8. Indicaron que la sentencia que declaró la caducidad proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en defecto fáctico y sustantivo en vulneración
en el derecho al debido proceso por desconocimiento de los estándares
internacionales, contenido en las sentencias de la Corte IDH Radilla Pacheco y
Órdenes Guerra, al fijar el inicio de la caducidad en el hito forense preliminar de
noviembre de 2020, ignoró la confesión del subteniente Juan Manuel Grajales. A su
vez, reprocharon al Tribunal que soslayó que la desaparición forzada constituye un
crimen imprescriptible y un daño de ejecución permanente que, según la Sentencia
SU-168 de 2023, no cesa con la simple entrega de los restos si no existe
certidumbre sobre la autoría.

9. La parte actora argumentó que la autoridad judicial omitió que el conocimiento
real de la participación estatal nació de forma escalonada: primero, con la confesión
judicializada del subteniente (r) Juan Manuel Grajales el 29 de abril de 2021 y,
segundo, con el Auto 01 de la JEP del 11 de julio de 2022, hitos que hacían
plenamente oportuna la conciliación prejudicial de octubre de 2022, la cual
suspendió legalmente cualquier término según la Ley 640 de 2001.

10. Agregó que el Tribunal pretendió que las víctimas demandaran antes de que el
Estado desmantelara su propio ocultamiento, desconociendo que la verdad oficial,
estructurada y definitiva sobre la ejecución extrajudicial de Alveiro Úsuga Uribe
hasta ahora se consolidó judicialmente con el Auto No. 09 (ADHC) del 28 de
noviembre de 2025, providencia donde por primera vez un juez determinó que
nuestro familiar fue víctima del esquema criminal de los mal llamados "falsos
positivos" y profirió una sentencia ejecutoriada con consecuencias penales sobre
los perpetuadores.

11. Los actores indicaron que vivieron 25 años sin conocer la suerte ni el paradero
de la víctima de desaparición forzada y tampoco contaban con información cierta
sobre los responsables. Sostuvieron que la desaparición forzada es imprescriptible
o “al menos no cesaría sino hasta cuando se conoce la verdad de los hechos y la
participación del Estado o, en su defecto, hasta dictado fallo penal condenatorio y
la conducta de desaparición forzada, tal como lo recoge el artículo 164.2. i de la Ley
1437 de 2011 y el desarrollo del principio pro damnato”2.

12. La parte actora argumentó que la desaparición forzada vulnera normas de ius
cogens del derecho internacional humanitario, las cuales fueron referenciadas y
aplicadas por el auto de 28 de noviembre de 2025 proferido por la JEP, y en la que
se reconoció que la desaparición de Alveiro Úsuga Uribe había sido responsabilidad

2 Folio 8 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

de agentes estatales. Respecto del conocimiento mínimo para demandar la
responsabilidad extracontractual del Estado, los tutelantes argumentaron:

“Ello se evidenció formalmente, en auto de 28 de noviembre de 2025 proferido
por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de
los Hechos titulado “auto de determinación de los hechos y las conductas
atribuibles a 21 miembros retirados de la fuerza pública con ocasión de lo
ocurrido en los territorios priorizados en la región del Urabá antiqueño y
cordobesa, el bajo Atrato y el Darién Chocoano, durante 1986 a 2002” en donde
se determinó que el joven Alveiro Úsuga fue ejecutado extrajudicialmente y
presentado falsamente como baja en combate”3

13. Bajo este contexto, indicaron que la providencia acusada incurrió en
desconocimiento de precedente, sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución, al reducir el reclamo de justicia de décadas a un frío conteo procesal
que inicia el 10 de noviembre de 2020. Indicaron que, en el caso concreto, la sola
entrega de los restos óseos, “no borra, por sí solo, la incertidumbre sobre el crimen
ni el ocultamiento institucional que padecimos durante más de 23 años. … la
desaparición forzada es un daño continuado que no se agota con el hallazgo de los
restos, sino que persiste hasta que existe certidumbre judicial sobre la suerte de la
víctima y la autoría estatal; por lo que pretender que demandáramos antes de que
el propio Estado empezara a revelar lo ocurrido es imponernos una omnisciencia
imposible que convierte la caducidad en una barrera de impunidad”4.

14. Fueron insistentes en indicar que su búsqueda de justicia no fue negligente, sino
que estuvo condicionada a un conocimiento escalonado de la verdad judicial,
primero por la confesión del subteniente Juan Manuel Grajales el 29 de abril de
2021, y segundo con la atribución institucional del auto 01 de 11 de julio de 2022 de
la JEP, “hito tras el cual activamos de inmediato la conciliación prejudicial en octubre
de 2022”. Agregaron:

“el Tribunal pretendió clausurar nuestro derecho a la reparación ignorando que
la verdad oficial, estructurada y definitiva sobre la ejecución extrajudicial de
nuestro familiar que desde las confesiones en el año 2021 y la imputación en el
2022 solo alcanzó su plenitud con el Auto No. 09 (ADHC) del 28 de noviembre
de 2025, providencia donde por primera vez un juez determinó que Alveiro
Úsuga Uribe fue, en realidad, víctima del patrón macrocriminal de los mal
llamados “falsos positivos” y dictó mediante sentencia motivada y ejecutoriada
la responsabilidad del Ejercito Nacional en estos lamentables hechos.”5

15. Respecto del defecto por desconocimiento del precedente, la parte tutelante
recordó la sentencia de 1° de septiembre de 2024 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, dentro del radicado 68253, y la sentencia SU-439 de 2024, providencias
en las que las corporaciones judiciales indicaron que, “el derecho de acceso a la
administración de justicia no se satisface con una lectura formal de las normas
procesales, sino que exige verificar si las víctimas contaron con una oportunidad
probatoria real y efectiva para estructurar su pretensión. La Sentencia T-202 de

3 Folio 3 del escrito de amparo.
4 Folio 22 del escrito de amparo
5 Folio 22 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

2025 profundizó este criterio al señalar que los jueces deben analizar las barreras
materiales, el contexto de violencia o intimidación y las dificultades estructurales
para obtener prueba, especialmente en escenarios de graves violaciones de
derechos humanos como los falsos positivos. El Tribunal omitió por completo esta
dimensión contextual”6.

16. Reiteraron que lejos de aplicar estos precedentes obligatorios, la decisión
atacada optó por una interpretación literal y descontextualizada del artículo 164 del
CPACA, lo que desconoce que en desaparición forzada la cognoscibilidad del daño
es progresiva y que la imputación estatal puede consolidarse de manera
escalonada.

17. Respecto al defecto sustantivo argumentaron que, el Tribunal Administrativo de
Antioquia interpretó irrazonablemente el artículo 164.2. literal i) de la ley 1437 de
2011. Indicó que el legislador prevé expresamente dos referentes diferenciados, la
aparición de la víctima, o la ejecutoria del fallo penal definitivo, lo que evidencia que
en los casos de desaparición forzada la verdad y la atribución institucional de
responsabilidad puede estructurarse de manera progresiva.

18. En su criterio, el cómputo del término de caducidad no debe comenzar a
contarse desde que la entregaron los restos óseos de la víctima, en noviembre de
2020, pues no existía sentencia penal condenatoria ni una atribución judicial de la
responsabilidad Estatal. Indicó que, la atribución de responsabilidad en el caso
concreto se produjo a partir de actuaciones relevantes, la primera en el año 2020, y
de manera más consolidada en el auto 01 de 2022, en la que instancias de la JEP
indicaron que el homicidio de la víctima había sido una ejecución extrajudicial dentro
de un patrón de macro criminalidad. Por lo anterior, sostuvieron que, en ese
contexto, es constitucionalmente irrazonable que los tutelantes demandaran sin
conocer los fundamentos probatorios para atribuir la responsabilidad del Estado.

19. Igualmente reprochó que el Tribunal Administrativo tenía la carga argumentativa
de mostrar las razones por las cuáles, la conclusión del juez de primera instancia
era equivocada. A su juicio, la sentencia que resolvió la apelación se limitó a realizar
un simple conteo de términos, sin revisar las circunstancias del caso. Añadieron:

“La fijación del dies a quo en el 10 de noviembre de 2020 resulta, además,
contra precedente. La jurisprudencia constitucional y contencioso-
administrativa ha sostenido que, en desaparición forzada, el cómputo no puede
desligarse del momento en que existe una cognoscibilidad real y jurídicamente
relevante de la participación estatal, especialmente cuando median obstáculos
objetivos derivados del contexto de violencia, ocultamiento y
macrocriminalidad.”7

20. Además, indicaron que, existe una regla especial, respecto de los casos de
desaparición forzada y su aplicación de manera rígida y descontextualizada,
concretamente que, en estos hechos, el término de caducidad solo puede aplicarse
cuando aparece la víctima o con la ejecución del fallo penal definitivo, sin perjuicio

6 Folio 33 del escrito de demanda.
7 Folio 26 del escrito de amparo

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

de que la acción pueda presentarse antes. Sin embargo, el Tribunal aplicó la regla
como si se tratase de un daño antijurídico ordinario. Reprochó que la autoridad
judicial demandada tampoco tuvo en cuenta el efecto suspensivo de la conciliación
prejudicial, la cual fue presentada en octubre de 2022. La parte tutelante sostiene
que el término de caducidad debe tomarse desde julio de 2022, y si la petición de
conciliación extrajudicial se radicó en octubre de 2022, la demanda se ejerció
holgadamente8. Sostiene que la sentencia atacada incurrió en desconocimiento del
artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

21. Adicionalmente indicó que la sentencia atacada incurrió en una interpretación
contraria al principio pro-víctima y a los estándares interamericanos, los cuales han
advertido que, el término de caducidad no puede aplicarse de manera inflexible en
contextos de graves violaciones de derechos humanos y desaparición forzada, sino
que debe aplicarse compatibilizando el derecho al acceso a la administración de
justicia.

22. Finalmente, en relación con el defecto fáctico, los tutelantes sostuvieron que, el
Tribunal Administrativo de Antioquia privilegió una valoración probatoria aislada,
pues, utilizó una declaración del año 2012, ante la Procuraduría General de la
Nación, para determinar que la madre de la víctima sabía de la responsabilidad de
agentes estatales en la ejecución extrajudicial de su hijo. Además, no tuvo en cuenta
que, el Auto 01 del 11 de julio de 2022, fue el que estableció de forma clara la
intervención de tropas del Ejército Nacional en la desaparición y muerte de Alveiro
Úsuga Uribe y lo ubica en el marco de los llamados “falsos positivos”. Reprochó que
el tribunal no tuvo en cuenta el contexto de temor, desplazamiento y ausencia de
información oficial que impidió a la familia ejercer oportunamente el derecho de
acción.

23. Sobre el defecto de violación directa de la Constitución indicaron que la decisión
judicial del tribunal administrativo de Antioquia vulneró los artículos 1, 2 28 y 229 de
la Constitución Política. La decisión convierte una institución procesal —la
caducidad— en una barrera absoluta que neutraliza el derecho fundamental de
acceso a la justicia de nosotros las víctimas. Esta consecuencia resulta
particularmente grave en un caso como el presente, en el que los hechos
investigados corresponden a una desaparición forzada y ejecución extrajudicial
atribuida a agentes estatales, conductas que el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario reconocen como
crímenes de lesa humanidad. Bajo estos estándares, el Estado tiene obligaciones
reforzadas de investigar, juzgar, sancionar y reparar, obligaciones que no pueden
ser silenciadas mediante interpretaciones procesales restrictivas.

24. Por lo anterior, solicitó lo siguiente: i) amparar los derechos fundamentales a la
dignidad humana, acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad,

8 Folio 29 del escrito de demanda. Al respecto, insistió: “Así las cosas, el Auto 01 del 11 de julio de
2022 no constituye una prueba más dentro del acervo, sino el primer acto jurisdiccional en el que el
Estado colombiano, a través de un órgano judicial, reconoce de manera expresa, estructurada y
contextualizada la participación de agentes estatales en la desaparición forzada y ejecución
extrajudicial de la víctima, lo cual habilitó por primera vez una reclamación indemnizatoria
jurídicamente viable”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

verdad, justicia y reparación integral; ii) dejar sin efectos la sentencia de 19 de
noviembre de 2025 proferida por la Sala Sexta del Tribunal Administrativo de
Antioquia; y, en consecuencia, iii) ordenar que se profiera nueva decisión de
reemplazo que realice un adecuado análisis jurisprudencial.

Trámite de tutela

25. A través de auto del 9 de marzo de 2026, se admitió la demanda de amparo, se
ordenó la vinculación como parte accionada, al Tribunal Administrativo de Antioquia;
se ordenó la notificación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado; y se ordenó
la vinculación como terceros con interés del Juzgado Veintidós (22) administrativo
Oral de Medellín, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, Ministerio
Público y los demás intervinientes dentro del proceso de reparación directa bajo el
radicado. 05001-33-33-022-2023-00340-00/01. Además, se negó la medida
provisional solicitada. Entre otras decisiones.

26. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión Oral9,
intervino con el fin de indicar que el problema jurídico propuesto por la parte tutelante
carece de relevancia constitucional, pues, en su sentir, el objetivo de la acción de
tutela es convertir la petición de protección constitucional en una tercera instancia
para reabrir el debate ya resuelto.

27. La apoderada del Ministerio de Defensa Nacional10 solicitó que se nieguen las
pretensiones “al resultar improcedente”, pues, al igual que la entidad accionada,
estima que la acción de tutela se utiliza como una tercera instancia para reabrir
debates procesales resueltos.

28. El secretario del Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín remitió
enlace para acceso digital del expediente11.

29. El 14 de abril de 2026, el despacho sustanciador registró el proyecto para que
fuera discutido en la siguiente sala dual de la Subsección12. Sin embargo, puesto
que no se alcanzó mayoría mínima, el 20 de ese mes y año13, se sorteó conjuez, en
el que quedó designado el consejero William Barrera Muñoz para conformar la
mayoría de la Sala.

CONSIDERACIONES
Competencia

30. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

9 Índice samai 12.
10 Índice samai 13.
11 Índice samai 14
12 Índice samai 21.
13 Índice samai 22.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Determinación del problema jurídico

31. A juicio de esta Sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de tutela contra providencia.
Esto, en atención a que se trata de una acción de tutela contra una sentencia judicial
proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro
de un proceso de reparación directa referido al homicidio en persona protegida y
posterior desaparición forzada de Alveiro Úsuga Uribe ocurrida el 14 de noviembre
de 1997 en el municipio de Dabeiba, Antioquia.

32. El escrito de amparo reprocha que la sentencia atacada declaró la caducidad
del derecho de acción sin tener en cuenta que las víctimas no contaban con pruebas
para solicitar la reparación de la grave violación a los derechos humanos. La parte
tutelante sólo contó con medios de prueba para demandar la responsabilidad del
Estado, únicamente, hasta que la JEP avanzó en la investigación judicial respecto
de los responsables individuales de los hechos.

33. En caso de verificar que el caso satisface las causales generales de procedencia
formal, la Sala formula los siguientes problemas jurídicos.

(i) ¿Incurrió el Tribunal Administrativo de Antioquia en desconocimiento del
precedente judicial, en particular de la sentencia del 1.º de septiembre de 2024 de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado 68253, y de las sentencias SU-
439 de 2024 y T-202 de 2025, al declarar la caducidad de la acción de reparación
directa a partir de la identificación y entrega de los restos de la víctima, sin examinar
si los accionantes enfrentaron barreras materiales y probatorias para acceder a la
administración de justicia y para reunir los elementos necesarios que les permitieran
formular la pretensión de responsabilidad del Estado?

(ii) ¿Incurrió el Tribunal Administrativo de Antioquia en defecto fáctico al fijar el
cómputo de la caducidad desde la identificación y entrega de los restos de la víctima,
sin valorar de manera integral los elementos probatorios que, según los actores,
daban cuenta de que solo con las actuaciones adelantadas ante la JEP —en
particular la confesión del compareciente y las decisiones posteriores de esa
jurisdicción— se obtuvo claridad suficiente sobre la participación de agentes
estatales en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial?

(iii) ¿Incurrió el Tribunal Administrativo de Antioquia en defecto sustantivo por
indebida interpretación del artículo 164-2 literal i) de la Ley 1437 de 2011, al
considerar que el término de caducidad debía contarse desde la identificación de
los restos de la víctima, y no desde otros referentes jurídicamente relevantes en
casos de desaparición forzada, como el conocimiento cierto de la imputación estatal
o, en su caso, la ejecutoria del fallo penal definitivo?

(iv) ¿Incurrió el Tribunal Administrativo de Antioquia en violación directa de la
Constitución, al aplicar de manera rígida la figura de la caducidad sin armonizarla
con los artículos 1, 2, 28 y 229 de la Constitución Política, ni con las obligaciones

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

reforzadas del Estado de garantizar el acceso a la administración de justicia en
casos de graves violaciones a los derechos humanos?

34. Se resolverán consecutivamente los cargos propuestos por los tutelantes,
puntualmente, el defecto por desconocimiento del precedente, el fáctico, el
sustantivo y la violación directa de la Constitución.

35. Por lo anterior, se reiterará el precedente sobre causales generales de
procedencia de tutela contra providencia, y posteriormente, el precedente judicial
sobre la contabilización del término de caducidad en casos de graves violaciones a
los derechos humanos. Finalmente se resolverá el caso concreto.

Causales genéricas de procedencia de procedencia de tutela contra
providencia.

36. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200514,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

37. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar15: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela16, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional17 o el Consejo de Estado18,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP19; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable20 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; y (vii) que

14 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
15 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la

SU-215 de 2022.
16 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
18 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,

SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
20 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Referencia: Primera instancia de acción de tutela

cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en
la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el
alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

38. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica
de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la
realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el
proceso;
iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no
estaban llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones
jurídicas contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.
v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad
fáctica probada en el caso;
vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su
deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un
caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de las decisiones
establecidas por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de
precedente.
viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Carta
Política, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

39. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se
examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas de
procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se
examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de
caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de
delitos de lesa humanidad, puntualmente, en casos de personas desaparecidas
forzada o involuntariamente.

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Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de graves violaciones a los derechos humanos

40. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del
Consejo de Estado unificó el precedente jurisprudencial relacionado con la
oportunidad para presentar la demanda de reparación directa cuando se solicita la
reparación integral en casos de graves violaciones a los derechos humanos. La
decisión concluyó que, incluso en casos de delitos que constituyen conductas de
lesa humanidad o crímenes de guerra, resulta aplicable el término de caducidad de
dos años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i)21 de la Ley 1437 de 2011.
Salvo en los casos de desaparición forzada de personas que tiene otra regulación.
Posteriormente, en la Sentencia SU-312 de 2020, la Sala Plena de la Corte
Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e indicó que,
el medio de reparación caduca en dos años, aun si se trata de los punibles antes
anotados.

41. Las dos providencias establecieron que el término de caducidad comienza a
contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento en que las personas
afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo; (iii) sin embargo, no
correrá el término cuando se acredite que las personas estuvieron objetivamente
impedidas para acceder a la administración de justicia; y (iv) en los casos de
desaparición forzada, la caducidad tiene un régimen especial.

42. Posteriormente, la Corte Constitucional ha proferido múltiples sentencias de
Sala de Revisión22 y de Sala Plena23 que han precisado la manera de contabilizar
el término de caducidad en casos relacionados con crímenes de guerra o de lesa
humanidad. Aunque se ha reiterado que el derecho de acción caduca, también se
ha señalado que el requisito debe ser evaluado desde una perspectiva de
flexibilidad y ponderación de principios, con el fin de garantizar el acceso efectivo a
la administración de justicia. Se ha indicado que el juez administrativo debe ser
cuidadoso si va a declarar la caducidad del derecho de acción en este tipo de casos,
pues el examen de la oportunidad de la demanda debe verificar si la parte actora
enfrenta barreras de acceso a la administración de justicia; son sujetos de especial
protección constitucional; o estaba en condiciones de conocer los elementos
integrantes de la responsabilidad del Estado y contaba con elementos probatorios
para hacer valer sus pretensiones ante los jueces administrativos.

43. La Corte ha insistido que la verificación del cumplimiento de la oportunidad de
la demanda de reparación directa constituye una responsabilidad relevante del juez
administrativo que no puede ser evaluada de forma mecánica o superficial,
especialmente cuando se examinan hechos que configuran graves violaciones a los
derechos humanos, como desapariciones forzadas de personas24. En armonía con

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de

enero de 2020, Exp. 61.033 C.P. Martha Nubia Rico Velásquez.
22 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-024 de 2024 y T-450 de 2024. Recientemente T-001 de

2025, T-004 de 2025 y T-202 de 2025.
23 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias SU-167 de 2023, SU-168 de 2023, SU-241 de 2024 y SU-

439 de 2024 y SU-484 de 2024.
24 En la Sentencia T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Constitucional, el análisis sobre el

cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la

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lo anterior, por ejemplo, esta subsección25 ha indicado que el examen respecto del
cumplimiento del requisito de caducidad no es la simple confrontación de dos fechas
en un calendario, sino que, exige que el juez administrativo verifique si los
demandantes enfrentaron barreras de acceso a la administración de justicia. Estas
barreras de acceso han sido ejemplificadas por la jurisprudencia unificada del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.

44. En la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, por ejemplo, el pleno de
la Sección indicó que el término de caducidad no empieza a correr cuando, las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos enfrentan obstáculos
objetivos como enfermedades o secuestros. Por otra parte, la Corte Constitucional,
en sentencias como la SU-167 de 2023, SU-241 de 2024, SU-429 de 2024, SU-439
de 2024, T-001 de 2025, T-202 de 2025, T-495 de 2025 y T-086 de 2026 han
indicado que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos enfrentan
barreras de acceso como pueden ser. A continuación, se precisan las anteriores
reglas jurisprudenciales.

45. En la sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional resolvió una acción de
tutela contra una providencia judicial que resolvió una demanda de reparación
directa. En aquella providencia señaló criterios hermenéuticos sobre el examen de
la oportunidad de la demanda. Señaló que el juez administrativo debe ser
consciente que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
enfrentan “barreras de acceso” que le impiden ejercer el derecho de acción. Por ello
indicó que, el estudio del requisito de la oportunidad de la demanda debe hacerse
caso a caso:

“En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la reparación
de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el
plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el
perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de
reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe
ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a
las particularidades de cada asunto en concreto; (…) (negrilla y subrayado fuera
del texto)

46. En la Sentencia SU-241 de 2024, la Sala Plena de la Corte resolvió una acción
de tutela contra providencia en la que se había declarado la caducidad del derecho
de acción, sin tener en cuenta que la demandante había tenido que salir al exilio
durante más de 10 años. En esa providencia se explicó que el exilio es una barrera

seguridad jurídica que brinda la existencia de un término de caducidad para presentar las demandas
de reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas
que alegan haber sufrido daños antijurídicos imputables al Estado”.
25 “En esa medida, se ha indicado el deber de los jueces no solo de hacer un balanceo de principios

constitucionales, sino además de superar la idea que el examen se realiza a través de la simple
confrontación de dos fechas en un calendario. Se ha requerido del juez administrativo una
disposición hermenéutica para maximizar el acceso ante las autoridades judiciales y partir de
posiciones garantistas que, ante graves violaciones a los derechos humanos, logren la realización
de la justicia material” sentencia de 7 de febrero, proferida dentro del expediente de tutela 11001-03-
15-000-2024-06282-00

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de acceso a la administración de justicia que justifica que las víctimas promuevan
la demanda de reparación directa, una vez regresen al país26.

47. En la Sentencia SU-439 de 202427, la Corte Constitucional indicó que las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos enfrentan barreras
estructurales de acceso a la administración de justicia como la falta de medios de
conocimiento para desvirtuar un discurso oficial que negó la ocurrencia de los
denominados falsos positivos. Por lo anterior, reiterando precedente del Consejo de
Estado, la Corte reafirmó la necesidad de que los jueces administrativos examinen
el cumplimiento del requisito de oportunidad de la demanda desde un enfoque
flexible, y desde el momento objetivo y concreto que la víctima tuvo el conocimiento
y medios de prueba suficientes para presentar la demanda de reparación directa.
Se argumentó:

“Para la Sala, exigir a las víctimas que actúen basadas en simples
sospechas o especulaciones, sin contar con elementos probatorios
relevantes, resulta irrazonable y vulnera sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, así como las
garantías de verdad, reparación integral y no repetición.”
(…) la Corte reafirmó la necesidad de aplicar un enfoque flexible y pro víctima
en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos que
involucren presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras formas de
violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido, indicó que
estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las pruebas de
manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras estructurales
que enfrentan las víctimas para acceder a la verdad y a la justicia, tales como
las dificultades para obtener información veraz y desvirtuar, al menos prima
facie, las versiones oficiales de los hechos”. (negrillas y subrayado fuera del
texto)

48. Por último, en la Sentencia T-202 de 2025, una Sala de Revisión de la Corte
Constitucional reiteró las reglas antes indicadas. Examinó dos acciones de tutela
dirigidas contra dos sentencias proferidas por Tribunales Administrativos. En las
sentencias de los tribunales administrativos se había declarado la caducidad del
derecho de acción, pues los jueces administrativos se limitaron a confrontar dos
fechas en el calendario, una la fecha del daño y la otra la formulación de la demanda,
sin percatarse que, existía material probatorio que mostraba que los accionantes
habían enfrentado barreras de acceso a la administración de justicia.

49. La Corte reiteró tres “estándares constitucionales” respecto de las obligaciones
del juez administrativo respecto del examen de la oportunidad de la demanda de
reparación: (i) la aplicación del precedente del Consejo de Estado debe asegurar el
respeto al debido proceso ante el cambio jurisprudencial; (ii) el juez contencioso

26 Adujo la Corte: “(...) la sola ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el cómputo

del término de caducidad, lo cual no implica desconocer dicha institución jurídico procesal, sino que
es necesario que el juez realice una valoración de las circunstancias particulares de cada caso para
determinar desde cuándo se debe aplicar dicho término y en el que deben analizarse aspectos
relacionados con: (i) la calidad de los accionantes como sujetos de especial protección constitucional
al haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos; (ii) el momento en el que las víctimas
tuvieron la posibilidad real de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba procedente
de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución; y (iii) la posibilidad material de las víctimas de acudir
a la justicia debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran”.
27 M.P. Diana Fajardo Rivera.

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administrativo debe adoptar un enfoque flexible en materia probatoria para
determinar la fecha en que los demandantes no solo conocieron o debieron conocer
del hecho dañoso, sino que pueden inferir de manera fundada la responsabilidad
del Estado y (iii) la excepción de inconstitucionalidad de la caducidad del medio de
control de reparación directa debe contemplar tanto supuestos objetivos asociados
directamente a la situación del demandante, como supuestos especiales que rodean
el caso concreto y les impide a los demandantes acceder a la jurisdicción de manera
oportuna.

50. La Corte reiteró la regla fijada en la Sentencia SU-439 de 2024 y precisó que,
en efecto, con una mera sospecha o un conocimiento íntimo de un familiar, no
resulta exigible que las víctimas de un caso de ejecución extrajudicial presenten la
demanda de reparación directa. La providencia T-202 de 2025 profundizó que una
providencia que examina unilateralmente el requisito de oportunidad de la demanda,
y declara la caducidad sin examinar las barreras de acceso a la administración de
justicia que enfrentaron las víctimas incurre en un defecto fáctico. Precisó la Corte:

“(…) esta corporación distinguió las nociones de simple convicción, inferencia y
certeza. Precisó que no basta con la convicción íntima, sospecha o mera
afirmación de los demandantes de que un familiar fue víctima de una ejecución
extrajudicial para que desde ese momento se marque el inicio del cómputo de
la caducidad. Un asunto es “tener la convicción según la cual su familiar fue
víctima de una ejecución extrajudicial y, por tanto, alejarlo de esta manera para
que sea investigado por la justicia penal”, y otra es contar con elementos de
juicio que permitan acreditar dicha inferencia ante un juez28. La Corte aclaró
que esto no significa el agotamiento del proceso penal, dado que no es un
requisito para la activación de la jurisdicción de lo contencioso administrativa y
tampoco se exige la certeza absoluta sobre los hechos. (negrilla y subrayado
fuera del texto)

51. En la Sentencia T-459 de 2025, la Corte Constitucional estudió la tutela
promovida por un sargento del Ejército y sus familiares contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, luego de que éste declarara la caducidad del medio de
control de reparación directa derivado de las graves lesiones sufridas por la
activación de una mina antipersonal durante una operación militar en Chaparral,
Tolima, el 7 de julio de 2015, hecho que le causó la amputación traumática de ambas
piernas y una prolongada hospitalización hasta el 6 de agosto de 2015. Al resolver
el caso, la Corte reiteró que el examen de la caducidad no puede reducirse a una
operación matemática ni a la simple confrontación de fechas, pues el juez debe
establecer, a partir de una valoración integral y contextual del material probatorio,
cuándo la víctima tuvo conocimiento cierto del daño y si contaba realmente con
condiciones materiales y elementos de juicio suficientes para acudir a la jurisdicción.
En esa medida, precisó que también debe verificarse si existieron circunstancias
objetivas que hubieran impedido el acceso oportuno a la administración de justicia
o la posibilidad de hacer valer los derechos, de modo que la caducidad no se

28 En la Sentencia T-378 de 2024 la Corte indicó que: “las autoridades accionadas desconocieron

que, para acreditar los elementos de la responsabilidad del Estado, no es suficiente que los
demandantes afirman fehacientemente que la víctima murió a manos de militares (ya que tenía la
convicción de que así ocurrió), sino que además tenga los elementos de juicio suficientes que le
permitan acreditar su dicho en un proceso ante el juez”.

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convierta en una barrera desproporcionada para obtener tutela judicial efectiva. En
la providencia de revisión se indicó:

“Enfoque flexible y pro víctima en materia probatoria. Uno de los aportes más
significativos de la jurisprudencia reciente ha sido la diferenciación entre
convicción, inferencia y certeza, desarrollada en las sentencias SU-167 de
2023, T-001 de 2025 y T-202 de 2025. La convicción o sospecha alude a la
mera intuición o afirmación de los demandantes, que no basta por sí sola para
activar el cómputo de la caducidad. La certeza, a su vez, no es exigida como
requisito para iniciar la acción, ya que no es necesario la plena comprobación
de los hechos, la existencia de una condena penal ni la individualización
definitiva del responsable para acudir ante el juez contencioso administrativo.
El punto intermedio y decisivo es la inferencia fundada, que supone la
existencia de elementos de juicio objetivos que permitan sostener ante un
juez la posible responsabilidad patrimonial del Estado debido a la naturaleza
antijurídica del daño”.

(...)
No es suficiente la mera constatación del hecho dañoso ni la simple
identificación del Estado como agente vinculado a su ocurrencia. En línea con
lo anterior, para que se active el término de caducidad, es necesario que el
demandante disponga de elementos que le permitan advertir que ese daño
reviste el carácter de antijurídico. De lo contrario, el cómputo no puede
considerarse iniciado. En la Sentencia T-202 de 2025, la Corte enfatizó que esta
valoración debía hacerse de forma contextual y garantista, reconociendo las
dificultades probatorias propias de los casos de ejecuciones extrajudiciales,
como el ocultamiento o la manipulación de registros oficiales que retrasaran la
posibilidad de identificar la antijuridicidad del daño. (negrilla fuera del texto)

52. Finalmente, en la Sentencia T-086 de 2026, la Corte resolvió dos acciones de
tutela acumuladas contra providencias judiciales en las que se había declarado la
caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos relacionados
con acciones criminales de actores armados. Tras reiterar el precedente de las dos
corporaciones de cierre (Corte Constitucional y Consejo de Estado), la providencia
reiteró:

“En suma, la jurisprudencia constitucional ha fortalecido la protección de las
víctimas en casos de graves violaciones de derechos humanos, exigiendo que
la caducidad del medio de control de reparación directa sea aplicada bajo un
criterio flexible, pro víctima y contextual. Esto implica que el inicio del término
solo se fija en el momento en que los afectados pudieron inferir razonablemente
la responsabilidad del Estado y la antijuridicidad del daño, es decir, que se
demuestre la existencia de elementos de juicio que permitan acreditar la
responsabilidad del Estado ante el juez competente.” (negrilla fuera del texto)

53. En esa ocasión, una de las acciones de tutela estaba dirigida contra una
providencia judicial que había declarado la caducidad, a pesar de que se había
producido una decisión judicial (una resolución proferida por la Fiscalía General de
la Nación) que aportaba conocimiento y medios de prueba necesarios para ejercer
el medio de control de reparación directa. La Sala de Revisión indicó que el término
de caducidad debía examinarse desde el momento en que los demandantes
contaron con los medios de prueba para defender sus pretensiones ante el juez de
la reparación:

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“(…) [se] incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente, al no valorar
que los demandantes adquirieron elementos de juicio suficientes para
estructurar una pretensión de responsabilidad estatal cuando tuvieron acceso a
la Resolución del 21 de abril de 2014, proferida por la Fiscalía Primera Delegada
ante el Tribunal Superior de (…). En efecto, para la Sala, fue mediante esa
providencia que las víctimas obtuvieron certeza sobre el carácter sistemático
del asesinato de (…), vinculado a su condición de miembro del MAC en el
municipio de Aguachica, Cesar, lo cual, resultaba determinante para contar con
fundamentos objetivos para sostener que los hechos se enmarcaban en un
posible delito de lesa humanidad y, así, acceder al sistema de administración
de justicia.”

54. En conclusión, la jurisprudencia constitucional y de esta Corporación ha
señalado que, el examen de la oportunidad de la demanda, en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, especialmente, en casos de desapariciones
forzadas y asesinatos, ocurridas en el contexto del fenómeno de los falsos
positivos29, exige del juez de la reparación extremo cuidado dirigido a examinar los
elementos particulares de cada caso y la posibilidad concreta y real de presentar la
demanda de reparación directa a partir de medios probatorios relevantes dirigidos
a mostrar, prima facie, la responsabilidad de la autoridad estatal y cuestionar un
discurso oficial que negó la ocurrencia del patrón de macro criminalidad.

55. Adicionalmente, en el precedente constitucional, se ha distinguido entre el
conocimiento necesario para saber que un daño antijurídico fue resultado de
acciones u omisiones estatales, y la posibilidad de contar con medios de prueba
mínimos para que las pretensiones de reparación integral tengan vocación de
prosperidad. Incluso ha indicado que, cuando se discute la eventual declaración de
la caducidad, el juez de la reparación debe: (i) interrogar directamente a la parte
demandante sobre las dificultades enfrentadas; (ii) emplear sus facultades oficiosas
para verificar la existencia de obstáculos reales30, y (iii) entre ellas la posibilidad
concreta de acceder a los medios de prueba para mostrar los elementos de la
responsabilidad extracontractual del Estado.

Caso concreto.

56. El apoderado de la parte tutelante sostiene que la sentencia de 19 de noviembre
de 2025 proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 05001-33-33-022-2023-00340-01, incurrió en un defecto

29 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-287 de 2024.
30 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU- 439 de 2024: “…la Corte reafirmó, en general, la
necesidad de aplicar un enfoque flexible y pro víctima en la interpretación de las reglas procesales,
especialmente en casos que involucren presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras formas de
violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido, indicó que estos contextos exigen que
las autoridades judiciales valoren las pruebas de manera más comprensiva y contextual,
reconociendo las barreras estructurales que enfrentan las víctimas para acceder a la verdad y a la
justicia, tales como las dificultades para obtener información veraz y desvirtuar, al menos prima facie,
las versiones oficiales de los hechos.” En el mismo sentido: “(…) para la Corte Constitucional el
defecto fáctico que concurre en el caso objeto de análisis se configura, también, ante la ausencia de
una valoración contextual de los hechos, al momento de determinar si la demanda de reparación
directa fue promovida oportunamente. La omisión en valorar adecuadamente estas circunstancias
constituye, de nuevo, una violación del derecho al acceso a la administración de justicia y perpetúa
la situación de indefensión en la que se encontrarían las presuntas víctimas de hechos vinculados a
una posible grave violación de derechos humanos."

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por desconocimiento del precedente, fáctico, sustantivo y violación directa de la
constitución, puesto que revocó la sentencia de primera instancia en la que se había
declarado la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada y en su
lugar declaró la caducidad del derecho de acción, sin tener en cuenta el precedente
fijado en las sentencias SU-439 de 2024 y la T-202 de 2025, conforme a las cuales,
en específicos casos de homicidios en personas protegidas seguidas de
desaparición forzada de personas, conocidos como falsos positivos, el juez de la
reparación tiene el deber de examinar, además del conocimiento de la parte
demandante, la posibilidad real y sería de presentar medios de prueba que, prima
facie, cuestionen un discurso oficial que negó la situación dado que presentó a las
víctimas como bajas legítimas en combate.

57. Por lo anterior, para resolver el primer problema jurídico se establecerá si la
acción de tutela resulta procedente al satisfacer las causales generales de
procedencia general. La Sala estima que se satisfacen los requisitos de procedencia
general de la acción de tutela.

Estudio de procedibilidad de la acción de tutela
Requisito Razones
1 Relevancia En sentencias como la SU-287 de 2024, SU-439 de 2024 y T-
constitucional 202 de 2025, la Corte Constitucional ha indicado que las
acciones de amparo en las que se cuestionan la aplicación rígida
y estricta de la caducidad en casos de graves violaciones a los
derechos humanos, por ejemplo, en casos de homicidios en
personas protegidas presentadas como bajas legítimas en
combates, el asunto reviste relevancia constitucional pues se
trata del examen de providencias judiciales en las que, de
manera concreta, se discute la posibilidad de que las víctimas
accedan a la administración de justicia para lograr la garantía de
los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las
garantías de no repetición, todos ellos, derechos
constitucionales reconocidos en la Carta de 1991 y en tratados
internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia,
además de desarrollados por leyes nacionales. En esa medida,
se ha indicado que, los procesos referidos a eventos que se
enmarcan dentro de los denominados “falsos positivos”, en los
que se discute la aplicación automática y rígida del requisito de
oportunidad de la demanda, sin que se examinen la situación
concreta a la luz del precedente judicial reciente, son asuntos
que revisten relevancia constitucional, pues se trata de la
garantía concreta de derechos como el debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, y la protección de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

2 Legitimación en La parte tutelante está compuesta por Elvia Rosa Uribe de
la causa Úsuga, madre de la víctima directa, y Eduar Antonio Úsuga
Uribe, Hugo Úsuga Uribe, Cielo Úsuga Uribe, Efrén Úsuga Uribe,
Mildrey Úsuga Uribe, Milton Antonio Úsuga Uribe, Katerine
Úsuga Uribe y Yurani Úsuga Uribe, hermanos y hermanas de la
víctima directa, quienes fueron demandantes dentro del proceso
de reparación directa identificado con Rad. 05001-33-33-022-
2023-00340-0, el cual culminó con la Sentencia de 19 de
noviembre de 2025, proferida por la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

Respecto a la parte accionada, se trata del Tribunal
Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que profirió la
sentencia atacada.

Por lo anterior se satisfacen los requisitos de legitimación en la
causa por activa y por pasiva.

3 Subsidiariedad En el caso concreto no existe un mecanismo judicial pendiente
de agotar ordinario o extraordinario de revisión31 ni de unificación
de jurisprudencia32, motivo por el cual se cumple el requisito de
subsidiariedad.
4 Inmediatez La sentencia cuestionada fue proferida el 19 de noviembre de
2025, y la acción de tutela se ejerció el 5 de marzo de 2026, es
decir, dentro del plazo que se ha entendido como razonable.
5 Identificación de La parte tutelante identifica claramente todos los elementos del
los hechos proceso judicial atacado, y los razonamientos y fundamentos de
los mismos, por los cuales, estima que la providencia de 19 de
noviembre de 2025 vulnera sus derechos fundamentales.
Identifica con precisión los hitos del proceso judicial de
reparación directa, y las supuestas causales de procedencia
general y específica de tutela contra providencia.

6 Que no se trata La acción de tutela se dirige contra la providencia que puso fin,
de tutela contra en sede de segunda instancia al proceso de reparación directa
tutela, contra identificado con radicado 05001-33-33-022-2023-00340-01, de
una providencia modo que no se trate de una acción de tutela contra una
que ejerce el providencia de tutela o una sentencia proferida en ejercicio del
control

31 Conforme con las particularidades que rodean la presente controversia - relativas a la caducidad

del medio de control de reparación directa en graves vulneraciones de derechos humanos-, se
advierte que este recurso no resulta apto para restablecer de manera pronta y efectiva los derechos
fundamentales de víctimas del conflicto armado. En consecuencia, en el caso concreto, dicho
mecanismo no es idóneo para evitar la consolidación del perjuicio derivado de la ausencia de una
decisión de fondo, conforme con lo previsto en el artículo 250 del CPACA. Por último, los defectos
alegados por la parte demandante no pueden ser subsanados mediante las causales previstas para
este recurso extraordinario, pues no corresponden con la falta de congruencia de la sentencia
impugnada, los vicios o irregularidades probatorias, la comisión de un hecho punible que haya hecho
inducido en error al juez, los defectos procesales, la existencia de mejor derecho de un tercero o la
contradicción con la cosa juzgada.
32 El recurso de unificación consagrado en el artículo 257 del CPACA depende de demostrar una

contradicción jurisprudencial relevante, presupuesto que aquí no es el problema central, ya que se
reclamó un desconocimiento del precedente y no posturas opuestas en este, que no sucede en este
asunto. En suma, esta herramienta procesal extraordinaria no es un medio idóneo ni eficaz para
restituir el goce efectivo de los derechos invocados en el asunto bajo examen.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

abstracto o control abstracto de constitucionalidad o sentencia interpretativa
interpretativa de proferida por la sección de apelación de la JEP.
la Jurisdicción
Especial para la
Paz.

Estudio de los defectos alegados

58. La presente acción de tutela cuestiona la sentencia proferida el 19 de noviembre
de 2025 por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
dentro del proceso de reparación directa radicado 05001-33-33-022-2023-00340-
01, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia que había declarado
la responsabilidad extracontractual del Estado por la desaparición forzada y
posterior ejecución extrajudicial de Alveiro Úsuga Uribe, y, en su lugar, se declaró
la caducidad del derecho de acción, al considerar que el término debía contarse
desde la identificación y entrega de los restos de la víctima, ocurrida el 10 de
noviembre de 2020. A partir de ello, corresponde examinar los defectos específicos
alegados por la parte accionante, como se reseña en la siguiente tabla:

Defecto alegado Argumento de la demanda de tutela
Desconocimiento Los tutelantes aseveraron que el Tribunal desconoció la sentencia
del precedente del 1.º de septiembre de 2024 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, radicado 68253, así como las sentencias SU-439 de
2024 y T-202 de 2025, en las que se indicó que, en casos de graves
violaciones a los derechos humanos y “falsos positivos”, el examen
de la caducidad no puede hacerse de manera formal ni mecánica,
sino verificando si las víctimas contaron con una oportunidad
probatoria real y efectiva para estructurar la imputación de
responsabilidad al Estado. Resaltaron que el Tribunal omitió valorar
las barreras materiales, el contexto de ocultamiento y las
dificultades estructurales para acceder a la verdad y a la justicia.
Defecto fáctico La parte actora alegó que el Tribunal incurrió en una valoración
probatoria fragmentaria, pues fijó el inicio del cómputo de la
caducidad en la entrega de los restos de la víctima y dio relevancia
a una declaración rendida en 2012 ante la Procuraduría, sin apreciar
integralmente que solo con la confesión del compareciente Juan
Manuel Grajales y, de forma más clara, con el Auto 01 del 11 de
julio de 2022 de la JEP, se obtuvo certeza suficiente sobre la
participación de agentes estatales en la desaparición forzada y
ejecución extrajudicial de Alveiro Úsuga Uribe. También sostienen
que no se valoró el contexto de temor, desplazamiento y ausencia
de información oficial que enfrentó la familia.
Defecto Los accionantes afirmaron que el Tribunal interpretó de manera
sustantivo irrazonable el artículo 164, numeral 2, literal i), de la Ley 1437 de
2011, al asumir que la caducidad debía comenzar con la
identificación y entrega de los restos de la víctima. En su criterio,
esa norma prevé referentes diferenciados en casos de desaparición
forzada y exige considerar que la verdad y la imputación de
responsabilidad estatal pueden estructurarse de manera progresiva.
Por ello, sostuvieron que el término no podía correr desde
noviembre de 2020, cuando aún no existía fallo penal definitivo ni

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

una atribución judicial suficientemente consolidada de
responsabilidad estatal. Añadieron, además, que el Tribunal no tuvo
en cuenta el efecto suspensivo de la conciliación prejudicial
presentada en octubre de 2022.
Violación directa La demanda sostuvo que la providencia cuestionada vulneró
de la directamente los artículos 1, 2, 28 y 229 de la Constitución Política,
Constitución al convertir la caducidad en una barrera absoluta y
desproporcionada para el acceso a la administración de justicia.
Según los tutelantes, tratándose de una desaparición forzada y
ejecución extrajudicial atribuida a agentes estatales, el Tribunal
debía armonizar la regla procesal con las obligaciones reforzadas
del Estado de investigar, juzgar, sancionar y reparar graves
violaciones a los derechos humanos, y no aplicar el término de
manera rígida y descontextualizada.

59. A continuación, la Sala realizará el análisis de cada defecto mencionado en el
caso concreto. Para ello, reseñará el fallo analizado y procederá al estudio de fondo.

Fallo atacado:

60. En sentencia de 19 de noviembre de 2025, la Sala de Decisión examinó si operó
el fenómeno de la caducidad, pues este era uno de los cargos de apelación de la
entidad demandada. Al momento de examinar el precedente judicial relevante
mencionó la regla unificada del 29 de enero de 2020 proferida por el pleno de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y posteriormente se refirió a la Sentencia
SU-168 de 2023 de la Corte Constitucional. Inmediatamente después se refirió a los
antecedentes procesales, tanto en el proceso penal ordinario ante la fiscalía general
de la Nación, como dentro de la JEP que llevaron a que, se produjera la
identificación de los restos óseos de la víctima, su entrega a los familiares y la
individualización de los responsables del homicidio. Enseguida de eso concluyó:

“Entonces, teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
las pruebas analizadas, para esta Sala de Decisión es claro que, contrario a lo
afirmado por el a quo, el conteo del término de la caducidad debe efectuarse
desde el momento en el que apareció la víctima –regla especial para la
desaparición forzada–60, ello teniendo en consideración que la desaparición
forzada es una conducta de ejecución continuada que en este caso, inició el 14
de noviembre de 1997 y que terminó el 10 de noviembre de 2020, luego de
que se halló e identificó los restos óseos de Albeiro Úsuga Uribe y se hizo
entrega de éstos a sus familiares, momento en el que, se tuvo certeza de
la cesación de la conducta.”33 (negrilla dentro del texto)

61. Más adelante, indicó que la demanda de reparación directa se promovió el 28
de marzo de 2023, es decir, cuando ya había caducado el derecho de acción.
Descartó el argumento del fallo de primera instancia, conforme al cual, el examen
de la caducidad debía realizarse desde el 29 de abril de 2021, fecha en la que un
compareciente ante la JEP rindió declaración en la que se explicó la participación
de los agentes de la fuerza pública en la consumación del homicidio y posterior
desaparición forzada. Agregó:

33 Folio 21 del fallo atacado. Anexo dentro del escrito de amparo. Índice Samai 2. Certificado
6C6DBBBAD7159D05 CDA18A59CA67CD7C 426A44ACA812A75B 8897F8BD7E6DDEB3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

“Para esta Corporación, es claro que los demandantes conocían, de modo
general, los hechos en que ocurrió la muerte de su familiar, con mucha
anticipación y prueba de ello es que, la señora Elvia Rosa Uribe de Úsuga
presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en el año 2008 y rindió
declaración ante la Procuraduría General de la Nación para que fuera incluida
como víctima de la violencia por el homicidio de su hijo; el comunicado
entregado por la JEP el 10 de noviembre de 2020 a los familiares del señor
Alveiro; el testimonio presentado el 21 de enero de 2020 por el señor Efrén
Úsuga ante la JEP; e incluso las diligencias en las que el señor Juan Manuel
Grajales, rindió versión voluntaria las cuales iniciaron en diciembre del año 2019
y continuaron los días 5 de marzo y 29 de abril de 2021”

62. A juicio de la autoridad judicial, la declaración rendida por la madre de la víctima
de la desaparición forzada, evidencia de que el núcleo familiar tenía conocimiento
de la responsabilidad de agentes estatales.

Defecto de desconocimiento del precedente y fáctico

63. En este punto, la Subsección recuerda que la configuración del defecto por
desconocimiento del precedente constitucional en materia de tutela se presenta bajo
las siguientes condiciones34: (i) la autoridad judicial desatiende la ratio decidendi de
una sentencia que cumple los criterios para ser considerada precedente y que
resulta obligatoria para la resolución del caso; (ii) la decisión impugnada no contiene
una justificación suficiente, transparente e idónea que explique la separación frente
a esa regla previa. Esto requiere que el juez individual o colegiado identifique y
exteriorice el precedente aplicable, exponga las razones que justifican el
apartamiento de la decisión, así como formule una especial fundamentación en la
que “se exige revelar los motivos por los cuales, incluso desde la perspectiva de la
seguridad jurídica y la buena fe, los argumentos que se exponen para no seguir un
precedente son más poderosos frente a la obligación primigenia de preservar una
misma lectura”35 ; y (iv) ese desconocimiento afecta directamente un derecho
fundamental, usualmente vinculado al debido proceso y la igualdad.

64. El ataque constitucional central de la parte actora estriba en que, se incurrió en
un defecto por desconocimiento del precedente, concretamente de la Sentencia
SU-439 de 2024, reiterada posteriormente en el fallo T-202 de 2025, providencias
en las cuales, se indicó que los familiares de las víctimas de falsos positivos tienen
la íntima convicción de que su ser cercano, no era miembro de un grupo armado
ilegal, y que, en esa medida, no era una baja legítima en combate. Esa convicción
la tienen, pero con ella no resulta exigible a las víctimas que presenten la demanda
de reparación directa, toda vez, que la sentencia de unificación mencionada
reconoce que, en aquellos casos se presentó un discurso oficial en que, autoridades
públicas negaron que se trataran de ejecuciones extrajudiciales, y las hicieron pasar
por bajas legítimas en combate.

65. En efecto, en aquellas dos providencias, pero concretamente en la Sentencia
SU-439 de 2024 se resolvieron dos acciones de tutela acumuladas contra dos
providencias, en las que, jueces y tribunales administrativos habían declarado la

34 Corte Constitucional, Sentencia SU-304 de 2024.
35 Corte Constitucional, sentencias T-643 de 2017, T-661 de 2017 y SU-081 de 2020.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

caducidad del derecho de acción en casos de homicidios en personas protegidas,
presentados como bajas legítimas en combates por parte de agentes estatales. En
aquella providencia de unificación se indicó que no basta que un familiar de una
víctima de un “falso positivo” tenga conocimiento del daño y la eventual
responsabilidad de autoridades estatales, pues de suyo, tiene la convicción de que
su familiar no era una baja legítima en combate, pues era un civil, no un miembro
de un grupo armado ilegal. Un asunto diferente es que con esa íntima convicción
tenga elementos para presentar la demanda de reparación directa, especialmente,
cuando la entidad estatal cuenta con todos los medios de prueba para defender la
tesis de que el homicidio fue una baja legítima en combate.

66. En el sub-lite, se presenta la misma situación, pues la primera versión de los
agentes estatales se refería a que la víctima era miembros de un grupo armado
ilegal y que agentes del Ejército Nacional quitaron la vida a la víctima como parte
de un operativo ilegítimo. El solo hecho de hacer eco de esa versión de los hechos,
de manera acrítica, implica un eventual acto de revictimización. Sin embargo, lo
pertinente, es que las víctimas siempre supieron que el homicidio de Alveiro Úsuga
Uribe fue resultado de agentes estatales, incluso, estos no lo negaron. Los agentes
estatales indicaron, infundadamente, que el homicidio fue una baja legítima en un
operativo militar.

67. En este punto corresponde precisar que, en las providencias echadas de menos
por los tutelantes, las sentencias SU-439 de 2024 y T-202 de 2025, la Corte
Constitucional reiteró la regla contenida en la decisión de Unificación de 29 de
enero de 2020 proferida por el pleno de la Sección Tercera de esta
Corporación. En esa medida, el precedente que se utiliza como parámetro de
análisis del fallo impugnado es el vertical de la jurisdicción Contenciosa
Administrativa, es decir, el contenido en la sentencia de unificación de esta
Corporación, aplicado y precisado a través de casuísticas concretas. Por
consiguiente, esta Sala estima que la autoridad judicial cuestionada desconoció el
precedente vertical contenido en la decisión de unificación del pleno de la Sección
Tercera, reiterado y desarrollado por las sentencias de la Corte Constitucional
mencionadas por el tutelante.

68. En esa determinación, el Consejo de Estado reconoció que, a pesar de resulta
exigible el término legal de caducidad en grave violaciones de derechos humanos,
el cómputo no inicia necesariamente desde la ocurrencia material del daño. El
fenecimiento de la acción comienza a contarte a partir del momento en que los
afectados conocieron o debieron conocer la participación, por acción u omisión, del
Estado y la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial. Por ello, si la
víctima o sus familiares conocían el daño, pero no tenían elementos para advertir la
intervención estatal, la caducidad no corre hasta que esa imputabilidad resulte
razonablemente cognoscible. A su vez, el fallo distingue esta regla de conocimiento
de una verdadera excepción: el término puede inaplicarse cuando existan barreras
materiales objetivas que impidan ejercer oportunamente el derecho de acción —por
ejemplo, secuestro, enfermedad u otras circunstancias que imposibiliten acudir a la
jurisdicción o constituir apoderado—; en esos eventos, el plazo no corre mientras
subsista el obstáculo y empieza a contarse una vez este desaparezca.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

69. En este contexto, la Sala recuerda que la parte demandante echa de menos la
aplicación sentencia de unificación SU-439 de 2024, la cual supera la idea de que
el término de caducidad en casos de homicidios en personas protegidas
presentadas como bajas legítimas en combate se empieza a contabilizar desde que
se conoce el daño, pues resulta relevante que desde el primer momento después
del daño antijurídico, los familiares tienen la íntima convicción de que su familiar era
un civil ajeno al conflicto armado, pero el verdadero obstáculo de acceso a la
administración de justicia es carecer de medios de prueba para controvertir la
versión de los agentes estatales.

70. En el caso de la Sentencia SU-439 de 2024, precedente aplicaba a este caso,
los familiares de la víctima del homicidio en persona protegida siempre tuvieron la
convicción íntima de que su familiar no era una baja legítima en combate pues no
era miembro de un grupo armado ilegal, y siempre conocieron que el Ejército
Nacional era el responsable de dicha muerte, pero como un falso positivo estas
convicciones carecían de respaldo probatorio. Se acercaron a instancias judiciales
como la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General de la Nación para
denunciar los hechos y solicitar a esas instancias que, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, apoyaran la recolección de medios de prueba que
cuestionaran el discurso oficial respecto de un supuesto combate. Dentro de
aquellas actuaciones ante la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría
General de la Nación, los familiares de las víctimas afirmaron que, a pesar de los
discursos oficiales, la víctima fue asesinada por una ejecución extrajudicial. La
sentencia de la Corte Constitucional indicó:

“Para la Sala Plena de la Corte Constitucional es claro que si en este caso se
hubieran seguido las exigencias de la autoridad judicial accionada, esto es, se
hubiera acudido al medio de control de reparación directa desde el momento en
el que ocurrieron los hechos o desde el momento en el que la investigación de
los hechos fue asumida por la Justicia Penal Militar, era altamente probable que
las pretensiones no tuvieran prosperidad alguna, pues para ese momento, de
acuerdo con todo lo dicho, el homicidio del señor (…) se tenía como una muerte
legítima en combate y las víctimas no se encontraban en posibilidad de acceder
a información adicional para desvirtuar dicha hipótesis institucional”.

71. Más adelante agregó que en este tipo de casos, tal como lo indican los
tutelantes, en efecto, contar con medios de prueba para, prima facie, cuestionar el
relato oficial de los hechos, si es un elemento relevante para contabilizar el
mencionado requisito de oportunidad de la demanda. Señaló la providencia:

“Pues bien, las autoridades judiciales deben ser conscientes de que las víctimas
de ejecuciones extrajudiciales se han enfrentado históricamente a múltiples
obstáculos para acceder a la verdad y, en consecuencia, a la justicia. Estos
obstáculos no solo han incluido la ausencia de información veraz sobre
los hechos, sino también un entorno de intimidación, impunidad y
encubrimiento por parte de los presuntos victimarios, lo cual ha dificultado
gravemente el acceso oportuno a los medios judiciales.

En ese sentido, en estos casos es necesario adoptar un enfoque contextual que
atienda la asimetría de poder que naturalmente existe entre las víctimas y el
Estado, que es señalado de haber cometido un daño antijurídico especialmente
grave. Por ello, no es constitucionalmente razonable exigir a las víctimas
un comportamiento estricto e inflexible en la formulación de las acciones

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judiciales, cuando el entorno mismo les ha impedido actuar de manera
libre y acceder fácilmente a la información necesaria para acudir de
manera efectiva al sistema judicial”

(…)
A propósito de lo anterior, en la reciente Sentencia SU-167 de 202336, esta
Corporación recordó el “Informe Final Hay Futuro si hay Verdad”, de la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, con el
propósito de recordar que la gravísima problemática de ejecuciones
extrajudiciales en Colombia no fue reconocida sino hasta 2008 como una
situación sistémica, cuando las madres de Soacha visibilizaron las denuncias
masivas sobre la desaparición y posterior asesinato de sus hijos.

Antes de esa fecha, las denuncias individuales de estos hechos no recibieron
atención suficiente, dados los obstáculos innegables -a veces insuperables-
que dificultaban seriamente obtener información que permitiera un acceso
oportuno y pertinente a la justicia. Este contexto de dificultades ampliamente
documentado en Colombia demanda, como lo ha señalado la Corte
Constitucional, una consideración flexible de las reglas procesales y de los
requisitos probatorios por parte del aparato jurisdiccional, siempre en favor del
mayor acceso posible a la justicia material por parte de las víctimas37.

72. A criterio de esta Sala de tutela, existe un precedente unificado directo y
aplicable al caso de la parte tutelante, relacionado con la manera en la que se
contabiliza el término de caducidad en casos de homicidios en personas protegidas
seguidas de desaparición forzada, conforme al cual, además del hallazgo de los
restos humanos de la personas a quien se le arrebató la vida, exige que el juez de
la reparación examine la posibilidad real, concreta38, de aportar medios de prueba
para hacer valer prima facie, sus pretensiones de reparación integral. En esa
medida, la Corte Constitucional en la sentencia que se comenta concluyó:

“Para la Sala Plena de la Corte Constitucional es razonable admitir que la
demandante hubiera acudido al medio de control de reparación directa una vez
tuvo noticia del preacuerdo en el que el militar (…) aceptó su responsabilidad
por la ejecución extrajudicial de (…). Esto, dado que ni en el expediente del
proceso penal ni en el de reparación directa existen pruebas que lleven a
establecer que, antes de dicha actuación, la señora (…) contara con elementos
adicionales que le permitieran controvertir o desvirtuar la versión que los
agentes de la fuerza pública mantuvieron hasta ese momento sobre los hechos.

A lo sumo, la demandante contaba solo con algunas afirmaciones, como la de
la madre del occiso, quien mencionaba la posibilidad de que se hubiera tratado
de una ejecución extrajudicial. Sin embargo, eran solamente manifestaciones
basadas en las sospechas generadas ante la incertidumbre a la que se suelen
enfrentar las víctimas en este tipo de casos. Esto, de ninguna manera llegaba a
tener la capacidad probatoria para desvirtuar, al menos prima facie, el robusto
manto de legalidad que los inculpados procuraron mantener sobre la operación
militar que terminó con la vida del señor (…).

73. Por lo anterior, la Corte Constitucional indicó:

36 M.P. Diana Fajardo Rivera.
37 Corte Constitucional SU-439 de 2024 fundamentos jurídicos 118 y subsiguientes
38 F.J. 123: “A la luz de lo expuesto, el análisis judicial de los casos relacionados con presuntas

ejecuciones extrajudiciales debe ir más allá de una simple interpretación formal de los hechos y de
los plazos procesales. Debe incorporar una comprensión profunda de las dinámicas estructurales
que impiden a las víctimas acceder a la justicia, adoptando una orientación que priorice la protección
de sus derechos fundamentales”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

“Sobre el segundo problema jurídico, consideró que la afirmación según la cual
el caso pudo tratarse de “un falso positivo”, hecha por la demandante en una
entrevista rendida ante la Fiscalía General de la Nación, era insuficiente para
iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control. Para la Sala,
exigir a las víctimas que actúen basadas en simples sospechas o
especulaciones, sin contar con elementos probatorios relevantes, resulta
irrazonable y vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, así como las garantías de verdad,
reparación integral y no repetición”. (negrillas fuera del texto).

74. A juicio de la Sala, la sentencia de 19 de noviembre de 2025 proferida por la
Sala Sexta del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en el defecto de
desconocimiento del precedente unificado contencioso y el constitucional, conforme
al cual, en casos de los erróneamente denominados “falsos positivos”, el juez de la
reparación debe examinar las condiciones concretas de la parte demandante para
acudir a la administración de justicia con medios de prueba mínimos para
controvertir la versión oficial de la baja legítima en combate y poder conocer que el
Estado participó por acción u omisión en la causación del daño o este le era
imputable. El Tribunal accionado no tuvo en cuenta este precedente a pesar de la
identidad fáctica y jurídica, y del hecho de que se trata de una sentencia de
unificación del juez constitucional, la omisión en al soslayar esta decisión
constitucional llevó al tribunal accionado a utilizar como término de caducidad, la
fecha de entrega de los restos óseos de la víctima, sin preguntarse si la delación de
los agentes estatales que participaron en la conducta punible era relevante en los
términos indicados en las sentencias SU-439 de 2024 y del 29 de enero de 2020,
proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado respectivamente.

75. Resulta relevante que el tribunal accionado ni siquiera identificó el precedente
invocado por el tutelante, el cual, en efecto, por las reglas jurisprudenciales que
contiene y los hechos que resuelve, guarda cercanía fáctica, lo cual exigía que fuese
conocido y aplicado, incluso si lo tenía en cuenta para apartarse del mismo, lo cual,
como hipótesis resulta procedente. Era necesario que el tribunal conociera y
mencionara en la providencia la sentencia de unificación que se echa de menos por
la parte tutelante, motivo por el cual, ante su soslaye, se verifica que se produjo el
defecto de desconocimiento del precedente.

76. El Tribunal accionado examinó la situación de los familiares únicamente, desde
el prisma del conocimiento de estos, el cual, como se indicó, la Sentencia SU-439
de 2024, por regla general, en casos de falsos positivos, los familiares de la víctima
tienen la convicción de que su allegado no era un miembro de un grupo armado
ilegal y, por el contrario, de lo que carecen es de los medios de prueba para
controvertir el discurso oficial que difunde que se trata de una baja legítima en
combate. Puesto que la providencia atacada no da cuenta de la sentencia de
unificación ignorada, por ello resulta natural que la autoridad judicial no se haya
interrogado por la manera en la que la delación que ocurrió dentro del proceso de
justicia transicional identificado en el Caso 03 y 04 que adelanta la JEP, impacta la
manera en la que debía contabilizarse el término de caducidad.

77. Conforme al precedente vertical del Consejo de Estado indicado, reiterado e
interpretado por las sentencias de la Corte Constitucional, el Tribunal accionado

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

debía realizar un examen de las barreras de acceso a la administración de justicia
que enfrentaron las víctimas, el cual, será particular y diferente en cada caso. El
Tribunal cuestionado debía tener en cuenta las circunstancias puntuales en las que
ocurrió el daño antijurídico. Además, estaba en la obligación de examinar la
situación socioeconómica y geográfica de la familia de la víctima, se insiste, además
de la incertidumbre probatoria respecto de todos los elementos de la
responsabilidad del Estado, y la importancia del desarrollo del proceso desarrollado
en la Jurisdicción Especial para la Paz.

78. En ese contexto, para esta Sala, tiene especial importancia el Auto de 11 de
julio de 2022 proferido por la Sala de Reconocimiento de verdad, de responsabilidad
y determinación de los hechos y conductas titulado “Asesinatos y desapariciones
forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, perpetrados por
miembros de la Fuerza Pública entre 1997 y 2007”. La Subsección llama la atención
de que en esta providencia se indica que los miembros de la fuerza pública
comparecientes obligatorios ante la JEP, como parte del aporte de la verdad, y con
el fin de recibir los beneficios condicionados que prevé la ley 1820 de 2016,
señalaron el lugar en que reposaban fosas comunes en los que se encontraban los
restos óseos de víctimas civiles que fueron ejecutadas por agentes estatales 39. En
punto a la situación del homicidio de Alveiro Úsuga Uribe el auto indica:

“(2) Eliécer de Jesús Manco Úsuga (12 años) y (3) Alveiro Úsuga Uribe.
(campesinos de Dabeiba) 37. El 10 de noviembre de 2020 en el parque principal
de Dabeiba, Antioquia, fueron entregados por la JEP a sus familiares estos dos
jóvenes que fueron sacados de sus casas y retenidos en zona rural de Dabeiba,
Antioquia, la noche del 14 de noviembre de 1997. Así lo relata la madre, “a mi
casa fueron como 50 hombres, yo me volé de milagro y me salvé porque me
tiré al rastrojo y ellos no me vieron", en denuncia ante la Fiscalía en 2008,
después de superar el temor de tantos años para poner en conocimiento de las
autoridades estos hechos. En su momento, estos hechos fueron investigados
por la justicia ordinaria, la justicia penal militar y por Justicia y Paz de la Fiscalía,
pero, fue gracias a la exhumación, identificación y los aportes a la verdad
plena de los miembros de la fuerza pública en la JEP, concretamente, la
versión del subteniente (r) Juan Manuel Grajales, compareciente del
Batallón Atanasio Girardot que, cómo se verá más adelante, el crimen de
Úsuga Uribe fue esclarecido y reconocido por primera vez.”40 (negrillas y
subrayado fuera del texto)

79. La propia providencia indica que el esclarecimiento de los hechos se produjo
luego de declaraciones de agentes estatales que, en diligencias de aporte de
verdad, finalmente señalaron las condiciones en las que se produjo el homicidio de
Alveiro Úsuga. El interrogante que se impone es en qué momento los familiares de
la víctima contaron con dicha información. Según el escrito de amparo, la citada
declaración se produjo en marzo de 2021, concretamente el 5 de aquel mes. Sin
embargo, el hecho de que la diligencia hubiera tenido lugar en esa fecha exige
verificar si las víctimas indirectas participaron en ella o, al menos, si conocieron

39 Se lee en la providencia: “La Sala encontró que los asesinatos y desapariciones forzadas en el
Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública
entre 1997 y 2007, se encontraban en la impunidad y que se configuró un verdadero patrón
macrocriminal de desaparición forzada entorno a los cementerios municipales como lugar propicio
para el ocultamiento de las víctimas de homicidio y asesinato” Folio 12 del auto.
40 Folio 25 del auto mencionado.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

oportunamente su contenido, pues, de no ser así, la providencia mediante la cual
se les comunicó jurídicamente que su familiar fue víctima de un homicidio en
persona protegida habría sido el auto del 11 de julio de 2022, cuyo ordinal
resolutivo sexto dispuso:

“Sexto. – PONER A DISPOSICIÓN de las víctimas acreditadas dentro del
caso conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, Casos 03
y 04, y de la Procuraduría Primera Delegada con funciones de Coordinación e
Intervención ante la JEP, los hechos y conductas determinados por esta
Sala, así como todos los anexos y pruebas en los que se fundamenta la
decisión, con el fin de que cuenten con la oportunidad procesal para
pronunciarse sobre estos, así como respecto de la atribución de
responsabilidad individual efectuada por la Sala en esta providencia, si así lo
consideran necesario. Para ello, la Sala de Reconocimiento les OTORGARÁ el
plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de
esta decisión. Igualmente, dentro de este mismo término, en caso de
considerarlo necesario y pertinente, podrán pronunciarse respecto de los
hechos y conductas determinados en esta providencia, así como sobre la
participación de los comparecientes individualizados en esta providencia”
(negrilla y subrayado fuera del texto).

80. No se trata de que el juez de tutela reemplace al juez de la reparación y fije una
fecha para contabilizar el término de caducidad. Lo que se evidencia es que, dentro
del expediente ordinario se verifica material probatorio que evidencia que los
demandantes enfrentaron, de manera concreta, barreras de acceso a la
administración de justicia debido a las dificultades probatorias para superar la
incertidumbre respecto de los elementos de la responsabilidad del Estado. A título
de obiter dictum es relevante indicar que, prima facie, el momento en que los
familiares tuvieron conocimiento de medios de prueba para ejercer la demanda de
reparación directa, está relacionado con el avance del proceso judicial de la
Jurisdicción Especial para la Paz.

81. En esta lógica, la Sala considera importante detenerse en el yerro que reclamó
el desconocimiento de los elementos probatorios establecidos en la justicia
transicional, el cual tiene un vínculo estrecho con la desatención del precedente
contencioso y constitucional. Sobre el defecto fáctico41 debe tenerse en cuenta que
la jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando el fallo cuestionado demuestra una indebida
y contraevidente valoración probatoria, una falta de análisis de pruebas que obran
en el expediente, un estudio de pruebas nulas de pleno derecho, una omisión en el
deber probatorio oficioso por parte de la autoridad judicial o el desconocimiento de
reglas probatorias.

82. En el caso concreto, el Tribunal accionado incurrió en una indebida valoración,
al declarar probada la caducidad sin apreciar, de manera integral, las barreras de
conocimiento que impedían afirmar que los demandantes contaban desde el 10 de
noviembre de 2020 con elementos suficientes para imputar patrimonialmente el
daño al Estado. En efecto, la entrega de los restos permitió conocer la cesación
material de la desaparición forzada, pero no resolvía, por sí sola, las barreras que

41 Corte Constitucional, sentencias SU-842 de 2013; SU-355 de 2017, SU-129 de 2021 y T-107 de

2023.

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Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

históricamente habían impedido a la familia conocer la responsabilidad estatal: la
versión oficial inicial que presentó los hechos como una baja en combate; el traslado
temprano de la investigación a la justicia penal militar; la ausencia de una respuesta
efectiva de la justicia ordinaria durante más de veinte (20) años; el carácter
fragmentario de la información disponible para las víctimas; y el contexto de temor
que llevó a la familia a suspender la búsqueda por razones de seguridad.

83. En ese escenario, el auto del 11 de julio de 2022 no podía ser tratado como un
elemento secundario o meramente confirmatorio, pues era una pieza relevante para
establecer cuándo las víctimas contaron con una reconstrucción institucional
suficiente sobre la intervención de miembros del Ejército Nacional y, por tanto, sobre
la posibilidad real de atribuir responsabilidad patrimonial al Estado. En el expediente
del proceso de reparación directa no obran medios de prueba que permitan concluir
que los familiares recibieron información oficial respecto de los hechos del homicidio
de Alveiro Úsuga, con anterioridad a esa providencia emitida en el marco de la
justicia transicional. La Sala insiste que el Tribunal impugnado debía examinar la
importancia de ese medio de prueba en la certeza de los familiares de la víctima
respecto de la posibilidad de ejercer el derecho de acción con elementos de prueba
relevantes para hacer valer sus pretensiones de reparación.

84. La indebida valoración consistió en restar la importancia de estos actos para
inferir la atribución de responsabilidad del Estado y otorgar mayor prevalencia a la
fecha en la que la JEP, la Fiscalía y Medicina Legal entregaron a los familiares los
restos de Alveiro Úsuga Uribe, previamente exhumados e identificados, y
comenzaron a sindicar miembros de la fuerza pública como causantes del daño.
Esto implicó aplicar un término de caducidad que no atendía un real conocimiento
de la participación de agentes estatales y desconocía las barreras de acceso que
soportaron las víctimas para demandar la responsabilidad.

85. En esa medida, la autoridad judicial cuestionada no podía declarar la caducidad
con fundamento exclusivo en la entrega de los restos y en referencias generales al
Caso 03 de la JEP, pues el estándar jurisprudencial aplicable no exige solo el
conocimiento del daño, sino también la posibilidad razonable de advertir la
participación por acción u omisión del Estado y de atribuirle responsabilidad
patrimonial. La omisión de valorar el auto del 11 de julio de 2022 desconoció esa
distinción y trasladó indebidamente a las víctimas la carga de demandar cuando aún
no contaban con elementos suficientemente precisos sobre la imputabilidad estatal.
Además, en un asunto de desaparición forzada y graves violaciones de derechos
humanos, el principio pro damnato imponía que cualquier duda sobre el momento
inicial del término de caducidad se resolviera en favor del acceso a la administración
de justicia y del estudio de fondo de la reparación. Así, al prescindir del valor
probatorio determinante de esa providencia, el Tribunal fijó anticipadamente el inicio
del término de caducidad y cerró injustificadamente el acceso al juez natural de la
responsabilidad estatal.

86. Por lo anterior, esta Sala concluye que se presentó el defecto de
desconocimiento del precedente constitucional, en particular, del precedente
vertical contenido en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 del

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pleno de la Sección Tercera, reiterado y desarrollado en la Sentencia SU-439 de
2024, providencias que era precedente directo y unificado, de necesario
conocimiento y aplicación por parte del Tribunal administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de decisión, debido a que la autoridad judicial demandada omitió identificar el
precedente pertinente, al resolver el caso en abierta contradicción con las reglas
fijadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y al no justificar
adecuadamente su decisión.

87. En el mismo contexto, se presentó un defecto fáctico debido a que, el tribunal
accionado omitió valorar la situación concreta de los tutelantes, respecto de su
conocimiento y posibilidad de presentar la demanda de reparación directa, con un
material probatorio relevante para hacer valer su pretensión. El Tribunal omitió
examinar el estudio de las barreras de acceso por omisión de valoración probatoria
a la luz del precedente judicial mencionado.

88. En este contexto, se amparará el derecho al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la parte tutelante, y se dejará sin efecto la Sentencia
297 de 19 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia en el radicado 05001-33-33-022-2023-00340-
01. Como consecuencia de ello, se ordenará al Tribunal que, en el término de veinte
(20) días contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera decisión
de reemplazo en la que aplique el precedente unificado contenido en el precedente
vertical de 29 de enero de 2020 proferido por el Pleno de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, reiterado en las Sentencia SU-439 de 2024, T-202 de 2025, T-
459 de 2025 y T-086 de 2026.

89. Con base en las reglas contenidas en la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020 del pleno de la Sección Tercera, reiterada y desarrollada por las
sentencias SU-439 de 2024 y T-202 de 2025 de la Corte Constitucional, el
Tribunal Administrativo de Antioquia deberá examinar si en el caso concreto se
presentaron barreras de acceso en materia probatoria y si existía una falta de
certeza para conocer con exactitud el momento para realizar la imputación a las
autoridades estatales, conforme los principios pro actione y pro damato.

90. Dado que la configuración del desconocimiento del precedente y del defecto
fáctico resulta suficiente para conceder el amparo y dejar sin efectos la providencia
cuestionada, la Sala se abstendrá de realizar un estudio autónomo de los cargos
por defecto sustantivo y violación directa de la Constitución.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de la parte actora.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01792-00
Accionante: Elvia Rosa Uribe de Úsuga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Sentencia No 297 de 19 de noviembre de
2025, proferida por la Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de
Antioquia en el marco del proceso identificado con el radicado 05001-33-33-022-
2023-00340-01.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión Oral, que, dentro del término de veinte (20) días contados a
partir de la notificación de la providencia, profiera una sentencia de reemplazo. En
dicha decisión, deberá adoptar los siguientes criterios: (i) aplicar el precedente
vertical contenido en la sentencia del 29 de enero de 2020, proferido por el pleno de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como el establecido en fallo SU-439
de 2024 y reiterado en las providencias T-202 de 2025, T-459 de 2025 y T-086 de
2026, emitidas por la Corte Constitucional; y (ii) examinar si, en el caso concreto, se
presentaron barreras de acceso en materia probatoria y si existía incertidumbre
sobre el momento a partir del cual debía realizarse la imputación a las autoridades
estatales, de conformidad con los principios pro actione y pro damato.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio
más expedito.

QUINTO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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