Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01799-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01799-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01799-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01799-00
Accionante: Cayetano Bohórquez
Accionados: Consejo de Estado Sección Primera y otros
Tema: Derechos: debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Incumplimiento de órdenes impartidas en acción popular. FALTA
DE LEGITIMACIÓN
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Cayetano Bohórquez, en
nombre propio y en calidad de veedor de la Vía Nacional Nominada «Los Curos –
Málaga», en contra del Consejo de Estado, Sección Primera; del Tribunal
Administrativo de Santander; de las alcaldías de Málaga, de San José de Miranda,
de Molagavita, de San Andrés, de Guaca, de Santa Bárbara y de Piedecuesta; del
señor Danil Román Velandia Rojas y de la Gobernación de Santander.
ANTECEDENTES
El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso «en su dimensión de ejecución de
sentencia», que considera vulnerados por el presunto incumplimiento de la
sentencia del 6 de junio de 2019 proferida en la acción popular con radicado 68001-
23-33-000-2015-00847-00 [01].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el señor Danil Román Velandia Rojas promovió una acción popular en contra
del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), del Fondo de Adaptación adscrito al
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del departamento de Santander, - Archivo Central.
con
ocasión del mal estado de la vía «Los Curos-Málaga».
Que le correspondió al Tribunal Administrativo de Santander con radicado 68001-
23-33-000-2015-00847-00 [01], quien en sentencia del 28 de junio de 2017 amparó
los derechos colectivos a la seguridad pública, a la previsión de desastres
previsibles técnicamente y a la defensa del patrimonio público por la amenaza en la
vía mencionada.
Que INVÍAS y los señores Danil Román Velandia Rojas y Edgar Leonardo Velandia
Rojas apelaron la providencia de primera instancia y, el Consejo de Estado, Sección
Primera en sentencia del 6 de junio de 2019 adicionó y confirmó la decisión del a
quo.
Que en el año 2021 iniciaron las obras de pavimentación total del corredor vial «Los
Curos – Málaga», conforme al cronograma presentado por INVÍAS; sin embargo, a
la fecha de presentación de la tutela «no se han ejecutado más de diez (10)
kilómetros nuevos de pavimentación y únicamente se ha intervenido un punto
crítico, lo que evidencia un rezago significativo frente a las obligaciones impuestas
judicialmente».
Que en el año 2026 se anunció la apropiación de cuarenta y tres mil millones de
pesos y la intervención de tres (3) puntos críticos adicionales con recursos
provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; no
obstante, el Diario Vanguardia Liberal informó que «tales compromisos no se
ejecutarían durante el año en curso», circunstancia que el actor estima agrava la
situación y profundiza el incumplimiento, pues «sigue sin atenderse la zona
denominada como sitio critico [sic] 43, el hundimiento en el sector de pangote».
Que las obras ejecutadas entre los municipios de Guaca y San Andrés, a cargo del
contratista Consorcio Vías Colombia (OHL), presentan deterioro y pese a
encontrarse dentro del periodo de garantía no se evidencian acciones eficaces por
parte de los obligados para corregir dichas fallas.
Que los alcaldes de los municipios beneficiados con la construcción de la vía, la
Defensoría del Pueblo de Santander y la Procuraduría General de la Nación no han
ejercido la debida supervisión y vigilancia de la ejecución de la obra.
Sostiene que el juez ordinario «ha visto debilitada su capacidad de garantizar el
cumplimiento efectivo del fallo, pues las medidas adoptadas hasta ahora no han
resultado idóneas ni eficaces para lograr la ejecución material de lo ordenado».
PRETENSIONES
El accionante pide que se amparen los derechos invocados y se ordene a los
accionados, lo siguiente:
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• Archivo Central.
• Al Consejo de Estado, Sección Primera y al Tribunal Administrativo de Santander,
que fijen reglas claras, precisas y verificables para el cumplimiento integral del fallo
de la acción popular, incluyendo la definición concreta de recursos, cronogramas,
obras pendientes y atención de puntos críticos, con plazo máximo de pavimentación
total el 31 de diciembre de 2029.
• A los alcaldes municipales rendir informes periódicos, completos y veraces sobre
el estado de la vía y el avance real de las obras, y en caso de incumplimiento o
renuencia, imponer las medidas correctivas correspondientes por desacato o falta
de colaboración con la administración de justicia.
• A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a los
personeros municipales de la jurisdicción que participen activamente en el comité
de verificación, aportando informes técnicos y de seguimiento, en cumplimiento de
su deber institucional de apoyo a la administración de justicia.
Adicionalmente, pide que se ordene: 1) vincular al comité de verificación al Ministerio
de Transporte, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Departamento Nacional de Planeación,
con el fin de garantizar el respaldo presupuestal, técnico y administrativo necesario
para el cumplimiento efectivo de la sentencia y 2) publicar en los municipios
beneficiarios los fallos que resolvieron la acción popular y esta tutela.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 11 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela, se vinculó al Instituto
Nacional de Vías (INVIAS), al Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y a la Defensoría Regional del Pueblo de Santander, como terceros
interesados, y se ordenó notificar a los accionados.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Consejo de Estado, Sección Primera y las alcaldías de Málaga y Molagavita
solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto la controversia planteada en la acción de tutela se relaciona con el presunto
incumplimiento de las órdenes impartidas dentro de la acción popular 2015-00847-
01, cuya verificación le corresponde al juez de primera instancia y no a esas
autoridades.
La Gobernación de Santander señaló que dentro de la acción popular con radicado
68001-23-33-000-2015-00847-01, se viene adelantando ante el Consejo de Estado
y el Tribunal Administrativo de Santander, comités de verificación, imposición de
medidas y actuaciones de control judicial, lo que demuestra que el mecanismo
ordinario no se encuentra inactivo ni ha perdido eficacia funcional; de ahí que, la
acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad.
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• Archivo Central.
Adicionalmente, pidió su desvinculación de la acción de tutela, bajo el entendido que
la Secretaría de Infraestructura departamental no ostenta la calidad de sujeto
principal obligado al cumplimiento de la sentencia objeto de discusión, pues dicha
competencia recae principalmente en INVÍAS.
El señor Danil Román Velandia Rojas alegó que el actor carece de legitimación en
la causa por activa, para interponer la acción de tutela contra una providencia
judicial, ya que no estuvo vinculado al proceso en el que se profirió esta, por lo que
no puede considerarse afectado en su derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia por las actuaciones surtidas en el trámite de dicho proceso
judicial.
Además, dijo que la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, en
la medida que el actor cuenta con los siguientes mecanismos de defensa judicial
dentro de la acción popular: 1) solicitud de cumplimiento ante el Tribunal
Administrativo de Santander; 2) incidente de desacato y 3) participación en el comité
de verificación de la sentencia, donde puede exponer sus quejas sobre el avance
de la vía «Los Curos- Málaga».
El Tribunal Administrativo de Santander solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por activa del señor Cayetano Bohórquez, bajo el entendido
que los integrantes de la veeduría no adquieren automáticamente la calidad de
parte, coadyuvante o integrante formal del comité de verificación fijado en la
sentencia de la acción popular, y por ello carecen de legitimación para cuestionar
por tutela decisiones y/o actuaciones del proceso principal cuando no ostentan la
titularidad del derecho fundamental presuntamente vulnerado.
Las alcaldías de San José de Miranda, de San Andrés, de Guaca, de Santa
Bárbara y de Piedecuesta, fueron debidamente notificados de la acción de tutela,
pero no se pronunciaron al respecto.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó
que en relación con la acción popular se han presentado las siguientes acciones de
tutela:
Radicado Tutela Autoridades judiciales que
fallaron la decisión
11001-03-15- Alega que existe una demora al interior del - Consejo de Estado, Sección
000-2018- Tribunal de Arbitramento que lleva a cabo la Segunda, Subsección A,
03920-00 controversia contractual entre Sacyr S.A. sentencia del 6 de diciembre de
Construcción S.A. Sucursal Colombia y el 2018, donde se rechazó por
Fondo de Adaptación improcedente la acción de
tutela.
-La Sección Tercera,
Subsección C de la corporación
confirmó el fallo.
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Radicado Tutela - Archivo
Autoridades judiciales Central.
que
fallaron la decisión
2019-00105- Tutela en contra del Fondo de Adaptación e El Juzgado Primero Promiscuo
00 INVÍAS, por la presunta vulneración de los de Familia del Circuito de
derechos fundamentales al acceso a la Málaga en sentencia del 8 de
justicia y a la seguridad vial, en el tramo agosto de 2019 rechazó por
declarado en falla geológica, derechos a la improcedente la tutela.
locomoción y tránsito.
11001-03-15- Solicitó ordenar al Tribunal de Arbitramento y Consejo de Estado, Sección
000-2019- conciliación de Bogotá, resolver el conflicto Tercera, Subsección A en
03922-00 jurídico entre Sacyr y el Fondo de Adaptación sentencia del 03 de octubre de
frente a la discusión de los Puentes la Judía y 2019 declaró improcedente la
el SC 43 de la Vía los Curos - Málaga, que se tutela.
encuentra radicado bajo el núm. 5475.
11001-03-15- Solicitó: 1) habilitar el tránsito vial de peatones Consejo de Estado, Sección
000-2019- y automotores sobre el puente denominado Tercera, Subsección C en fallo
05094-00 Hisgaura, ubicado en jurisdicción del del 13 de febrero de 2020
municipio de San Andrés- Santander y 2) declaró improcedente la acción
ordenar al Tribunal de Arbitramento y de tutela.
Conciliación de Bogotá, resolver el conflicto
entre Sacyr y el Fondo de Adaptación.
11001-03-15- Solicitaron: que 1) la Sección Cuarta y la Consejo de Estado, Sección
000-2020- Sección Tercera, Subsección C del Consejo Segunda, Subsección B en
02550-00 de Estado decidan las acciones de tutela sentencia del 16 de julio de
11001-03-15-000-2019-05113-00 y 11001- 2020 declaró improcedente la
03-15-000-2019-05094-00; 2) que el Tribunal tutela.
Administrativo de Santander desate el recurso
de reposición interpuesto contra el auto de 12
de diciembre de 2019; 3) que la Sección
Primera de esta corporación calcule en
(smlmv) las costas procesales fijadas en la
referida acción popular; y 4) al Consejo
Superior de la Judicatura incluir en las
excepciones a la suspensión de términos
judiciales establecida a causa del virus
COVID-19 el trámite de las acciones
populares.
11001-03-15- Pidió realizar el comité de verificación en Consejo de Estado, Sección
000-2021- Málaga de manera presencial y ordenar: 1) a Segunda, Subsección B declaró
04698-00 los demás jueces del Tribunal, dar rapidez a improcedente la tutela.
sus procesos, para que arreglen las obras que
están dañadas, los puntos críticos y las zonas
siniestradas; 2) al Señor director de INVÍAS,
comenzar las obras de pavimentación, en
especial la de los kilómetros 2 al 9 y, 122 al
124 de la vía Málaga los curos y 3) al Señor
director de INVIAS, y al director del Fondo de
Adaptación, realizar los mantenimientos del
puente hizgaura y hacer las obras de la judía
y las viejas en el kilómetro 43.
Adicionalmente, adujo que la acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad.
La Defensoría Regional del Pueblo de Santander y el Instituto Nacional de Vías
(INVÍAS), fueron debidamente notificados de la acción de tutela; sin embargo,
guardaron silencio.
Se decidirá previa las siguientes,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01799-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
CONSIDERACIONES - Archivo Central.
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) legitimación en la
causa por activa y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Legitimación en la causa por activa
El artículo 86 de la Constitución Política establece la facultad que tiene toda
persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su
nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales. A su vez, el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 dispone la legitimidad para el ejercicio de la acción de tutela; la norma
indica que esta puede ser presentada: 1) directamente por la persona que
considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales; 2) a través de
su representante legal; 3) por medio de apoderado judicial; 4) por agente oficioso
y 5) mediante el defensor del pueblo y los personeros municipales.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien radica
la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser así deberá
declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del asunto.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el señor Cayetano Bohórquez estima que el Consejo de Estado,
Sección Primera; el Tribunal Administrativo de Santander; las alcaldías de Málaga,
de San José de Miranda, de Molagavita, de San Andrés, de Guaca, de Santa
Bárbara y de Piedecuesta; el señor Danil Román Velandia Rojas y la Gobernación
de Santander le trasgreden sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, por el presunto incumplimiento de las
órdenes dadas en la sentencia del 6 de junio de 2019 en la acción popular con
radicado 68001-23-33-000-2015-00847-00 [01].
El actor argumenta que las autoridades judiciales accionadas no han adelantado
todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las órdenes
impartidas en la sentencia del 6 de junio de 2019 que amparó derechos colectivos
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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
y, los municipios beneficiados con la construcción de la vía «Los Curos- Archivo Central.
• Málaga»
(ubicada en el departamento de Santander), la Defensoría Regional del Pueblo de
Santander y la Procuraduría General de la Nación, no han ejercido el debido
seguimiento y verificación de los avances de las obras que se han ejecutado y de
los puntos críticos que faltan por intervenir.
El señor Danil Román Velandia Rojas afirma que el actor carece de legitimación en
la causa para interponer la acción de tutela contra una providencia judicial, porque
éste no participó en la acción popular.
Al respecto, la Sala encuentra que, en principio, le asistiría legitimación en la causa
por activa al señor Cayetano Bohórquez, en la medida que no se está cuestionando
la Sentencia del 6 de junio de 2019 que se profirió en la acción popular 2015-00847-
01, sino que se reclama el cumplimiento de las órdenes allí emitidas y el tutelante
actúa como veedor de la Vía nacional nominada «Los Curos – Málaga», cuyo
reconocimiento se efectuó mediante la Resolución núm. 026 de 2021 1 y, se trata de
hacer efectiva la protección de los derechos colectivos.
No obstante, en vista de que el actor alega la violación de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, la Sala
no encuentra como las autoridades accionadas le pueden transgredir las garantías
invocadas; si se tiene en cuenta que éste no intervino en el trámite de la acción
popular y no obra prueba siquiera sumaria en esta acción que acredite que el señor
Bohórquez solicitó el cumplimiento de la sentencia ante el Tribunal Administrativo
de Santander, presentó incidente de desacato o participó en el comité de
verificación.
Así las cosas, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Cayetano Bohórquez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Cayetano Bohórquez, conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
1 La personera municipal de Guaca aceptó la inscripción de la veeduría ciudadana y ordenó la inscripción en el
registro público con el número 002/21 del acta de constitución presentada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01799-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
2591 de 1991. - Archivo Central.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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