Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01800-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01800-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01800-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01800-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: HUGO LEONARDO SUÁREZ LIZCANO
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. REITERACIÓN
DE DEBATE YA ZANJADO EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
SALUD, VIDA DIGNA Y TRABAJO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA1.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor HUGO LEONARDO SUÁREZ LIZCANO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
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En adelante Tribunal.
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Actor: HUGO LEONARDO SUÁREZ LIZCANO
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la salud,
a la vida digna, al trabajo y al principio de la buena fe, los cuales
estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la
providencia de 12 de noviembre de 2025 dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2024-00117-02.
I.2.- Hechos
Manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL,
con el fin de que se declarara la nulidad de la Orden Administrativa
de Personal núm. 24-054 de 23 de febrero de 2024, mediante la cual
se ordenó su traslado desde la Seccional de Investigación Criminal
Sijin - Metropolitana de Santa Marta, al Departamento de Policía del
Magdalena Medio y, en su lugar, que se decretara su desvinculación
del Servicio de Investigación Criminal e Interpol y se ordenara su
traslado al Departamento de Policía del Magdalena o, en su defecto,
a la Policía Metropolitana de Santa Marta.
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Actor: HUGO LEONARDO SUÁREZ LIZCANO
Mencionó que al proceso le fue asignado el número único de
radicación 2024-00117-00 y correspondió en primera instancia al
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SANTA MARTA2 que, mediante auto de 25 de julio de 2024, decretó
la suspensión provisional de manera parcial del acto administrativo
acusado, en lo atinente a la orden de traslado, de modo que se le
permitiera al actor continuar prestando sus servicios en el Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, decisión confirmada en
proveído de 9 de septiembre de 2025.
Adujo que en sentencia de 6 de mayo de 2025 el JUZGADO accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda, por lo que declaró la
nulidad del acto administrativo demandado y ordenó mantener la
prestación del servicio en el Departamento de Policía del Magdalena
o, en su defecto, en la Policía Metropolitana de Santa Marta.
Advirtió que la parte demandada, inconforme con lo anterior,
interpuso recurso de apelación, que fue desatado por el TRIBUNAL
en providencia de 12 de noviembre de 2025, a través de la cual
levantó la medida cautelar decretada, revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
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En adelante el Juzgado.
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Actor: HUGO LEONARDO SUÁREZ LIZCANO
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo, comoquiera que aplicó de manera mecánica la
presunción de legalidad de los actos administrativos y desconoció la
protección reforzada de los adultos mayores y de menores de edad,
pues pasó por alto que su padre fue diagnosticado con “[…] Parkinson
[…]” e intervenido quirúrgicamente, sumado a que su esposa e hija
requieren de su total ayuda, pues esta última cuenta con una
recomendación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Refirió que aplicó de manera absoluta la discrecionalidad
administrativa, la cual no es absoluta y debe ejercerse respetando
los derechos fundamentales del trabajador y su núcleo familiar, así
como los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Sostuvo que también incurrió en defecto fáctico al introducir
hechos nuevos sin respaldo probatorio y omitir pruebas médicas y
familiares relevantes, pues en ella se afirmó que su hermana cuidaba
a su padre sin existir constancia de ello, además, confundió la Orden
Administrativa de Personal con una encuesta virtual de la DIJIN para
justificar el traslado; así también, en desconocimiento del
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Actor: HUGO LEONARDO SUÁREZ LIZCANO
precedente judicial al apartarse injustificadamente de las reglas
fijadas por la Corte Constitucional3 y el Consejo de Estado4 frente a
la discrecionalidad administrativa, motivación real de los actos y
protección de sujetos vulnerables.
Destacó que de igual manera se incurrió en violación directa de la
Constitución, al desconocer de manera flagrante y sin justificación
los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 13, 23, 25,
29, 44, 48, 49 y 83 de la Carta Política.
Adujo que la decisión cuestionada carece de motivación, en la
medida en que justificó su traslado con argumentos superficiales
como la prima de instalación y las consultas ocasionales hechas en
otras ciudades que no desvirtúan la afectación real acreditada en el
expediente ordinario.
3
SU-556 de 2019, T-363 de 2022 y T-175 de 2016: respecto a que la discrecionalidad no puede usarse
como represalia, por lo que ello desvirtúa la presunción de legalidad.
T-198 de 2006 y T-585 de 2017: teniendo en cuenta que la reubicación laboral debe ser real y efectiva
garantizando condiciones dignas para servidores con pérdida de capacidad laboral.
T-286 de 2019: por cuanto los jueces deben analizar la motivación real del acto, evitando aceptar
razones aparentes.
SU-428 de 2023: reconoce la protección reforzada para personas con pérdida de capacidad laboral y
advierte que aplicar criterios porcentuales de manera automática desconoce el precedente.
T-098 de 2018: las represalias contra quienes denuncian discriminación vulneran el derecho a la
igualdad.
T-1040 de 2001: el derecho al trabajo implica condiciones de estabilidad relativa y respeto por la
dignidad humana.
T-363 de 2022 y T-498 de 2024, T-175 de 2016: La Corte ha protegido en múltiples ocasiones a
servidores públicos trasladados arbitrariamente y de manera desproporcionada cuando se afecta
gravemente la unidad familiar y la salud.
T-760 de 2008 y T-175 de 2016: La jurisprudencia constitucional ha señalado que la continuidad del
tratamiento clínico es parte del derecho fundamental a la salud.
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Sentencia de 6 de mayo de 2012, radicación 25000-23-25-000-2002-12596-01
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Actor: HUGO LEONARDO SUÁREZ LIZCANO
Finalmente, indicó que el poder discrecional no es ilimitado y debe
estar sometido al control constitucional, pues en su caso se ejerció
de manera arbitraria e ignorando pruebas esenciales y derechos
prevalentes.
I.4.- Pretensiones
El actor solicita el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena el 12 de noviembre de
2025 (Radicado 47-001-3333-010-2024-00117-02).
CONFIRMAR en su integridad la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Santa Marta el 06 de mayo de 2025 (Radicado 47-001-3333-
010-2024-00117-00), que declaró la nulidad parcial de la Orden
Administrativa de Personal No. 24-054 del 23 de febrero de 2024
y ordenó a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL, mantener la prestación de mis servicios en el
Departamento de Policía Magdalena o en la Policía Metropolitana
de Santa Marta.
ORDENAR a la Policía Nacional que, en cumplimiento del fallo de
tutela, se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo de
traslado que desconozca mi situación familiar y de salud, y que
garantice mi permanencia en la ciudad de Santa Marta o en el
Departamento del Magdalena, así mismo mi reubicación laboral
en condiciones reales y efectivas, conforme a la recomendación
de la Junta Médico Laboral y a la protección reforzada reconocida
por la Corte Constitucional (T-198 de 2006, T-585 de 2017, SU-
428 de 2023) […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela ante la no vulneración de los derechos deprecados.
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I.6. Intervinientes
I.6.1.- La POLICÍA NACIONAL solicitó que se deniegue el amparo
solicitado, puesto que no ha vulnerado los derechos alegados.
I.6.2.- El JUZGADO, a pesar de ser vinculados en debida forma,
guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
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Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
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anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 12 de noviembre de 2025,
proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2024-00117-02.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la salud, a la vida
digna, al trabajo y al principio de la buena fe, habida cuenta de que,
a juicio de la parte actora, se incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico, desconocimiento del precedente judicial, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución, comoquiera
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que se justificó la aplicación discrecional absoluta en el asunto, sin
respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben
tener los actos administrativos que gocen de dicha potestad.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en la vía de hecho alegada.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Actor: HUGO LEONARDO SUÁREZ LIZCANO
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: HUGO LEONARDO SUÁREZ LIZCANO
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
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asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la
relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el
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actor es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a
consideración del juez natural, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.
En efecto, la inconformidad del actor se sustenta, básicamente, en
que la autoridad judicial accionada no valoró adecuadamente el
material probatorio allegado al proceso ordinario ni aplicó la
jurisprudencia referente a la facultad discrecional, por lo que justificó
el traslado ordenado con argumentos superficiales, pese a que
estaba desvirtuada la legalidad del acto administrativo acusado.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el
TRIBUNAL, así:
“[…] En el presente asunto, se tiene que, como ya se anunció,
la parte actora alega que con la expedición del acto
administrativo de traslado se incurrió en falsa motivación,
violación al debido proceso, desviación de poder, e inobservancia
o infracción de las normas en que debía fundarse.
Al respecto, se advierte que uno de los argumentos del
accionante, es que el traslado obedeció a un castigo en su
contra, por el hecho de haber puesto en conocimiento hechos
constitutivos de racismo y abusos al interior de la institución,
pero en el presente proceso siquiera aportó prueba alguna o
acreditó la existencia de tales circunstancias, por lo que ese
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sustento se cae por su propio peso, al no haber sido probado en
el cartulario.
[…]
Ahora bien, en relación con los demás cargos de nulidad, debe
precisarse que, a juicio de este Tribunal, la competencia que
recae en el Director General de la Policía Nacional de disponer
traslados a través de órdenes administrativas, constituye una
manifestación del ius variandi, que consiste en la facultad del
nominador de modificar las condiciones en la prestación del
servicio, en razón del poder subordinante que tiene sobre los
empleados.
En este caso en particular, el intendente HUGO LEONARDO
SUAREZ LIZCANO invocó ante la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, razones de salud, personales y
familiares que, a su juicio, debieron ser tenidas en cuenta por la
entidad para reconsiderar la decisión de trasladarlo de su sede
de trabajo a un lugar que lo alejaría de su cónyuge, de su
progenitor y de su menor hija, desintegrando con grave
afectación su núcleo familiar.
En este punto, es necesario iterar que la facultad de traslado del
personal policial se ejerce en un amplio margen de
discrecionalidad, justamente por el tipo función que cumple la
Policía Nacional, que exige la eficiente y oportuna prestación del
servicio en las zonas que reclamen la presencia policial. Para la
Sala, en el sub lite, esa facultad discrecional se ejerció en el
marco de la proporcionalidad y la razonabilidad, por cuanto el
traslado obedeció a razones del servicio y no desmejoró las
condiciones laborales del actor.
En efecto, tiénese que, a juicio de este Tribunal, la decisión de
traslado del actor, contrario a lo concluido por el a quo, no afecta
su núcleo familiar ni la salud propia del accionante, ni de los
mismos, pues se observa que pese a que el peticionario afirma
que su esposa e hija padecen quebrantos de salud y que
dependen económica y emocionalmente de él, no adosó al
plenario prueba que demostrara su imposibilidad para
acompañarlo a su nuevo lugar de trabajo, máxime si se tiene en
cuenta que el factor de tipo económico no es impedimento, pues
le fue reconocida en el acto administrativo de traslado la prima
de instalación. En este sentido, no se acreditó, además, limitante
alguna que impida a la esposa e hija del progenitor continuar el
tratamiento médico correspondiente en la nueva entidad
territorial a la cual fue traslado (sic). Llegado a este punto no
puede soslayarse que, verbigracia, se avizora que tanto la
cónyuge, como la hija del aquí accionante, de hecho, han venido
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recibiendo atención médica en otra ciudad, específicamente en
la ciudad de Barranquilla. Lo anterior, de conformidad con las
solicitudes de permiso allegadas por el extremo accionante y que
seguidamente se transcriben, en lo pertinente:
[…]
Colofón de lo anterior, se itera, no se vislumbra, desde un punto
de vista médico, que la señora KELLY PAOLA FERNÁNDEZ
VALLEJO y la joven ARLETH PATRICIA SUÁREZ FERNÁNDEZ, se
encuentren imposibilitadas para proseguir su atención o
tratamiento en otra ciudad distinta de Santa Marta, máxime si
se tiene en cuenta que, tal como se explicitó, las mismas vienen
siendo atendidas en la ciudad de Barranquilla (Atlántico).
Llegado a este punto, conviene acotar, además, que se
encuentra acreditado que a la cónyuge del aquí accionante le
fueron extirpados los tumores que le fueron detectados en su
momento y, conforme a las pruebas oportunamente allegadas,
ha venido asistiendo a citas de control, las cuales, se itera,
pueden y han venido teniendo lugar en otra ciudad.
De forma similar y, en relación con el padre del aquí accionante,
vale decir, el señor HUGO SUÁREZ PÉREZ, se advierte no solo
también que ha venido recibiendo atención médica en otra
ciudad (específicamente en las ciudades de Barranquilla
D.E.I.y.P. y Bogotá D.C.), sino que, además, no puede
soslayarse que el cuidado del mismo no estaría, de forma
exclusiva, a cargo del actor, sino de la hermana de este;
circunstancias que permiten inferir que el traslado del aquí
accionante en nada afecta la salud del mismo, ni mucho menos
las labores de cuidado. En efecto, seguidamente se trae a
colación las solicitudes de permisos elevadas en su oportunidad
por el actor, de las cuales se infieren las circunstancias anotadas,
así:
[…]
Al respecto, se advierte que el motivo de inconformidad del aquí
accionante radica, además, no en el traslado, per se, sino en el
hecho de que no hubiere sido trasladado de forma específica a
una oficina asesora jurídica o como abogado en el Departamento
de Policía Magdalena (DEMAG) o en la Policía metropolitana de
Santa Marta (MESAN), como lo solicitó en su momento. Así pues,
debe precisar esta Corporación que, si bien la profesionalización
del personal de Policía constituye un fin loable, no es menos
cierto que los traslados al interior de dicha institución no pueden
corresponder a un mero capricho, sino que únicamente tienen
como fundamento la necesidad del servicio.
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Así las cosas, para esta Sala resulta imperioso resaltar que,
precisamente y, tal como se indica en el hecho sexto del libelo
genitor, al aquí accionante le fue puesto a disposición, por parte
de la Policía Nacional, un formulario en el cual se le instaba a
escoger, de forma obligatoria, tres (03) unidades a fin de
efectuar su traslado, circunstancia que permite inferir que el
ente encausado, luego de haber evaluado los sitios que,
conforme a las necesidades del servicio, requerían la presencia
del uniformado.
[…]
En suma, no probó el extremo accionante, acorde con las pautas
jurisprudenciales, que el traslado no obedeció a necesidades del
servicio y tampoco se evidencia en el acto acusado desviación
de poder para buscar una finalidad distinta al buen servicio o
para fines distintos de los previstos por la norma […]”.
(Destacado pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que el TRIBUNAL luego de analizar las pruebas aportadas al
expediente, concluyó que el acto administrativo acusado que dispuso
el traslado del actor, no incurrió en falsa motivación, ni en violación
al debido proceso, así como tampoco en desviación de poder e
inobservancia o infracción de las normas en que debía fundarse,
comoquiera que la facultad discrecional se ejerció en el marco de la
proporcionalidad y la razonabilidad, toda vez que obedeció a
situaciones del servicio y no se desmejoraron las condiciones
laborales de aquel.
En ese sentido, la autoridad judicial accionada advirtió que la decisión
de traslado no afectaba el núcleo familiar ni la salud propia del actor,
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comoquiera que no aportó prueba que demostrara de qué forma su
esposa e hija se encontraban imposibilitadas para acompañarlo a su
nuevo lugar de trabajo, además, que su hermana estaba al cuidado
de su padre, de tal forma que los padecimientos que aquel padecía
no tenían la entidad de oponerse a la medida administrativa de
traslado.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora
alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece
del requisito general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su
consideración.
Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto
del precedente judicial tampoco cumple con la carga
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argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte
actora se limitó a citar apartes de las sentencias que hace alusión, sin
precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí
resuelto y su caso ventilado en el proceso ordinario cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en
el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a
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la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
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PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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