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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01801-00

General de procedibilidad de inmediatez: la solicitud de amparo se

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01801-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por los señores Mariela Mina Solarte, Margarita Rengifo Tobar y Winston Colbert Ruiz Delgado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01801-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01801-00
Accionante: MARIELA MINA SOLARTE Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / REQUISITO
GENERAL DE PROCEDIBILIDAD DE INMEDIATEZ – La solicitud de amparo se
presentó por fuera del plazo razonable.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por los señores Mariela Mina Solarte,
Margarita Rengifo Tobar y Winston Colbert Ruiz Delgado contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” E.S.E., de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

ANTECEDENTES
La demanda

1. El 5 de marzo de 2026, los señores Mariela Mina Solarte, Margarita Rengifo Tobar
y Winston Colbert Ruiz Delgado presentaron acción de tutela con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso «efectivo» a la administración de justicia2, los cuales consideran vulnerados
por la sentencia del 11 de julio de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por los accionantes contra el Hospital
Universitario del Valle. La demanda se tramitó bajo el radicado núm. 76001-33-33-
021-2018-00070-00/01/02.

Hechos relevantes

2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, los
señores arriba mencionados demandaron al Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E., a fin de que se ejerciera control de legalidad del Acuerdo
036 del 28 de noviembre de 2017, por medio del cual se dio cumplimiento al
reconocimiento del derecho preferencial a la incorporación efectuado por la
comisión de personal del hospital a favor de algunos funcionarios de carrera
administrativa. Específicamente, los actores pidieron la nulidad de los apartes en

1 Que ingresó al despacho para fallo el 18 de marzo de 2026.
2 También consideró desconocido el principio de «carrera administrativa».

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01801-00
Accionante: Mariela Mina Solarte y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

los que se les negó el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones y demás
emolumentos laborales que dejaron de percibir durante el tiempo en que estuvieron
separados de sus cargos, con ocasión de una reestructuración de la planta de
personal de la entidad demandada. Conceptos que constituyeron la pretensión de
restablecimiento del derecho, incluyendo el valor de los aumentos decretados
durante el período de separación.

3. Según la demanda, el 26 de octubre de 2016 se profirió el Acuerdo 020, por
medio del cual se modificó «la planta de personal del Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García”», como consecuencia de ello, se suprimieron algunos cargos de
la entidad. Específicamente, destacaron que se redujo el número de empleos
denominados Auxiliar del Área de la Salud, código 412, grado 2, que ostentaban,
en la modalidad de carrera administrativa, los accionantes al momento de su
desvinculación.

4. Una vez les fue notificada la decisión que los apartó del cargo, los demandantes
presentaron reclamación de incorporación, alegando el derecho preferencial que les
asistía en atención a los derechos de carrera administrativa que ostentaban. La
mencionada solicitud fue resuelta favorablemente por la comisión de personal de la
entidad, mediante Resolución CP 023 del 4 de abril de 2017, acto administrativo, a
través del cual, según los demandantes, la entidad reconoció que las
incorporaciones no tendrían el carácter de nuevos nombramientos.

5. Dicha resolución fue objeto de recurso de apelación, formulado por el gerente de
la entidad; sin embargo, aquel fue rechazado, por improcedente, por la Comisión
Nacional de Servicio Civil, mediante Resolución CNSC – 20172010058505 del 21
de septiembre de 2017.

6. Mediante Acuerdo 036 del 28 de noviembre de 2017, en virtud del cual se dio
cumplimiento a las incorporaciones, se dispuso que aquellas surtirían efectos a
partir de la posesión en el cargo al que se integraba el funcionario, pero no se
reconocieron los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir, «por
haberse interrumpido la prestación del servicio con ocasión al trámite administrativo
de reclamación por incorporación».

7. Sin embargo, en criterio de los demandantes, dicha consideración desconocía
que su retiro del servicio ocurrió como consecuencia del yerro administrativo de
incorporar empleados provisionales a los cargos de la nueva planta de personal,
ignorando el derecho preferencial que les asistía como empleados de carrera. Por
consiguiente, el acto se encontraba viciado de nulidad por infracción de las normas
en que debía fundarse y por falsa motivación.

8. Al proceso se le asignó el radicado 76001-33-33-021-2018-00070-00 y
correspondió, por reparto, al Juzgado 21 Administrativo de Cali, que, mediante
sentencia del 30 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda. En
su criterio, el acto demandado no incurrió en infracción de las normas en las que
debía fundarse ni de falsa motivación, puesto que la entidad se limitó a dar

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01801-00
Accionante: Mariela Mina Solarte y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

cumplimiento a lo dispuesto por la comisión de personal del hospital el 4 de abril de
2017. En ese sentido, el acuerdo se sustentó en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004
y en disposiciones concordantes, las cuales no prevén, «de ninguna manera, el
pago de emolumentos laborales mientras se surte dicho proceso».

9. Inconforme con lo anterior, los demandantes formularon recurso de apelación,
alegando que en la sentencia de primer grado desconoció la diferencia legal
existente entre las figuras de incorporación y reincorporación, pues, contrario a lo
considerado por el juez de primera instancia, la incorporación debe darse de manera
automática cuando existan cargos en la nueva planta de personal para ser
ocupados por los empleados de carrera quienes tienen un derecho preferencial.
Este, dijeron, era su caso, comoquiera que, pese a que se eliminaron los cargos
que ocupaban, estaba demostrado que en la nueva planta existían otros empleos a
los que pudieron haber sido incorporados, pero aquellos fueron ocupados por
funcionarios provisionales.

10. Para respaldar su tesis, la parte actora acudió a las consideraciones acogidas
por esta Corporación en la sentencia del 18 de septiembre de 2014, en el marco del
proceso con radicado 11001-03-24-000-2008-0176-00, relacionadas con el derecho
preferencial de incorporación, la no solución de continuidad del vínculo laboral y la
imposibilidad de desmejoramiento de las condiciones laborales y salariales en estos
eventos.

11. En sentencia del 11 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad
parcial del Acuerdo 036 del 28 de noviembre de 2017. Por consiguiente, condenó,
a título de restablecimiento del derecho, al Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” E.S.E. a reconocer y pagar a los demandantes los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde la fecha de retiro y hasta la fecha de «reintegro»
de cada uno; asimismo, precisó que las sumas resultantes deberían ajustarse en su
valor en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa y, por último,
dispuso que, al período a indemnizar, se debía descontar «el término de seis meses
que conforme al artículo 28.1 del Decreto 760 de 2005 tenía la administración para
la reincorporación».

12. Contra la anterior decisión, la parte demandante formuló solicitud de aclaración,
argumentando que en el expediente quedó acreditado que lo que ocurrió en su caso
fue una incorporación a la nueva planta de personal y no un nuevo nombramiento.
De ahí que no resultaba aplicable el descuento de los seis meses ordenado por el
ad quem.

13. En auto del 15 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó la solicitud de aclaración, por considerar que la petición no configuraba uno de
los supuestos de hecho para la procedencia de la aclaración previstos en la norma,
comoquiera que lo que se pretendía no era dilucidar o esclarecer frases o puntos
de la providencia que ofrecieran duda, sino que versaba sobre simples
inconformidades del extremo activo con la parte resolutiva de la sentencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01801-00
Accionante: Mariela Mina Solarte y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Pretensiones

14. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):

Conforme los argumentos de hecho y de derecho expuestos, de manera
respetuosa solicitamos al Despacho que se amparen los derechos
fundamentales invocados; que se ordene dictar nueva decisión conforme a la
naturaleza jurídica de la incorporación automática; y que se ordene al Hospital
Universitario del Valle la reliquidación y pago íntegro de los salarios y
prestaciones dejadas de percibir.

Fundamentos de la demanda de tutela

15. Para los accionantes la sentencia del 11 de julio de 2025 adolece de los
siguientes defectos: (i) sustantivo, por aplicación indebida del artículo 28.1 del
Decreto Ley 760 de 2005 y, en consecuencia, por falta de observancia de lo
dispuesto en el artículo 28 del mismo compendio normativo y (ii) desconocimiento
del precedente fijado por esta Corporación en la sentencia del 5 de octubre de
2023, dictada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76001-23-33-000-2018-00416-01.

16. En cuanto al primer defecto, esto es, el material o sustantivo, alegaron que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aplicó indebidamente el numeral 1° del
artículo 28 del Decreto 760, pues partió de la errada consideración de que se estaba
ante una reincorporación, desconociendo que esta solo procede, «de no ser posible
la incorporación». No obstante, en su caso quedó demostrado que en la nueva
planta de personal sí había cargos para que procediera la incorporación automática,
por lo que lo aplicable era lo dispuesto en el artículo 28 ibidem. A juicio de los
demandantes, la errada aplicación normativa implica una negación de su derecho
de acceso a la administración de justicia y va en contravía con la secuencia
normativa dispuesta en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, que dispone que
primero procede la incorporación y únicamente en el evento en que ello no sea
posible surgen las opciones de reincorporación o de indemnización.

17. Respecto del desconocimiento del precedente, aseguraron que la autoridad
judicial accionada incurrió en el yerro anterior no solo por indebida aplicación
normativa, sino, además, por inobservancia de las consideraciones y reglas de
decisión fijadas por esta Corporación en la sentencia del 5 de octubre de 2023,
dictada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-23-33-000-2018-00416-01 (4608-2021), la cual, según afirmaron,
versaba sobre los mismos hechos, el mismo el objeto y la misma parte demandada,
diferenciándose con el asunto a resolver únicamente en lo concerniente al extremo
activo.

18. En criterio de los demandantes, en aquella oportunidad, la Sección Segunda de
esta Corporación resolvió el asunto acogiendo las pretensiones de la demanda, sin
efectuar ningún descuento.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01801-00
Accionante: Mariela Mina Solarte y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Trámite en primera instancia

19. Mediante auto del 10 de marzo de 20263, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” E.S.E. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

20. De igual forma, ordenó al Juzgado 21 Administrativo de Cali que remitiera en
calidad de préstamo y en medio digital el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 76001-33-33-021-2018-00070-00/02.

Intervenciones

21. El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.4 solicitó que se
negara la solicitud de amparo, porque se limitó a «ejecutar lo ordenado por el juez
natural, sin que exista margen alguno para predicar la vulneración de derechos
fundamentales». Agregó que, contrario a lo sostenido por los actores, la providencia
censurada fue adoptada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que, en
el marco de su autonomía judicial, interpretó razonablemente las normas aplicables
al asunto y consideró que en el caso analizado era procedente el descuento de 6
meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 28.1 del Decreto 760 de 2005.
De ahí que, en su concepto, la presente acción de tutela pretende simplemente
reabrir un debate jurídico ya resuelto por el juez competente, lo que resulta
incompatible con la naturaleza subsidiaria y residual del amparo constitucional.

22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 21
Administrativo de Cali allegaron copia digitalizada del expediente del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-021-2018-00070-
00/01/025.

23. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca no intervinieron, pese a que fueron debidamente notificados del
auto admisorio de la demanda6.

CONSIDERACIONES

Competencia

24. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del

3 SAMAI, índice 4.
4 SAMAI, índices 13 y 15.
5 SAMAI, índices 12 y 14.
6 Fueron notificados a las siguientes direcciones electrónicas:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co, el 11 de marzo de 2026, tal como se puede observar en el
índice 10 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01801-00
Accionante: Mariela Mina Solarte y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20197.

Problema jurídico y metodología de la decisión

25. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

26. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a la sentencia del 11 de julio de
2025, y si, por consiguiente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró
los derechos fundamentales de la parte accionante, al haber incurrido en una
indebida interpretación y aplicación del artículo 28.1 del Decreto 760 de 2005, así
como por haber desconocido un precedente jurisprudencial fijado por la Sección
Segunda de esta Corporación, que resultaba vinculante para resolver su caso
concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

27. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20058, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

28. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar9: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es,
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 11 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;

7 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
8 Corte Constitucional. C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la

SU-215 de 2022.
10 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
11 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01801-00
Accionante: Mariela Mina Solarte y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.

Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

29. Legitimación en la causa. Los señores Mariela Mina Solarte, Margarita Rengifo
Tobar y Winston Colbert Ruiz Delgado se encuentran legitimados para interponer la
acción de tutela, toda vez que los titulares de los derechos que consideran
vulnerados, en su condición de demandantes en el proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 76001-33-33-021-2018-00070-00/01/02, en el marco
del cual se adoptó la decisión cuestionada.

30. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue la
autoridad judicial que profirió la decisión a la que la parte actora atribuye la
vulneración de sus derechos fundamentales.

31. Inmediatez. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales es la inmediatez. Con base en este requisito, se debe acreditar que el
mecanismo de amparo constitucional se ejerció en un plazo razonable.

32. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos
de terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la
ejecutoria de la decisión judicial que se considera violatoria de los derechos
fundamentales y la presentación de la acción de tutela para reclamar su amparo.

33. Para la Corte Constitucional, esta condición de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es razonable, pues si se permite su ejercicio
«meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos»12.

34. Además, como lo señaló esa misma Corporación, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable»13; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al
impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene
el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como
herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»14.

12 Corte Constitucional. Sentencia T-322 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Ibidem.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01801-00
Accionante: Mariela Mina Solarte y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

35. Para esta Subsección15, se debe contabilizar el plazo razonable desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se
conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

36. De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar dicho término razonable desde la ejecutoria de la decisión, en los casos
que se hubiera realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería
una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una
solicitud de nulidad, siempre que no sean abiertamente improcedentes y puedan
incidir en la decisión que se cuestiona por vía de tutela, por lo que, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.

37. De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al
momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados
como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del accionante16.

38. En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia
del actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de
forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad
económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o
falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica17.

39. Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que
se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó
es «muy antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la especial
situación del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de acudir al
juez18.

40. Acudiendo a la tesis de esta Subsección, en relación con el momento a partir
del cual debe computarse la inmediatez, en este caso, dicho término debe contarse
desde la notificación del auto que resolvió la solicitud de aclaración formulada contra
la sentencia del 11 de julio de 2025, lo cual ocurrió el 22 de agosto de 202519. De
modo que la oportunidad para presentar la demanda de tutela se extendió hasta el
23 de febrero de 2026.

41. No obstante, teniendo en cuenta que la presente acción de amparo solo se
radicó hasta el 5 de marzo de 202620, esta no satisface el requisito de inmediatez,
pues fue presentada transcurridos después de seis meses de haberse notificado el

15 En este mismo sentido, ver las sentencias del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez

Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo, y del
1° de septiembre de 2025, M.P. María Adriana Marín, expediente 11001-03-15-000-2025-02423-01.
16 Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.
17 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.
18 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
19 Samai, índice 29 del expediente ordinario (segunda instancia).
20 Samai, índice 1 del expediente de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01801-00
Accionante: Mariela Mina Solarte y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

auto que resolvió la solicitud de aclaración. Cabe destacar que, aún si se
contabilizara el término desde la fecha de ejecutoria de dicha providencia —27 de
agosto de 2025—, la acción de amparo tampoco cumpliría el referido requisito, en
tanto que la radicación de la tutela habría excedido el término de 6 meses.

42. En cuanto a los criterios valorativos del requisito de inmediatez, lo primero que
observa la Sala es que en la acción de amparo no se puso de presente que los
actores se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad o de aislamiento
geográfico que les hubiera impedido acudir oportunamente al juez de tutela, o que
se torne desproporcionada la exigencia de observar el término en el caso concreto.

43. Ahora, con respecto a la única justificación de la tardanza expuesta en el escrito
de tutela, se advierte que allí se afirmó que el requisito de inmediatez se satisface
porque el criterio judicial contenido en la sentencia del 11 de julio de 2025 solo se
materializó hasta el 21 de enero de 2026, fecha en la cual se profirieron las
Resoluciones GG-0168, GG-170 y GG-171, por medio de las cuales se efectuó la
liquidación de los conceptos reconocidos en la referida providencia.

44. Sin embargo, para esta Sala tal explicación no resulta razonable, pues lo cierto
es que los demandantes atribuyeron la vulneración de sus derechos fundamentales
a una indebida interpretación y aplicación normativa por parte del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al dictar la sentencia del 11 de julio de 2025,
mas no a los actos de ejecución de dicho fallo.

45. Contrario a lo considerado por los accionantes, esperar a que se expidieran las
referidas Resoluciones GG-0168, GG-170 y GG-171, solo evidencia su falta de
diligencia para acudir a la acción de tutela y ello, de paso, descarta la necesidad de
intervención urgente por parte del juez constitucional. En lugar de radicar la solicitud
de amparo de manera inmediata o dentro de un término razonable, dejaron que
transcurriera el tiempo, al punto que alcanzaron a expedirse los actos mediante los
cuales se liquidaron los conceptos reconocidos en la sentencia cuestionada, que
son justamente motivo de reproche. De ahí que la eventual emisión de un
pronunciamiento de fondo en el caso concreto represente una seria afectación al
principio de seguridad jurídica, por cuanto implicaría analizar la validez de una
providencia que quedó notificada, e incluso ejecutoriada, hace más de seis meses.

46. Tampoco puede afirmarse que en este caso se esté ante un hecho que causa
una vulneración continuada de derechos, pues la afectación alegada proviene de
un solo hecho: la presunta indebida interpretación y aplicación de una disposición
normativa, que devino, a su vez, en un desconocimiento del precedente
jurisprudencial, defectos que se habrían materializado en la sentencia del 11 de julio
de 2025, la cual, como se ha sostenido a lo largo de esta decisión, bien pudo ser
cuestionada en un plazo razonable.

47. En conclusión, dado que la acción de tutela no satisface el requisito de
inmediatez, la Sala la declarará improcedente.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01801-00
Accionante: Mariela Mina Solarte y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
los señores Mariela Mina Solarte, Margarita Rengifo Tobar y Winston Colbert Ruiz
Delgado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

10

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