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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01804-00

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01804-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Luis Fernando Álvarez Jaramillo y Alejandro Álvarez Zuluaga contra el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por no cumplirse el requisito general de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 20 Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00 Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro Acción de tutela – Primera instancia SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01804-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01804-00

Accionantes: ALEJANDRO ALVAREZ ZULUAGA Y OTRO

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA-Carácter subsidiario del amparo. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales
de procedencia. SUBSIDIARIEDAD-Los recursos ordinarios disponibles dentro del proceso judicial deben
agotarse antes de acudir a la acción de tutela. RECURSO DE REPOSICIÓN-Medio judicial procedente contra el
auto que rechazó de plano un incidente de nulidad. RECURSO DE APELACIÓN EN ACCIÓN POPULAR-La
tutela no puede desplazar el análisis propio de la segunda instancia. PERJUICIO IRREMEDIABLE-Falta de
acreditación.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los accionantes Alejandro Álvarez
Jaramillo y Luis Fernando Álvarez Jaramillo contra el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 5 de marzo de 2026, los señores Alejandro Álvarez Jaramillo y Luis Fernando
Álvarez Jaramillo, abogados, actuando en nombre propio, interpusieron acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la defensa y contradicción y a
la participación ciudadana. Estimaron vulnerados estos derechos por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con ocasión del Auto
No. 0015 del 3 de febrero de 2026, proferido dentro de la acción popular radicada

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

con el número 88001-23-33-000-2023-00018-00, mediante el cual se rechazó de
plano el incidente de nulidad que promovieron contra las sentencias No. 0062 del 26
de agosto de 2025 y No. 0093 del 14 de noviembre de 2025, con fundamento en la
falta de legitimación de los solicitantes.

En virtud del amparo, la parte actora solicitó textualmente:

«PRIMERA. Se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la defensa y contradicción, y a la participación
ciudadana de los suscritos LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO y ALEJANDRO
ÁLVAREZ ZULUAGA.

SEGUNDA. Se DEJE SIN EFECTOS el numeral PRIMERO de la parte resolutiva del
Auto No. 0015 del 3 de febrero de 2026, proferido por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina (Magistrado Ponente José María Mow Herrera), en lo que respecta al
rechazo de plano de la solicitud de nulidad propuesta por los accionantes.

TERCERA. Se ORDENE al Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia de tutela,
proceda a pronunciarse sobre la solicitud de coadyuvancia presentada por los
suscritos el 12 de febrero de 2025, con plena garantía de los derechos de
participación, defensa y contradicción.

CUARTA. Subsidiariamente, se ORDENE al Tribunal resolver de fondo el incidente
de nulidad propuesto por los suscritos, dejando sin efecto el rechazo de plano por
supuesta falta de legitimación.

QUINTO. Se solicita respetuosamente que, como medida provisional o en la
sentencia de amparo, se ORDENE la suspensión de los efectos de la Sentencia No.
0062 del 26 de agosto de 2025 y de la Sentencia Complementaria No. 0093 del 14
de noviembre de 2025, proferidas dentro de la acción popular radicada bajo el No.
88-001-23-33-000-2023-00018-00, mientras se resuelven de manera definitiva los
recursos y mecanismos constitucionales interpuestos».

2. Hechos relevantes

De acuerdo con la demanda, los señores Edgar Javier Jay Stephens, Santiago
Taylor, Ling Jay Robinson, Harvey Robinson, Israel Livingston, Paola Margarita
James Garcés, Ralph Newball, Edgardo Martínez y Soledad García Oñoro
promovieron acción popular contra la Dirección General Marítima-DIMAR, la Armada
Nacional, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP, el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Oficina de Control de
Circulación y Residencia-OCCRE. La actuación fue radicada con el número 88001-

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

23-33-000-2023-00018-00 ante el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
El 12 de febrero de 2025, los actores presentaron escrito de coadyuvancia a las
entidades demandadas. Señaló que actuaron como ciudadanos colombianos y
directores de la firma Álvarez Zuluaga Abogados S.A.S., con fundamento en el
artículo 24 de la Ley 472 de 1998, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo
71 del Código General del Proceso. Expuso que la solicitud se radicó más de seis
(6) meses antes de la sentencia de primera instancia, por lo que, en su criterio, fue
presentada dentro de la oportunidad procesal prevista por la ley.

Los accionantes precisaron que no actuaron como pescadores ni como
representantes legales o apoderados de alguna organización o persona natural o
jurídica, sino exclusivamente en nombre propio, en calidad de ciudadanos
colombianos y profesionales del derecho que solicitaron participar como
coadyuvantes dentro de la acción popular.

La demanda refirió que, el 20 de febrero de 2025, los solicitantes presentaron escrito
de impulso procesal ante el silencio del Tribunal, con el fin de que se diera trámite y
se aceptara la coadyuvancia. Agregó que este no emitió pronunciamiento alguno
sobre esa petición, pues no la admitió, no la rechazó ni la inadmitió, sino que guardó
silencio durante el trámite posterior y hasta la expedición de la sentencia de primera
instancia.

Según la parte actora, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina profirió la sentencia No. 0062 del 26 de agosto de 2025, en primera instancia
dentro de la acción popular. Indicó que esa providencia, entre otras determinaciones,
estableció exclusividades étnicas en la actividad pesquera artesanal del
Archipiélago, suspendió permisos de pesca comercial vigentes amparados por actos
administrativos definitivos y dictó órdenes que, a juicio de los accionantes, afectaron
a personas naturales y jurídicas que no fueron vinculadas al proceso ni tuvieron
oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

La demanda sostuvo que, el 14 de noviembre de 2025, el Ttribunal profirió la
sentencia complementaria No. 0093, mediante la cual amplió las restricciones
impuestas en la sentencia principal. La parte actora afirmó que esas decisiones

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

tuvieron incidencia sobre terceros y sobre actividades relacionadas con la pesca en
el Archipiélago, pese a que, según su dicho, no se había integrado debidamente el
contradictorio ni se había resuelto la solicitud de coadyuvancia presentada por los
hoy accionantes.

Con fundamento en lo anterior, el 28 de noviembre de 2025, Luis Fernando Álvarez
Jaramillo y Alejandro Álvarez Zuluaga promovieron incidente de nulidad contra las
sentencias No. 0062 del 26 de agosto de 2025 y No. 0093 del 14 de noviembre de
2025. La parte actora indicó que la nulidad se sustentó en la vulneración del debido
proceso por la omisión del Tribunal de resolver la solicitud de coadyuvancia, la falta
de integración del contradictorio y la omisión de pruebas técnicas obligatorias.

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió el
Auto No. 0015 del 3 de febrero de 2026, mediante el cual rechazó de plano la solicitud
de nulidad propuesta por Luis Fernando Álvarez Jaramillo y Alejandro Álvarez
Zuluaga, con fundamento en el artículo 135 del Código General del Proceso y por
supuesta falta de legitimación. La parte actora señaló que esa providencia sostuvo
que la coadyuvancia en acciones populares solo opera para la parte activa, que la
falta de pronunciamiento sobre la coadyuvancia no daba lugar a decretar la nulidad
procesal y que, pese al rechazo de plano del incidente, el Tribunal analizó aspectos
de fondo sobre las causales de nulidad invocadas. Además, afirmó que el Auto No.
0015 no les fue notificado, aunque ellos habían promovido el incidente de nulidad.

Finalmente, la parte actora aclaró que la acción de tutela se dirigió exclusivamente
contra el Auto No. 0015 del 3 de febrero de 2026 y no contra las sentencias No. 0062
del 26 de agosto de 2025 y No. 0093 del 14 de noviembre de 2025, aunque solicitó,
como medida provisional o como orden de amparo, la suspensión de sus efectos
mientras se resolvían los recursos y mecanismos constitucionales interpuestos.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la defensa y contradicción y a la participación
ciudadana, con ocasión del Auto No. 0015 del 3 de febrero de 2026. Afirmó que esa

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

providencia rechazó de plano el incidente de nulidad que promovieron contra las
sentencias No. 0062 del 26 de agosto de 2025 y No. 0093 del 14 de noviembre de
2025, con fundamento en una supuesta falta de legitimación, pese a que previamente
habían solicitado, dentro de la oportunidad legal, su reconocimiento como
coadyuvantes en la acción popular.

La parte actora alegó un defecto procedimental absoluto, porque el Tribunal omitió
pronunciarse sobre la solicitud de coadyuvancia presentada el 12 de febrero de 2025.
Señaló que esa petición fue radicada antes de que se profiriera el fallo de primera
instancia y que, a pesar de haber presentado un escrito de impulso procesal el 20 de
febrero de 2025, el Tribunal no la admitió, no la rechazó ni la inadmitió. En su criterio,
dicha omisión desconoció una etapa procesal relevante y los excluyó
injustificadamente de la actuación.

También adujo un defecto sustantivo por la interpretación del artículo 24 de la Ley
472 de 1998. Indicó que el Auto No. 0015 concluyó que la coadyuvancia en acciones
populares solo procedía respecto de la parte activa y no frente al extremo
demandado. La parte actora sostuvo que esa interpretación creó una restricción no
prevista por la ley, pues la norma autoriza a toda persona natural o jurídica a
coadyuvar las acciones populares antes del fallo de primera instancia, sin distinguir
entre coadyuvancia de la parte demandante o de la parte demandada.

Asimismo, la parte actora afirmó que el auto cuestionado incurrió en defecto
sustantivo al negarles legitimación para proponer la nulidad. Expuso que el Tribunal
utilizó como fundamento la falta de reconocimiento formal como coadyuvantes, a
pesar de que esa situación fue consecuencia de la propia omisión judicial de resolver
la solicitud. Sostuvo que sí estaban legitimados, porque eran los directamente
afectados por el vicio procesal derivado de la falta de pronunciamiento sobre su
intervención.

La parte actora señaló, además, que el Auto No. 0015 incurrió en incongruencia
interna. Explicó que, aunque en la parte resolutiva se rechazó de plano el incidente
de nulidad por razones formales, en la parte motiva el Tribunal analizó el fondo de
las causales invocadas, en especial las relacionadas con la integración del

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
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contradictorio y la práctica de pruebas. A su juicio, esa contradicción afectó la
coherencia, claridad y congruencia de la decisión.

Finalmente, la parte actora invocó la violación del principio de inoponibilidad.
Argumentó que el Auto No. 0015 no les fue notificado, pese a que ellos habían
promovido el incidente de nulidad. También sostuvo que las decisiones adoptadas
dentro de la acción popular no podían producir efectos frente a quienes solicitaron
participar oportunamente y no fueron integrados o escuchados dentro del trámite. En
consecuencia, pidió dejar sin efectos el rechazo de plano de la nulidad, ordenar al
Tribunal pronunciarse sobre la solicitud de coadyuvancia y, subsidiariamente,
resolver de fondo el incidente de nulidad.

4. Trámite procesal

El 16 de marzo de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a
la parte accionante, a la autoridad judicial accionada, así como a Edgar Javier Jay
Stephens, Santiago Taylor, Ling Jay Robinson, Harvey Robinson, Israel Livingstone,
Paola Margarita James Garcés, Ralph Newball, Edgardo Martínez, Soledad García
Oñoro, la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional-Dirección General
Marítima-DIMAR, la Nación-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP, el Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Oficina de Control de Circulación
y Residencia-OCCRE, en calidad de terceros con interés. También se dispuso a
informar a la autoridad judicial accionada y a los terceros interesados que contaban
con el término de tres (3) días para rendir informe sobre los hechos objeto de tutela.

Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su cargo, publicar la providencia en la página web del Consejo de Estado
y tener como pruebas, con el valor que les asignara la ley, los documentos allegados
con la solicitud de amparo. Además, se solicitó al Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina que remitiera copia digital del expediente No.
88-001-23-33-000-2023-00018-00.

Por último, negó la medida provisional solicitada, consistente en suspender los
efectos de la sentencia No. 0062 del 26 de agosto de 2025 y de la sentencia

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

complementaria No. 0093 del 14 de noviembre de 2025, proferidas dentro de la
acción popular, y se suspendió el término para decidir la solicitud de tutela mientras
se practicaban las pruebas ordenadas.
En los escritos de contestación, el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 1 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplieron los requisitos
de subsidiariedad y relevancia constitucional. Explicó que la controversia planteada
por los accionantes no evidenciaba una vulneración manifiesta de derechos
fundamentales, sino una inconformidad con decisiones adoptadas en ejercicio de la
autonomía judicial dentro de una acción popular. En ese sentido, sostuvo que la
tutela no podía convertirse en una instancia adicional para discutir asuntos de
interpretación normativa, valoración probatoria o trámite procesal propios del juez
natural.

La autoridad judicial accionada indicó que los accionantes ya habían acudido a los
mecanismos ordinarios disponibles dentro del proceso de acción popular. Precisó
que promovieron incidente de nulidad el 28 de noviembre de 2025, con fundamento
en la falta de integración del contradictorio, la omisión de pruebas técnicas y la
presunta violación del debido proceso y del derecho de defensa. Dicho incidente fue
resuelto mediante el Auto No. 0015 del 3 de febrero de 2026, providencia que
rechazó de plano la solicitud por falta de legitimación. No obstante, advirtió que los
accionantes no interpusieron recurso de reposición contra ese auto, pese a que era
el medio procesal previsto para controvertirlo, razón por la cual permitieron que la
decisión adquiriera firmeza frente a su solicitud.

El Tribunal también señaló que los accionantes interpusieron recurso de apelación
contra la Sentencia No. 0062 del 26 de agosto de 2025, el cual fue concedido en el
efecto devolutivo mediante el mismo Auto No. 0015. A su juicio, ese recurso
constituía el mecanismo idóneo y eficaz para que el Consejo de Estado, como juez
de segunda instancia de la acción popular, examinara los reparos relacionados con
la vinculación de terceros, la valoración probatoria, los aspectos sustantivos de la
decisión y la omisión de pronunciamiento sobre la coadyuvancia. Por ello, estimó

1 SAMAI, índice 17.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

que el juez constitucional no podía desplazar la competencia del juez ordinario
mientras el recurso se encontraba pendiente de resolución.

En relación con la solicitud de suspensión de los efectos de las sentencias No. 0062
del 26 de agosto de 2025 y No. 0093 del 14 de noviembre de 2025, el Tribunal afirmó
que esa pretensión excedía el objeto de la tutela, porque la acción se dirigió
formalmente contra el Auto No. 0015 y no contra las providencias de fondo. Además,
insistió en que dichas sentencias eran objeto del recurso de apelación pendiente, por
lo que cualquier cuestionamiento sobre su alcance, validez o efectos debía
resolverse dentro de la segunda instancia de la acción popular.

La autoridad accionada informó que, por hechos relacionados con las mismas
sentencias, la Sección Tercera-Subsección B del Consejo de Estado ya había
declarado improcedente una tutela promovida por Real Comercial Artesanal
Fisherman Association "We-Fishing Association", al considerar que el recurso de
apelación era el mecanismo ordinario idóneo y eficaz para controvertir las decisiones
adoptadas dentro de la acción popular. Aunque reconoció que esa tutela cuestionaba
directamente las sentencias de fondo y no el Auto No. 0015, sostuvo que la razón de
improcedencia resultaba aplicable, pues en ambos casos existían medios ordinarios
en curso que no podían ser sustituidos por la acción constitucional. Finalmente, el
Tribunal indicó que la acción popular aún se encontraba en trámite, pues estaba
pendiente resolver recursos propuestos por otros intervinientes contra el Auto No.
0015 antes de remitir el expediente al Consejo de Estado.

La Armada Nacional-Comando Específico de San Andrés y Providencia 2 solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela respecto de esa institución, así como
ordenar su desvinculación del trámite constitucional. Señaló que no vulneró los
derechos fundamentales invocados, pues el Auto No. 0015 del 3 de febrero de 2026
correspondió a una decisión adoptada por la autoridad judicial accionada y no a una
actuación directa suya. Explicó que carecía de competencia legal y funcional para
resolver solicitudes de coadyuvancia, decretar nulidades procesales, pronunciarse
sobre la vinculación de terceros o modificar los efectos de providencias judiciales.

2 SAMAI, índice 16.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

La Dirección General Marítima-DIMAR 3, a través de la Capitanía de Puerto de San
Andrés, solicitó declarar improcedente la acción de tutela respecto de esa entidad y
ordenar su desvinculación, por falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló
que no vulneró los derechos fundamentales invocados, pues las pretensiones se
dirigieron contra decisiones judiciales proferidas por la autoridad accionada, respecto
de las cuales carecía de competencia para modificarlas, revocarlas, suspenderlas o
dejarlas sin efectos.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 4 manifestó que respetaba la
autonomía e independencia de la Rama Judicial y que acataría la decisión que se
adoptara en el trámite constitucional. Precisó que no coadyuvaba, no apoyaba ni se
oponía a las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto no ostentaba la calidad
de parte ni contaba con legitimación en la causa dentro de la acción popular.

Explicó que el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
de esa entidad y dispuso su desvinculación formal del proceso. Indicó que esa
decisión fue adoptada en la audiencia de pacto de cumplimiento del 6 de junio de
2024 y reiterada en una audiencia posterior celebrada en septiembre de 2024, por lo
que se encontraba en firme. Agregó que, como consecuencia de su desvinculación,
no participó en la etapa probatoria, no intervino en el decreto ni en la práctica de
pruebas y no presentó alegatos de conclusión. Por ello, s olicitó que se tuviera por
presentado el informe y que las decisiones que se adoptaran respetaran el alcance
de su desvinculación procesal.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP 5 se refirió a las órdenes
dirigidas a regular la pesca artesanal y artesanal comercial en el Archipiélago, con
reconocimiento de la exclusividad de la comunidad raizal. Sin embargo, precisó que
no le constaba que el Tribunal hubiera guardado silencio absoluto frente a la solicitud
de coadyuvancia, por lo que se atuvo a lo probado dentro del expediente.

3 SAMAI, índice 20.
4 SAMAI, índice 15.
5 SAMAI, índices 19 y 21.

10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

Frente a las pretensiones, la AUNAP manifestó que la acción de tutela debía
prosperar, al considerar que se presentó falta de pronunciamiento y valoración de
una prueba legalmente aportada al proceso. Señaló que los accionantes
demostraron que, antes de la expedición del fallo, allegaron una prueba documental
que eventualmente pudo incidir en la decisión judicial. Por ello, solicitó declarar la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, y ordenar que se profiriera una nueva sentencia en la que
se examinara la solicitud de coadyuvancia y, en especial, las pruebas documentales
aportadas con ese escrito.

La parte actora presentó escrito de insistencia a la medida provisional
denegada6. Expresó que la decisión de diferir el análisis de urgencia y necesidad al
fallo resultaba inoportuna, por cuanto ello vacía el contenido del artículo 7 del Decreto
2591 de 1991 y hace inoperante la medida provisional. Insistió en la urgencia actual,
concreta y verificable del caso, en tanto las sentencias dictadas en la acción popular
producen efectos jurídicos.

La Secretaría General del Consejo de Estado dejó constancia de que no fue posible
notificar personalmente a Paola Margarita James Garcés, vinculada como tercera
con interés, debido a que el correo electrónico informado presentó error. Señaló que
el 24 de marzo de 2026 se requirió información específica sobre dicha tercera, sin
que se recibiera respuesta. Por esa razón, dispuso fijar aviso en la página web de la
Corporación para notificarle la providencia del 16 de marzo de 2026.

Las demás autoridades y partes vinculadas al trámite de la presente acción de tutela
guardaron silencio, pues no allegaron pronunciamiento ni formularon oposición frente
a las pretensiones planteadas por la parte actora.

CONSIDERACIONES

5. Cuestión previa

6 SAMAI, índice 14.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

El accionante presentó insistencia a la medida provisional, consistente en la
suspensión de los efectos de las sentencias proferidas dentro de la acción popular
rad. 88-001-23-33-000-2023-00018-00. En vista de que la Sala resolverá el mérito
de la solicitud de tutela, no se advierten circunstancias de urgencia o necesidad que
ameriten proveer sobre la medida cautelar solicitada. Por lo tanto, estos factores se
abordarán de cara a la intervención del juez constitucional.
6. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela promovida por Luis
Fernando Álvarez Jaramillo y Alejandro Álvarez Zuluaga contra el Auto No. 0015 del
3 de febrero de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, dentro de la acción popular con radicado 88-001-23-
33-000-2023-00018-00, mediante el cual se rechazó de plano el incidente de nulidad
que promovieron los accionantes contra las sentencias No. 0062 del 26 de agosto
de 2025 y No. 0093 del 14 de noviembre de 2025.

7. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental 7. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela 8.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados 9.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales 10.

La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales bajo trámite, ya que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos

8 Ibidem.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las

sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

mecanismos no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable 11. La Corte
Constitucional, en sentencia SU-062 de 2018, estableció las razones principales que
refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:

«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió el
encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a
acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad,
niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede
ser procesada por su juez natural.

En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un
proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los
asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso
de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de
un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro
del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades
procesales que puedan afectarle.

Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso
de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos
fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica».

Caso concreto

La Sala observa que la controversia propuesta por los accionantes se originó en el
Auto No. 0015 del 3 de febrero de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro de la acción popular con radicado
88-001-23-33-000-2023-00018-00. Mediante esa providencia, la autoridad judicial
accionada rechazó de plano el incidente de nulidad promovido por Luis Fernando
Álvarez Jaramillo y Alejandro Álvarez Zuluaga contra las sentencias No. 0062 del 26
de agosto de 2025 y No. 0093 del 14 de noviembre de 2025, con fundamento en la
falta de legitimación de los solicitantes.

A juicio de la parte actora, el auto reprochado vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la defensa y
contradicción y a la participación ciudadana, porque el Tribunal no resolvió la solicitud
de coadyuvancia que presentaron el 12 de febrero de 2025, antes de que se profiriera

11 Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01804-00
Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

la sentencia de primera instancia. En criterio de los accionantes, esa omisión resultó
determinante, porque luego la misma autoridad judicial rechazó el incidente de
nulidad bajo el argumento de que no tenían legitimación, pese a que la ausencia de
reconocimiento formal como coadyuvantes habría sido consecuencia del silencio del
despacho judicial.

La Sala advierte que los reproches formulados por los accionantes se estructuraron
alrededor de cinco cuestionamientos principales. El primero consistió en la presunta
configuración de un defecto procedimental absoluto, derivado de la falta de
pronunciamiento sobre la solicitud de coadyuvancia. El segundo se dirigió contra la
interpretación del artículo 24 de la Ley 472 de 1998, pues la parte actora consideró
que el Tribunal creó una restricción no prevista por la ley al sostener que la
coadyuvancia en acciones populares solo procedía frente al extremo activo. El
tercero se relacionó con la supuesta indebida negación de legitimación para proponer
la nulidad. El cuarto cuestionó la coherencia interna del Auto No. 0015, porque,
según la demanda, aunque la solicitud fue rechazada de plano, la providencia
también abordó aspectos de fondo de las causales invocadas. El quinto reproche se
fundó en la alegada inoponibilidad de la decisión, por la falta de notificación personal
del auto a quienes promovieron el incidente de nulidad.

No obstante, la Sala encuentra que, antes de abordar esos planteamientos, debe
verificarse si la acción de tutela satisfizo los requisitos generales de procedencia
contra providencias judiciales, en especial el presupuesto de subsidiariedad. Esa
exigencia resulta determinante en el presente caso, pues la discusión planteada no
recae sobre una actuación judicial aislada, carente de mecanismos ordinarios de
control, sino sobre una providencia dictada dentro de una acción popular que aún se
encuentra en curso y respecto de la cual existen actuaciones procesales pendientes.

En efecto, la autoridad judicial accionada explicó que los accionantes promovieron
incidente de nulidad el 28 de noviembre de 2025, con fundamento en varias de las
razones que ahora sustentan la solicitud de amparo. Dicho incidente fue decidido
mediante el Auto No. 0015 del 3 de febrero de 2026, que rechazó de plano la solicitud
por falta de legitimación. Sin embargo, el Tribunal indicó que los accionantes no
interpusieron recurso de reposición contra ese auto, pese a que ese era el medio
procesal disponible para controvertir la decisión que ahora cuestionan por vía

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Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

constitucional. Esta circunstancia resulta relevante porque la tutela contra
providencia judicial exige que la parte afectada agote, de manera previa, los
mecanismos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento le ofrece dentro del
proceso, salvo que demuestre la existencia de un perjuicio irremediable o la falta de
idoneidad y eficacia del medio judicial.

La Sala considera que la afirmación de la parte actora sobre la eventual ineficacia
del recurso de reposición no resulta suficiente para relevarla de la carga de
interponerlo. El hecho de que el recurso debiera resolverse por la misma autoridad
judicial que profirió la providencia cuestionada no lo convertía, por sí solo, en un
mecanismo inútil ni hacía procedente la intervención inmediata del juez
constitucional. Precisamente, el principio de subsidiariedad exige que las
irregularidades procesales se pongan primero en conocimiento del juez natural, para
que este tenga la oportunidad de corregirlas dentro del trámite ordinario. En este
caso, los accionantes acudieron directamente a la tutela sin haber activado el recurso
disponible contra el Auto No. 0015, de modo que trasladaron al juez constitucional
un debate que aún podía plantearse en el escenario procesal propio de la acción
popular.

A lo anterior se suma que el mismo Auto No. 0015 concedió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia No. 0062 del 26 de agosto de 2025. Según lo informó
el Tribunal accionado, ese recurso se encontraba pendiente de trámite y permitiría
que el Consejo de Estado, como juez de segunda instancia de la acción popular,
examinara los reparos formulados contra la decisión principal. Ese dato tiene
especial incidencia en el análisis de subsidiariedad, porque varios de los
cuestionamientos de la demanda de tutela se relacionan con la supuesta falta de
integración del contradictorio, la alegada omisión de pruebas técnicas, la incidencia
de la coadyuvancia no resuelta antes de la sentencia de primera instancia y los
efectos de las órdenes impartidas en las sentencias No. 0062 y No. 0093. Tales
aspectos pueden ser analizados por el juez natural de segunda instancia dentro del
recurso de apelación concedido.

La Sala no desconoce que la parte actora sostuvo que la tutela se dirigió formalmente
contra el Auto No. 0015 y no contra las sentencias dictadas en la acción popular. Sin
embargo, del contenido material de la demanda se advierte que los reproches

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Acción de tutela – Primera instancia

formulados guardan relación directa con la validez y los efectos de las sentencias
No. 0062 y No. 0093, pues el incidente de nulidad rechazado buscaba controvertir
esas providencias y la pretensión quinta de la tutela solicitó la suspensión de sus
efectos. En esa medida, aunque el acto judicial directamente cuestionado fue el auto
que rechazó la nulidad, la controversia constitucional no puede desligarse del
proceso de acción popular ni de los mecanismos ordinarios que allí se encontraban
activos.

Bajo esa perspectiva, el recurso de apelación concedido contra la sentencia de
primera instancia adquiere relevancia suficiente para el examen de procedencia. No
se trata de exigir a los accionantes un medio judicial ajeno a la controversia, sino de
reconocer que el trámite ordinario aún ofrecía una vía para examinar, ante el juez
competente, los reparos relacionados con la decisión de fondo, con la integración de
los sujetos interesados, con la valoración probatoria y con el alcance de las órdenes
impartidas. Por ello, la intervención del juez de tutela en este momento supondría
anticipar o sustituir el análisis que corresponde al juez de segunda instancia de la
acción popular.

La Sala también observa que el Tribunal accionado informó que el proceso de acción
popular aún no había culminado en lo que respecta a la controversia procesal
derivada del Auto No. 0015, pues se encontraban pendientes de decisión recursos
formulados por otros intervinientes contra esa misma providencia, antes de remitir el
expediente al Consejo de Estado. Esa circunstancia confirma que la actuación
judicial no se hallaba agotada y que el debate procesal permanecía abierto dentro
del expediente ordinario. En consecuencia, la acción de tutela fue promovida
mientras aún existían instrumentos judiciales en curso o disponibles para discutir los
asuntos que los accionantes llevaron al juez constitucional.

Frente al cargo relacionado con la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de
coadyuvancia, la Sala estima que dicho reproche debía ser planteado, en primer
lugar, por medio de los mecanismos procesales propios del trámite ordinario. La
parte actora afirmó que su solicitud fue presentada el 12 de febrero de 2025 y que,
ante el silencio del Tribunal, radicó escrito de impulso el 20 de febrero de ese mismo
año. Sin embargo, si consideraba que esa omisión generaba una afectación procesal
con incidencia en las decisiones posteriores, contaba con la posibilidad de

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controvertir la respuesta dada en el Auto No. 0015 mediante el recurso de reposición
y, además, de exponer los efectos de esa presunta irregularidad dentro del recurso
de apelación concedido contra la sentencia principal. Por ello, no resultaba
procedente acudir a la tutela como vía directa para obtener un pronunciamiento que
aún podía solicitarse o discutirse dentro del proceso de origen.

Lo mismo ocurre con el cargo relativo a la interpretación del artículo 24 de la Ley 472
de 1998. La discusión sobre si la coadyuvancia en acciones populares podía
formularse en apoyo del extremo demandado o si únicamente procedía respecto de
la parte activa corresponde, en principio, a un debate de interpretación legal propio
del juez de la acción popular. La tutela contra providencia judicial no fue instituida
para sustituir al juez natural en la definición ordinaria del alcance de las normas
procesales, salvo que se advierta una interpretación abiertamente irrazonable,
arbitraria o contraria a la Constitución, y siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedencia. En este caso, la falta de agotamiento del recurso de
reposición contra el auto cuestionado impide a la Sala avanzar hacia un estudio de
fondo sobre ese reparo.

En cuanto a la alegada falta de legitimación para proponer la nulidad, la Sala advierte
que ese fue precisamente el fundamento del rechazo de plano contenido en el Auto
No. 0015. Por tanto, si los accionantes consideraban que la autoridad judicial incurrió
en un razonamiento circular, porque les negó legitimación con apoyo en la ausencia
de reconocimiento como coadyuvantes, el camino procesal inmediato era
controvertir esa conclusión dentro del mismo proceso, mediante el recurso
procedente. La acción de tutela no puede operar como mecanismo principal para
reabrir una discusión que la parte interesada dejó de someter al juez natural a través
del recurso previsto por el ordenamiento.

Tampoco el cargo de incongruencia interna permite superar el requisito de
subsidiariedad. La parte actora sostuvo que el Tribunal rechazó de plano la nulidad,
pero al mismo tiempo analizó aspectos de fondo de las causales invocadas. Esa
inconformidad, por su naturaleza, podía y debía exponerse en el recurso de
reposición contra el Auto No. 0015, pues se trataba de un reproche dirigido a la
estructura argumentativa y a la coherencia de la providencia. Al no haber acudido a
ese mecanismo, los accionantes privaron al propio Tribunal de la posibilidad de

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Acción de tutela – Primera instancia

aclarar, corregir o reconsiderar el alcance de su decisión, y no pueden convertir esa
omisión procesal en presupuesto de procedencia de la tutela.

En relación con la presunta falta de notificación del Auto No. 0015, la Sala observa
que ese argumento tampoco desplaza automáticamente el requisito de
subsidiariedad. Si bien la notificación de las providencias judiciales constituye una
garantía del debido proceso, la demanda no acreditó que esa circunstancia hubiera
impedido de manera absoluta el ejercicio de los mecanismos judiciales disponibles
ni que, por sí sola, configurara un perjuicio irremediable. Además, el debate sobre la
notificación, sus efectos y la eventual oportunidad para interponer recursos
corresponde, en principio, al juez de conocimiento del proceso ordinario, quien
cuenta con competencia para verificar la regularidad de las actuaciones procesales
y adoptar las medidas pertinentes. Por tanto, ese reproche también debía ventilarse
dentro del expediente de la acción popular antes de acudir al juez constitucional.

Tampoco se acreditó que el recurso de apelación concedido fuera inidóneo o ineficaz
para el análisis de los cuestionamientos expuestos. Por el contrario, ese medio
permite que el Consejo de Estado examine la sentencia de primera instancia dictada
en la acción popular y valore los reparos relacionados con la configuración del
contradictorio, las pruebas, el alcance de las órdenes y los efectos de la decisión. Si
la parte actora considera que la falta de pronunciamiento sobre su coadyuvancia tuvo
incidencia en la sentencia, ese planteamiento puede ser apreciado dentro del trámite
ordinario correspondiente, sin necesidad de que el juez constitucional sustituya al
juez competente.

Además, la Sala no advierte que los accionantes hubieran demostrado la existencia
de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la tutela como mecanismo
transitorio. La demanda sostuvo que las sentencias dictadas en la acción popular
afectaron a terceros, suspendieron permisos de pesca comercial y establecieron
restricciones sobre la actividad pesquera en el Archipiélago. Sin embargo, la parte
actora precisó que no actuaba como pescadora ni como representante legal o
apoderada de alguna organización o persona natural o jurídica, sino en nombre
propio, como ciudadanos y profesionales del derecho que solicitaron intervenir como
coadyuvantes.

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Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

En esa medida, no se acreditó una afectación personal, directa, grave, inminente e
impostergable que exigiera la intervención inmediata del juez de tutela, sin esperar
la resolución de los mecanismos ordinarios disponibles. Tal situación, además,
desvirtúa el análisis de urgencia y necesidad planteado por la parte actora al solicitar
el decreto de la medida provisional.

En suma, la Sala concluye que la acción de tutela no superó el requisito general de
subsidiariedad. Los accionantes contaban con el recurso de reposición contra el Auto
No. 0015 del 3 de febrero de 2026 y no lo interpusieron. Además, habían activado el
recurso de apelación contra la sentencia principal de la acción popular, el cual fue
concedido y se encuentra pendiente de trámite. A ello se suma que el proceso
ordinario aún tenía actuaciones procesales pendientes y que no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del
juez constitucional.

Por las razones expuestas, la Sala no puede abordar el estudio de fondo de los
defectos procedimental, sustantivo, fáctico o de incongruencia alegados por la parte
actora. Hacerlo implicaría desplazar al juez natural de la acción popular, sustituir los
recursos ordinarios previstos por el ordenamiento y permitir que la tutela operara
como una instancia adicional frente a una actuación judicial que aún no ha
culminado. En consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Luis
Fernando Álvarez Jaramillo y Alejandro Álvarez Zuluaga contra el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por no cumplirse el
requisito general de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

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Accionantes: Alejandro Álvarez Jaramillo y otro
Acción de tutela – Primera instancia

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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