Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01806-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01806-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01806-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01806-00
Accionante: RAFAEL ENRIQUE OSORIO PEREIRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
Tema: Tutela contra la providencia judicial – Improcedencia de la
acción por no superar los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra el Tribunal Administrativo del Bolívar. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 9 de marzo de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Rafael Enrique Osorio Pereira3 en ejercicio de la acción de tutela
solicitó el amparo4 de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo,
de acceso a la administración de justicia y el principio de primacía de la realidad
sobre las formas.
2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de la
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Tribunal
Administrativo de Bolívar. Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado 13 Administrativo del
Circuito de Cartagena, de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, y de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.
3 Actuando en nombre propio.
4 Índice 2 Samai.
1
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Accionante: Rafael Enrique Osorio Pereira
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01806-00
sentencia del 29 de noviembre de 20245, dictada por la autoridad judicial
accionada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 13001-33-33-013-2019-00299-00/01, por medio de la cual revocó
la decisión del Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
del 25 de abril de 2022, y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda con
las que buscaba el reconocimiento de una relación laboral encubierta.
3. En concreto, el accionante formuló las siguientes pretensiones:
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.), al acceso
a la administración de justicia (art. 229 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.) y a la primacía
de la realidad sobre las formas (art. 53 C.P.), vulnerados al señor RAFAEL
ENRIQUE OSORIO PEREIRA con ocasión de la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 13001-33-33-013-2019-00299-
01.
2. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia fechada el 29 de noviembre
de 2024 y notificada el 12 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar – Despacho 001, por haber incurrido en defecto fáctico,
defecto procedimental absoluto, defecto orgánico, violación directa de la
Constitución y decisión sin motivación suficiente.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que, dentro del término que su
despacho señale, profiera una nueva sentencia en la que:
• Se pronuncie de manera expresa y motivada sobre la solicitud de falta de
jurisdicción y competencia funcional oportunamente radicada.
• Realice un control de legalidad material y efectivo.
• Subsidiariamente en el evento de que el Tribunal si es competente, se le
ordene que efectúe una valoración integral, razonada y conjunta de la totalidad
del acervo probatorio obrante en el expediente.
• Igualmente, en caso de considerarse competente para tramitar este asunto,
subsidiariamente solicitamos que aplique el principio de primacía de la realidad
sobre las formas consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política,
absteniéndose de exigir tarifa probatoria o solemnidad no prevista en la ley para
la acreditación del contrato realidad.6
1.2. Hechos
4. El 19 de diciembre de 2019 el señor Rafael Enrique Osorio Pereira
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, buscando el reconocimiento
de una relación laboral (contrato realidad)7 y de los derechos prestacionales
derivados. El proceso fue asignado al Juzgado Trece Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena, que admitió la demanda en diciembre de 2020.
5 Notificada el 12 de noviembre de 2025. Índice 12 Samai (Rad. 13001-33-33-013-2019-00299-
01)
6 Transcripción literal que puede contener errores.
7 En la sentencia de primer grado del trámite ordinario se indicó que el accionante «[…] estuvo
laborando para el Ministerio de Defensa Nacional-Armada Nacional-Base Naval ARC Bolívar,
desempeñando en los buques de la Armada Nacional labores de lavado de tanques de agua,
ACPM, de aceite, tanques de aguas negras, tanques de aguas grises, pintura en general en las
partes requeridas como bajo fondo, cuarto de máquinas, tuberías, mamparo, cubierta,
aislamientos térmicos y hechura de pisos […]».
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Accionante: Rafael Enrique Osorio Pereira
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
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5. Durante los años 2021 y 2022 se surtieron la audiencia inicial, la práctica
de pruebas y la audiencia de alegatos y fallo. En sentencia del 25 de abril de
2022, el juzgado declaró la nulidad del acto administrativo que negó la relación
laboral8. Lo anterior, al considerar que el demandante, en calidad de «funcionario
de hecho», de facto ejerció funciones públicas con la anuencia y permiso de la
entidad, teniendo por probada la existencia de la referida relación laboral entre el
actor y la parte demandada.
6. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas allegadas, el juzgado consideró
que solo se probó la prestación personal del servicio durante un periodo de 3
meses y 11 días, distribuidos así: «El 5 de mayo de 2010, del 23 al 27 de mayo
de 2011, del 25 de septiembre al 20 noviembre de 2013, del 15 al 17 de febrero
de 2017, del 5 al 25 de agosto de 2017, del 2 al 20 de enero de 2018 y el 1 de
junio de 2018». Ello, en atención a que esos fueron los periodos en los que se
logró constatar el ingreso autorizado del actor a las instalaciones de la Armada
Nacional para la realización de las tareas indicadas.
7. Ambas partes interpusieron recurso de apelación, concedidos en enero de
2023. En lo que concierne a la impugnación de la Armada Nacional, se reprochó,
entre otras cosas, que dos de los testigos del demandante correspondieran a
personas en las mismas condiciones fácticas y del accionante, y con proceso
judiciales con idénticas pretensiones, quienes, por lo demás, afirmaron que
«decidían, de manera autónoma, la labor a desarrollar con el contramaestre».
También señaló que las autorizaciones de ingreso tampoco permiten establecer
una continuidad en el servicio.
8. Por su parte, el demandante insistió en la existencia de una relación
laboral, celebrada verbalmente, la cual estuvo vigente desde 2004 hasta el 21 de
junio de 2018. En particular, destacó que, por tratarse de un contrato verbal,
debía privilegiarse la prueba testimonial, y no solo las documentales para efectos
de demostrar la duración de la relación laboral encubierta.
9. En segunda instancia, el proceso fue conocido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que admitió las apelaciones en agosto de 2024. No
obstante, el 27 de marzo de 20259, la parte demandante presentó memorial
alegando falta de jurisdicción y competencia funcional, por tratarse, según lo
sostenido, de funciones propias de un trabajador oficial.
10. Mediante sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 y notificada el
12 de noviembre de 202510, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la
decisión de primera instancia al concluir que no se acreditó la existencia de una
8 «Oficio 20190423310286591/MDNCOGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DIPER-AJDIPER-1.10 de
17 de junio de 2019, emitido por el Director de Personal Armada Nacional».
9 Índice 9 Samai (Rad.13001-33-33-013-2019-00299-01).
10 Índice 12 Samai (Rad. 13001-33-33-013-2019-00299-01). La decisión incluyó una aclaración
de voto del magistrado Moisés Rodríguez Pérez, quien expuso su desacuerdo con la exigencia
de contrato escrito como criterio decisivo y resaltó la omisión en la valoración integral de las
pruebas, invocando la primacía de la realidad sobre las formas.
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relación laboral entre el accionante y la Armada Nacional porque no se
cumplieron los requisitos exigidos por la ley para efecto y, en particular, los
requeridos para la configuración de los elementos que resultan de la esencia de
la figura del «funcionario de hecho», ni de la prestación de servicios
profesionales11.
1.3. Sustento de la vulneración
11. El accionante indicó que la sentencia cuestionada incurre en múltiples
defectos que vulneran de manera grave su derecho fundamental al debido
proceso, más allá de una simple discrepancia jurídica.
12. Así el demandante alegó un defecto procedimental absoluto porque el
Tribunal Administrativo de Bolívar incumplió el deber de control material de
legalidad previsto en el artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, al
realizar un análisis meramente formal.
13. En particular, señaló que omitió pronunciarse sobre la falta de
competencia funcional y jurisdiccional alegada expresamente mediante memorial
radicado el 27 de marzo de 2025 y, además, sostuvo que el juez de segunda
instancia ignoró precedentes internos en casos sustancialmente similares en los
que el propio tribunal había declarado la falta de jurisdicción y ordenado la
remisión a la jurisdicción laboral.
14. También reprochó un defecto orgánico, en la medida en que la autoridad
judicial profirió sentencia de fondo sin resolver previamente la falta de jurisdicción
y competencia alegada oportunamente, a pesar de que se trata de un
presupuesto procesal de orden público, inderogable e improrrogable. Señaló que,
al decidir sin verificar su habilitación constitucional y legal, el tribunal vulneró el
derecho al juez natural, configurándose un defecto orgánico con incidencia
directa en la validez de la providencia.
15. Por otro lado, expuso que la decisión se profirió sin motivación suficiente.
Para el efecto, indicó que la sentencia carece de motivación sustancial al guardar
silencio frente a argumentos centrales del proceso, especialmente respecto de la
solicitud de control efectivo de legalidad y la alegada falta de jurisdicción. Así,
destacó que la providencia no explicó las razones para apartarse de decisiones
previas en casos análogos ni justificó por qué decidió fallar de fondo. Para el
accionante, este silencio constituye una ausencia de motivación en aspectos
esenciales, vulnerando los artículos 29 y 229 de la Constitución.
11 Al respecto, la sentencia refirió los siguiente requisitos: la existencia del cargo en la planta de
personal de la entidad, el ejercicio de funciones públicas en la forma y apariencia como las hubiera
desempeñado una persona designada regularmente, la provisión de recursos en el presupuesto
de la entidad para el pago de la labor y la existencia de un vínculo contractual o una relación
laboral encubierta. Sobre este último requisito, la sentencia estudió los elementos que implican
su demostración, es decir: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la contraprestación
económica y, especialmente, (iii) la subordinación o dependencia que imponga el Estado como
empleador.
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16. De igual forma, exaltó la existencia de un defecto fáctico al omitir la
valoración integral de pruebas determinantes, en particular los testimonios, la
declaración de parte, las autorizaciones de ingreso a la Base Naval y el oficio
institucional que describía funciones coincidentes con las desempeñadas por el
actor. Explicó que se privilegió indebidamente la inexistencia de contrato escrito,
desconociendo la primacía de la realidad y la presunción de relación laboral
prevista en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945. Resaltó que incluso una
aclaración de voto reconoció la improcedencia de exigir tarifa probatoria formal.
17. Finalmente, argumentó la violación directa de la Constitución al indicar que
la providencia desconoció el artículo 53 superior, al condicionar el reconocimiento
del contrato realidad a la existencia de un acuerdo escrito, otorgando prevalencia
a la forma sobre la realidad fáctica. Destacó que esta interpretación contradice la
jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia T-366 de 2023, y, a su
vez, comporta una trasgresión del texto superior que afecta el derecho al trabajo,
el debido proceso y el acceso a la justicia.
18. En conclusión, el accionante consideró que la providencia cuestionada
debe ser dejada sin efectos, al haber sido proferida con desconocimiento del
control material de legalidad, sin competencia, sin motivación suficiente, con
omisión en la valoración de pruebas determinantes y en abierta contradicción con
el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas.
1.4. Intervenciones
19. El Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena12,
luego de hacer un breve recuento de las actuaciones procesales surtidas al
interior del proceso, solicitó negar el amparo deprecado, y para el efecto destacó
que no violó algún derecho de raigambre constitucional, con ocasión del trámite
y decisión en primera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral adelantado por el señor Osorio Pereira.
20. El Tribunal Administrativo de Bolivar, mediante memorial del 11 de
marzo de 202613 indicó que «[e]n atención a lo solicitado se le informa que, el
proceso 13001333301320190029901 fue devuelto al Juzgado de origen el, 29 de
noviembre de 2024»14.
21. Se allegó memorial15 con solicitud suscrita por el señor Kris Urueta León16,
en la que aportó poder17 para representar a la parte accionante.
II. CONSIDERACIONES
12 Índice 10 Samai.
13 Índice 11 Samai.
14 Transcripción conforme el memorial original.
15 De conformidad con el informe secretarial del 26 de marzo de 2026. Índice 16 Samai.
16 Índice 15 Samai.
17 Ídem.
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22. La Sala declarara la improcedencia de la acción de tutela por no superar
los requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad. En ese
sentido, esta Sección explicará las razones por las cuales en el asunto objeto de
estudio no se supera las mencionadas causales de improcedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales
23. El Consejo de Estado18 y la Corte Constitucional19, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales20 y a la configuración de algún
defecto especial21 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
24. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
25. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
26. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
19 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
20 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
21 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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27. La Sala advierte que, el señor Rafael Enrique Osorio Pereira está
legitimado en la causa por activa, al ser el titular de los derechos que afirma
fueron vulnerados, dado que actuó como demandante en el trámite del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 13001-33-
33-013-2019-00299-00/01. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada
en el presente trámite constitucional.
28. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional22, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
29. En este caso, a juicio de la parte tutelante, al proferir la sentencia del 29
de noviembre de 2024, notificada el 12 de noviembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Bolívar vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
al trabajo, de acceso a la administración de justicia y el principio de primacía de
la realidad sobre las formas.
30. En concreto, sostuvo que a la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes yerros: (i) un defecto procedimental absoluto por falta de control
material de legalidad al realizar un control meramente formal y omitir
pronunciarse sobre la falta de competencia funcional y jurisdiccional alegada
expresamente por el demandante mediante memorial radicado el 27 de marzo de
2025; (ii) un defecto orgánico al decidir de fondo, sin resolver previamente la
solicitud de falta de jurisdicción y competencia —presupuesto de orden público—
; (iii) una carencia de motivación suficiente al omitir pronunciarse sobre
argumentos centrales de la apelación y apartarse sin justificación de precedentes
en casos análogos; (iv) un defecto fáctico por la indebida valoración probatoria al
privilegiar la inexistencia de contrato escrito sobre pruebas determinantes,
desconociendo la primacía de la realidad y la presunción de relación laboral; y,
(v) una violación directa de la Constitución al condicionar el reconocimiento del
contrato realidad a la forma escrita, en contravía del artículo 53 superior y de la
jurisprudencia constitucional. Por lo tanto, solicitó dejar sin efectos la providencia
cuestionada.
31. La Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de la
relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora pretende reabrir un
22 Sentencia SU-215 de 2022.
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debate ya zanjado por el juez natural de la causa, sin que medie una justificación
encaminada a evidenciar la presunta transgresión de sus garantías
constitucionales.
32. El accionante planteó en la demanda de tutela que el tribunal, al desatar
el recurso de apelación enervado contra la decisión de primer grado proferido en
el trámite ordinario, no tuvo en cuenta los argumentos centrales de la alzada ni
valoró los medios de prueba23, pues privilegió la existencia de contrato escrito
con el Estado.
33. Sin embargo, la lectura de la providencia cuestionada da cuenta de que el
tribunal accionado se refirió a distintos elementos de prueba aportados, para
analizar si se cumplían con los elementos de la figura de funcionario de hecho o,
en su defecto, de la prestación de servicios profesionales por medio de una
relación laboral encubierta.
34. En cuanto a lo primero, la autoridad judicial expuso que, para que se
configure una relación laboral con un funcionario de hecho, es necesario que se
demuestren 4 elementos: «(a) que exista de jure el cargo; (b) la función sea
ejercida irregularmente; (c) que el cargo se ejerza en la misma forma y apariencia
como lo hubiera desempeñado una persona designada regularmente y (d)
también puede darse cuando el empleado ejerce funciones públicas con la
anuencia y permiso de las autoridades […]».
35. En el caso concreto, el tribunal concluyó que tales elementos no estaban
presentes, por las siguientes tres razones:
(i) «De la revisión de la documentación allegada al expediente no es posible
extraer que dentro de los organigramas de la [Armada Nacional] se
encuentre situado un cargo para realizar de forma específica las funciones»
del señor Osorio Pereira24. Es más, de acuerdo con el tribunal, «en la
declaración de parte y los testimonios, el señor Rafael Enrique Osorio
Pereira y los señores Richard José Trespalacios Bustos, Jairo Mendivil
Gaviria y Jorge Hernando De La Rosa Polo, coinciden en que ellos eran las
únicas personas que desempeñaban esas funciones, y son enfáticos en que
no existían más cuadrillas ni empleados que tuvieran a su cargo las labores
23 Así lo manifestó en su recurso: «[L]a providencia se limitó a afirmar la inexistencia de prueba
suficiente y a exigir la presencia de contrato escrito bajo una lógica de solemnidad probatoria, sin
explicar por qué descartó los testimonios, la declaración de parte, las autorizaciones de ingreso
a la Base Naval ARC Bolívar y el oficio institucional que describía funciones coincidentes con las
desempeñadas por el actor. // La omisión de respuesta frente a estos puntos impide ejercer
control sobre la razonabilidad de la decisión y vulnera el derecho del accionante a obtener una
sentencia debidamente motivada, fundada en razones jurídicas verificables y no en afirmaciones
conclusivas».
24 A saber: «“las funciones de limpiar las sentinas de los buques, lavado de tanques de agua,
ACPM, de aceite, tanques de aguas negras, tanques de aguas grises, pintura en general en las
partes requeridas como bajo fondo, cuartos de máquinas, tuberías, mamparo, cubierta,
aislamientos térmicos y hechura de pisos, en los buques de la armada”, o del que podría
asemejarse con el lavado, mantenimiento y pintura de buques».
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descritas en los buques de la Armada Nacional posicionados Base Naval
ARC Bolívar».
(ii) Las actividades realizadas por el demandante «se solicitan a través de los
contratos legalmente suscritos y adjudicados bajo los procesos de
contratación estatal adelantados por la Base Naval ARC Bolívar», sin que
fuese posible determinar si el actor fue adjudicatario de algunos de ellos o
si fue contratado o subcontratado por los contratistas.
(iii) No se probó la provisión de recursos con cargo al presupuesto de la entidad
para el pago de la labor realizada. Al respecto, el Tribunal expuso que «el
pago recibido por el demandante siempre se hizo en especie, es ello con el
aceite que se sacaba al limpiar, con pintura, con chatarra, y que una vez se
reunía ese material se sacaba de las instalaciones de la Base Naval, […] y
se vendía en los establecimientos de comercio en la Ciudad de Cartagena
[…] y que el valor producido se dividía entre las diferentes personas que
formaban el grupo de trabajo».
36. La Sala observa que, luego de realizar tales consideraciones, el tribunal
accionado se pronunció frente a la existencia de una relación laboral encubierta,
en los siguientes términos:
[…] Así las cosas, se concluye que no es posible declarar la existencia de
una relación laboral, como quiera que no se logra acreditar con suficiencia el
primer elemento que configuraría la existencia de un contrato realidad: la
prestación personal del servicio. Esto, en razón de que no es posible
demostrar una relación contractual entre Rafael Enrique Osorio Pereira y la
entidad demandada, pues se reitera, para la procedencia de dicha
declaratoria, los contratos constituyen una prueba indispensable e
irremplazable.
Ahora bien, aunque existen testimonios recibidos en la audiencia de pruebas
celebrada el 23 de noviembre de 2021, que buscan probar el vínculo, se
tienen que, de acuerdo con lo expresado anteriormente, no es necesario
estudiarlos, pues, la prueba de la vinculación con el Estado no puede ser
suplida con otros medios probatorios como se indicó en líneas anteriores.
En virtud del derrotero expuesto y, al no estar debidamente probada la
vinculación y la efectiva prestación personal del servicio en el lapso
reclamado, la Sala prescinde del análisis de los demás elementos que
configuran la relación laboral bajo la figura de un contrato realidad,
debiéndose revocar el fallo de primera instancia para en su lugar negar las
pretensiones incoadas.
37. Se observa, entonces, que el tribunal planteó una sustentación razonada
y motivada para determinar que, en el caso puesto en su conocimiento, se debía
prescindir del análisis de los elementos de prueba que el accionante alega como
ignorados, al precisar que en el trámite de primera instancia no se acreditó con
suficiencia la configuración de los elementos que resultan de la esencia de la
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figura de funcionario de hecho25, ni la de una relación laboral encubierta, en
particular, la prestación personal del servicio, esto es, el primer elemento que
configuraría la existencia de un contrato realidad, enervando para ello, que dicho
aspecto debía demostrarse a través de los contratos de prestación de servicios,
como prueba indispensable e irremplazable.
38. La Sala no pierde de vista que el accionante refirió que el asunto sí tiene
relevancia constitucional en tanto no se trata de una simple discrepancia
interpretativa o de legalidad, sino de la presunta vulneración directa de derechos
fundamentales derivada de defectos estructurales en la decisión judicial
cuestionada, pues no se limita a un debate legal, sino que advierte que la
providencia impuso una carga probatoria formal no prevista en la ley,
privilegiando la ausencia de un documento escrito sobre la valoración integral de
las pruebas.
39. No obstante, para la Sala estos argumentos permiten advertir que los
reproches planteados por el actor tienden a imponer su interpretación normativa
sobre las consideraciones expuestas por el tribunal, lo que refleja una mera
inconformidad con lo decidido por la autoridad judicial accionada en la búsqueda
del accionante por continuar, en sede de tutela, con un debate resuelto por el
juez natural de la causa.
40. Todo lo anterior pone en evidencia la falta de relevancia constitucional del
asunto bajo estudio, pues, aparte de propender por una instancia adicional para
discutir el asunto ya zanjado en el trámite ordinario, el accionante no plantea
razones concretas respecto a cómo la providencia atacada vulneró sus derechos
fundamentales. De ahí que el asunto de la referencia no se trate de una
verdadera cuestión de relevancia constitucional que justifique la intervención del
juez de tutela.
41. En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio.
42. El accionante también sostuvo que contra la sentencia cuestionada no
procedía recurso ordinario alguno, por tratarse de una providencia que puso fin
al proceso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo que hizo tránsito a
cosa juzgada, agotando así la vía ordinaria. Por ello, sostuvo que la acción de
tutela se erigía como el único mecanismo judicial idóneo y eficaz para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la
primacía de la realidad sobre las formas, presuntamente vulnerados con la
decisión atacada.
25 Sobre este aspecto, el tribunal no encontró prueba suficiente que permitiera acreditar la
existencia del cargo en la planta de personal de la entidad, el ejercicio de funciones públicas en
la forma y apariencia como las hubiera desempeñado una persona designada regularmente, la
provisión de recursos en el presupuesto de la entidad para el pago de la labor.
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43. Por consiguiente, la Sala pasará a estudiar el requisito de subsidiariedad
en el caso concreto.
44. Subsidiariedad. En el orden expuesto, conviene señalar que este es un
requisito general de procedibilidad de la acción de tutela que se encuentra
consagrado en el inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política26 y en el
numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 199127. De acuerdo con este, la
solicitud de amparo solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que la ejerza como mecanismo transitorio
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable28.
45. En particular, la Sala observa que los otros yerros que el accionante le
adjudica a la decisión que ataca por esta vía constitucional, se fundan en el
supuesto de que el tribunal omitió pronunciarse sobre la falta de competencia
funcional y jurisdiccional alegada mediante el memorial del 12 de marzo de 2025,
pese a ser un requisito esencial de validez, e ignoró precedentes internos en los
que el mismo tribunal había declarado la falta de jurisdicción y ordenado remitir
el asunto a la jurisdicción laboral.
46. Al respecto, la Sección advierte que, previa consulta del trámite ordinario
Rad. 13001-33-33-013-2019-00299-01 en la sede electrónica de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo de Colombia [SAMAI], pudo observar que el 6
de noviembre de 2025 el tribunal registró la sentencia de segunda instancia como
una actuación surtida desde el 24 de noviembre del año 202429 la cual fue
notificada el 12 de noviembre de 202530.
47. Asimismo, se encontró que el día 18 de marzo de 202531, el accionante
allegó el memorial en el que plantea la falta de jurisdicción del tribunal
administrativo y solicita, en consecuencia, que se remita el expediente a la
jurisdicción ordinaria, esto es, a los juzgados laborales del circuito de Cartagena.
26 «Artículo 86. Numeral 3.º. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
27 «Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante».
28 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013. Al respecto, el alto Tribunal ha precisado que
el perjuicio irremediable “se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho
fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia,
requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen”. Corte Constitucional,
sentencia T-634 de 2006. Sobre las características del perjuicio irremediable, la Corte
Constitucional, en sentencia T-1316 de 2011 señaló que este debe ser inminente o próximo a
suceder, grave, que requiera de medidas urgentes para superar el daño y, por último, las medidas
de protección deben ser impostergables.
29 Índice 10 de SAMAI (Rad. 13001-33-33-013-2019-00299-01).
30 Índice 12 de SAMAI (Rad. 13001-33-33-013-2019-00299-01).
31 Índice 9 de SAMAI (Rad. 13001-33-33-013-2019-00299-01).
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48. Esta solicitud es la que se alega como desconocida y cuya falta de trámite
funda los yerros que el accionante reprocha a la sentencia cuestionada. Al
respecto la Sala debe precisar que la tutela presentada por el señor Rafael
Enrique Osorio Pereira no supera el requisito de subsidiariedad, comoquiera que
el fundamento de los defectos alegados se enmarca en al menos una de las
causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión. En particular, la
contenida en el numeral 5 artículo 250 del CPACA: «Existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación», puesto que, de la lectura integral del escrito, se advierte que los
argumentos reprochan el hecho de que el juez decidió sobre un asunto respecto
del cual carecía de jurisdicción o competencia.
49. Al respecto, el Consejo de Estado32 se ha referido al tema en los siguientes
términos:
[…]La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, indicó que las nulidades
procesales no pueden confundirse con las que se originan en la sentencia, pues
mientras las primeras se estructuran cuando se dan los motivos consagrados
taxativamente en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, las segundas
deben interpretarse restrictivamente con unos determinados supuestos fácticos
que esta Corporación ha precisado y que conducen a determinar que la nulidad
originada en la sentencia puede ocurrir:
a) Cuando el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia; […] [Énfasis fuera de texto]
50. Conforme a lo anterior, resulta evidente que el accionante pudo promover
el recurso extraordinario de revisión, para alegar la nulidad originada en la
sentencia al advertirse la presunta falta de jurisdicción del juez administrativo.
51. Es importante reiterar que la acción de tutela, dada su naturaleza
subsidiaria, «pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la
resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento
supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una
instancia adicional para reabrir debates concluidos»33.
52. Finalmente, cabe destacar que, si bien la Corte Constitucional ha
reconocido que en casos excepcionales es posible flexibilizar la exigencia del
requisito de subsidiariedad ante la inminencia de un perjuicio irremediable34, en
el presente asunto la parte accionante no expuso argumento alguno encaminado
a demostrar dicha situación. Por lo tanto, no resulta procedente aplicar tal
excepción.
2.2. Conclusión
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28 de febrero de 2013,
Rad. 54001-23-31-000-2000-01331-01(1216-09). M.P. Bertha Lucia Ramírez De Páez.
33 Sentencias SU-712 de 2013 y C-132 de 2028, Corte Constitucional.
34 Corte Constitucional, Sentencia C-132 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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53. Así las cosas, para la Sala debe declararse la improcedencia de la acción
de tutela por no superar los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad como se expuso en precedencia.
2.3. Otras decisiones
54. Según se tiene, con posterioridad a la admisión de la solicitud de amparo,
la parte demandante confirió poder al abogado Kris Urueta León identificado con
número de cédula 7.920.847 y tarjeta profesional 136.293 del Consejo Superior
de la Judicatura35, con el fin de que ejerza su representación judicial dentro del
proceso de la referencia, por lo que, al cumplir dicho mandato con los requisitos
de ley habrá de reconocerse la personería en los términos del poder otorgado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
Rafael Enrique Osorio Pereira contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
SEGUNDO: RECONOCER personería jurídica al abogado Kris Urueta León,
como representante judicial de la parte demandante, en los términos del poder
allegado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
35 Índice 15 Samai.
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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