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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01810-00

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01810-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación planteada por la autoridad judicial accionada. SEGUNDO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y a su Área de Talento Humano del presente trámite. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Radicación: 11001-03-15-000-2026-01810-00 Demandante: Luis Enrique Bustos Bustos Demandado: Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Presidencia de la Sala Penal Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01810-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01810-00
Demandante: Luis Enrique Bustos Bustos
Demandado: Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Presidencia de la Sala
Penal
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / Improcedencia
– Subsidiariedad – existencia de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz – no se
probó perjuicio irremediable.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del trámite
constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El señor Luis Enrique Bustos Bustos presentó acción de tutela contra la Presidencia

de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en busca de obtener la protección
de su derecho fundamental al trabajo, descanso remunerado y “vacaciones”.
Consideró que estos fueron vulnerados con ocasión de la Resolución No. 16 del 18
de febrero de 2026, a través de la cual se le negaron unos días compensatorios por
haber operado el fenómeno de la prescripción, así como la Resolución No. 20 de esa
misma fecha, que confirmó esa determinación.

2. El 27 de enero de 2026, el actor, en su calidad de magistrado de la Sala Penal del

Tribunal Superior de Bogotá, solicitó a la autoridad accionada el disfrute de veintiséis
(26) días compensatorios, por los turnos de disponibilidad prestados en los
siguientes periodos: del 31 de diciembre de 2021 al 4 de enero de 2022, del 20 al 25
de diciembre de 2022, del 31 de diciembre de 2023 al 4 de enero de 2024, del 25 al
29 de diciembre de 2024; y del 12 al 16 de abril de 2025.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01810-00
Demandante: Luis Enrique Bustos Bustos
Demandado: Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Presidencia de la Sala Penal
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3. Por medio de la Resolución No. 16 del 18 de febrero de 2026, la autoridad
accionada: (i) negó el reconocimiento de los días compensatorios correspondientes
a los turnos prestados entre 31 de diciembre de 2021 y el 4 de enero de 2022, así
como del 20 al 25 de diciembre de 2022, por estimar que respecto de aquellos había
operado el fenómeno de la prescripción, conforme lo previsto en el Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social y el Código Sustantivo del Trabajo y; (ii)
concedió quince (15) días compensatorios frente a los demás periodos solicitados.

4. Contra el numeral primero de la parte resolutiva de la decisión anterior, el
accionante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente
a través de la Resolución no. 20 del 18 de febrero de 2026. Para tal efecto, la
autoridad accionada precisó que el descanso compensatorio derivado de la
prestación de turnos de control de garantías durante la vacancia judicial no constituye
una situación administrativa en los términos del artículo 135 de la Ley 270 de 1996,
sino un “descanso adicional”, de carácter especial, establecido en el Acuerdo
PSAA08- 5433 de 2008 del Consejo Superior de la Judicatura. En esa medida,
estimó que dicha prerrogativa no es equiparable al derecho a las vacaciones y que,
por tanto, le resultaba aplicable el término de prescripción de tres (3) años, sin que
hubiera lugar a extender de manera supletiva o integradora lo previsto en el Decreto
1042 de 1978, conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado.

5. Además, señaló que conceder más de quince (15) días hábiles continuos de
descanso compensatorio afectaría de manera significativa la prestación del servicio,
en tanto implicaría un recargo de funciones para los demás magistrados que
componen la Sala integrada por el solicitante, más aún considerando el incremento
de reparto que se ha presentado en la Corporación.

6. En el escrito de tutela, el accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró

sus derechos fundamentales al descanso remunerado y vacaciones, por cuanto
aplicó -de forma indebida- el término de prescripción previsto en el artículo 488 del
Código Sustantivo del Trabajo, desconociendo el principio “pro operario”,
consagrado en el artículo 21 del mismo estatuto.

7. Asimismo, adujo que la autoridad omitió considerar la parte complementaria de

dicha disposición, según la cual: “En el evento en que se reclamen derechos
emanados de una relación de trabajo, dicho término se contará desde que la
respectiva obligación se hace exigible, salvo en los casos de prescripciones
especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

8. Señaló que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
interpretado el alcance del término de prescripción aplicable a las vacaciones, en
armonía con el principio de favorabilidad, precisando que, conforme a los artículos
488 del CST y 151 del CPT y de la SS, el derecho a su disfrute o compensación
prescribe respecto de los periodos que excedan cuatro (4) años, en la medida en

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01810-00
Demandante: Luis Enrique Bustos Bustos
Demandado: Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Presidencia de la Sala Penal
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

que estas solo se hacen exigibles una vez vence el término con que cuenta el
empleador para concederlas. A juicio del accionante, esa interpretación se ajusta al
mandato superior contenido en el artículo 53 de la Constitución Política, por lo que
el término de prescripción aplicable en su caso es de cuatro (4) años y no de tres (3),
como lo concluyó la autoridad accionada.

9. Agregó que el Decreto Ley 1045 de 1078 prevé que cuando no se haga uso de las

vacaciones en la oportunidad prevista, el derecho a disfrutarlas o a recibir su
compensación en dinero prescribe en un término de cuatro (4) años, contados a partir
de la fecha de su causación.

10. En ese sentido, arguyó que la autoridad accionada confundió el régimen del
servicio que prestan todos los jueces durante los fines de semana y a aquel
correspondiente a la disponibilidad asumida por los magistrados durante periodos de
vacancia judicial, particularmente en las vacaciones colectivas de fin de año,
desconociendo que este último tiene fundamento en garantías de rango
constitucional y en el bloque de constitucionalidad, así como en disposiciones legales
y reglamentarias que no pueden ser desatendidas.

11. Cuestionó el argumento relativo a la afectación del servicio, pues, de acuerdo con

las disposiciones internas de la Sala Penal, en tales eventos no se suspende el
reparto de procesos, por lo que razones de conveniencia, eficiencia o eficacia no
pueden erigirse como justificación para desconocer derechos fundamentales.

12. Manifestó que la solicitud de amparo resulta necesaria para evitar la configuración

de un perjuicio irremediable, comoquiera que la Corte Suprema de Justicia aceptó
su renuncia irrevocable al cargo de magistrado, con efectos a partir del 4 de mayo
de 2026.

13. Sobre el particular, citó la sentencia del 12 de diciembre de 2018, proferida por el

Consejo de Estado dentro del proceso de tutela con radicado 08001-23-33-000-
2018-00756-00 y, con fundamento en dicha providencia, sostuvo que en el presente
asunto concurren los elementos que configuran un perjuicio irremediable, lo que
habilita la procedencia del mecanismo de amparo.

14. En ese sentido, las pretensiones están orientadas a que se ordene el
reconocimiento de los días compensatorios correspondientes a los turnos prestados
entre el 20 y el 25 de diciembre de 2022.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

15. Inicialmente, el conocimiento de ese asunto correspondió a la Corte Suprema de

Justicia, la cual, por auto del 25 de febrero de 2026, dispuso admitir la acción de
tutela, notificar de su presentación a la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, así como vincular, en calidad de terceros con

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01810-00
Demandante: Luis Enrique Bustos Bustos
Demandado: Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Presidencia de la Sala Penal
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

interés, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y a su Área de Talento Humano.

16. Posteriormente, mediante auto del 5 de marzo de 2026, se ordenó remitir el
expediente a esta Corporación, en atención a la regla de reparto prevista en el
artículo 2.2.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 20153.

17. En virtud de lo anterior, por medio de auto del 13 de marzo de 2026, se avocó

conocimiento de la presente acción. Durante el curso del proceso, se allegaron las
siguientes intervenciones:

(i) Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Presidencia de la Sala
Penal4

18. Señaló que la solicitud de amparo se torna improcedente por no satisfacer el

requisito de subsidiariedad, en la medida que la discusión planteada recae sobre
actos administrativos cuya legalidad debe ser debatida ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

19. Afirmó que la inminente materialización de la renuncia al cargo presentada por el
actor, con efectos a partir del 4 de mayo de 2026, no constituye un perjuicio
irremediable, toda vez que el actor decidió acumular los turnos prestados varios años
atrás, asumiendo el riesgo de que operara el fenómeno de la prescripción.

20. Aseveró que la concesión de más de quince (15) días hábiles continuos de
descanso compensatorio impactaría negativamente la prestación del servicio en la
Sala que integra el accionante, en tanto su ausencia generaría una sobrecarga en
las labores de los demás magistrados. Por esa razón, solicitó la vinculación de estos
últimos al trámite de tutela, dado el interés que les asiste.

(ii) Consejo Superior de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá5

21. Ambas solicitaron su desvinculación de la acción de tutela, al estimar que carecen

de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta que la vulneración alegada se
atribuyó a la negativa de reconocimiento de días compensatorios, decisión que
corresponde de manera exclusiva a la autoridad nominadora.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2 “(…) cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que
pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo”.
3 Modificado por el Decreto 333 de 2021.
4 Intervención digital contenida en 5 folios.
5 Intervenciones digitales contenidas en 19 folios.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01810-00
Demandante: Luis Enrique Bustos Bustos
Demandado: Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Presidencia de la Sala Penal
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

C. Cuestión previa

22. No se accederá a las solicitud de vinculación propuesta por la Presidencia de la

Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, en tanto no se advierte de
qué manera los demás magistrados que en su momento integraban sala con el
accionante podrían verse afectados con la decisión que se adopte en sede de tutela.

23. En efecto, la presente acción tiene por objeto controvertir los actos administrativos

mediante los cuales se negó al actor el reconocimiento de unos días compensatorios,
decisión que se sustentó principalmente en la configuración del fenómeno de la
prescripción. Si bien la autoridad accionada aludió a razones relacionadas con la
necesidad del servicio, dicha consideración fue adicional o complementaria, mas no
el motivo principal de la negativa.

24. De esta manera, el debate se centra en si resultaba procedente o no aplicar la

figura de la prescripción al derecho reclamado por el accionante, aspecto que
concierne de manera directa a su situación jurídica particular y no incide en los
intereses de los demás magistrados de la corporación.

25. Por el contrario, la Sala concederá la solicitud de desvinculación planteada por el

Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Bogotá, por cuanto no son las llamadas a responder por la vulneración de los
derechos invocados. La afectación alegada se atribuyó a la decisión adoptada por la
autoridad accionada, consistente en negar unos días compensatorios al accionante,
sin que dichas entidades hubiesen tenido alguna participación o injerencia en dicha
determinación.

D. Caso concreto

26. Sedeclarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no satisfacer el
presupuesto general de subsidiariedad.

27. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela

únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable6. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de amparo, el interesado debió haber agotado todos los mecanismos -
idóneos y eficaces- que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la
situación que amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene

6 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la

amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01810-00
Demandante: Luis Enrique Bustos Bustos
Demandado: Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Presidencia de la Sala Penal
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

improcedente.

28. Tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos, la Corte
Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya que,
por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad,
pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse
a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las
que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se
presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó,
sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo7.

29. En esa línea, la jurisprudencia constitucional8 ha señalado que, por regla general,

la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos obedece a: (i) la
existencia de mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador para
controvertir las actuaciones de la administración; (ii) la presunción de legalidad que
las cobija; y (iii) la posibilidad de adoptar medidas cautelares a fin de proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

30. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, aun

en el evento en que concurran otros medios de defensa, existen dos excepciones
que justifican la procedibilidad de la acción de tutela: (i) la falta de idoneidad y eficacia
del instrumento de defensa y; (ii) cuando siendo idóneo y eficaz, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. En esta última hipótesis el mecanismo de
amparo constitucional procede como mecanismo transitorio.

31. En el caso bajo estudio, el accionante acudió al juez de tutela con el propósito de

controvertir las resoluciones No. 16 y 20 del 18 de febrero de 2026, a través de las
cuales se le negaron unos días compensatorios por haber operado el fenómeno de
la prescripción; actos que son susceptibles de control a través de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho9.

32. Dicho mecanismo no solo permite debatir la presunción de legalidad de los actos

acusados y obtener el restablecimiento de los derechos presuntamente vulnerados
a causa de su expedición, sino que también ofrece la posibilidad de solicitar la
adopción de medidas cautelares encaminadas a garantizar -provisionalmente- el
objeto del proceso.

7 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-253 de 2020, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9 El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo

amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho (…)”.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01810-00
Demandante: Luis Enrique Bustos Bustos
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

33. De esta manera, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se

erige como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para ventilar la inconformidad del
accionante respecto a los actos que le negaron el reconocimiento de unos días
compensatorios.

34. No obstante, la parte actora no ha ejercido dicho instrumento, ni expuso razones

suficientes que justifiquen su inactividad, toda vez que los argumentos en los que
edificó la existencia del alegado perjuicio, no resultan suficientes para revelarlo de la
carga de agotar las vías ordinarias que ha dispuesto el legislador para la protección
de sus derechos.

35. Para tal efecto, el accionante citó la sentencia del 12 de diciembre de 2018,
proferida por el Consejo de Estado dentro del trámite de tutela con radicado 08001-
23-33-000-2018-00756-00.

36. Endicha providencia, se abordó el estudio de un caso de unas empleadas
pertenecientes a un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, a
quienes se les negó el disfrute de sus vacaciones individuales con fundamento en la
necesidad del servicio, bajo el argumento de la falta de disponibilidad presupuestal
para efectuar un nombramiento de reemplazo.

37. El juez de tutela concluyó que dicha negativa constituía una vulneración al derecho

fundamental al descanso de las accionantes, al considerar que razones de índole
administrativa no podían desconocer el goce de un periodo vacacional al que
legalmente tenían derecho las accionantes. El fallador resaltó que, si bien la
continuidad del servicio adquiría especial relevancia, esta no podía sobreponerse a
los derechos fundamentales de los empleados, máxime cuando el legislador previó
formas efectivas para conciliar estos intereses involucrados, como el encargo o los
nombramientos en provisionalidad.

38. Además que la referida es una decisión de tutela con efectos inter partes, se hace

evidente que los supuestos fácticos y jurídicos analizados en esa oportunidad distan
sustancialmente del caso que ahora se examina. En el sub lite, el actor no solicitó el
disfrute de vacaciones, sino el reconocimiento de unos días compensatorios, cuya
negativa no se sustentó principalmente en razones de necesidad del servicio, sino
en la configuración del fenómeno de la prescripción. Así, mientras en la providencia
invocada se antepusieron razones de índole administrativa para negar un derecho,
en el presente asunto la decisión cuestionada se fundamentó -principalmente- en la
extinción del derecho por el transcurso del tiempo, sin haber sido oportunamente
reclamado.

39. En ese orden, mas allá de la discusión relativa al término de prescripción que

debía aplicarse, en su momento la intervención del juez de tutela obedeció a la
existencia de una vulneración de derechos fundamentales derivada de
circunstancias ajenas a la voluntad de las promotoras de la acción. Tal situación no

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01810-00
Demandante: Luis Enrique Bustos Bustos
Demandado: Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Presidencia de la Sala Penal
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

ocurre en el caso bajo estudio, pues la negativa objeto de censura se encuentra
asociada, a primera vista, a la inactividad del propio accionante en el ejercicio
oportuno de su derecho.

40. Además, en dicha oportunidad, la procedencia del mecanismo de amparo también

se justificó en la necesidad de garantizar el derecho al descanso como presupuesto
para la recuperación de las condiciones físicas y mentales del trabajador, en orden
a la continuidad de la prestación del servicio, mientras que, en el presente asunto, al
accionante le fueron reconocidos quince días compensatorios, por lo que la
controversia se circunscribe a un número adicional de días que le fueron negados,
concretamente, seis. A lo que se suma su renuncia al cargo, lo que desvirtúa la
urgencia de la protección constitucional en los términos planteados, en tanto no se
evidencia la necesidad de garantizar su reincorporación al servicio en condiciones
de recuperación física o mental.

41. En este contexto, no se advierte la configuración de un perjuicio de tal magnitud

que justifique la procedencia de la acción constitucional. Por el contrario, se observa
que los días compensatorios reclamados corresponden a turnos prestados en el año
2022, respecto de los cuales el accionante optó por no ejercer oportunamente su
derecho, permitiendo su acumulación en el tiempo. Esta circunstancia desvirtúa la
urgencia de la protección solicitada y evidencia la ausencia de una afectación actual
y grave a sus derechos fundamentales que haga procedente la intervención del juez
de tutela.

42. Por lo expuesto en precedencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud

de amparo.

43. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación planteada por la autoridad judicial
accionada.

SEGUNDO: DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá y a su Área de Talento Humano del
presente trámite.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado,
conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01810-00
Demandante: Luis Enrique Bustos Bustos
Demandado: Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Presidencia de la Sala Penal
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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