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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01811-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01811-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por acaecimiento de una situación sobreviniente, respecto de la tutela presentada por el señor Juan Camilo Moya Rojas en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01811-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01811-00
Accionante: JUAN CAMILO MOYA ROJAS
Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA

Temas: Tutela contra actos administrativos. Carencia actual de objeto
por situación sobreviniente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Tribunal Superior del Distrito de Neiva. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 10 de marzo de 20261, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Juan Camilo Moya Rojas, en nombre propio, instauró acción de
tutela contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. Con la solicitud
de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la vida, a
la salud, al debido proceso y a la dignidad humana.

2. La trasgresión de sus garantías constitucionales se la adjudicó a las
Resoluciones 028 del 12 de febrero, 034 del 23 de febrero y 041 del 26 de febrero,
todas del presente año y proferidas por la autoridad judicial accionada. En tales
decisiones, respectivamente, se le designó como integrante de la comisión
escrutadora del municipio de Acevedo (Huila); posteriormente, se cambió su
designación a la comisión escrutadora de Gigante (Huila) y, finalmente, se negó
su exclusión como integrante de dicha comisión.

1
Índice 8 de Samai. Mediante este auto se notificó como accionado al Tribunal Superior del
Distrito de Neiva y se dispuso la vinculación del registrador Departamental del Huila y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. De otro lado, se negó la medida provisional solicitada
por la parte actora.

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Accionante: Juan Camilo Moya Rojas
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01811-00

3. Con fundamento en lo anterior, la parte actora solicitó:

PRIMERA - Que se amparen mis derechos fundamentales a la vida, a la salud,
a la igualdad, dignidad humana y al debido proceso, vulnerados por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Huila.
SEGUNDA - Que como consecuencia del amparo concedido, se ordene al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Huila revocar mi designación como
escrutador del municipio de Gigante, Huila, y, en su lugar, proferir una nueva
decisión debidamente motivada que valore de manera objetiva, seria y suficiente
mi estado de salud, la historia clínica, la epicrisis, las recomendaciones médicas
y el certificado médico aportados, los cuales acreditan que fui sometido a una
cirugía mayor de revascularización miocárdica, que me encuentro en proceso de
recuperación cardiovascular, bajo tratamiento anticoagulante, y que
médicamente no puedo someterme a jornadas laborales extensas ni a
situaciones de estrés físico o emocional.
TERCERA - En el evento en que el Despacho no acceda a las pretensiones
anteriores, solicito que se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Huila
proferir una nueva decisión de fondo, en la que se explique de manera clara,
expresa y motivada por qué mi condición médica —cirugía cardiaca mayor
reciente, tratamiento anticoagulante activo y prohibición médica expresa de
jornadas extensas y situaciones de estrés— no es considerada causal suficiente
de exclusión, garantizando así mi derecho al debido proceso y a la contradicción.

1.2. Hechos

4. El señor Juan Camilo Moya Rojas se desempeña como secretario en
propiedad del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Gigante (Huila).

5. Mediante Resolución 028 del 12 de febrero de 2026, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva lo designó como integrante de la comisión
escrutadora del municipio de Acevedo (Huila), para las elecciones del Congreso
de la República programadas para el 8 de marzo del año en curso.

6. A raíz de lo anterior, en oficio del 17 de febrero de 2026, el señor Moya
Rojas pidió ser excluido de la comisión escrutadora. Para el efecto, expuso que
estaba en recuperación de la cirugía mayor de vascularización miocárdica que le
fue realizada el día 4 de diciembre de 2025, y precisó que por ello no podía estar
sometido a jornadas prolongadas de trabajo o actividades que implicaran
esfuerzo físico o estrés.

7. En Resolución 034 del 19 de febrero de 2026, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva modificó la Resolución 028 del 12 de febrero del mismo
año. Allí, dispuso que el señor Moya Rojas integrara la comisión escrutadora de
Gigante, en vez de la de Acevedo.

8. Inconforme con lo decidido, el 23 de febrero del presente, el señor Moya
Rojas presentó nueva solicitud de exclusión. Allí, reiteró su situación de salud y
allegó copia de la epicrisis, historias clínicas y recomendaciones médicas
actualizadas, que dan cuenta de la necesidad de evitar el estrés y las jornadas
prolongadas de trabajo.

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9. El 26 de febrero de 2026, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva
expidió la Resolución 041, mediante la cual negó la exclusión del tutelante. Como
sustento de su decisión, indicó que no se acreditó alguna de las causales
contenidas en el artículo 108 del Decreto 2241 de 1986.

10. Afirmó que el 2 de marzo de 2026 se le expidió certificado médico en el
que se da cuenta que está en recuperación cardiopulmonar, razón por la cual no
podía estar sometido a extensas horas de trabajo ni estrés.

1.3. Sustento de la vulneración

11. El actor consideró que el Tribunal accionado vulneró su derecho a la
igualdad al no haber aplicado criterios objetivos y uniformes al decidir las
solicitudes de exclusión. En particular, afirmó que no se le impartió el mismo trato
que a otros ciudadanos, frente a los cuales, si se aceptó otro tipo de razones para
no ejercer la función constitucional designada, aun cuando aquellas no están
contempladas como causales de exclusión de conformidad con el artículo 108
del Decreto 2241 de 1996.

12. Además, señaló que el acto administrativo que resolvió su solicitud de
exclusión cercenó su derecho a la defensa, en la medida que no contiene una
motivación real, ni un análisis detallado de los documentos allegados por él.

13. Precisó que las jornadas propias del proceso de escrutinio podían
extenderse por uno o varios días continuos, implicando extensas jornadas
laborales con alta exposición a situaciones de estrés físicos y emocional, en
contravía de las restricciones medicas que le habían sido impuestas. Tal
situación, a su juicio, podía generar un riesgo cierto para su salud cadiovascular.

14. En relación con lo mencionado previamente, afirmó que en la actualidad
presenta síntomas derivados de su cirugía, tales como: dolor torácico en la zona
de intervención, sensación de adormecimiento, episodios de mareo, fatiga
frecuenta y sensacional ocasional de disnea.

15. Con fundamento en ello, afirmó que la conducta del Tribunal accionado
había puesto en riesgo su derecho a la vida, a la salud, a la igualdad y al debido
proceso, al negarle su exclusión de la comisión escrutadora sin la previa
verificación de los soportes médicos que daban cuenta de su situación particular
y concreta y al no haber aplicado similares criterios ante todos.

1.4. Intervenciones

16. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva pidió que se niegue
la solicitud de amparo, tras considerar que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del accionante. Para el efecto, efectuó un recuento de todas las
actuaciones que motivaron la interposición de la presente solicitud de amparo.
En seguida, señaló que el señor Moya Rojas labora normalmente en un despacho

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judicial y recibe mensualmente, sin restricciones, la remuneración que legalmente
le corresponde. Por consiguiente, afirmó que acatar las obligaciones que impone
la ley no podía servir de excusa para desvincularse de sus deberes.

17. Precisó que todos los servidores públicos, así como tienen derecho a
recibir de manera completa y puntual la remuneración que corresponde, tienen
el deber de cumplir las leyes, decretos y acuerdos. Para el caso puntual, en
procesos electorales. De forma tal que, no cualquier dolencia podía llevar a una
exclusión en el obedecimiento de aquellas.

18. De otro lado, informó que la titular del Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Gigante le comunicó que el señor Moya Rojas se encontraba
desempeñando su labor como secretario del despacho, en tanto su designación
como miembro de la comisión escrutadora terminó el martes 10 de marzo de
2026.

19. La Registraduría Nacional del Estado Civil afirmó que no es la
encargada de atender las pretensiones enlistadas por el demandante, en tanto la
labor de dicha autoridad en la audiencia de escrutinios es netamente secretarial.
Por consiguiente, alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

20. De otro lado, allegó certificación que da cuenta de que el señor Juan
Camilo Moya Rojas se presentó ante la comisión escrutadora de Gigante del 8
de marzo a las 3:30 p.m., con el fin de cumplir la función para la cual fue
designado. En todo caso, mencionó que la tutela es improcedente por no cumplir
con el requisito de la subsidiariedad.

II. CONSIDERACIONES

21. La sala declarará la carencia actual de objeto por situación sobreviniente,
por las razones que se exponen a continuación.

2.1. En el caso concreto operó la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente

22. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo
consagrado en el Decreto Legislativo 2591 de 1991, tiene como objetivo la
protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando
estos resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las
autoridades y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el
Legislador2.

23. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada,
2
Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.

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en el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se
ha producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo
constitucional, la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, «cae en
el vacío»3. A la primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia
constitucional la ha denominado hecho superado y, a la segunda, daño
consumado.

24. Por otra parte, la Corte Constitucional también ha reconocido4 que existen
situaciones en las que la carencia actual de objeto no necesariamente se
encuadra en las dos figuras jurídicas antes mencionadas, sino que obedece a
otras circunstancias asociadas a un evento posterior a la solicitud de tutela. En
esos casos, se ha considerado que la decisión que pudiere proferir el juez de
tutela resultaría igualmente inane por sustracción de materia o por lo que en sede
de unificación denominó «acaecimiento de una situación sobreviniente».

25. Sobre el tema cabe destacar la sentencia SU 522 de 2019, en la que se
precisó que, si luego de acudir a la autoridad judicial, «la situación ha sido
superada o resuelta de alguna forma», no tendría sentido un pronunciamiento,
puesto que «la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío», siendo
esta la «idea central que soporta el concepto de carencia actual de objeto».

26. En el sub judice, como viene de verse, la parte actora solicitó la protección
de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al debido proceso y a la
dignidad humana. Afirmó que los mismos estaban amenazados con ocasión de
su designación como escrutador municipal del municipio de Gigante, para las
elecciones al Congreso de la República, por parte del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva.

27. Asimismo, cuestionó que dicha autoridad judicial no hubiera accedido a su
solicitud de exclusión como miembro de la comisión escrutadora, pese a que
aportó la documentación que daba cuenta de su estado de salud y a que, a otros
ciudadanos, bajo criterios no uniformes, si los hubiera exonerado de dicho deber.

28. En efecto, al cotejar el material probatorio obrante al interior del expediente
de la referencia, se advirtió que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva
emitió los siguientes actos administrativos:

a) Resolución 028 del 12 de febrero de 2026. Mediante la cual designó al
señor Juan Camilo Moya Rojas como miembro de la comisión escrutadora
de Acevedo.
b) Resolución 034 del 19 de febrero de 2026, mediante la cual modificó el
lugar de designación del señor Moya Rojas al municipio de Gigante.
c) Resolución 041 del 26 de febrero de 2026, en la que negó la solicitud de
exclusión presentada por el señor Juan Camilo Moya Rojas.

3
Consultar, entre otras, las sentencias: T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de
2014, T-484 de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018.
4
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2017.

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29. De igual manera, de los informes presentados tanto por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, como por la Registraduría Nacional del
Estado Civil y la certificación suscrita por el registrador municipal del Estado Civil
de Gigante (Huila), se tuvo conocimiento de que la Comisión Escrutadora de
dicho ente territorial estuvo conformada del 8 al 10 de marzo de 2026 y que el
señor Juan Camilo Moya Rojas se presentó a cumplir con sus respectivas
labores:

30. Lo anterior permite inferir que las circunstancias fácticas que motivaron la
presente acción constitucional variaron entre el momento de presentación de la
tutela y la fecha de la presentación decisión, en tanto la designación y el ejercicio
de las funciones como miembro de la comisión escrutadora—cuyos efectos
pretendía evitar el accionante—, ya se surtió. De ahí que cualquier orden que se
imparta sería inane.

31. Al respecto, conviene recordar que el señor Juan Camilo Moya solicitó
expresamente en el escrito de tutela que «se ordene al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Huila revocar mi designación como escrutador del municipio
de Gigante, Huila». En consecuencia, como a la fecha de la presente decisión, la
función legal asignada a dicha comisión ya fue adelantada y finalizada, no tiene
sentido dictar alguna orden sobre el particular.

32. En efecto, se advierte que no medió ninguna actuación ni de la parte
accionante, ni de la parte tutelada, a efectos de revertir o satisfacer el objeto de
la presente tutela. Tampoco se advierte que el daño que se pretendía evitar con
esta solicitud de amparo se hubiera concretado (menoscabo a la vida o a la

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salud). Por el contrario, se observa que, por circunstancias ajenas a los sujetos
procesales y propias del proceso electoral, la solicitud de amparo perdió su
finalidad práctica, de ahí que estamos en presencia de un evento de situación
sobreviniente.

33. Sobre el particular, se advierte que circunstancias tales como los
compromisos electorales, la cantidad de formularios a verificar, las reclamaciones
por resolver y las demás particularidades propias del escrutinio, fueron las que
determinaron la duración de la mentada comisión. Por consiguiente, como a la
fecha de esta decisión, ya se surtió tal labor, no cobra ningún sentido efectuar un
análisis concreto de los actos cuestionados a efectos de determinar si el Tribunal
negó de forma indebida la solicitud de exclusión el señor Juan Camilo Moya Rojas
como integrante de esta y, por tanto, puso en peligro sus derechos
fundamentales.

34. En este punto, conviene resaltar que la Corte Constitucional en sentencia
SU-522 de 2019 precisó que, a diferencia del evento carencia actual de objeto
por daño consumado, en el que es necesario un pronunciamiento del juez de
tutela relacionado con si se presentó o no la vulneración que dio origen a la
protección de amparo, cuando se trata de un hecho superado o el acaecimiento
de una situación sobreviniente «no es perentorio que el juez de tutela haga un
pronunciamiento de fondo».

35. Así las cosas, al haberse extinguido en el curso del trámite la situación que
daba lugar a la solicitud de protección, se configura una carencia actual de objeto
por situación sobreviniente, en los términos fijados por la Corte Constitucional de
Colombia. Por ende, la Sala no advierte la necesidad de impartir órdenes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por acaecimiento de una
situación sobreviniente, respecto de la tutela presentada por el señor Juan
Camilo Moya Rojas en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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