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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01817-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01817-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01817-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01817-00
Accionantes: Avícola Los Cámbulos S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B.

Tema: Tutela contra providencias judiciales. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Procedimiento administrativo sancionatorio ambiental. Pretermisión de la
etapa de alegatos de conclusión. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la sociedad Avícola Los
Cámbulos S.A. en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, con ocasión de la sentencia del 18 de septiembre de 2025,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al que le fue
asignado el número de radicado 25307-33-33-002-2022-00027-01.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, junto con el principio
de legalidad.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La accionante narra que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en
adelante la CAR), Dirección Regional Sumapaz, inició proceso sancionatorio
ambiental en su contra, debido a una queja ciudadana por presuntos impactos
derivados de la actividad porcícola en la Granja Vista Hermosa, ubicada en la
vereda Bosachoque, sector Los Lagos, municipio de Fusagasugá.

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Que mediante Auto DRSU 1882 del 24 de noviembre de 2014, la CAR le formuló
como único cargo la descarga de residuos líquidos (porcinaza líquida) sin
autorización ambiental, lo que implicaba una infracción del artículo 35 del Decreto
Ley 2811 de 1974, y le concedió término para descargos y solicitud de pruebas.

Que el 19 de diciembre de 2017, presentó escrito de descargos y solicitó la
incorporación y valoración de varias pruebas documentales; el 22 de marzo de
2018, la CAR dispuso la apertura de la etapa probatoria y ordenó, entre otras, la
realización de una visita técnica al predio, la cual dio lugar al Informe Técnico DRSU
1046 del 19 de junio de 2018.

Que la CAR pretermitió la etapa de alegatos de conclusión y expidió la Resolución
3796 del 20 de noviembre de 2019, mediante la cual lo sancionó con multa de $
79.258.580, con lo que vulneró su derecho de defensa, al impedirle pronunciarse
sobre las pruebas practicadas y la omisión en la valoración probatoria, por lo que
interpuso recurso de reposición, que fue resuelto en la Resolución DJUR
50207101474 del 28 de octubre de 2020, en el sentido de modificar la multa en
cuantía de $ 78.621.750.

Que instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de los actos administrativos previamente señalados, la cual correspondió por
reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Girardot, autoridad judicial que, el 9
de septiembre de 2024, profirió sentencia, en la que declaró la nulidad de las
resoluciones demandadas, por la omisión de la etapa de alegatos.

Que la CAR interpuso recurso de apelación en contra esa decisión y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante
sentencia de 18 de septiembre de 2025 revocó; porque consideró que, aun cuando
se pretermitió la etapa indicada, esa omisión no conllevaba la nulidad de los actos,
pues tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre las pruebas que los fundamentaron
y los hechos constitutivos de la infracción ambiental; y, en consecuencia, ordenó
devolver el expediente al Juzgado de origen para que se pronunciara sobre los
demás cargos de la demanda, con el fin de garantizar la doble instancia.

Considera que la Subsección accionada incurrió en las siguientes causales
específicas de procedibilidad de la tutela para discutir providencias judiciales:

i) defecto fáctico porque concluyó que dentro del trámite administrativo no
se practicaron pruebas nuevas sobre las que podía pronunciarse en los
alegatos de conclusión y, por tanto, esa pretermisión no generaba la
nulidad reclamada, sin tener en cuenta que el Informe técnico DRSU 1046
de 2018, resultado de la visita técnica ordenada a través del Auto DRSU
0342 de 2018, fue emitido seis meses después de que rindió sus
descargos;

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ii) defecto sustantivo, ya que incurrió en una contradicción interna, pues,
reconoció la obligatoriedad de la etapa omitida en el procedimiento, en
los términos de los artículos 47 y 48 del CPACA, pero concluyó que esa
pretermisión no viciaba los actos administrativos, y equiparó los
descargos, el recurso de reposición contra la decisión sancionatoria y los
alegatos de conclusión, para entender salvaguardado el derecho de
defensa;
iii) desconocimiento del precedente judicial de la Sección Primera del
Consejo de Estado sobre la obligatoriedad de la etapa de alegatos de
conclusión en procedimientos sancionatorios ambientales tramitados
conforme a la Ley 1333 de 2009, bajo el principio de integración
normativa; concretamente el auto del 17 de noviembre de 2017 (rad.
23001-23-31-000-2014-00188-01), y sentencias del 12 de diciembre de
2024 (rad. 19001-23-33-003-2015-00138-01) y del 25 de septiembre de
2025 (rad. 47001-23-33-000-2018-00282-01); y
iv) violación directa de la Constitución, por transgredir el artículo 29 superior,
al concluir que la omisión de la etapa de alegatos de conclusión en el
proceso sancionatorio no afectó sustancialmente su derecho de defensa,
a pesar de que se practicaron pruebas nuevas y posteriores a los
descargos.

Además, afirmó que se vulneró su derecho a la igualdad porque en otros procesos
administrativos sancionatorios se ha realizado la etapa de alegatos de conclusión,
como dan cuenta los autos 222 del 10 de diciembre de 2021 y 10308 del 4 de
octubre de 2018 y la Resolución CVC 070-000220 de 2021 proferidos por la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge y la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca, así como el Auto 299 del 26 de junio de 2018 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que la desigualdad resulta más evidente si se tiene en cuenta que antes de
proferirse la sentencia de segunda instancia, el legislador modificó parcialmente la
Ley 1333 de 2009 e incorporó de manera expresa la etapa de alegatos de
conclusión, mediante la Ley 2387 de 2024, la cual si bien no es aplicable al caso, sí
constituye un criterio interpretativo relevante.

PRETENSIONES

Solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 18 de septiembre de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 11 de marzo de 2026, se admitió la demanda; se vinculó a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, como tercero con interés; y se corrió el
traslado respectivo.

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POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
manifestó que la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues
los hechos expuestos no guardan relación con la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y, en cambio, el debate propuesto, el cual es propio
de un recurso de apelación, busca controvertir los argumentos contenidos en la
decisión de segunda instancia, para que se revoque la decisión y se acceda a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como
si se tratara de una tercera instancia, lo que demuestra que el interés no es la
protección de dicho derecho, sino reabrir la discusión judicial con base en un interés
meramente económico.

Que no se incurrió en defecto fáctico, pues analizó integralmente el expediente
administrativo, lo que le permitió advertir que, aunque no se realizó la etapa de
alegatos de conclusión, no se vulneró el debido proceso, pues la demandante tuvo
conocimiento y pudo pronunciarse sobre todos los elementos materiales probatorios
incorporados al expediente, al momento de la presentación de los descargos, de la
notificación del auto de pruebas y del recurso de reposición, por lo que tampoco se
presentó alguna contradicción en la decisión adoptada.

Que en la solicitud de tutela, la accionante afirmó que se incorporaron informes
técnicos después de los descargos, sin embargo, ese argumento no fue un cargo
de nulidad ni fue expuesto en el recurso de apelación, pues en la demanda solo se
refirió a la omisión de la etapa de alegatos de conclusión, mas no, a que no se le
hubiere corrido traslado de algunas de las pruebas documentales, por lo que no
tuviera conocimiento de estas y/o no hubiera podido pronunciarse.

Adujo que, como se señaló en la sentencia discutida, en el recurso de reposición
interpuesto en la actuación administrativa el actor controvirtió lo señalado en cada
uno de los informes técnicos incorporados en el expediente, e incluso, se decretó
otro informe técnico a solicitud de este en el recurso, lo que garantizó el ejercicio de
su derecho de defensa.

Que aun cuando la actora afirmó que la etapa de alegatos de conclusión era la única
con la que contaba para pronunciarse sobre los informes técnicos, debe tenerse en
cuenta que para su contradicción el demandante tenía la carga de presentar un
informe pericial que controvirtiera lo allí señalado, cuando se decretaron pruebas y
no al momento de alegar de conclusión, por lo que sí contó con la oportunidad de
contradecir el dictamen.

Concluyó que las decisiones objetadas por la accionante se rigieron por los
lineamientos constitucionales, jurisprudenciales y legales, así como las garantías
del debido proceso, por lo que no se configuró algún defecto que habilite la acción
constitucional.

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca solicitó negar el amparo
pedido por la actora, pues no ha vulnerado sus derechos fundamentales, teniendo
en cuenta que la autoridad ambiental tiene una normativa que regula la materia en
su integridad, esto es, la Ley 1333 de 2009, por lo que no es posible acudir a otras
normas para agregar etapas no existentes en el trámite sancionatorio.

Indicó que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción no se
instauró en un plazo razonable, ni el de subsidiariedad, ya que la accionante
pretende discutir las actuaciones administrativas, que ya fueron analizadas y
decididas en dos instancias, lo que evidencia que busca convertir al juez de tutela
en un juez de legalidad, máxime cuando no se configura un perjuicio irremediable.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un

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derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

Inicialmente, a esta Subsección le corresponde definir si se encuentran cumplidos
los requisitos generales de procedencia, pues solo en el evento de encontrarse
superados habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

Al respecto, se observa que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional,
en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida
se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección por la
incursión en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución; ii) la acción se presentó con
inmediatez, pues la sentencia discutida en esta sede fue notificada mediante
mensaje de datos enviado el 23 de septiembre de 2025 y la tutela fue instaurada el
5 de marzo de 2026; iii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial con los que

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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se contaba para discutir el desacuerdo relacionado con la decisión judicial sobre la
pretermisión de la etapa de alegatos en el procedimiento administrativo
sancionatorio ambiental; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de
la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; v) se alegó una
irregularidad procesal que podría tener incidencia en la decisión; y vi) no se trata de
una sentencia de tutela.

En relación con el cumplimiento de la exigencia de la subsidiariedad, además de lo
expuesto debe precisarse que, si bien en el informe que rindió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, afirmó que la
sociedad accionante no planteó su desacuerdo respecto a la falta de traslado de
informes técnicos en la demanda ni en el recurso de apelación, lo cierto es que esa
situación no configura una inobservancia de dicho requisito general, no solo porque
la decisión en primera instancia le fue favorable a sus intereses, por lo que no resulta
exigible que apelara esa providencia, sino también porque el desacuerdo aquí
planteado está dirigido a discutir el argumento de la autoridad judicial consistente
en que la pretermisión de la etapa de alegatos de conclusión (aspecto que fue
planteado en la demanda) no tenía la entidad para viciar de nulidad los actos
demandados, debido a que, entre otras cosas, la demandante se pudo pronunciar
sobre la totalidad de las pruebas.

Adicionalmente, sobre la observancia de dicha exigencia, resulta necesario aclarar
que, si bien la autoridad judicial de segunda instancia ordenó devolver el expediente
al Juzgado de origen para que adoptara una decisión de fondo sobre los demás
cargos de la demanda que no fueron analizados inicialmente, por lo cual el proceso
continúa en trámite, lo cierto es que frente al aspecto que aquí se discute, esto es,
la omisión de la etapa de alegatos, ya se adoptó una decisión definitiva, por lo que
la actora no cuenta con otro mecanismo.

En consecuencia, se procederá al estudio de los defectos invocados por la
accionante, previo análisis de los razonamientos que llevaron a la Subsección
accionada a revocar la sentencia de primera instancia, a través de la cual se declaró
la nulidad de las resoluciones demandadas.

En la sentencia del 18 de septiembre de 2025, la autoridad judicial, después de
valorar el expediente del procedimiento administrativo sancionatorio, determinó que
no se llevó a cabo la etapa de alegatos de conclusión, a pesar de que resultaba
procedente, acorde con el principio de integración normativa consagrado en el
artículo 47 de la Ley 1437 y el artículo 48 ejusdem; sin embargo, estableció que
cualquier inobservancia de las formalidades legales no podía calificarse como una
afectación al debido proceso, sino solamente las que menoscaban el derecho de
defensa del administrado, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

En ese entendido, consideró que la pretermisión de la etapa de alegatos en el caso
analizado no vició de nulidad los actos administrativos demandados, pues i) dentro
del trámite administrativo no se practicaron nuevas pruebas sobre las que hubiera

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podido pronunciarse la sociedad; varias de las documentales fueron anexadas con
los descargos presentados y tuvo conocimiento de las visitas técnicas que fueron
realizadas en el predio donde presuntamente se cometió la infracción ambiental; ii)
la decisión sancionatoria fue fundamentada en los informes técnicos proferidos
durante la actuación, que obraban en el expediente antes de que se rindieran los
descargos el 19 de diciembre de 2017; iii) el actor conoció el auto mediante el cual
se decretaron de oficio las pruebas que dieron lugar a los informes técnicos 1046
del 19 de junio de 2018 y 719 del 21 de mayo de 2019, que fueron citados y
relacionados en la decisión sancionatoria, controvertida mediante el recurso de
reposición y a través de la demanda; e iv) inclusive se decretó la realización de otro
concepto técnico para absolver las inconformidades expuestas en la reposición, con
lo que se garantizó la contradicción y defensa respecto del informe que valoró la
sanción que se iba a imponer.

Efectuado el recuento de los razonamientos contenidos en la sentencia discutida en
esta sede, se advierte que la autoridad judicial analizó la totalidad de los
documentos obrantes en el expediente administrativo sancionatorio, incluidos el
Auto DRSU 0342 de 2018 y el Informe Técnico DRSU 1046 de 2018, lo que le
permitió evidenciar que, si bien la autoridad ambiental omitió la etapa de los alegatos
de conclusión, lo cierto es que el actor contó con diversas oportunidades procesales
para ejercer su derecho de defensa, la cual, valga mencionar, no limitó a la etapa
de descargos, sino también a un análisis integral del procedimiento adelantado,
incluida la etapa probatoria y la interposición del recurso de reposición en contra del
acto sancionatorio, en el cual se analizó el informe echado de menos por la actora
en esta sede, y en contra del cual pudo ejercer el recurso de reposición e incluso
solicitar nuevas pruebas.

La sociedad accionante afirmó que la Subsección accionada confundió la etapa de
descargos con la posibilidad de interponer recurso de reposición contra la decisión
sancionatoria y los alegatos de conclusión; sin embargo, no le asiste razón a la
solicitante del amparo, pues la autoridad judicial no equiparó la realización de dicha
etapa de alegatos con los demás momentos procesales, sino que efectuó un análisis
en conjunto e integral de las actuaciones adelantadas para verificar si ese yerro
tenía la entidad para demostrar la nulidad de los actos demandados, el cual la llevó
a colegir que a pesar de esa omisión, la actora pudo ejercer su derecho de defensa
y contradicción.

En ese orden de ideas, no se observa una indebida valoración probatoria, una
vulneración al debido proceso ni una contradicción entre la decisión adoptada y el
estudio efectuado en la sentencia controvertida, máxime cuando esta estuvo
soportada en la jurisprudencia del Consejo de Estado, consistente en que no
cualquier irregularidad formal da lugar a la nulidad de los actos demandados, lo que
desvirtúa la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de
la Constitución invocados.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, se advierte que el Tribunal

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Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, no desconoció la
necesidad de agotar la etapa de alegatos de conclusión en el procedimiento
administrativo sancionatorio ambiental, en virtud del principio de integración
normativa, sino que, por el contrario, la reconoció, distinto es que considerara que
en el asunto bajo examen, pese a ese yerro, no se viciaron de nulidad los actos
demandados, en los términos previamente expuestos, lo que conlleva descartar la
estructuración de ese defecto.

En cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad, se observa que la actora
planteó dicho argumento en torno a la actuación de la administración y no de la
autoridad judicial, por lo cual no se efectuará ningún pronunciamiento adicional
sobre el particular.

En consecuencia, lo que se observa es el desacuerdo de la parte actora con las
conclusiones de la autoridad judicial, mas no la vulneración de los derechos
fundamentales reclamados en protección, por lo cual se negará el amparo
solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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