Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01823-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01823-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-01823-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
28 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01823-01
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia.
La Sala decide las impugnaciones1 presentadas por el ICBF, en calidad de convocante,
y por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como interviniente, en contra
del fallo de tutela proferido el 29 de mayo de 20262 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El ICBF radicó tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como de los
principios constitucionales a la separación de poderes y a la coordinación, planeación y
autonomía administrativa, los que considera vulnerados con la sentencia del 16 de
octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la
acción de cumplimiento que promovió César Quintana Gutiérrez.
1 Obran escritos de impugnación en el archivo digital subido en Samai, en los índices 32 y 33, con certificados
457E54A7C6E1F65F A6971A0591D2F449 2282C89D6AAEDC56 4EA357D5CA11F440 y 99E9601E08B1BC6C
73F4E9529A1B965F 3BD8B89D4244D16A 3E643CC089640F46.
2 Obra la sentencia en el archivo digital subido en Samai, en el índice 25, con certificado 39F2ED56080B824F
335821FDD15B23C3 F3FEB96BB66F588C 73C2ED9C62A9CE73.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01823-01
Accionante: ICBF
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
1.2.- Hechos
1.2.1.- El ICBF contaba con 33 direcciones regionales, de las cuales solo Bogotá, Huila
y Vaupés estaban provistas en propiedad, mientras que las restantes eran ocupadas por
funcionarios en encargo. Para proveerlas publicó, el 20 de diciembre de 2023, 33
convocatorias de selección, que establecieron las etapas de inscripciones, publicación
de admitidos y no admitidos, aplicación de pruebas escritas y publicación de resultados3.
1.2.2.- Para el desarrollo del certamen, la entidad celebró con la Universidad Nacional de
Colombia el Convenio de Asociación No. 01018792023. El proceso avanzó en un 85%,
tras culminarse la prueba escrita y la valoración de antecedentes, y quedó pendiente la
etapa de entrevista. El 25 de marzo de 2025, César Quintana Gutiérrez exigió a la entidad
el cumplimiento del Decreto 1083 de 2015 y solicitó que se le indicara la fecha en la que
se emitirían los actos de conformación de ternas, se citaría a entrevistas y se adoptaría
el calendario definitivo para culminar el proceso. En respuesta del 8 de abril de 2025, el
instituto reiteró que la fase de entrevistas estaba en estructuración y que, aunque no
existía un plazo perentorio, esta se adelantaba conforme a los principios de
transparencia, objetividad e imparcialidad4.
1.2.3.- Con base en esas circunstancias, Quintana Gutiérrez, en ejercicio de la acción de
cumplimiento, presentó demanda en contra de la entidad con el fin de obtener el
acatamiento del Decreto 1083 de 2015, la Ley 489 de 1998 y la Constitución Política. El
asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado No.
25000234100020250069500.
1.2.4.- El a quo ordinario, mediante sentencia del 25 de agosto de 2025, accedió a las
pretensiones. Consideró que, si bien la entidad suscribió un convenio interadministrativo
con el Departamento Administrativo de la Función Pública y realizó reuniones y mesas
de trabajo para definir los lineamientos de las entrevistas, desde la publicación de los
resultados de antecedentes no dio cumplimiento efectivo a las fases subsiguientes. En
consecuencia, le ordenó (i) expedir el acto administrativo con los lineamientos de las
entrevistas, (ii) citar a los aspirantes, (iii) aplicar las entrevistas y (iv) conformar las ternas,
3 A folios 2-4 del archivo digital subido en Samai, en el índice 4, con certificado 39CC1F85DEFB16E3
E0BBEBF862A1FE0B A4F3AFFA45CC21FE 172A23039E9E6EF6 del expediente 25000234100020250069501.
4 Ibidem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01823-01
Accionante: ICBF
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
todo ello en un plazo máximo de cuatro (4) meses contados desde la ejecutoria de la
providencia5.
1.2.5.- Inconforme, la entidad demandada apeló la decisión. Por sentencia del 16 de
octubre de 2025 6 , la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó parcialmente la
decisión del tribunal y, en su lugar, declaró que el instituto incumplió el mandato
imperativo consagrado en los artículos 2.2.28.1 y 2.2.28.2 del Decreto 1083 de 2015; le
ordenó expedir el acto administrativo en el que se reanuden las etapas del proceso de
méritos, con un cronograma que identifique (i) los lineamientos de las entrevistas, (ii) la
citación de los aspirantes, (iii) la aplicación de entrevistas y (iv) la conformación de las
ternas, sin que todo el proceso supere el término perentorio de 4 meses contados a partir
de la firmeza de esa providencia.
1.2.5.1.- Para ello, la colegiatura concluyó que el mandato en cuestión únicamente
comprende, en lo relativo al instituto, lo dispuesto en los artículos 2.2.28.1. y 2.2.28.2. del
Decreto 1083 de 2015. Precisó que de estas disposiciones se desprende la obligación,
en cabeza del representante legal de la entidad, de efectuar los trámites pertinentes para
la realización del proceso de selección público abierto, y que el hecho de que el trámite
esté en curso no es una disculpa válida para entender cumplido el mandato.
1.2.5.2.- La corporación tuvo por acreditado que, si bien el ICBF se encuentra realizando
trámites, no ha cumplido con las etapas del concurso, y advirtió que la entrevista y la
valoración de antecedentes están suspendidas sin que se haya acreditado una situación
especial que permita justificar la demora. Con apoyo en la SU-386 de 2023 de la Corte
Constitucional, estimó que la ausencia de un plazo determinado no es óbice para ordenar
el cumplimiento, pues basta con que la disposición contenga un deber imperativo,
expreso e inobjetable, y que corresponde al juez determinar caso por caso el alcance de
la obligación.
1.2.6.- El ICBF presentó un memorial en el que solicitó su aclaración y adición. Por auto
del 19 de febrero de 20267, la Sección Quinta negó la solicitud. Estimó que todas las
5 Ibidem, a folio 6.
6 Obra sentencia en el archivo digital subido en Samai, en el índice 4, con certificado 39CC1F85DEFB16E3
E0BBEBF862A1FE0B A4F3AFFA45CC21FE 172A23039E9E6EF6 del expediente 25000234100020250069501.
7 Obra auto en el archivo digital subido en Samai, en el índice 15, con certificado 588CEBF730DE7753
DD28108D25A05632 595CF5B96BB415F0 3168C3540053D132 del expediente 25000234100020250069501.
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Acción de tutela – Segunda instancia
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peticiones estaban dirigidas a limitar o restringir el alcance de la decisión o a modificar
las razones en las que se sustentó, y que la solicitud contenía nuevas pretensiones y
argumentos que buscaban su alteración sustancial; que los argumentos expuestos no
obedecían a conceptos o frases oscuras que influyeran en la parte resolutiva, ni a la falta
de pronunciamiento sobre algún aspecto planteado en la demanda.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
La entidad tutelante considera que se vulneraron sus derechos, por cuanto la providencia
cuestionada incurrió en los defectos fáctico; sustantivo; de decisión sin motivación; de
desconocimiento del precedente fijado en la sentencia SU-386 de 2023, que establece el
método para determinar el alcance de la obligación cuando la disposición no fija un plazo;
y de violación directa de la Constitución. En cuanto al primero, sostiene que se valoró
indebidamente la respuesta del 8 de abril de 2025, al equiparar la ausencia de una fecha
perentoria para culminar el proceso con una negativa de cumplimiento; que se dio por
establecido, sin respaldo probatorio, que las etapas de entrevista y valoración de
antecedentes se encontraban suspendidas, pese al avance del 85% del proceso; y que
la providencia invocó los convenios suscritos y en ejecución para concluir que el
cumplimiento no implicaría erogación presupuestal, pese a reconocer que el Convenio
Interadministrativo No. 035 de 2024 no fue aportado al expediente.
Bajo el título de defecto sustantivo, reprocha la falta de aplicación del artículo 9º de la Ley
393 de 1997, pues la acción de cumplimiento es residual y no era el mecanismo idóneo
para acelerar un proceso administrativo en curso; el desconocimiento de la Resolución
del 7 de noviembre de 2018, que definía el contenido técnico de la etapa de entrevistas;
y la interpretación abiertamente errónea de los artículos 2.2.28.1 y 2.2.28.2 del Decreto
1083 de 2015, al convertir en una obligación de resultado una que era de medio, con la
imposición de un plazo de cuatro (4) meses carente de sustento. Respecto del defecto
por decisión sin motivación, denuncia la contradicción entre el aparte en el que se
reconoció que la entidad “se encuentra realizando todos los trámites pertinentes y
necesarios” y la declaratoria de incumplimiento. Finalmente, en relación con la violación
directa de la Constitución y el desconocimiento del precedente, afirma que se invocó la
sentencia SU-386 de 2023 sin aplicar la metodología que esta estableció y que la fijación
judicial de etapas internas y la imposición de un plazo comprometen los artículos 113 y
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209 de la Constitución; agrega que el auto del 19 de febrero de 2026 negó la aclaración
y la adición sin dar respuesta de fondo a los cuestionamientos formulados.
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos la sentencia cuestionada; (iii) ordenar a la
Sección Quinta del Consejo de Estado proferir una sentencia de reemplazo; (iv) de
manera subsidiaria, ordenar que se aclare y adicione la providencia criticada y se dé
respuesta de fondo a los cargos identificados en la solicitud; y (v) suspender
provisionalmente los efectos de la providencia cuestionada mientras se decide el amparo.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 11 de marzo de 2026 la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, negó la medida provisional deprecada y
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a César Quintana
Gutiérrez.
2.2.- La Sección Quinta del Consejo de Estado sostuvo que su providencia no incurrió en
los defectos alegados, pues se fundamentó en el material probatorio del expediente y en
la SU-386 de 2023; precisó que el mandato de los artículos 2.2.28.1 y 2.2.28.2 del
Decreto 1083 de 2015 solo se materializa con la conformación de las ternas para la
designación de los directores regionales; y afirmó que los argumentos de la tutela reflejan
únicamente la inconformidad de la entidad con lo decidido en la acción de cumplimiento.
2.3.- César Quintana Gutiérrez pidió negar el amparo. Argumentó que la entidad
accionante ha mantenido paralizado el proceso de selección desde la publicación de los
resultados de valoración de antecedentes, sin avances efectivos en las entrevistas ni en
la conformación de las ternas, y que la solicitud carece de relevancia constitucional.
2.4.- El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República presentó escrito
de coadyuvancia a favor de las pretensiones. Adujo que la providencia cuestionada
desbordó los límites constitucionales y legales de la acción de cumplimiento, al convertir
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Accionante: ICBF
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en obligación de resultado el deber de adelantar el proceso público abierto de méritos,
fijar un plazo perentorio no previsto en la norma y desconocer las actuaciones
adelantadas por la entidad, con lo cual incurrió en una injerencia indebida en la autonomía
administrativa y en las competencias de planeación y coordinación.
2.5.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió ser tenida como
interviniente, que se declarara procedente la acción de tutela y se concediera el amparo.
Aseveró que la autoridad accionada no se limitó a ordenar el cumplimiento de una
obligación clara, expresa y exigible, sino que creó una obligación nueva, y destacó el
interés litigioso de la Nación comprometido en el asunto y la necesidad de prevenir la
consolidación de un precedente que permita al juez de cumplimiento sustituir
competencias administrativas e imponer cronogramas no previstos legalmente.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del
29 de mayo de 2026, aceptó la coadyuvancia del DAPRE y declaró improcedente el
amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Para ello señaló
que la finalidad de la demanda es reiterar los cuestionamientos formulados en la acción
de cumplimiento frente a la interpretación del Decreto 1083 de 2015 y a la valoración de
las actuaciones adelantadas por la entidad dentro del proceso de selección, asuntos
analizados y resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Sección
Quinta en ejercicio de su autonomía judicial. Advirtió que, aunque se invoca la vulneración
a los derechos fundamentales, los argumentos reflejan en realidad una inconformidad
con las conclusiones adoptadas en la providencia censurada; que la autoridad accionada
se pronunció de manera expresa sobre el alcance de esas disposiciones, la existencia
de un mandato susceptible de exigirse por vía de cumplimiento, la incidencia de la
ausencia de un término perentorio, el alcance de la SU-386 de 2023 y las actuaciones
adelantadas en las distintas etapas del concurso; y que los fundamentos de la presunta
vulneración corresponden, en esencia, a una reiteración de los argumentos formulados
en el recurso de apelación.
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4.- Razones de las impugnaciones
4.1.- En contra de la providencia referida, la entidad accionante presentó impugnación.
Como consideración previa señaló que el fallo descansa únicamente en la falta de
relevancia constitucional, de suerte que basta acreditar que ese requisito sí se satisface
para que la improcedencia quede sin sustento y que se deba adelantar el estudio que
omitió. Así, denunció una contradicción interna del fallo, puesto que, pese a que enunció
que la tutela contra providencias implica un juicio de validez y que, por razones
metodológicas, se abstendría de estudiar los demás requisitos generales de procedencia,
para concluir que el asunto era de mera legalidad reprodujo y respaldó el razonamiento
del tribunal y de la Sección Quinta, con lo cual prejuzgó el fondo bajo la etiqueta de la
procedibilidad.
También cuestionó que la sentencia aplicó indebidamente el estándar de relevancia
constitucional de la sentencia SU-215 de 2022, ya que, aunque lo enunció correctamente,
lo aplicó de manera contraria a su contenido, en tanto el debate gira en torno a la frontera
entre la función jurisdiccional y la administrativa, lo que trasciende la discusión
meramente legal y de la simple inconformidad, y se sustenta en argumentos suficientes
de arbitrariedad. Como datos de esa trascendencia invocó la intervención del DAPRE y
la existencia de un salvamento parcial de voto, circunstancia que, según sostiene,
demuestra que el debate no era pacífico. A su vez, adujo que la sala invirtió el escrutinio
reforzado exigible frente a las altas cortes, al emplear la exigencia de rigor como razón
para no examinar el caso, y que desconoció el precedente de la SU-386 de 2023, en la
que la Corte Constitucional sí reconoció relevancia constitucional a una tutela promovida
contra una decisión dictada en acción de cumplimiento.
El ICBF afirmó que los defectos alegados son de naturaleza constitucional y se
encuentran configurados, porque fijar judicialmente etapas internas e imponer un plazo
inexistente compromete los artículos 113 y 209 superiores. Reprochó que el propio fallo
de tutela carece de motivación suficiente, al haber agrupado y descartado en bloque
todos los defectos bajo la calificación común de inconformidad, cuando se exigía una
respuesta individualizada respecto a cada uno.
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4.2.- A su turno, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó escrito de
impugnación. Como advertencia previa señaló que intervino oportunamente mediante
memorial radicado el 21 de mayo de 2026, que la sentencia de primera instancia ignoró
cualquier consideración sobre esa intervención y que tal omisión no le hace perder
legitimación, por lo que pide que se le reconozca formalmente la calidad de coadyuvante.
Como razones de la alzada adujo que el fallo aplicó de manera excesivamente restrictiva
el requisito de relevancia constitucional e impidió el estudio de fondo de cargos que sí
planteaban problemas superiores reales; que redujo indebidamente todos los reproches
a una simple inconformidad con el sentido del fallo de cumplimiento, cuando estos
estaban estructurados en clave constitucional; y que omitió la dimensión institucional del
asunto, pues la decisión puede consolidar un precedente conforme al cual el juez de
cumplimiento podría imponer cronogramas no previstos legalmente, rediseñar procesos
administrativos complejos y condicionar la forma de ejecución de convocatorias públicas
de mérito.
La agencia acotó, además, que la sentencia desconoció el precedente constitucional
unificado en las SU-215 de 2022 y SU-056 de 2025, en tanto el estándar riguroso
aplicable frente a los órganos de cierre no puede convertirse en una barrera absoluta que
impida el examen de problemas constitucionales reales; que la relevancia constitucional
no exige demostrar la vulneración definitiva del derecho, sino acreditar prima facie que la
providencia pudo generar una afectación arbitraria, desproporcionada o irrazonable de
garantías constitucionales; que toda tutela contra providencia judicial parte de un
desacuerdo con una decisión judicial, de modo que lo importante no es la existencia del
desacuerdo sino la naturaleza constitucional de los reparos; y que la existencia de una
discusión interpretativa sobre los artículos del Decreto 1083 de 2015 no excluye la
relevancia, pues lo decisivo es establecer si la interpretación judicial adoptada produce
efectos incompatibles con la Constitución. También expuso que los defectos alegados
debieron estudiarse de fondo y se refirió a cada uno de ellos.
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II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas en contra del
fallo de tutela proferido el 29 de mayo de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2.- Cuestión preliminar
De conformidad con los parámetros fijados por la Corte Constitucional, la coadyuvancia
en materia de tutela debe regirse por las reglas que siguen:
“(i) la participación del coadyuvante debe estar acorde con las posiciones y pretensiones
presentadas por el accionante o el accionado en el trámite de tutela, es decir, no puede formular
pretensiones propias de amparo a sus derechos fundamentales; (ii) la coadyuvancia puede ser
llevada a cabo hasta antes de que se expida la sentencia que finalice el proceso de tutela, es
decir, hasta antes de la sentencia de única, de segunda instancia o de revisión ante la Corte
Constitucional, según sea el caso”8.
En el sub lite la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó, mediante
memorial radicado el 21 de mayo de 2026, que se le tuviera como interviniente en el
trámite de la presente acción de tutela y que se concediera el amparo deprecado por el
ICBF9.
La sentencia de primera instancia, sin embargo, no se pronunció sobre esa solicitud y,
en su ordinal primero, aceptó únicamente la coadyuvancia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, sin efectuar consideración alguna
respecto de la calidad en la que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió
ser tenida. Por esa razón, y en atención a los principios de celeridad y lealtad procesal
que informan la acción de tutela, la Sala no devolverá el trámite a la primera instancia y
resolverá dicha solicitud en esta oportunidad.
8 Auto 410 de 2020.
9 Obra el escrito de intervención en el archivo digital subido en Samai, en el índice 23, con certificado
3B20162197E3F20C 73E4DCF3E3BF5215 124E42C76F92823F 2A5DFE7587814661.
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Así las cosas, se observa que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que
intervino en este trámite en mayo del año en curso, expuso argumentos que respaldan
las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, sin incluir objetivos propios. Entonces,
como este asunto no fue objeto de análisis en el fallo impugnado y la petición de
coadyuvancia en comento satisface las condiciones fijadas por el alto tribunal
constitucional para su procedencia, se aceptará en esta providencia.
3.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
Ahora bien, se debe precisar el objeto de este pronunciamiento. El escrito introductorio
identifica como providencia cuestionada la sentencia del 16 de octubre de 2025, y a ella
se dirigen tanto las pretensiones como los cargos; por ello, el auto del 19 de febrero de
2026 se considera como la decisión que agotó la vía ordinaria y como el hito que marca
el punto de partida de la inmediatez. Además, se observa que, dentro del cargo por
violación directa de la Constitución, se le critica al auto en comento haber negado la
petición de aclaración y adición sin responderla de fondo, reproche del que se ocupa la
pretensión subsidiaria. Por ello, el análisis recaerá sobre la sentencia atacada, y se
extenderá al auto únicamente en cuanto al cargo referido.
4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
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de procedibilidad10 y de procedencia11 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.
5.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
5.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”12.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 13 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos; y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202214, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
11 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto
fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
13 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
14 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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5.2.- En el caso concreto, el ICBF cuestiona, en esencia, que la autoridad accionada (i)
valoró indebidamente la respuesta del 8 de abril de 2025 y tuvo por acreditada una
renuencia que ese documento desvirtuaba, y omitió valorar de manera integral las
gestiones que acreditaban el desarrollo progresivo del proceso de selección; (ii) dio por
establecido, sin respaldo probatorio, que las etapas de entrevistas y valoración de
antecedentes se encontraban suspendidas, y sustentó la ausencia de impacto
presupuestal en un convenio que la propia providencia reconoció no allegado al
expediente; (iii) inaplicó el artículo 9º de la Ley 393 de 1997 y desconoció la resolución
del 7 de noviembre de 2018 que definía el contenido técnico de la etapa de entrevistas;
(iv) interpretó los artículos 2.2.28.1 y 2.2.28.2 del Decreto 1083 de 2015 como una
obligación de resultado cuando consagran una de medio, y fijó un plazo perentorio de 4
meses sin sustento alguno; (v) incurrió en contradicción entre el reconocimiento
contenido en su párrafo 76 y la declaratoria de incumplimiento de la parte resolutiva; (vi)
aplicó la SU-386 de 2023 sin observar el método que establece para delimitar el deber
omitido cuando la disposición no señala plazo; (vii) sustituyó competencias
administrativas propias de la entidad, en contravía de los artículos 113 y 209 de la
Constitución Política; y (viii) negó, mediante el auto del 19 de febrero de 2026, la solicitud
de aclaración y adición sin responder de fondo los cuestionamientos formulados, con lo
cual transgredió normas superiores.
5.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora
no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no haberse
explicado en debida forma, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico y probatorio efectuado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso
No. 25000234100020250069500/01, como si la acción de tutela fuera una instancia
adicional a ese trámite, según se explicará.
5.4.- Al verificar los argumentos de la sentencia proferida el 16 de octubre de 2025 se
dilucida el siguiente análisis textual:
“69. Para la Sala, entonces, las normas antes descritas sí contienen un deber legal susceptible
de ser exigido mediante la acción de cumplimiento. En efecto, del contenido del artículo 2.2.28.1.
y 2.2.28.2 se desprende la obligación, en cabeza del representante legal del ICBF, de efectuar
los trámites pertinentes para la realización del proceso de selección público abierto, para obtener
las ternas de las cuales los gobernadores de cada departamento deben realizar la selección final.
(…)
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01823-01
Accionante: ICBF
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71. Ahora, la Sala advierte que, en el presente caso, resulta procedente exigir el cumplimiento,
por cuanto, tal y como lo acreditó el ICBF, si bien la entidad ya se encuentra realizando las
actividades pertinentes con el fin de proceder con las últimas etapas del concurso, lo cierto es
que hay certeza de que no se ha cumplido con la obligación establecida en las normas
demandadas como incumplidas, por cuanto, en este caso, el deber consagrado es el de obtener
las ternas que deben dirigirse a los gobernadores para la elección de los directores generales,
las cuales, hasta la fecha no existen, tal y como pasa a explicarse a continuación. (…)
76. Como consecuencia, para la Sala está acreditado que, si bien el ICBF se encuentra realizando
todos los trámites pertinentes y necesarios con el fin de llevar a cabo el proceso de selección
pública, para obtener la ternas de las cuales serán elegidos los 33 directores regionales del ICBF,
es claro que a la fecha no se ha cumplido con ese propósito.
77. Ahora bien, es cierto que, en esta oportunidad, la norma no establece un término determinado
para la entidad para la realización de la actividad; sin embargo, esto no es óbice para que la Sala
pueda ordenar el cumplimiento, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, con fundamento
en lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU-386 de 2023 (…)
79. De ahí, que el mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo, expreso
e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias de tiempo, modo y
lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación, implicaría aceptar que las
disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía
acción de cumplimiento. (…)
82. Adicionalmente, la Sala advierte que las normas cuyo cumplimiento se pretende, no solo
contienen la obligación de efectuar los trámites pertinentes para la realización del proceso de
selección público, sino que expresamente se refiere a que el mismo deberá comprender la
aplicación de una o varias pruebas dirigidas a evaluar los conocimientos o aptitudes requeridos
para el desempeño del empleo, la cual ya fue realizada de conformidad con la información
suministrada por el ICBF en su contestación de la demanda e impugnación del fallo, y la práctica
de una entrevista y una valoración de antecedentes de estudio y experiencia, etapas que se
encuentran suspendidas sin que se haya acreditado una situación especial que permita justificar
la demora demostrada. (…)
84. Finalmente, la Sala no desconoce la existencia del convenio de asociación suscrito entre el
ICBF y el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP; sin embargo, no fue allegado
al proceso y lo único que se informó por parte de la entidad, es que tenía vigencia hasta diciembre
de 2026 y su objeto «corresponde forma exclusiva al acompañamiento técnico para el desarrollo
de la etapa de las entrevistas». (…)
86. Como consecuencia, al estar demostrados los requisitos de la acción, la existencia de un
mandato imperativo e inobjetable en las normas demandadas y la renuencia de la entidad a
cumplirlas; la Sala revocará parcialmente la sentencia del 25 de agosto de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda, para
rechazar la acción respecto de los artículos 78 de la Ley 489 de 1998 y 13 de la Constitución
Política y confirmar la orden de cumplimiento respecto de los artículos 2.2.28.1 y 2.2.28.2 del
Decreto 1083 de 2015”15.
15A folios 13-17 del archivo digital subido en Samai, en el índice 4, con certificado 39CC1F85DEFB16E3
E0BBEBF862A1FE0B A4F3AFFA45CC21FE 172A23039E9E6EF6 del expediente 25000234100020250069501.
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En atención a lo anterior, se observa que la autoridad judicial accionada verificó los
presupuestos de viabilidad de la acción de cumplimiento y, superados estos, delimitó el
contenido del deber cuyo acatamiento se reclamaba y acotó que la constitución en
renuencia solo se agotó respecto a los artículos 2.2.28.1 al 2.2.28.5 del Decreto 1083 de
2015. Sobre el fondo del caso tuvo por acreditado el avance del certamen y reconoció
expresamente que la entidad se encuentra realizando los trámites requeridos; sin
embargo, concluyó que el deber consagrado era el de obtener las ternas, que para
entonces no existían, y que las etapas de entrevista y de valoración de antecedentes se
hallaban suspendidas sin que se hubiese acreditado una situación especial que justificara
tal demora. Descartó la defensa según la cual, por no haberse fijado un término, el
mandato podía diferirse mientras continuaran las reuniones.
Frente a la ausencia de plazo en las normas, la corporación acudió a la SU-386 de 2023
de la Corte Constitucional para sostener que no es necesario que la disposición fije un
término, pues basta con que contenga un deber imperativo, expreso e inobjetable y con
que la administración haya sido renuente a acatarlo. Asimismo, indicó que le corresponde
al juez determinar, caso por caso, el alcance de la obligación, para lo cual puede valerse
del escrito de constitución en renuencia, de la respuesta de la entidad accionada y de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar examinadas.
5.5.- Por su parte, en el auto del 19 de febrero de 2026, mediante el cual negó la
aclaración y la adición de la providencia anterior, la misma colegiatura precisó:
“33. Por tanto, de la lectura integral del acápite del fallo, no se advierte una redacción ininteligible,
del alcance de un concepto o de una frase, en concordancia con la parte resolutiva del fallo, sino
de dudas de las partes acerca de las afirmaciones del juez, frente a las cuales no resulta
procedente la figura de la adición o aclaración. (…)
35. En efecto, la Sala estudió la subsidiariedad frente a aquellas acciones que, por su objeto y
procedencia podrían afectar la superación de este requisito en este caso en particular; sin
embargo, no está establecido en la ley, que la Sala deba descartar una por una todas las acciones
judiciales que no guarden ninguna tipo de relación con los hechos y las pretensiones de la
demanda, como pretende la accionada al proponer la acción popular; la cual, expresamente está
consagrada para la protección de intereses o derechos colectivos establecidos en la ley. (…)
37. Lo mismo ocurre en relación con las solicitudes en torno a si el cumplimiento de lo pretendido
implicaba un gasto; si la obligación contenida en las normas demandadas como incumplidas era
de medio o resultado; la existencia de un mandato y de un término perentorio para su exigencia
o el acto administrativo que los suspendió; en cabeza de quién se encuentra lo pretendido y el
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término concedido para cumplir lo ordenado; para la Sala, es evidente que lo buscado por la parte
recurrente desborda las figuras de aclaración y adición de providencias. (…)
40. Por tanto, para la Sala, todas las peticiones de la entidad demandada en esta oportunidad,
están dirigidas a limitar o restringir el alcance de la decisión o modificar las razones en las que se
sustentó. Además, la solicitud de ‘aclaración’ contiene nuevas pretensiones y argumentos que
buscan la alteración sustancial de la providencia, lo cual daría origen a un nuevo pronunciamiento,
en franco desconocimiento de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
41. En efecto, los argumentos expuestos no obedecen a conceptos o frases oscuras que influya
en la parte resolutiva o la falta de pronunciamiento sobre algún aspecto planteado en la demanda
y se limitan a reiterar sus argumentos de defensa con el fin de dilatar en el tiempo el cumplimiento
de lo ordenado. (…)
43. Según lo dicho, no se configuran los presupuestos señalados en los artículos 285 y 287 del
Código General del Proceso, porque no existe un verdadero motivo de duda o confusión que surja
de la parte resolutiva de la sentencia, o de frases o conceptos contenidos en la parte considerativa
que influyan en el fallo, ni la sentencia dejó de pronunciarse sobre cualquiera de los hechos o
fundamentos que alegan las partes o cualquier otro aspecto que debía ser objeto de
pronunciamiento”16.
Se observa que, al resolver la solicitud de aclaración y adición, la autoridad explicó que
esas figuras proceden únicamente frente a conceptos o frases provenientes de una
redacción ininteligible, contenidos en la parte resolutiva o que influyan en ella, y no frente
a las dudas que las partes aleguen acerca de las afirmaciones del juez. Sobre esa base
examinó cada petición y afirmó que todas estaban dirigidas a limitar o restringir el alcance
de la decisión o a modificar sus razones, lo que daría origen a un nuevo pronunciamiento
en desconocimiento de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, y agregó que no se
configuraban los presupuestos de los artículos 285 y 287 del CGP.
5.6.- Resulta claro, entonces, que tanto la entidad peticionaria como la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado pretenden utilizar este mecanismo constitucional como si
la tutela fuera una instancia adicional, pues los reparos que formulan se dirigen a
controvertir el análisis jurídico y probatorio efectuado por la Sección Quinta del Consejo
de Estado dentro de la acción de cumplimiento. En efecto, dicha autoridad examinó el
alcance del Decreto 1083 de 2015, determinó que de este emana un deber imperativo,
expreso e inobjetable exigible por esa vía, analizó el acervo probatorio sobre el estado
del certamen y explicó por qué la ausencia de un término no impedía impartir la orden.
En ese contexto, se advierte que los cuestionamientos planteados corresponden a una
16 Afolios 7-8 y 11 del archivo digital subido en Samai, en el índice 15, con certificado 588CEBF730DE7753
DD28108D25A05632 595CF5B96BB415F0 3168C3540053D132 del expediente 25000234100020250069501.
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discrepancia probatoria o se limitan a reproducir y controvertir aspectos ya analizados y
resueltos por el juez natural en el escenario judicial idóneo.
Ahora bien, los argumentos que las entidades recurrentes dirigen contra el juicio de
relevancia efectuado en primera instancia tampoco tienen vocación de prosperidad. El a
quo no prejuzgó el fondo, comoquiera que la verificación de este requisito exige, por
definición, confrontar los cargos con lo efectivamente decidido, sin que ese contraste
equivalga a zanjar la controversia sustantiva. Tampoco se invirtió el escrutinio reforzado
exigible frente a las decisiones de las altas cortes, pues precisamente ese examen
estricto conduce a descartar la relevancia cuando los reparos reiteran los planteamientos
expuestos en el proceso ordinario. La circunstancia de que la providencia cuestionada
hubiera sido objeto de un salvamento parcial de voto, o de que otras entidades públicas
respalden la posición de la accionante, no acredita por sí sola la trascendencia
constitucional del asunto, pues la existencia de criterios divergentes es connatural a los
cuerpos colegiados. Finalmente, la ausencia de un análisis individualizado de cada
defecto no configura un déficit de motivación cuando todos comparten el mismo vicio.
Tampoco está llamado a prosperar el cargo relativo a los precedentes que las recurrentes
invocan como aplicables. En efecto, que en la SU-386 de 2023 la Corte Constitucional
hubiese reconocido relevancia constitucional a una tutela promovida contra una decisión
dictada en una acción de cumplimiento no releva de acreditarla en este asunto, pues ese
requisito se examina en cada caso y a partir de los cargos concretamente formulados; a
lo que se agrega que esa misma decisión es la que la providencia cuestionada aplicó
para resolver. Sumado a ello, la SU-056 de 2025 no altera tal conclusión, pues lo que
aquí impide el examen de fondo no es la condición de alta corte de la accionada, sino
que las denuncias, examinadas una a una, se contraen a la interpretación de unas
disposiciones reglamentarias y a la valoración del acervo probatorio efectuadas por el
juez natural.
En el mismo sentido, esta Sala debe reiterar que, desde la perspectiva constitucional, la
providencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado no resulta, prima facie,
irrazonable o arbitraria. La lectura que la corporación hizo de los artículos 2.2.28.1 y
2.2.28.2 del Decreto 1083 de 2015 constituye un ejercicio legítimo de la autonomía
judicial, en tanto se apoya en el texto de las disposiciones, en el precedente de la Corte
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Constitucional sobre el alcance de la acción de cumplimiento cuando la norma no fija
plazo y en la valoración del material probatorio que obraba en el expediente. Si bien las
recurrentes sostienen que se trata de una obligación de medio y que el término fue creado
judicialmente, la postura adoptada por el juez natural no puede calificarse como carente
de sustento jurídico.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
5.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada17, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa18.
6.- En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la solicitud de
amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual lo
deprecado resulta improcedente. En ese orden, se procederá a confirmar la sentencia
impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
17 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
18 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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III.- RESUELVE
PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia elevada por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, según las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo proferido el 29 de mayo de 2026 por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por
el medio más expedito.
CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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