Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01833-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01833-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01833-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de abril de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Demandante: FREDY ALEXANDER BETANCUR MORALES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el actor cuestionó la sentencia que confirmó la decisión que le negó sus
pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho encaminado a obtener
el reconocimiento y pago de las diferencias salariales presuntamente derivadas de un
incremento salarial en el escalafón docente. La Sala encontró que no se superó el requisito de
relevancia constitucional porque la controversia se orientó a reabrir un debate propio del juez
natural.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Fredy Alexander Betancur
Morales en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda para la protección de sus
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 8 de septiembre de
2025 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 66001-
33-33-002-2024-00304-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Se desempeñó como docente oficial, vinculado con el régimen del Decreto Ley 1278
de 2002, en el grado 2CE, del escalafón docente.
1 Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 6 de marzo de 2026 (índice 00002 del aplicativo
SAMAI).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
2) El Gobierno Nacional decretó incrementos salariales iguales para los docentes
regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 durante los años 2005, 2006 y 2007; sin
embargo, para el año 2009 dispuso aumentos porcentuales diferenciados entre los
diferentes grados y niveles del escalafón, de manera que al grado 2AE se le aplicó un
incremento del 15,61%, mientras que al grado 2CE se le aplicó un incremento del
0,75%, circunstancia que, en su criterio, generó una afectación económica por la
disminución de la base salarial proyectada hacia vigencias posteriores.
3) Con fundamento en lo anterior, presentó reclamación administrativa ante la Nación
• Ministerio de Educación Nacional y ante la Secretaría de Educación del departamento
de Risaralda, en la cual solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
derivadas del incremento desigual del año 2009; dichas reclamaciones fueron negadas
mediante oficio sin número con fecha 27 de febrero de 2024; por su parte, la Secretaría
de Educación de Risaralda no emitió respuesta al requerimiento impetrado por la parte
actora.
4) En ese contexto, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
Educación de Risaralda, con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos
que negaron su reclamación y se ordenara el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales que estimó causadas, debate que fue resuelto por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, mediante sentencia
del 19 de diciembre de 2024, en la cual se negaron las pretensiones2.
2 El juzgado consideró que no es procedente acceder a las pretensiones de la parte demandante, toda
vez que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos enjuiciados.
No se configura vulneración del derecho a la igualdad en los incrementos salariales docentes, pese a
que los actores alegan diferencias en los porcentajes fijados por diversos decretos, ya que no logran
demostrar que se trate de situaciones equivalentes que ameriten un trato igual.
Los incrementos diferenciados responden a finalidades legítimas, como el fortalecimiento de las
condiciones salariales, la reducción de brechas entre docentes oficiales y privados, y el reconocimiento
del nivel de formación, experiencia y ubicación en el escalafón.
El Gobierno Nacional actuó dentro de su competencia constitucional y legal al fijar la escala salarial
docente, sin que se acrediten decisiones caprichosas o desproporcionadas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
5) La parte demandante apeló dicha providencia3 y, mediante sentencia del 8 de
septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la decisión de
primera instancia con fundamento en que no se configuraba una vulneración del
derecho de igualdad, en tanto el trato salarial diferenciado entre los niveles del
escalafón docente se encontraba justificado en criterios objetivos derivados de la
estructura del régimen previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002 y en la potestad de
configuración normativa en materia salarial.
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte actora alegó que la providencia judicial cuestionada adolece de un defecto
sustantivo y un defecto fáctico.
Sobre el defecto sustantivo afirmó que la autoridad judicial demandada avaló un trato
salarial desigual derivado de los incrementos porcentuales aplicados en la vigencia
2009 entre los niveles 2AE y 2CE del escalafón docente, a pesar de que se trataba de
una diferencia porcentual que no podía justificarse únicamente en la estructura general
del escalafón docente.
Resaltó, como lo hiciera en el proceso ordinario, que al grado 2AE se le aplicó un
incremento superior al reconocido al nivel 2CE, lo cual habría generado una afectación
permanente sobre la base salarial y, por ende, sobre los ingresos posteriores de
quienes se encontraban ubicados en el grado 2CE.
En cuanto al defecto fáctico, afirmó que la autoridad judicial demandada valoró de
manera inadecuada las pruebas obrantes en el plenario, por cuanto no era posible
inferir de ellas, que el mayor incremento otorgado a los docentes ubicados en el
3 Los fundamentos de la apelación se centraron en reiterar que se vulneró su derecho fundamental a la
igualdad derivada de los incrementos salariales diferenciados aplicados en el año 2009, particularmente
entre los niveles 2CE y 2AE del escalafón docente.
El principio de igualdad en materia salarial no solo implica la prohibición de discriminaciones, sino
también la exigencia de coherencia y uniformidad en la aplicación de políticas públicas, de modo que los
docentes que se encuentren en situaciones equivalentes reciban un trato igualitario.
No se entiende por qué, tras años en los que se aplicaron incrementos homogéneos a todos los
docentes, en los años 2008, 2009 y 2011 se introdujeron aumentos diferenciados sin una justificación
clara, afectando la equidad salarial.
Cualquier diferencia en el trato salarial debe fundarse en criterios objetivos, verificables y jurídicamente
válidos, tales como el nivel de formación, la experiencia, la responsabilidad o la complejidad del cargo,
y no en factores arbitrarios o subjetivos y los incrementos desiguales cuestionados carecen de un
sustento técnico o jurídico suficiente, lo cual configura una vulneración del derecho a la igualdad.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
escalafón 2AE por sobre aquellos ubicados en el escalafón 2CE respondiera a razones
objetivas, verificables y debidamente fundamentadas.
3. Pretensiones.
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la
sentencia proferida el día 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente
radicado bajo número 66001333300220240030400, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) FREDY ALEXANDER
BETANCUR MORALES, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco
normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso
ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida
en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación
de la norma aplicable al debate jurídico y analizando de manera concreta la
situación particular del (la) docente FREDY ALEXANDER BETANCUR
MORALES a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria
y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico. (mayúsculas del
original -índice 00002 del aplicativo SAMAI)
4. Actuación procesal.
Mediante auto del 10 de marzo de 2026 (índice 00005 del aplicativo Samai) se admitió
la acción de tutela, se notificó al presidente y magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Risaralda y se vinculó al titular del Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Pereira, al ministro de Educación Nacional y al secretario de
educación de Pereira, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Actuación de la autoridad judicial demandada y las autoridades vinculadas
La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por considerar que se pretende cuestionar una
decisión judicial válida y reabrir un debate ya resuelto, desconociendo la autonomía e
independencia judicial.
Sostuvo que no se configura vulneración de derechos fundamentales, que la tutela no
cumple con el principio de subsidiariedad ni los requisitos para proceder contra
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
providencias judiciales, y que, además, carece de legitimación en la causa, por lo que
solicitó su desvinculación del proceso.
El apoderado judicial de la alcaldía de Pereira alegó su falta de legitimación, ya que no
participó en los actos administrativos ni en el proceso judicial cuestionado, ni tiene
competencia para fijar el régimen salarial docente, función exclusiva del Gobierno
Nacional; además, argumentó que el accionante no demostró una actuación atribuible
al municipio que haya vulnerado sus derechos, por lo que la tutela es improcedente
frente a esta entidad.
El Tribunal Administrativo de Risaralda, el secretario de educación de Pereira ni el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira presentaron informe de
respuesta a la acción de tutela, pese a estar debidamente notificados (índice 00017 del
aplicativo SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la solicitud de
desvinculación y 3) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. Las solicitudes de desvinculación
No resulta procedente desvincular al Ministerio de Educación Nacional y al municipio
de Pereira del trámite de la presente acción de tutela, en la medida en que dichas
autoridades fueron parte en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el
cual se profirieron las providencias judiciales cuestionadas en este mecanismo
constitucional, en su condición de demandadas frente a las pretensiones relacionadas
con el reconocimiento de diferencias salariales.
Así las cosas, dado que la acción de tutela se dirige contra providencias judiciales que
resolvieron un litigio en el cual el ministerio fue parte, y que los cargos de la demanda
guardan relación directa con dicho trámite, su vinculación en esta sede constitucional
resulta necesaria para garantizar su derecho de defensa y debido proceso.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Risaralda con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes referidos, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia
del 8 de septiembre de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión que negó las
pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la parte actora para lograr el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales que estimó causadas a partir del incremento salarial
diferencial aplicado en la vigencia 2009 entre los niveles 2CE y 2AE del escalafón
docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
conforme se expone a continuación:
3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
se encuentra la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste
una genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente4, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
4 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal5”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales6”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su
pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
5 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.7
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
7 Idem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a
reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”8.
8 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.
3.2 El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
1) La Sala considera que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, a partir del examen integral de la demanda, se desprende
que los reproches de la parte actora se dirigen, esencialmente, a controvertir la
conclusión adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia del 8
de septiembre de 2025.
2) En el presente asunto, si bien la parte demandante invocó la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, así como la existencia de supuestos defectos en la
providencia cuestionada, lo cierto es que la sustentación de tales cargos se limitó a
reiterar su inconformidad con la decisión judicial adversa a sus intereses, en tanto
insiste en que el incremento salarial aplicado en la vigencia 2009 para el grado 2AE
(15,61%) debió ser equiparado al reconocido para el grado 2CE (0,75%) y que esa
diferencia afectó su base salarial.
3) No obstante, tales aspectos fueron objeto de análisis en la providencia que aquí se
cuestiona, en la cual el tribunal explicó las razones por las cuales no se configuraba
una vulneración del derecho a la igualdad y por qué el trato diferenciado se encontraba
justificado en el marco del escalafón docente, con lo cual descartó que existiera un
deber de equiparación automática entre categorías distintas:
"(...) debe reseñar este juez colegiado que no existe una norma, ni alguna
jurisprudencia o línea jurisprudencial que respalde la tesis del demandante
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
según la cual, el gobierno nacional está obligado a realizar incrementos
iguales para todos los servidores públicos sin que importe o sea relevante su
nivel y grado o incluso para el caso concreto, para todos los docentes,
quienes también tiene su propia regulación específica al respecto (diferentes
grado de escalafón y nivel salarial); aquello no se deduce ni de la redacción
de los artículos 2° 3° y 4° de la ley 4 de 1992, ni tampoco del artículo 53 que
se reseñan como vulnerados por la demanda.
Luego la parte demandante aduce en la apelación, porque aquello no se
plantea en la demanda, una supuesta falta de “fundamento técnico”, que en
el escrito de impugnación concreta como falta de estudios técnicos, respecto
de los actos acusados, que den cuenta de la existencia de razones objetivas
y válidas para ordenar los incrementos desiguales; pues bien, como ya se
anunció, este es un argumento que no fue presentado en la demanda y
además se resalta, en la apelación tampoco se identifica la norma jurídica
que establece dicha obligación y que en consecuencia se desconoció; en
consecuencia, no le es dable a este juez colegiado en esta sede judicial
pronunciarse al respecto ya que debió hacerlo desde la demanda. No
obstante, en el hipotético caso que ese tema se hubiere planteado desde el
inicio del proceso, tampoco le asistiría razón a la demandante, en cuanto no
probó que el Gobierno haya tenido la obligación de realizar dichos estudios
técnicos, por cuanto la Ley 4 de 1992, “Mediante la cual se señalan las
normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral
19, literales e) y f) de la Constitución Política” tampoco establece dicha
obligación en su artículo 2°, que fijó los criterios y objetivos que debe tener
en cuenta el Ejecutivo para la fijación del régimen salarial y prestacional.
Luego entonces, la sola aseveración realizada en la apelación no tiene la
capacidad de enervar la legalidad ni de las normas generales (decretos), ni
de los actos administrativos particulares demandados. No basta con afirmar
una indebida sustentación al momento de fijar los incrementos desiguales
para el año 2009, para tener por demostrada una vulneración al principio de
igualdad pues la misma debe probarse y su mera enunciación no desdibuja
un régimen que contiene normas especiales como es el caso del Estatuto de
Profesionalización Docente, para dar un trato similar a grados y niveles
diferentes cuando estos son disímiles en requisitos y experiencia.
Y acusa ilegalidad sin señalar la norma legal que dispone la obligación de un
incremento salarial igual entre los distintos grados de escalafón, lo que
supone que estos últimos deben ser homogéneos y, por lo mismo, el solo
establecimiento de grados dentro del escalafón sería per se discriminatorio,
lo que por supuesto no resiste mayor análisis. (…)”. (archivo disponible en
medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)
4) De ese modo, la autoridad judicial demandada dio cuenta de las razones que
justificaban la confirmación de la negativa de las pretensiones, incluso frente a los
mismos argumentos que hoy reproduce la parte actora en sede de tutela, lo cual
evidencia que la presente acción se orienta a replantear un debate propio del juez
natural y de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, sin que se advierta la
formulación de un problema autónomo de naturaleza constitucional que habilite el
estudio de fondo en esta sede.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
5) Así entonces, los argumentos de la parte actora no se refieren a una afectación
grave, específica y desproporcionada de derechos fundamentales, puesto que se
limitan a insistir en que el incremento salarial diferencial aplicado en el año y 2009 entre
los grados 2CE y 2AE vulneró el derecho a la igualdad y debió dar lugar al
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas,
planteamiento que corresponde al ámbito propio del juez natural del proceso ordinario.
6) Sin embargo, la providencia transcrita evidencia que la autoridad judicial sí examinó
tales alegaciones y explicó, de manera razonada, por qué el trato diferenciado entre
niveles del escalafón docente se encontraba vinculado con la estructura normativa del
régimen previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002 y a la potestad de configuración
normativa del Gobierno Nacional en materia salarial, sin que resultara procedente una
equiparación automática entre categorías distintas sin que en ese análisis se evidencie
una actuación caprichosa, irrazonable o abiertamente contraria a derecho.
7) La inconformidad central de la parte interesada se orienta, en realidad, a obtener un
nuevo examen sobre la validez constitucional y legal de los incrementos salariales
decretados por el Gobierno Nacional en las vigencias discutidas, así como a que el juez
constitucional reabra una discusión ya dirimida por las autoridades judiciales en sede
natural, pretensión que corresponde al campo de la legalidad y del debate ordinario, no
al de la configuración de un problema constitucional autónomo.
8) En otras palabras, el debate planteado no se estructura como la denuncia de una
ruptura protuberante del debido proceso, sino como un desacuerdo con la
interpretación y aplicación que el juez natural realizó del régimen salarial docente y de
los criterios de comparación propios del juicio de igualdad.
9) En estas condiciones, la controversia planteada no trasciende el ámbito de la
legalidad ni se proyecta como un problema constitucional nítido en los términos fijados
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre acción
de tutela contra providencias judiciales, sino que lo que en realidad se pretende es que
el juez de tutela sustituya el criterio del Tribunal Administrativo de Risaralda en un
asunto propio de su competencia como juez de segunda instancia del proceso
ordinario.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
10) En el mismo sentido, la Sala considera que la acción de tutela tampoco supera el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que, del examen integral de la demanda,
se advierte que los reproches de la parte actora se encaminan a controvertir la
conclusión adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia del 8
de septiembre de 2025, con el propósito de obtener el reconocimiento de pretensiones
de naturaleza eminentemente económica.
11) En tal sentido, la controversia planteada se circunscribe a un debate de carácter
patrimonial, lo que desvirtúa el carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela,
por no evidenciarse la afectación directa de un derecho fundamental sino la mera
inconformidad frente a una decisión judicial en materia económica.
12) Sobre el particular, la Corte Constitucional9 ha sido clara en determinar que, cuando
se trate de pretensiones de carácter puramente económico, se está extralimitando el
campo propio de la acción de tutela, en los siguientes términos:
“Las controversias por elementos puramente económicos, que dependen de
la aplicación al caso concreto de las normas legales - no constitucionales -
reguladoras de la materia, exceden ampliamente el campo propio de la acción
de tutela, cuyo único objeto, por mandato del artículo 86 de la Constitución y
según consolidada jurisprudencia de esta Corte, radica en la protección
efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales
fundamentales, ante actos u omisiones que los vulneren o amenacen.”
13) Y es que, en el presente asunto, aunque la parte demandante invoca la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a
la administración de justicia, así como la existencia de supuestos defectos en la
providencia cuestionada, se evidencia que el fundamento principal de dicha
inconformidad radica en la disparidad del incremento salarial para los escalafones 2CE
y 2AE, esto es, un debate eminentemente económico.
14) Siendo que, para el demandante, al ser los requisitos y exigencias para acceder al
escalafón 2CE superiores a los del escalafón 2AE, resulta irrisorio que el incremento
salarial reconocido para dicho nivel sea inferior al otorgado a sus pares del nivel 2AE.
15) Aunque, en su criterio, esta situación desconoce el principio de equidad y
proporcionalidad en la remuneración, lo que, a su juicio, genera un trato desigual e
injustificado dentro de la estructura salarial aplicable, para la Sala es claro que los
9 Sentencia T-470 de 1998 MP Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
argumentos de la parte actora no se refieren a una afectación grave, específica y
desproporcionada de derechos fundamentales, puesto que se limitan a insistir en que
el incremento salarial diferencial aplicado para el año 2009 entre los grados 2CE y 2AE
vulneró el derecho a la igualdad y debió dar lugar al reconocimiento de las diferencias
salariales y prestacionales reclamadas, planteamiento que corresponde al ámbito
propio del juez natural del proceso.
16) En otras palabras, el asunto sometido a consideración no se circunscribe al ámbito
de la eventual vulneración de derechos fundamentales; por el contrario, se advierte que
la parte demandante pretende, en sede de tutela, la sustitución del criterio adoptado
por el ad-quem, con el propósito de que se reevalúe la decisión judicial y, como
consecuencia de ello, se le reconozca el incremento salarial que, en su concepto, le
corresponde por pertenecer a determinado escalafón docente.
17) Así, la inconformidad planteada se dirige esencialmente a cuestionar la valoración
y las conclusiones alcanzadas por el juez de segunda instancia en relación con el
reconocimiento de un beneficio de naturaleza económica, lo cual desborda el ámbito
propio de la acción de tutela, que no está concebida como una instancia adicional para
reabrir debates de carácter estrictamente patrimonial ni para sustituir el criterio del juez
natural en la resolución de controversias de esta índole.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Fredy Alexander
Betancur Morales, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2°) Niégase la solicitud de desvinculación presentadas por el municipio de Pereira y el
Ministerio de Educación Nacional.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01833-00
Actor: Fredy Alexander Betancur Morales
Acción de tutela
4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) Ausente con excusa
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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