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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01836-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01836-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales del señor Edgard Leonardo Rey Niño, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. COMPULSAR COPIAS a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca con el fin de que se investigue la conducta de la titular del Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá. Tercero: EXHORTAR a los jueces de la República para que asignen a los auxiliares judiciales ad honorem labores acordes con la finalidad formativa de la judicatura y al Consejo Superior de la Judicatura para que vigile que la judicatura se use conforme a la normativa y fines de ella. Cuarto. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 8 Rad icad o: 11001-03-15-000-2026-01836-01 La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01836-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01836-01
Accionante: Edgard Leonardo Rey Niño
Accionados: Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura.

Tema: Derechos al acceso al ejercicio de la profesión y la confianza legítima.
acreditación de la judicatura como requisito de grado. CONFIRMA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, en contra
de la sentencia del 14 de mayo de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales invocados
por el señor Edgard Leonardo Rey Niño.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la educación,
al debido proceso, al acceso al ejercicio de la profesión y la confianza legítima, los
cuales considera vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El accionante narró que cursó y aprobó la totalidad de las materias del programa de
Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana entre enero de 2019 y noviembre de
2024; que optó por realizar la judicatura como requisito de grado y se vinculó como
auxiliar judicial ad honorem en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá,
durante el período comprendido entre el 7 de febrero y el 20 de octubre de 2025,
conforme a acta de nombramiento y posesión.

1

Rad icad o: 11001-03-15-000-2026-01836-01

Que durante dicho período desempeñó funciones asignadas por el despacho
judicial, relacionadas con la elaboración de oficios, la incorporación de constancias
de notificación, el apoyo en la organización de expedientes, la sustanciación de
actuaciones y el archivo de procesos, por lo que el 6 de noviembre de 2025 el
juzgado expidió certificación del tiempo de servicio y de las funciones desarrolladas.

Que el 7 de enero de 2026 presentó ante la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitud de reconocimiento de la judicatura y el
15 del mismo mes y año la referida unidad requirió la ampliación del certificado de
funciones, respecto de las actividades desarrolladas en el despacho judicial.

Que el accionante solicitó al Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá la
aclaración del certificado; sin embargo, la jueza manifestó que no modificaría el
documento expedido.

Que mediante comunicación del 30 de enero de 2026 la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia informó que solo reconocía
parcialmente el tiempo de judicatura, al considerar que únicamente sesenta y tres
(63) días correspondían a funciones de contenido jurídico.

Que mediante Resolución núm. 3030 del 5 de marzo de 2026 la Unidad declaró el
desistimiento de la solicitud y ordenó el archivo del trámite, ante la falta de respuesta
al requerimiento formulado lo que, a juicio del accionante, le impidió acreditar el
requisito de grado, obtener el título profesional de abogado y acceder al ejercicio de
la profesión.

PRETENSIONES

Solicitó que se ampararan los derechos invocados y se ordenara lo siguiente:

• Realizar una nueva valoración integral, individual y debidamente motivada del
tiempo de judicatura correspondiente al período comprendido entre el 7 de febrero
y el 20 de octubre de 2025.

• Adelantar dicha valoración con fundamento en la naturaleza material de las
funciones desempeñadas, la realidad funcional del cargo de auxiliar judicial ad
honorem y los criterios jurisprudenciales sobre prevalencia del derecho sustancial.

• Expedir una decisión administrativa completa, clara y debidamente motivada, en
la que se precise el tiempo de judicatura reconocido.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 13 de marzo de 2026, se admitió la acción; se vinculó al Juzgado Segundo Civil
Municipal de Zipaquirá y a la Personería Municipal de Zipaquirá como terceros con
interés.

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura indicó que el accionante contaba con el recurso
de reposición contra la Resolución núm. 3030 del 5 de marzo de 2026, medio idóneo
para controvertir la decisión que declaró el desistimiento del trámite administrativo.

Sostuvo que no existió vulneración de derechos fundamentales, en tanto el actor no
acreditó el cumplimiento del requisito de desempeñar funciones de naturaleza
jurídica durante la totalidad del tiempo de judicatura. Precisó que, del material
aportado, solo sesenta y tres (63) días correspondían a actividades jurídicas,
mientras que el resto del período se relacionaba con labores de carácter
administrativo y de apoyo secretarial, las cuales no satisfacen las exigencias
normativas aplicables.

Explicó que no se presentó exclusión arbitraria del tiempo certificado, sino una
valoración diferenciada de las funciones desempeñadas, conforme a lo previsto en
el Acuerdo PSAA10-7543 de 2010. Señaló que requirió al accionante para que
aportara una certificación que precisara las funciones jurídicas, sin que este
cumpliera dicha carga, lo que dio lugar a la declaratoria de desistimiento del trámite.

Agregó que el hecho de haber sido vinculado como auxiliar judicial ad honorem no
exonera al interesado de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para el
reconocimiento de la judicatura. Indicó que la certificación expedida por el juzgado
diferenciaba claramente entre funciones jurídicas y administrativas, razón por la cual
no resultaba procedente reconocer la totalidad del tiempo como práctica válida.

Afirmó que no se configuró un perjuicio irremediable, dado que el accionante podía
hacer uso de los mecanismos administrativos y judiciales ordinarios para obtener el
reconocimiento pretendido, por lo que solicitó declarar improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Por su parte, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá manifestó que las
funciones jurídicas desempeñadas por el accionante fueron ocasionales y limitadas,
circunscritas principalmente a la proyección de algunos fallos de tutela, bajo
supervisión.

Indicó que la mayor parte de las actividades correspondieron a labores
administrativas, tales como elaboración de oficios, organización de expedientes,
incorporación de constancias de notificación y archivo de procesos.

Señaló que la certificación expedida refleja de manera fiel las funciones y el tiempo
efectivamente desempeñados, por lo que no resultaba procedente modificar su
contenido y añadió que la competencia para valorar la idoneidad de las funciones
para efectos del reconocimiento de la judicatura corresponde exclusivamente a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

La Personería Municipal de Zipaquirá guardó silencio.

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SENTENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 14 de mayo de 2026,
amparó los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la libre
escogencia de profesión u oficio del señor Edgard Leonardo Rey Niño, con
fundamento en lo siguiente:

En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela, consideró que se cumplía el
requisito de subsidiariedad, debido a que el recurso de reposición contra la
Resolución núm. 3030 del 5 de marzo de 2026 no resultaba idóneo para resolver de
fondo la controversia relacionada con la acreditación de la judicatura. Señaló que
dicho mecanismo se limitaba a controvertir la declaratoria de desistimiento y que,
en el caso concreto, el actor no contaba con una certificación distinta que le
permitiera atender el requerimiento formulado por la entidad.

En relación con el fondo del asunto, concluyó que el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Zipaquirá generó en el accionante una expectativa legítima, al
vincularlo como auxiliar judicial ad honorem con el propósito de realizar la judicatura
como requisito de grado. Indicó que dicha circunstancia dio lugar a la configuración
del principio de confianza legítima, dado que el actor actuó de buena fe y bajo
supervisión de una autoridad judicial.

Estimó que no resultaba constitucionalmente admisible trasladar al accionante las
consecuencias derivadas de la asignación de funciones de carácter administrativo
por parte del despacho judicial, en tanto la eventual desviación entre las funciones
desempeñadas y las exigidas por la normativa debía ser imputada al nominador y
no al estudiante.

En ese sentido, consideró desproporcionado que la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia hubiera reconocido únicamente 63 días de los
270 certificados, pues dicha decisión afectaba de manera directa el derecho a la
educación y el acceso al ejercicio de la profesión.

Con fundamento en lo anterior, ordenó a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia tener en cuenta la totalidad del tiempo
certificado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá, para efectos de
acreditar el cumplimiento del requisito de la judicatura.

Adicionalmente, previno al Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá para que,
en lo sucesivo, se abstenga de hacer uso inadecuado de la figura del auxiliar judicial
ad honorem, en particular en lo que respecta a la asignación de funciones que no
corresponden a la naturaleza jurídica exigida para el cumplimiento del requisito de
la judicatura.

IMPUGNACIÓN

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura impugnó la decisión de primera instancia, con el propósito
de que se revoque el fallo y, en su lugar, se niegue el amparo solicitado.

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Sostuvo que la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, en tanto el actor contaba con el recurso de reposición
dentro del trámite administrativo, el cual constituía un medio idóneo para controvertir
la decisión adoptada.

Afirmó que el juez de primera instancia desconoció la naturaleza residual de la tutela
y sustituyó la competencia de la administración, al ordenar el reconocimiento directo
de la judicatura sin que hubiera culminado el procedimiento administrativo
correspondiente.

En relación con el fondo de la controversia, señaló que la decisión impugnada
desconoce que el reconocimiento de la judicatura exige el cumplimiento de
funciones de naturaleza jurídica, conforme a la normativa aplicable. Indicó que la
entidad realizó una valoración diferenciada de las funciones certificadas y que solo
reconoció el tiempo en el que se acreditaron actividades jurídicas, sin que ello
implique una exclusión arbitraria.

Manifestó que el hecho de que el actor hubiera sido vinculado como auxiliar judicial
ad honorem no lo exime de cumplir con los requisitos legales para la acreditación
de la práctica jurídica, ni obliga a la administración a validar como judicatura labores
de carácter administrativo.

Agregó que la providencia impugnada desnaturaliza la finalidad de la judicatura
como requisito de formación profesional, al ordenar el reconocimiento de períodos
en los que no se desarrollaron funciones jurídicas, lo que afecta los criterios de
idoneidad en el ejercicio de la abogacía y la seguridad jurídica en el trámite
administrativo.

Finalmente, indicó que no se configuró un perjuicio irremediable, dado que el actor
contaba con mecanismos ordinarios para controvertir la actuación administrativa y
continuar con el trámite correspondiente.

No obstante, puso de presente que, en cumplimiento de la orden impartida en la
sentencia de primera instancia, la entidad expidió la Resolución número 6504 de
2026, mediante la cual revocó la Resolución núm. 3030 de 2026 y dispuso el
desarchivo de la actuación administrativa, así como la Resolución número 6507 de
2026, por medio de la cual reconoció la práctica jurídica del accionante, además,
indicó que dichos actos fueron notificados el 21 de mayo de 2026.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) principio de confianza legítima III) análisis
del caso concreto.

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Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Principio de confianza legítima

La Sala estima necesario precisar el alcance del principio de confianza legítima en
atención a las particularidades del caso, en el cual la actuación de una autoridad
incidió de manera directa en la configuración de una expectativa razonable en
cabeza del accionante.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la confianza legítima constituye
un parámetro que orienta la relación entre la administración y los administrados,
en virtud del cual las autoridades están obligadas a actuar de forma coherente,
estable y previsible, de modo que no se vean defraudadas las expectativas que
sus propias actuaciones generan en los ciudadanos 1.

Así las cosas, la confianza legítima se proyecta como un límite al ejercicio de las
potestades administrativas, en tanto impide que la administración modifique de
manera intempestiva las condiciones bajo las cuales autorizó o avaló una
determinada situación jurídica, cuando ello implica trasladar al administrado
consecuencias adversas derivadas de actuaciones que no le son atribuibles.

Análisis del caso concreto

La entidad accionada, en el escrito de impugnación, cuestiona la decisión de
primera instancia al considerar que la acción de tutela resultaba improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad y que el juez constitucional sustituyó
a la administración, al ordenar el reconocimiento de la judicatura pese a que el actor
no acreditó el cumplimiento de funciones de naturaleza jurídica durante el período
certificado. Sostiene que el recurso de reposición contra la Resolución número 3030
del 5 de marzo de 2026 constituía un medio idóneo para controvertir la decisión
administrativa.

En cuanto al fondo del asunto, manifestó al Juez constitucional de primera instancia
que su labor se limitó a verificar la certificación expedida por el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Zipaquirá y esta no cumplía con el tiempo desempeñado en
funciones jurídicas exigido por la normatividad.

1 Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2006, T-244 de 2012 y T-458 de 2017. En estas providencias se
precisó que la confianza legítima protege las expectativas razonables generadas por la actuación estatal y limita
cambios abruptos que impongan cargas desproporcionadas al administrado.

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La Sala comparte las consideraciones expuestas por el juez de primera instancia,
en cuanto concluyó que tanto el Juzgado como la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneraron los derechos fundamentales del
accionante. En efecto, la decisión cuestionada desconoció las particularidades del
caso concreto y la forma en que se desarrolló la práctica jurídica, lo que condujo a
una afectación desproporcionada al derecho a la educación y al acceso al ejercicio
de la profesión.

En primer lugar, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá nombró al actor y
lo posesionó como auxiliar judicial ad honorem con la finalidad especifica de realizar
la judicatura como requisito de grado; luego, según la certificación que expidió, le
asignó funciones administrativas, con el pleno conocimiento de que estas no le
servirían para acreditar el requisito de grado, como lo deja entrever en la
contestación y generó en el actor la expectativa legítima sobre la obtención del
certificado para optar al título. En consecuencia, el nominador no solo desconoció
la finalidad formativa de la judicatura, sino que trasladó al accionante las
consecuencias de una indebida estructuración de sus funciones.

En segundo lugar, frente a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, la Sala advierte que, si bien corresponde a dicha autoridad verificar
el cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la judicatura, no
podía limitarse a una valoración meramente formal de la certificación allegada. Por
el contrario, tenía el deber de realizar un análisis material del caso, que tuviera en
cuenta las circunstancias en que se desarrolló la práctica.

Valga decir, siendo esta la autoridad competente para verificar el cumplimiento de
la función de la judicatura debe también verificar que esta figura se use bien por
parte de los nominadores de los despachos judiciales y en ese sentido, no puede
avalar un mal uso que frustre la expectativa de los judicantes, quienes actúan
guiados por aquellos.

En relación con la idoneidad del recurso de reposición contra la Resolución número
3030 del 5 de marzo de 2026, la Sala considera que en el caso concreto no resultaba
eficaz para garantizar la protección de los derechos invocados, en la medida en que
se dirigía a controvertir la declaratoria de desistimiento del trámite y no permitía
obtener un pronunciamiento de fondo sobre la valoración de las funciones
desempeñadas por el accionante durante la judicatura.

Además, es claro que el accionante no podía atender el requerimiento formulado
por la entidad, debido a la negativa del despacho judicial de modificar la
certificación, lo que hacía inocuo exigir el agotamiento de dicho mecanismo.

Así las cosas, la actuación de la URNA resultó igualmente vulneradora de los
derechos del actor, en la medida en que aplicó de manera rígida las exigencias
normativas, sin considerar que la situación presentada no era atribuible al
estudiante, sino al despacho judicial que dirigió su práctica.

En este punto, la Sala resalta que, si bien el juzgado fue quien inicialmente generó
la afectación, no tendría sentido imponer una orden de protección al juzgado que,

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aun cuando originó la vulneración, no tiene la potestad de resolver la situación
jurídica del accionante, lo que justifica que la medida de amparo recaiga sobre la
autoridad administrativa competente para materializarla.

Ahora bien, con posterioridad a la sentencia de primera instancia, la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, mediante Resolución
número 6504 de 2026 revocó la Resolución número 3030 de 2026 y dispuso el
desarchivo de la actuación administrativa y, a través de la Resolución 6507 de 2026,
reconoció la práctica jurídica del accionante, actos que fueron notificados el 21 de
mayo de 2026. Sin embargo, ello no da lugar a la declaratoria de hecho superado
por cuanto no fue fruto de una actuación espontánea sino precisamente en
cumplimiento de la protección constitucional otorgada.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 14 de mayo de 2026 proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cuanto amparó los derechos
fundamentales del accionante.

Por último, la Sala ordenará compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Cundinamarca con el fin de que se investigue la conducta de la titular
del Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá y exhortará a los jueces de la
República para que asignen a los auxiliares judiciales ad honorem labores acordes
con la finalidad formativa de la judicatura, y al Consejo Superior de la Judicatura
para que vigile que la judicatura se use conforme a la normativa y fines de ella.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2026 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se ampararon los derechos
fundamentales del señor Edgard Leonardo Rey Niño, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. COMPULSAR COPIAS a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Cundinamarca con el fin de que se investigue la conducta de la titular del
Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá.

Tercero: EXHORTAR a los jueces de la República para que asignen a los auxiliares
judiciales ad honorem labores acordes con la finalidad formativa de la judicatura y
al Consejo Superior de la Judicatura para que vigile que la judicatura se use
conforme a la normativa y fines de ella.

Cuarto. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

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Rad icad o: 11001-03-15-000-2026-01836-01

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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