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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01840-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01840-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación realizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Riohacha, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Carlos Andrés Nieves Acosta contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial del Cesar y de Riohacha, el Consejo Superior de la Judicatura, los Juzgados Tercero Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, Tercero Civil Municipal, Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de la ciudad de Valledupar, y la Unidad de Transformación Digital e Informática, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad. TERCERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental invocado por el actor, en lo que respecta al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, y los Juzgados Sexto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Valledupar y Cuarto Civil del denominado Circuito, conforme a las razones expuestas en la parte motiva. CUARTO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado con relación a los Juzgados Primero Laboral del Circuito de Maicao, Sexto Civil Municipal Transitoriamente Juzgado Tercero Civil de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar, Séptimo Civil Municipal transformado de manera transitoria al Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del referido Circuito, Primero Promiscuo Municipal de Albania, y el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados de Valledupar, por lo expuesto en la parte motiva. QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Carlos Andrés Nieves Acosta Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2026-01840-00 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01840-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01840-00
Demandante: CARLOS ANDRÉS NIEVES ACOSTA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Presunta vulneración de los derechos fundamentales de
petición, habeas data, buen nombre, honra e intimidad personal.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Carlos Andrés Nieves Acosta, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Riohacha, los Juzgados Cuarto Civil del Circuito, Tercero de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, Sexto Civil Municipal, Tercero Civil
Municipal, Séptimo Civil Municipal, Primero Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías, Sexto de Pequeñas de Causas y Competencia
Múltiple de la ciudad de Valledupar [Cesar], Primero Laboral del Circuito de Maicao
[La Guajira] y Primero Promiscuo Municipal de Albania [La Guajira].

Las anteriores garantías las estimó trasgredidas, toda vez que, para la fecha de
presentación del mecanismo constitucional de la referencia, no se había emitido una
respuesta de fondo frente a las peticiones presentadas ante cada una de las
autoridades accionadas, en las que solicitó la eliminación de sus nombres y
apellidos de todos los procesos en los que figure como parte o interviniente; así
como para que se imposibilitara la utilización de dichos datos en los motores de
búsqueda de la Rama Judicial.

1 La cual fue radicada el 6 de marzo de 2026 con secuencia: 2792– índice 01 del aplicativo Samai.

Demandante: Carlos Andrés Nieves Acosta
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01840-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] 2. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura y a los despachos judiciales
correspondientes que den respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la
solicitud presentada.

3. Ordenar la adopción de las medidas técnicas necesarias dentro del sistema de
consulta pública de procesos judiciales, con el fin de que los procesos en los cuales
figure mi nombre no aparezcan asociados a mi nombre en los resultados de búsqueda
pública, permitiendo su consulta únicamente mediante el número de radicado del
proceso, ya que al consultar por nombre aun lo asocian a un numero de radiado en
estado privado.

4. Ordenar la eliminación o desindexación de mi nombre en los motores de búsqueda
internos del sistema de consulta de procesos judiciales cuando dicha búsqueda
permita asociarlo con procesos judiciales determinados […]2.

1.3. Hechos

El escrito de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El 29 de enero de 2026 el señor Carlos Andrés Nieves Acosta, elevó solicitud formal
ante las autoridades accionadas a efectos de que se adoptaran las medidas
necesarias para ocultar o restringir la información de los procesos judiciales
asociados a su nombre, y que figuran en la página de consulta de la rama judicial.
De manera que, tales expedientes solo puedan ser consultados mediante el
radicado y no a través de su nombre completo o el número de identificación
personal.

Refirió que, en respuesta a lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura le
especificó que cada Despacho judicial es autónomo en la administración de la
información correspondiente a los procesos que tramita, razón por la cual, la
decisión sobre el ocultamiento o restricción de la información debía ser adoptada
directamente por cada juzgado.

No obstante, al realizar la búsqueda de su nombre en la plataforma de consulta de
procesos judiciales, el sistema continuaba arrojando resultados en los cuales
aparecían asociados los números de radicado, permitiendo que cualquier persona
lo relacionara con dichos antecedentes legales.

Conforme a lo expuesto, consideró que la respuesta brindada por la referida entidad
no resolvió de fondo la solicitud presentada, toda vez que el objetivo de esta era
impedir la asociación de su nombre en la búsqueda pública de los procesos

2 Transcripción literal con posibles errores.

2
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Demandante: Carlos Andrés Nieves Acosta
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01840-00

judiciales, permitiendo únicamente su consulta a través del número de radicado;
aunado a que algunos de los despachos accionados no han dado respuesta efectiva
a la petición que les fue elevada, ni han adoptado las medidas necesarias que
atiendan lo solicitado.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El accionante manifestó que, ante la falta de respuesta a las solicitudes elevadas
por parte de las autoridades accionadas, incluso la contestación que le fue brindada
por el Consejo Superior de la Judicatura, le estaban siendo vulnerados sus derechos
fundamentales de petición, al hábeas data, al buen nombre, a la honra y a la
intimidad personal.

Lo anterior, al considerar que, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional el ejercicio efectivo del derecho fundamental de petición supone la
obligación de obtener una pronta respuesta o resolución frente a lo peticionado. Así,
las dilaciones indebidas en la tramitación constituyen una vulneración directa a la
mencionada garantía ya que la misma no puede estar sometida a razones
procedimentales, ni a escalas de volumen.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia del 13 de marzo de 2026, la Magistrada Ponente admitió la
acción constitucional de la referencia y ordenó notificar como accionados al Consejo
Superior de la Judicatura3, a los Juzgados Cuarto Civil del Circuito4, Tercero de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple5, Sexto Civil Municipal6, Tercero Civil
Municipal7, Séptimo Civil Municipal8, Primero Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías9, Sexto de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Valledupar [Cesar]10, Primero Laboral del Circuito de Maicao [La
Guajira]11, Primero Promiscuo Municipal de Albania [La Guajira]12, y al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Riohacha13.

Así mismo, se ordenó vincular como terceros con interés a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial14, a la Unidad de Transformación Digital e Informática15, al
Centro de Documentación Judicial16, a las Direcciones Ejecutivas Seccionales de

3 presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
4 j04ccvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
5 j06cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 j05cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 j03cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co repcsercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
9 j01pmpaladogvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
10 j06cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
11 j01lctomaicao@cendoj.ramajudicial.gov.co
12 jprmpalalbaniarh@cendoj.ramajudicial.gov.co
13 stsscflrioha@cendoj.ramajudicial.gov.co
14 deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
15 jpimientoqu@deaj.ramajudicial.gov.co
16 unidadcendoj@cendoj.ramajudicial.gov.co

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Carlos Andrés Nieves Acosta
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Administración Judicial del Cesar17 y La Guajira18, y al Centro de Servicios Judiciales
para Juzgados de Valledupar19.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Juzgado Primero Laboral del Circuito de Maicao

Manifestó que, mediante correo electrónico del 18 de febrero de 2026, el señor
Faider Ramos Rubio en calidad de Profesional Universitario Grado 11 de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, solicitó cambiar a
estado «Privado» el proceso ordinario laboral radicado bajo el número 44-430-31-
53-001-2022-00013-00, siendo atendida en la misma calenda.

De igual forma refirió que, en virtud del presente trámite y teniendo en cuenta las
pretensiones elevadas por el accionante, dicho Despacho procedió a restringir la
asociación del proceso mencionado con el señor Carlos Andrés Nieves Acosta; lo
que significa que, al consultar el nombre completo del accionante en la plataforma
TYBA y en Consulta de Procesos Nacional Unificada, el expediente aludido no
figuraba como resultado de la búsqueda.

Acorde con lo analizado, solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por
hecho superado debido a que las pretensiones invocadas por el actor frente a dicha
autoridad habían quedado satisfechas durante el trámite de la presente acción.

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

A través de la abogada adscrita a la División de Procesos de la Unidad de Asistencia
Legal, se precisó que dicha autoridad no era responsable de la información que
reposaba en las bases de datos del aplicativo denominado «Consulta de Procesos
Nacional Unificada» publicada en la página de la Rama Judicial; dado que, su
naturaleza era de carácter eminentemente técnico de soporte y de apoyo a los
sistemas de información, como era el caso del aplicativo Justicia XXI y del motor de
las bases de datos a nivel nacional, conforme lo establece el artículo 1º del Acuerdo
No 1591 de 200220.

En este orden, señaló que los Despachos Judiciales, contaban con las herramientas
necesarias para realizar de manera directa las modificaciones solicitadas por el
actor en las diferentes aplicaciones, en aras de proteger los datos y actuaciones

17 dsajvupnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
18 dsajrchnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
19 ofjudvalled@cendoj.ramajudicial.gov.co csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
20 «Por el cual se establece el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental

(Justicia XXI)»

4
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procesales que han sido ingresados directamente por cada Despacho o por los
diferentes Centros de Servicios. Por ende, dicha dependencia, carecía de
competencia para certificar, ocultar, cancelar o suprimir algún tipo de antecedente
o anotación en el sistema, puesto que, no era responsable de la información que
reposaba en las bases de datos de cada autoridad.

De acuerdo con lo expuesto, solicitó que se dispusiera su desvinculación del
presente trámite, al carecer de legitimación material en la causa por pasiva.

1.6.3. Juzgado Séptimo Civil Municipal transformado de manera transitoria al
Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Valledupar

Precisó que, revisados sus archivos correspondientes se encontró que el señor
Carlos Andrés Nieves Acosta presentó solicitud de eliminación de registro de los
procesos en los que figurara como sujeto procesal en dicho Despacho; frente a lo
cual, el 30 de enero de 2026 se dio respuesta al solicitante indicándole que se daba
traslado de su petición a las áreas de sistemas y de radicación de procesos para lo
de su competencia.

Aseveró que, por parte del departamento de sistemas le fue remitido el instructivo
para realizar la actuación de ocultamiento, a lo cual se procedió de manera
inmediata, por lo que efectuada la respectiva búsqueda en el aplicativo de consulta
de procesos de la Rama Judicial, no se obtenía ningún resultado a nombre del
tutelante.

De igual forma, refirió que el registro de los procesos no puede ser eliminado, ya
que el mismo hace parte del historial del Despacho, y en dicho entendido, solo se
realizó su ocultamiento, encontrándose habilitado para consulta interna y no para el
público en general.

De acuerdo con lo esbozado, solicitó que se resolvieran de manera desfavorable
las pretensiones elevadas por el accionante.

1.6.4. Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura

Indicó que, que en el marco del Acuerdo PCSJA22-12130 del 29 de diciembre de
2023 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se creó la División de
Seguridad y Ciberseguridad de la información en la Unidad de Transformación
Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que lidera
el tema protección de datos personales en la Rama Judicial, habilitando como canal
institucional para presentar consultas y reclamos el correo electrónico
protecciondatospersonales@deaj.ramajudicial.gov.co.

Sostuvo que dicho centro, funge como administrador funcional del portal web
www.ramajudicial.gov.co, cuya responsabilidad es la de garantizar el espacio para
la publicación de la información administrativa y judicial producida por las diferentes
dependencias de la Rama Judicial, de conformidad con el Acuerdo PSAA11- 9109

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de 2011, lo que significa que su finalidad consiste en velar por que las
Corporaciones y Despachos judiciales, dispongan de un espacio en el que puedan
divulgar las pesquisas obtenidas, recolectadas, generadas y publicadas
directamente por ellos conforme su gestión y competencias, sin perjuicio de los
sitios dispuestos por cada una de ellas.

Aseveró que el sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada funciona como
un registro de actuaciones judiciales que tiene como objetivo fundamental dar
publicidad y facilitar la consulta a los usuarios de la administración de justicia. Así,
efectuada la búsqueda correspondiente, se evidenció que a nombre del señor
Carlos Andrés Nieves Acosta figuraban 10 procesos, de los cuales 4 registraban
como «PROCESO PRIVADO»

Sin embargo, precisó que, conforme a las consideraciones efectuadas por la Corte
Constitucional en reiterada jurisprudencia, las decisiones relacionadas con la
«anonimización» y/o modificación de información correspondían exclusivamente a
los Despachos y corporaciones judiciales, siendo la Unidad de Transformación
Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como
administradora del Sistema de Información de Procesos Justicia XXI, la encargada
de indicar el procedimiento técnico.

En ese orden de ideas, consideró que no resultaba procedente endilgar al Consejo
Superior de la Judicatura, ni al Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, algún
tipo de responsabilidad en la vulneración de los derechos fundamentales invocados
por el actor, ya que por parte de las referidas autoridades, ni se adelantó el proceso
judicial, ni se realizó el registro de las actuaciones cuyo ocultamiento se solicitaba;
máxime cuando las mismas no cuentan con los usuarios, permisos, facultades, ni
competencia para registrar, diligenciar o modificar información en el sistema de
gestión procesal, lo que reafirma la ausencia de intervención directa en el presente
asunto.

1.6.5. Juzgado Sexto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de
Valledupar

Afirmó que, el 29 de enero de 2026, se recibió solicitud proveniente del correo
electrónico del actor, mediante el cual perseguía que se ocultaran los procesos
judiciales asociados a su nombre en el sistema de consulta pública de la Rama
Judicial, siendo remitida por competencia el 30 siguiente, al área de radicación del
Centro de Servicios para los Juzgados Civiles y de Familia de Valledupar, así como
al área de soporte técnico, con el fin que fuera atendida.

Igualmente, refirió que el 10 de febrero del año lectivo, recibió correo electrónico
proveniente de la Unidad Nivel Central en la que se establecían las pautas a seguir
para adelantar el trámite de ocultamiento de los procesos en las plataformas de
búsqueda de la Rama Judicial, por lo que, a través de la secretaría de dicho
Despacho se procedió a adelantar el trámite operativo para lograr el ocultamiento
de los procesos en cabeza del señor Nieves Acosta en el aplicativo Justicia Siglo

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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XXI, el cual se adelantó al 100%. Actuación que le fue puesta en conocimiento al
actor mediante correo electrónico el 11 de febrero del año avante.

En consecuencia, solicitó que se denieguen las pretensiones del amparo.

1.6.6. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Riohacha

Manifestó que lo solicitado por la parte actora no era de su competencia, y por ende,
se debía despachar desfavorablemente las pretensiones elevadas frente a dicha
entidad, toda vez que, conforme a lo preceptuado en la Ley 270 de 1996, las
Direcciones Seccionales tenían funciones estrictamente administrativas, por lo cual,
la gestión del expediente, la reserva de los procesos y la orden de "subir" o "hacer
públicos" procesos en el sistema TYBA / SAMAI era una facultad eminentemente
jurisdiccional, que residía únicamente en el juez que conocía el proceso.

Aunado a lo anterior, precisó que el accionante nunca dirigió petición alguna ante
tal entidad, y en dicho entendido carecía de legitimación en la causa por pasiva para
resolver el asunto, por lo que solicitó su desvinculación.

1.6.7. Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar

Precisó que, el 29 de enero de 2026 el señor Carlos Andrés Nieves Acosta presentó
ante dicho Despacho, petición tendiente a obtener el ocultamiento de los procesos
judiciales asociados a su nombre en el sistema de Consulta Pública de la Rama
Judicial, con fundamento en la protección de sus derechos fundamentales al hábeas
data, al buen nombre, a la honra y a la intimidad; frente a lo cual, procedió a realizar
la actuación correspondiente, conservándose únicamente el acceso a través del
número de radicación, conforme a los criterios de acceso restringido del dato
judicial. Actuación que le fue comunicada al actor el 10 de febrero de 2026, por lo
que se debía denegar el amparo pretendido.

1.6.8. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha

A través de la Secretaría General, rindió informe en el que manifestó que el 29 de
enero de 2026, el señor Carlos Andrés presentó escrito en el que solicitó el
ocultamiento de los procesos asociados a su nombre, adjuntando una relación de
varios radicados, entre ellos, el 44-430-31-53-001-2022-00013-01 que se tramitó
ante dicha Corporación.

Adujo que, en atención a la referida petición, mediante oficio TSR/SG 00788 del 16
de febrero de 2026, solicitó el apoyo del soporte TYBA nivel central y de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Riohacha, toda vez que, pese a haberse
realizado las gestiones tecnológicas disponibles en la plataforma Justicia XXI,
conforme al manual de ocultamiento y a las directrices impartidas por el Consejo
Superior de la Judicatura – CENDOJ, no fue posible efectuar directamente dicha
acción, por cuanto el proceso ya había sido remitido al juzgado de origen — Juzgado

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Laboral del Circuito de Maicao, La Guajira— y, por ende, no se encontraba activo
en el sistema.

Frente a lo expuesto, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha
informó que el proceso fue ocultado y puesto en condición de privado, impidiendo
la visualización de la información correspondiente; actuación que fue puesta en
conocimiento del peticionario mediante oficio TSR/SG 00838 del 19 de febrero de
2026, sin que se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales que se
predicaba, y en tal virtud, consideraba que se debía negar el amparo constitucional
invocado.

1.6.9. Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Albania

Adujo que el 29 de enero del presente año, el señor Nieves Acosta, radicó a través
del correo institucional petición en la que pretendía obtener el ocultamiento de los
procesos judiciales en los cuales figuraba como accionante o demandante y que se
encontraban visibles en el sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial
mediante su búsqueda.

Afirmó que, mediante oficio JPMA 071 del 18 de febrero de 2026, se dio respuesta
a lo peticionado por el actor informándosele que en dicho juzgado únicamente cursa
un proceso a su nombre, identificado con el radicado 44035-40-89-001-2022-00002-
00, y en el que por medio de la secretaría se realizaron las acciones
correspondientes con el fin de lograr su ocultamiento a través de su identificación.

Aseveró que, pese a que con posterioridad la parte actora fue enfática en señalar
que, al verificar la página de consulta de procesos aún seguía apareciendo
resultados en la opción de búsqueda por su nombre; dicha agencia judicial solo
podía realizar el ocultamiento del proceso que cursaba en su respectivo juzgado, y
por ende, continuaba existiendo la posibilidad de que aparecieran relacionados
algunos procesos que se llevan a cabo en otros despachos.

Por lo anterior, y ante la falta de pruebas que permitiera evidenciar la vulneración
de los derechos alegados, solicitó que no se accediera a las pretensiones
deprecadas en la acción de tutela de la referencia.

1.6.10. Juzgado Sexto Civil Municipal Transitoriamente Juzgado Tercero Civil
de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar

Indicó que, el 29 de enero de 2026 el accionante elevó petición ante dicha autoridad,
y frente a la cual en su momento no se dio respuesta; sin embargo, de manera
posterior se efectuó la eliminación y ocultamiento de los datos pretendidos,
encontrándose resuelto lo solicitado. Actuación que le fue notificada al tutelante
mediante correo del 19 de marzo del presente año, configurándose así la carencia
actual de objeto por hecho superado.

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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
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1.6.11. Centro de Servicios Judiciales para Juzgados de Valledupar

Indicó que, si bien es cierto que la responsabilidad de realizar el ocultamiento de los
datos que reposan en las diferentes plataformas de las páginas judiciales recaía en
cabeza de los despachos, como Centro de Servicios y en el caso particular, el día
30 de enero de la presente anualidad le brindó apoyo a los Juzgados Cuarto Civil
de Circuito y Cuarto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar,
a través de los técnicos en sistema para que se pudiera efectuar dicha labor,
quedando eliminada la consulta por el nombre del tutelante.

De igual forma, aseveró que, de acuerdo con el informe generado por los ingenieros
adscritos a dicha oficina, la eliminación de los datos solicitados se efectúa en el
aplicativo Justicia Siglo XXI y en consulta de procesos en la página de la Rama
Judicial, pero en la Consulta Unificada de Procesos solo se privatiza, mas no se
evidencia.

1.6.12. El Consejo Superior de la Judicatura, los Juzgados Tercero Municipal de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, Tercero Civil Municipal, Primero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de la ciudad de
Valledupar, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Cesar, y
la Unidad de Transformación Digital e Informática, pese a estar debidamente
notificados de la existencia del presente asunto, no se pronunciaron sobre la acción
de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, los artículos 2.2.3.1.2.4 y
2.2.3.1.2.1 numeral 8° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige entre otras, contra el Consejo Superior
de la Judicatura.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Riohacha, solicitaron su desvinculación del presente
trámite constitucional, al considerar que carecen de legitimación para soportar las
pretensiones invocadas por la parte actora, al no tener injerencia alguna en la
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se invoca.

Sin embargo, la Sala no accederá a lo peticionado toda vez que su vinculación se
realizó como terceros, en virtud del eventual interés que les puede representar el
presente trámite.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Carlos Andrés Nieves Acosta
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01840-00

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer en sí:

¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, por no haber eliminado de sus respectivas páginas web aquella
información y datos negativos reportados, con ocasión a las diferentes
investigaciones penales que en su momento fueron adelantadas en su
contra?

Para dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho fundamental al habeas data; (iii)
el carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando existan otras
vías judiciales disponibles y eficaces; y (iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable21.

2.5. Derecho al habeas data

Respecto a la referida garantía constitucional, el artículo 15 superior prevé:

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución. [Negrillas de la Sala]

A su turno, la Corte Constitucional mediante sentencia SU-139 del 14 de mayo de
2021 determinó que el habeas data es un derecho fundamental autónomo, que
busca proteger el dato personal, respecto a la información que tiene la posibilidad
de asociar un determinado contenido a una persona natural en concreto, cuyo

21 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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ámbito de acción es el proceso en virtud del cual un particular o una entidad
adquiere la potestad de captar, administrar y divulgar tales datos.

En igual sentido, la mencionada Corporación estableció que entre el titular de la
información y el dato personal existe un vínculo inquebrantable, del cual se deriva
la posibilidad de que el sujeto pueda solicitar al administrador de la base de datos
el acceso, rectificación, actualización, exclusión y certificación de la información; así
como la limitación en su divulgación, publicación o cesión, de conformidad con los
principios que rigen el proceso de administración de las pluricitadas bases22.

En lo concerniente a la corrección, actualización o supresión de la información
contenida en las bases de datos personales, el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1581
de 201223, dispone:

Artículo 15. Reclamos. El Titular o sus causahabientes que consideren que la
información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección,
actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de
cualquiera de los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante
el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será
tramitado bajo las siguientes reglas […].

De ahí que, si los accionantes cuentan con la posibilidad de solicitar ante los entes
responsables el ocultamiento de la información, deben agotar esa instancia antes
de acudir a la acción de tutela. Mecanismo que, dada su naturaleza, procede de
manera excepcional.

2.6. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.

El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1. º del artículo 6.
º del Decreto Ley 2591 de 1991.24

La jurisprudencia estableció que, en razón al principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.

22 Ver también sentencia T-729 de 2002.
23 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
24 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1.

Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».

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De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
deviene en la improcedencia de este mecanismo25.

El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»26.

2.7. Caso concreto

Mediante el presente asunto, el señor Carlos Andrés Nieves Acosta pretende que
se ordene a las autoridades accionadas que eliminen de sus respectivas páginas
web, aquella información y «datos negativos» reportados con ocasión a las
diferentes investigaciones penales que en su momento se adelantaron en su contra,
toda vez que en su sentir, dicha actuación vulnera de manera flagrante sus derechos
fundamentales de petición, al hábeas data, al buen nombre, a la honra y a la
intimidad personal.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que conforme a lo preceptuado en el artículo 15
de la Ley 1581 de 2012, cuando se pretende obtener la corrección, actualización o
supresión de la información contenida en las bases de datos personales, se requiere
que de manera previa el interesado hubiere solicitado ante los entes responsables
el ocultamiento de la información correspondiente; conforme a la documentación
remitida por las diferentes autoridades, procederá la Sala a determinar, en primer
lugar, si previo a la interposición de la presente acción, la parte actora agotó dicho
requisito, de la siguiente manera:

25Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno

Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
26 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.

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De acuerdo con lo analizado, se observa que el presupuesto aludido se encuentra
parcialmente acreditado. Ello es así, por cuanto de los elementos de convicción que
obran, se pudo evidenciar que respecto de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, el Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial del Cesar y de
Riohacha, el Consejo Superior de la Judicatura, los Juzgados Tercero Municipal de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, Tercero Civil Municipal, Primero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de la ciudad de
Valledupar, y la Unidad de Transformación Digital e Informática el actor no elevó la

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solicitud de anonimización de las bases de datos correspondientes, y en dicho
entendido, se declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
encontrarse satisfecho el requisito de subsidiariedad respecto de tales
autoridades.

Ahora bien, en lo concerniente a la vulneración de los derechos fundamentales que
se predica respecto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, y los
Juzgados Sexto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Valledupar y
Cuarto Civil del referido Circuito; se evidencia que por parte de dichas autoridades
no se configuró la trasgresión aludida, toda vez que, dentro del término de ley dieron
respuesta a la petición que les fue elevada.

Ello es así, por cuanto la reclamación se radicó ante las respectivas autoridades el
29 de enero de 2026; lo que significa que, conforme a las disposiciones previstas
en el artículo 14 de la Ley 1755 de 201527 el término con el que contaban para
atender lo peticionado feneció el 6 de marzo del presente año y las respuestas le
fueron brindadas al actor los días 10, 11 y 19 de febrero, siendo remitidas al correo
electrónico aportado para efectos de notificaciones, procediendo además a ocultar
la información que respecto de él figuraba en sus bases de datos, conforme se
ilustra a continuación:

27 «ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal

especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días
siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a
su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos
legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la
entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres
(3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su
cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. […]»

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Acorde con lo anterior, se negará el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el tutelante con relación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha, y los Juzgados Sexto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Valledupar y Cuarto Civil del denominado Circuito.

Por su parte, los Juzgados Primero Laboral del Circuito de Maicao, Sexto28 y
Séptimo Civil Municipal de Valledupar29, Primero Promiscuo Municipal de Albania,
y el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados de Valledupar, en virtud de la
notificación efectuada por la Secretaría General de esta Corporación, manifestaron
que, con ocasión a la radicación de la presente acción procedieron a restringir la
información de los procesos que se tramitaron en cada uno de ellos y que se
encontraban asociados con el señor Carlos Andrés Nieves Acosta; lo que significa
que, al consultar el nombre completo del accionante en la plataforma TYBA y en la
Consulta de Procesos Nacional Unificada, no se arroja ningún resultado de la
búsqueda, conforme se vislumbra en la siguiente imagen:

28 Transformado de manera transitoria al Juzgado Tercero Civil de Pequeñas Causas y Competencias

Múltiples de Valledupar
29 Transformado de manera transitoria al Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de

Valledupar.

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Así las cosas, y teniendo en cuenta que, encontrándose en curso el mecanismo
constitucional de la referencia, las autoridades mencionadas dieron trámite a lo
solicitado por el actor, se declarará la carencia actual de objeto superado
respecto de éstas, toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar
algún quebranto de los derechos fundamentales que se invocan, de ahí que
cualquier orden que se imparta por parte de esta Sala resultaría inane debido a que
la posible vulneración cesó con las actuaciones derivadas de las autoridades
enjuiciadas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación realizadas por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Riohacha, conforme a las razones expuestas en la parte
considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Carlos Andrés Nieves Acosta contra la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura, las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial
del Cesar y de Riohacha, el Consejo Superior de la Judicatura, los Juzgados
Tercero Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, Tercero Civil
Municipal, Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de la ciudad de Valledupar, y la Unidad de Transformación Digital e
Informática, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

TERCERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental invocado por el actor, en
lo que respecta al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, y los Juzgados
Sexto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Valledupar y Cuarto Civil del
denominado Circuito, conforme a las razones expuestas en la parte motiva.

CUARTO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado con
relación a los Juzgados Primero Laboral del Circuito de Maicao, Sexto Civil
Municipal Transitoriamente Juzgado Tercero Civil de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Valledupar, Séptimo Civil Municipal transformado de
manera transitoria al Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
del referido Circuito, Primero Promiscuo Municipal de Albania, y el Centro de
Servicios Judiciales para los Juzgados de Valledupar, por lo expuesto en la parte
motiva.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salvamento parcial de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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