República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01841-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-00 (2786)
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
Accionado: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Luz Elena Vargas Londoño en contra de la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
1. Síntesis del caso
La señora Luz Elena Vargas Londoño, a través de apoderada, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva, y al principio de favorabilidad, que consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia del 17 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 66001-33-33-004-
2024-00198-02.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, índice 2.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-00 (2786)
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
Accionado: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
2. La señora Luz Elena Vargas Londoño es educadora oficial ubicada en la
categoría 3BM del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el
Decreto Ley 1278 de 2002.
3. La accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
Educación del municipio de Dosquebradas el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de lo que consideró «incrementos desiguales e
injustificados decretados para los años 2008 y 2009, en los cuales se favoreció a
docentes de la categoría 3DM» en detrimento de quienes, como ella, se
encontraban en el escalafón 3BM.
4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los oficios
sin números del 27 de febrero de 2024 y del 5 de marzo de 2024, respectivamente,
negaron el requerimiento de la tutelante.
5. La señora Luz Elena Vargas Londoño presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, y el municipio de Dosquebradas con el fin de que: i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejaran sin efecto los referidos actos administrativos y, iii)
se ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales
establecidos por el Gobierno nacional durante los últimos tres años anteriores a la
presentación de la reclamación administrativa, en virtud del fenómeno de la
prescripción.
6. El Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira vinculó al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, al Departamento Administrativo de la Función Pública, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduprevisora S.A., y
mediante sentencia del 19 de febrero de 2025, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que no se logró demostrar la vulneración a la igualdad,
debido a que no era posible equiparar un nivel salarial a otro, ya que los docentes
no se encontraban en el mismo escalafón y el trato diferenciado obedecía a los
niveles académicos y demás criterios de preparación y mérito. Contra dicha
decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.
7.
El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de providencia del 17 de
septiembre de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300420240019800, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) LUZ
ELENA VARGAS LONDOÑO, por considerar que las razones de la decisión no se
2
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Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
Accionado: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y. analizando de manera concreta la situación particular del
(la) docente LUZ ELENA VARGAS LONDOÑO a la luz de los argumentos planteados
en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
incurrió en defecto sustantivo porque no efectuó una interpretación adecuada de los
postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se
apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia.
10. Explicó que la autoridad accionada desconoció de manera arbitraria el alcance
del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002,
en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de
las categorías 3BM y 3DM, que se realizaron en los años 2008 y 2009, cuando la
diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación permanente en la
base salarial de los docentes de la categoría 3BM.
11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en los incrementos salariales de los
años 2008 y 2009 entre las categorías 3DM (52,56%) y 3BM (29,37%) respondían
a criterios razonables previstos en la normativa, tales como la formación académica
y la experiencia en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en cuenta los
principios de igualdad y de progresividad que regulan los aspectos salariales.
12. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión
sustancial al no incorporar ni analizar el precedente constitucional contenido en la
sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en el cual se establece que
los tratos diferenciados en materia salarial se deben soportar en una justificación
objetiva y suficiente, por lo que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad
matemática ni permite incrementos que generen brechas irrazonables sin
fundamento técnico o normativo.
13. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3BM y
3DM.
2
Se transcribe incluso con errores.
3
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Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
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2.3. Trámite procesal
14. El despacho ponente, mediante auto del 11 de marzo de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, a la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, y vinculó en calidad de
terceros con interés al Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, al municipio de Dosquebradas, al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo de la Función Pública,
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduprevisora S.A.
2.4. Intervenciones
15. El Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira4 indicó que no había vulnerado
ninguno de los derechos fundamentales alegados, toda vez que las decisiones
adoptadas en primera instancia se fundamentaron en lo probado dentro del proceso
y al marco normativo y jurisprudencia aplicable al caso, por lo cual, debía negarse
el amparo reclamado.
16. El Departamento Administrativo de la Función Pública5 solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción, al considerar que no cumplía con los requisitos de
relevancia constitucional, en la medida en que la inconformidad de la parte actora
recaía en un asunto que ya había sido decidido por el Tribunal Administrativo de
Risaralda. Además, afirmó que no vulneró ninguno de los derechos invocados por
la parte actora y que los incrementos salariales aplicados respondieron
directamente a la variación del IPC, garantizando así la preservación del poder
adquisitivo de los docentes.
17. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público6 pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo y manifestó que ninguno de los defectos
invocados por la accionante tenía vocación de prosperar, por lo cual no se
demostraba la existencia de una situación excepcional que habilitara el control
constitucional de la providencia acusada. Añadió que tampoco se evidenciaba la
vulneración de derechos fundamentales y que, por el contrario, la decisión se dictó
en el marco del ejercicio legítimo de la función jurisdiccional.
18. El Tribunal Administrativo de Risaralda7 solicitó que se negara por improcedente
la solicitud de amparo, con fundamento en que no cumplió los requisitos generales
de procedencia, ni se configuraban los defectos que habilitaban de manera
excepcional dicho mecanismo constitucional. Adicionalmente, sostuvo que la
providencia dictada por el despacho judicial respetó el debido proceso, valoró las
pruebas y aplicó el marco normativo correspondiente, de modo que no se vulneró
ningún derecho fundamental.
3
Samai, índice 5.
4
Samai, índice 15, certificado núm. E712D172D42D6C68 46C51CC40C254639 D76C92515529504F F214795EE4433A6D.
5
Samai, índice 16.
6
Samai, índice 17, certificado núm. 8E5EC2BDBEDBFA92 F21AD7E89E39F72E 8D8F7598FAEDFA4F
AFEEFADEACA1A918.
7
Samai, índice 18, certificado núm. FABB0B0A0632FEF2 BEDD730543C7D7E4 FDEDBB8B53E7C7C6
36D6E0B64BB21EF6.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-00 (2786)
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
Accionado: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
19. El Ministerio de Educación Nacional8 solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela y que se le desvinculara por falta de legitimación en la causa por
pasiva. En concreto señaló que no evidenciaba la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la demandante y que, en todo caso, la solicitud de
amparo no se dirigía en su contra, sino de una autoridad judicial.
20. Los demás vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Luz Elena Vargas Londoño contra la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
3.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa por activa de la señora Luz Elena Vargas Londoño
está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
23.También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, debido a que fue la autoridad
que profirió la sentencia objeto de tutela.
24. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación, al considerar que las pretensiones de la acción de tutela se dirigían
expresamente contra decisiones dictadas por autoridad judicial, que era la llamada
a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la accionante.
25. Al respecto, la Sala aclara que la vinculación de dicha entidad al presente
trámite fue en calidad de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción, toda vez que actuó como parte demandada dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la providencia objeto de
tutela. En consecuencia, se negará la desvinculación solicitada.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
26. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
8
Samai, índice 19, certificado núm. 99D769EDD2D824E8 96FCB7CA11B9080E F4C529DCF34316B8 9A45A110104B308A.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-00 (2786)
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
Accionado: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.
27.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
28. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
29. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
30. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
31. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-00 (2786)
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
Accionado: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
32. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
33. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
34. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 17 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, fue notificada el 18 de septiembre de la misma anualidad17, y la demanda
de tutela se presentó el 6 de marzo de 202618, esto es, dentro del plazo de seis
meses previsto por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20
como razonable.
35.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17 Samai, exp. núm. 66001-33-33-004-2024-00198-02, índice 13.
18 Samai, índice 1.
19 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-00 (2786)
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
Accionado: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
36. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
37. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y fáctico y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.
3.4. Problema jurídico
38. ¿La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia de la accionante al proferir la sentencia del 17 de
septiembre de 2025, mediante la cual confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda promovida contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional y el municipio de Dosquebradas, relacionadas con el ajuste de la diferencia
salarial derivada de los incrementos aplicados a los niveles 3BM y 3DM del
escalafón docente?
39. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
40. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado21.
41.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
42. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
21
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-00 (2786)
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
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principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […] 22.
43. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
44.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).23
3.4.2. El defecto fáctico
45. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»24. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión25» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
46. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o efectúa una valoración por “completo equivocada”»26. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»27.
47. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
22
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-00 (2786)
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
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(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso28.
48. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial29, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»30.
49. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]31.
3.5. Caso concreto
50. En el asunto bajo estudio, Luz Elena Vargas Londoño presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional y el municipio de Dosquebradas con el fin de que se dejaran sin efectos
los oficios sin números del 27 de febrero de 2024 y del 5 de marzo de 2024 y, en
consecuencia, se ordenara pagarle la diferencia salarial derivada de los incrementos
28
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
29
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
30
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
31
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
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aplicados de manera desigual a los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de
2002, específicamente entre los niveles 3BM y 3DM.
51. En primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, mediante
sentencia del 19 de febrero de 2025, negó las pretensiones de la demanda. Apelada
la anterior decisión, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda emitió fallo el 17 de septiembre de 2025, en el que confirmó la providencia
de primera instancia.
52. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 17 de septiembre de 2025,
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada de
los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto
se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia,
especialmente los principios de igualdad y progresividad.
53. De este modo, precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en
tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de las
categorías 3BM y 3DM, que se realizaron para los años 2008 y 2009, pese a que,
en su criterio, tales diferencias carecían de justificación objetiva.
54. Asimismo, refirió que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico porque
pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que
justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos porcentajes de
incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3BM y 3DM.
55. Al respecto, se observa que la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda en primer lugar, señaló que los fundamentos jurídicos
de la decisión correspondían a los expuestos en la sentencia del 24 de julio de 2025,
dictada por la Sala Tercera de Decisión de esa corporación, en el proceso radicado
núm. 66001-33-33-002-2024-00213-02.
56. Precisó que en el mencionado fallo se incorporaron razones que serían
acogidas en el trámite, dado que servían de fundamento para la decisión que se
profirió, en consecuencia, resumió la posición de la Sala Tercera de Decisión, así:
5.1. Excepción de inconstitucionalidad, Luego de hacer un recuento jurisprudencial de
la Corte Constitucional acerca del control de constitucionalidad difuso por parte del juez
ordinario señaló al final: «En ese orden, son dos los requisitos necesarios para la
aplicación de esta excepción: (i) que la norma de inferior jerarquía sea ostensiblemente
contradictoria con los mandatos constitucionales, de manera que afecte o vulnere los
derechos fundamentales de alguna de las partes en el caso concreto. Y, (ii) que no
exista pronunciamiento judicial de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional o
de legalidad por el Consejo de Estado, según el caso, sobre la norma respecto de la
cual se solicita aplicar la misma.»
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5.2. Del escalafón docente, después de reseñar el contenido de la Ley 115 de 1994, la
ley 715 de 2001, el Decreto 1278 de 2002 y el decreto 2715 de 2009 concluyó que «al
ingresar al servicio docente un educador, previa superación del período de prueba, es
inscrito en el escalafón en el primer nivel salarial (A), ingresa al grado que corresponda
según la formación académica exigida. Y, para poder reubicarse en los niveles B, C y
D, el docente deberá acreditar los años de experiencia requeridos, así como la
superación de la evaluación de competencias».
5.3. Régimen salarial y prestacional de los docentes: Se efectúa un análisis de las
normas constitucionales y legales, en especial el contenido de la Ley 4a de 1992, los
Decretos Ley 1278 de 2002, 634 de 2007, 624 de 2008, 714 de 2008, 1238 de 2009,
1367 de 2010 y 1027 de 2011. […] De lo anterior se puede observar los reajustes o
incrementos salariales en cada uno de los niveles y grados durante los años 2007 a
2011. (…)
Frente a lo cual se arriba a la siguiente conclusión: «en ambos períodos el incremento
salarial se hizo por encima del IPC del correspondiente año y, además, para el año
2009, al menos en lo que respecta a los grados utilizados para el ejercicio, sí se
presentó una diferenciación en el porcentaje de los salarios. Con todo, será el análisis
jurídico probatorio que se haga del caso particular que determinará si tal diferenciación
configura los vicios de nulidad sustancial que formula la parte actora respecto de los
actos administrativos acusados.»
5.4. Incremento Salarial de los Empleados Públicos. Se explica el poder adquisitivo que
tiene derecho el trabajador, haciendo alusión a las sentencias C1433 de 2000, C-1064
de 2001,C710 de 1999, C-15 de 1999 y C1017 de 2003 de la Corte Constitucional y la
expedida por el Consejo de Estado de fecha 28 de junio de 2012 bajo el radicado
05001-23-31-000-2001-02260 01(0584-10), y el 15 de septiembre de 2016 con
radicado 76001-23-31-000 2005- 04234-01(1204-12). Finalmente, se concluye: «se
establece que todos los empleados públicos tienen un derecho general a que su salario
sea incrementado anualmente, con el fin de preservar su poder adquisitivo ante la
inflación. Este derecho se fundamenta en el artículo 53 de la constitución, que garantiza
un salario mínimo vital y móvil. (…) .
5.5. Derecho a la igualdad. De manera posterior a exponer sobre el derecho a la
igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, así como su definición por parte de la
Corte Constitucional, se precisa «...de acuerdo con este constructo epistémico-
metodológico en los dos niveles señalados, resulta posible establecer si existe
realmente una diferencia de trato entre personas o situaciones perfectamente análogas
y, en caso afirmativo, si dicho trato desigual se encuentra justificado, en cuyo caso la
norma ―junto con la medida que ella establece― se justifica por ser compatible tal
criterio de diferenciación con los postulados constitucionales; o en caso contrario, debe
ser reprochada tal diferenciación y, por ende, la medida descartada y la norma que la
contiene retirada del ordenamiento jurídico (en un examen de constitucionalidad
abstracto y concentrado) o inaplicada (en un control concreto y difuso de
constitucionalidad); aspecto que será abordado a continuación, en el acápite
correspondiente al análisis del caso que convoca.»
57.A partir de lo anterior, concluyó que la parte demandante no probó las causales
de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos salariales de los
docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial, para los años
2008 y 2009, toda vez que no existía un imperativo normativo o jurisprudencial para
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predicar que existía la obligación de aumentos iguales.
58. En ese contexto, se observa que la sentencia de la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda de ninguna manera realizó una
interpretación sesgada de la normativa aplicable y de los criterios jurisprudenciales
que rigen el caso sometido a estudio; por el contrario, lo que se advierte es que los
argumentos desarrollados en la providencia objeto de tutela atienden las pautas
establecidas por el legislador sobre la forma de definir los incrementos salariales de
los docentes.
59. Dicho esto, para la Sala no es posible inferir la configuración de los defectos
sustantivo y fáctico como lo plantea la parte tutelante, pues como se ha reconocido
en casos con similares supuestos fácticos32, la postura adoptada encuentra
fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002, el cual
faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores en los
siguientes términos:
«El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones
adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan». [subrayado fuera de texto].
60. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»33.
61. En consecuencia, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela
no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.
62. En consecuencia, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con
el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
32 Sentencias del 2 de febrero de 2026, proceso de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-08049-00 (12752), del
9 de febrero de 2026, proceso de tutela núm. 11001-03-15-000-2026-00080-00 (103).
33
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-00 (2786)
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
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4. Conclusión
63. La providencia proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda no vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo y fáctico, que exija la
intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo
invocada por la accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme a lo expuesto.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Luz Elena Vargas
Londoño contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-00 (2786)
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
Accionado: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.
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