Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01844-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01844-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01844-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01844-00
Accionante: Luis Alfredo Sosa Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo de Risaralda
Tema: Acción de tutela contra la providencia judicial
Decisión: Niega. No se configura el defecto alegado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela interpuesta por el señor Luis Alfredo Sosa Naranjo, quien actúa
por conducto de apoderada, contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al “debido proceso, la
igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al
principio de favorabilidad”, supuestamente ocurrida con ocasión de la providencia
del 17 de septiembre de 20251 que confirmó la sentencia del 25 de junio de 20252
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira, que negó
las pretensiones de la demanda, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 66001-33-33-006-2024-00255-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente se advierte que el señor Luis Alfredo
Sosa Naranjo se desempeñó como docente oficial escalafonado en el grado 2
nivel B del régimen previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002, el cual estructura
la carrera docente con base en criterios de formación, experiencia, desempeño y
evaluación de competencias.
3. El actor expuso que, durante los años 2005 a 2007, el Gobierno Nacional
dispuso incrementos salariales uniformes para los docentes del referido régimen,
pero indicó que, no obstante, en los años 2008 y 2009 estableció aumentos
porcentuales diferenciados dentro del mismo grado, otorgando incrementos
superiores al nivel 2A frente al nivel 2B, pese a que adujo que este último exigía
mayores calidades y experiencia.
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4. La parte actora sostuvo que dicha variación fue excepcional, pues a partir del
año 2010 y en adelante se retomó el esquema de incrementos homogéneos, pero
adujo que, sin embargo, la alteración introducida en 2008 y 2009 impactó la base
salarial del accionante, generando efectos económicos sucesivos en el tiempo.
5. En consideración a lo anterior, el señor Sosa Naranjo presentó una
reclamación administrativa ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional y
el Departamento de Risaralda, solicitando el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales, la cual fue negada expresamente por el Ministerio y no fue
respondida por la entidad territorial.
6. En consecuencia, instauró una demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fue resuelto el 25 de junio de 2025
por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Pereira3, negando las pretensiones
al no encontrar desvirtuada la legalidad de los actos acusados.
7. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante
sentencia del 17 de septiembre de 2025, confirmó la decisión4, al considerar que
los incrementos diferenciados respondían a criterios normativos y que no existía
obligación de otorgar aumentos iguales entre distintos niveles del escalafón. El
Ministerio de Educación presentó una solicitud de aclaración, adición y/o
complementación con respecto a la providencia citada, la cual fue negada5
mediante auto del 16 de octubre de 20256.
3
La autoridad judicial analizó si los decretos que fijaron incrementos salariales diferenciados entre los grados 2A y 2B del
escalafón docente vulneraban los derechos a la igualdad y al principio de “a trabajo igual, salario igual” y concluyó que no
existe identidad de condiciones entre los docentes comparados, dado que pertenecen a niveles distintos dentro del
escalafón. Determinó que las diferencias salariales se sustentan en criterios objetivos como formación, experiencia,
responsabilidades y ubicación en el escalafón, conforme al marco normativo aplicable, en especial el Decreto 1278 de
2002 y la Ley 4 de 1992. Por tanto, no se configura un trato discriminatorio ni arbitrario. Asimismo, descartó la procedencia
de la excepción de inconstitucionalidad o ilegalidad, al no evidenciarse contradicción manifiesta entre los decretos
demandados y la Constitución. Se reiteró que el sistema salarial docente es escalonado y no exige incrementos uniformes
entre todos los niveles. En consecuencia, el a quo concluyó que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
administrativos acusados, por lo que negó las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas, al no
demostrarse su causación.
4
Al resolver el recurso de apelación, el ad quem confirmó la negativa de las pretensiones con fundamento en los artículos
13 y 53 constitucionales, precisando que el principio de igualdad es de carácter material y no implica un trato idéntico
entre sujetos que no se encuentran en condiciones equivalentes, aunado a que la remuneración debe ser proporcional a
la calidad y cantidad del trabajo. Igualmente, sustentó su decisión en el marco normativo del régimen salarial docente,
particularmente en la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, destacando la competencia del Gobierno Nacional
para fijar el régimen salarial y la estructura escalonada del sistema, lo cual indicó, justifica diferencias en los incrementos
sin que ello configure per se una vulneración de los derechos del accionante. Finalmente, sustentó su decisión en
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial la sentencia C-313 de 2003, así como en precedentes del Consejo
de Estado sobre incremento salarial y carga de la prueba, concluyendo que no se acreditaron los supuestos para inaplicar
normas por vía de excepción de inconstitucionalidad ni para declarar la nulidad de los actos demandados. Adicionalmente,
el Tribunal reiteró que la condena en costas no es automática, sino que depende de un análisis valorativo conforme al
artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del CGP, en el que el juez debe verificar no solo quién resulta vencido, sino
también la causación y comprobación efectiva de las mismas. En ese sentido, precisó que en el caso concreto no se
acreditaron adecuadamente las costas, ya que no se aportaron facturas ni documentos equivalentes ni prueba de su
pago, los cuales consideró idóneos para demostrar ese rubro. Por ello, confirmó la decisión del a quo respecto a que no
había lugar a imponerlas.
5
El Tribunal negó la solicitud de aclaración, adición y/o complementación al considerar que la sentencia del 17 de
septiembre de 2025 no contenía conceptos oscuros ni ambiguos, y que su parte motiva y resolutiva eran claras,
coherentes y ajustadas a la ley, por lo que no se cumplían los requisitos del artículo 285 del CGP para aclararla. Asimismo,
concluyó que la solicitud del Ministerio no buscaba aclarar vacíos reales, sino reabrir el debate sobre las costas, aspecto
ya decidido y frente al cual no se aportaron pruebas idóneas en su momento. En consecuencia, al no existir omisiones ni
errores que justificaran adición o complementación, se negó la petición.
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Fijado por estado el 20 de octubre de 2025, índices 17 y 20 del aplicativo SAMAI, exp. 66001-33-33-006-2024-
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2.2. Fundamento jurídico
8. La parte actora consideró trasgredidos sus derechos fundamentales al
“debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva y al principio de favorabilidad”.
9. El actor alegó la configuración de un defecto sustantivo, al estimar que
la autoridad judicial realizó una interpretación errónea del principio de igualdad y
del postulado “a trabajo igual, salario igual”, al validar diferencias en los
incrementos salariales sin exigir una justificación objetiva, razonable y suficiente
por parte de la administración, desconociendo la Ley 4ª de 19927 y el Decreto
Ley 1278 de 20028.
10. Adicionalmente, el señor Sosa Naranjo consideró que existió un defecto
fáctico, en tanto el Tribunal, en su sentir, valoró indebidamente el material
probatorio, al no verificar la inexistencia de justificación objetiva para los
incrementos salariales desiguales, ni examinar los elementos que evidenciaban
la desproporción entre los niveles 2A y 2B del escalafón docente en los años
2008 y 20099.
2.3. Pretensiones
11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo número 66001-
33-33-006-2024-00255-00-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) LEONIDAS
JOSE PANESSO SANCHEZ, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a
la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate
jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente LUIS
ALFREDO SOSA NARANJO a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria
y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.». SIC en toda la cita.
2.4. Intervenciones
12. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 9 de marzo de 202610,
a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Risaralda como
accionado y a la Nación- Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento de Risaralda y al Juzgado
7
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública y para la fijación de prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de
conformidad con el artículo 150, numeral 19, literales e y f de la Constitución Política».
8
«Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.»
9
No obstante, el actor no identificó de manera concreta los medios de prueba que presuntamente fueron indebidamente
apreciados, ni explicó de qué forma al ser valorados diferente habrían conducido a una decisión distinta, limitándose a
formular afirmaciones genéricas sobre una supuesta valoración indebida.
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Sexto Administrativo del Circuito de Pereira como terceros interesados en el
resultado del proceso. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y se reconoció personería a la apoderada de la parte actora.
2.4.1. La Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda11 sostuvo
que la acción se dirigió contra una providencia judicial, frente a la cual carecía de
competencia para modificarla, revisarla o dejarla sin efectos, por lo que precisó
que su competencia se limitaba al cumplimiento de lo ordenado por la autoridad
judicial accionada.
13. Aunado a lo anterior, indicó que la solicitud de amparo resultaba
improcedente, toda vez que la inconformidad del actor se redujo a cuestionar la
interpretación jurídica de la autoridad judicial, lo cual no configuraba defecto
alguno, señalando que debía prevalecer la autonomía judicial y la
excepcionalidad del amparo contra providencias. En consecuencia, solicitó
mantener incólume la decisión del Tribunal y solicitó ser desvinculada del trámite,
al no existir una actuación propia vulneradora de derechos fundamentales.
2.4.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda12 y el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Pereira13 remitieron el vínculo de acceso al
expediente, pero no realizaron ningún pronunciamiento.
2.4.3. El Ministerio de Educación Nacional14 solicitó declarar improcedente la
acción al considerar que no cumplió con el requisito de relevancia constitucional
ni demostró la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Adicionalmente, sostuvo que no estaba legitimado en la causa por pasiva por lo
que solicitó su desvinculación del presente trámite.
2.4.4. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el acuerdo 080 de 201915 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De las solicitudes de desvinculación
15. En las respuestas dadas por el Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda estos solicitaron ser
desvinculados de la acción al considerar que no se encuentran legitimados en la
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causa por pasiva. No obstante, al haber sido vinculadas a la presente acción
como terceros interesados, la Sala considera que conservan un interés en el
resultado del proceso por lo que se negará su desvinculación.
3.2.2. De los defectos objeto de estudio en sede constitucional
16. Es necesario precisar que, aunque la parte accionante alegó la
configuración de un defecto fáctico, su argumentación fue imprecisa y carente de
desarrollo suficiente, pues no señaló de manera específica cuáles medios
probatorios habrían sido indebidamente valorados ni explicó cómo su correcta
apreciación habría modificado el sentido del fallo16.
17. En tal medida, no cumplió con la carga mínima de argumentación exigida
para habilitar el estudio de esta causal en sede de tutela. Por ello, esta
Subsección advierte que se abstendrá de pronunciarse sobre dicho reproche, en
caso de superarse los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
3.3. Problema jurídico
18. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Risaralda al proferir la providencia del
17 de septiembre de 202517 que confirmó la sentencia del 25 de junio de 202518
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira, que negó
las pretensiones de la demanda, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 66001-33-33-006-2024-00255-00/01,
incurrió en un defecto sustantivo y con este trasgredió los derechos
fundamentales al “debido proceso, la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad” del señor Luis
Alfredo Sosa Naranjo.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
19. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. omitido
16
En ese entendido, no basta simplemente con exponer hechos y normas, se requiere probar los supuestos que se
plantean y desvirtuar los de la contraparte de ser el caso, evidenciando qué no fue advertido por la autoridad judicial, en
tanto sea de relevancia para el asunto en concreto y se haya desatendido de manera arbitraria por parte de esta.
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20. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
21. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
22. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
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de 6 meses desde que adquirió ejecutoria19 la providencia objeto de
cuestionamiento, y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 6 de marzo
de la presente anualidad.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental derivada de la
presunta configuración de un defecto sustantivo asociado a un supuesto
incremento salarial desigual aplicado a los empleados estatales durante los años
2008 y 2009, el cual se argumentó y fundamentó razonablemente.
23. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
24. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el
defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad
al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad
que orientan al sistema jurídico»20.
25. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la
cosa juzgada respectiva”.
19
Toda vez que la última actuación procesal se surtió a través del auto del 16 de octubre de 2025 que negó una solicitud
de aclaración, adición y/o complementación a la providencia del 17 de septiembre de 2025, el cual fue fijado por estado
el 20 de octubre de 2025, índices 17 y 20 del aplicativo SAMAI, exp. 66001-33-33-006-2024-00255-01.
20
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
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Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que
los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad
no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de
la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario
se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación
al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la
propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional,
no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador»21.
26. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar
que se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial
desconoció las normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una
interpretación que contraría los postulados mínimos de razonabilidad
jurídica, o porque se desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener
en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.
3.5.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto
27. El accionante atribuyó a la providencia cuestionada la configuración de un
defecto sustantivo, por estimar que el Tribunal Administrativo de Risaralda
desconoció la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002 al validar
incrementos salariales diferenciados en los años 2008, 2009 y 2011, los cuales,
en su sentir, carecían de una justificación objetiva suficiente y vulneraban el
principio de igualdad.
28. Ahora bien, la Sala concluye que no se configuró el defecto sustantivo
alegado, toda vez que la providencia cuestionada no se sustentó en una
interpretación arbitraria o contraevidente del ordenamiento jurídico, sino en la
aplicación de un precedente horizontal adoptado por el propio Tribunal, cuyos
supuestos consideró análogos al caso concreto22.
29. En ese sentido, la decisión no emergió del capricho judicial, sino del
ejercicio de un criterio puntual a la luz de las excepciones de la prelación de fallos
que permite decidir las litis que versan sobre un mismo asunto y sobre las cuales
precisó que existía reiteración jurisprudencial23.
21
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22
«Los fundamentos jurídicos que se acogen en esta providencia, en forma resumida, son aquellos plasmados en la
sentencia del 24 de julio de 2025, emanada de la Sala Tercera de Decisión de este Tribunal, con ponencia del magistrado
Andrés Medina Pineda, radicado: 6001-33-33-002-2024-00213-02 (A-0568-2025), demandante: Deiby Geovanny
Ramírez García, demandados: Fomag y Municipio de Dosquebradas ». Visible en el índice 10 del aplicativo SAMAI del
expediente citado.
23
Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 12 de marzo de 2014, con ponencia del magistrado Carlos
Alberto Zambrano Barrera. radicado 76001-23-31-000-2004-00269-01(34872), promovido por el señor Diego Ospina
Rivas y otro.
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Accionante: Luis Alfredo Sosa Naranjo
30. Así mismo, la autoridad judicial accionada partió de la premisa según la
cual el sistema salarial docente es de naturaleza escalonada, lo que implica la
inexistencia de un deber jurídico de otorgar incrementos porcentuales idénticos24
entre niveles distintos del escalafón, descartando así la aplicación automática del
principio de igualdad en los términos propuestos por la parte actora.
31. En misma línea argumental, el ad quem desarrolló un análisis del principio
de igualdad desde su dimensión material, concluyendo que los niveles 2A y 2B
no son equiparables, por lo que no puede predicarse una vulneración por el solo
hecho de existir diferencias en los incrementos salariales, pues indicó que “no se
trata de sujetos ubicados en plano de igualdad”
32. De igual forma, la providencia cuestionada abordó el derecho al
mantenimiento del poder adquisitivo del salario señalando que los incrementos
salariales reconocidos durante los años objeto de controversia superaron el
índice de precios al consumidor.
33. En ese entendido, desde la decisión del a quo que fue confirmada en sede
de apelación se precisó que:
«“(…)” aunque el incremento para el nivel 2A durante los años 2008 y 2009 fue
diferente al de los demás grados, aquella circunstancia por sí sola no resulta
discriminatoria. Además, esto no afecta el principio de congruencia, el cual establece
que el incremento salarial no puede ser inferior al IPC de ese año. Por lo tanto, en
ningún momento se vulnera el derecho a la igualdad, ya que el poder adquisitivo
del grado 2B continuó siendo superior al del 2A, respetando las diferencias
profesionales de cada grado.» Negrillas y subrayas de esta Sala.
34. Adicionalmente, el Tribunal fundamentó su decisión en la ausencia de
prueba suficiente por parte del demandante para desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos administrativos demandados y señaló que no basta la
simple alegación de vulneración para estructurar un juicio de nulidad.
35. Finalmente, se advierte que la interpretación normativa acogida por el
Tribunal se mantiene dentro de los márgenes de razonabilidad y coherencia
exigidos por la jurisprudencia constitucional, en tanto articula normas legales,
criterios jurisprudenciales y elementos probatorios, sin evidenciar una ruptura
ostensible con el ordenamiento jurídico.
36. Al respecto, no se advierte que la autoridad judicial accionada haya
desconocido el contenido de la Ley 4ª de 1992 ni del Decreto Ley 1278 de 2002,
ni que haya efectuado una interpretación contraevidente de dichas disposiciones.
Lo anterior, en tanto que del análisis jurídico de la providencia se desprende que
esta abordó de manera expresa la normativa invocada, así como cada uno de los
reparos formulados por la parte actora frente a la decisión de primera instancia,
sustentándose en la postura unánime adoptada por las distintas Salas de
Decisión del Tribunal respecto del mismo asunto en casos análogos al del
accionante.
24
Providencia del Tribunal, pág.8.“la Sala encuentra que la parte demandante no probó las causales de nulidad sustancial
alegadas en relación con los aumentos salariales de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial,
para los años 2008, 2009 y 2011, de conformidad con las razones expuestas en las presentes consideraciones; ya que,
como se explicó, no se trata de sujetos ubicados en plano de igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo normativo
o jurisprudencial para predicar que existía la obligación de aumentos iguales..” Negrillas y subrayas de esta Sala.
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37. Así las cosas, en realidad, lo planteado por la parte accionante refleja una
discrepancia con la interpretación adoptada por la autoridad judicial respecto del
alcance del principio de igualdad y de la forma de fijación de las asignaciones
salariales, lo cual resulta ajeno al ámbito de control de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
38. En consecuencia, al no advertirse interpretación contra legem, una
aplicación indebida de la normativa ni una ruptura ostensible de algún precedente
constitucional, esta Sala concluye que no se configuró el defecto sustantivo
alegado y, por ende, no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional y del Municipio de Valledupar, por las razones expuestas en
el numeral 3.2 de la presente providencia.
SEGUNDO: Negar las pretensiones de la acción de tutela formulada por el señor
Luis Alfredo Sosa Naranjo, de conformidad con los argumentos expuestos en
esta providencia.
TERCERO: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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