Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01850-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01850-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-01850-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01850-00
Accionante: YANFRAN RICARDO RONDÓN SASTRE
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA, Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Objeto de protección del derecho fundamental al habeas data / Ausencia de
afectación iusfundamental por publicidad de actuaciones de trámite de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la demanda de tutela instaurada por Yanfran Ricardo Rondón
Sastre contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)1.
ANTECEDENTES
Demanda
1. El 6 de marzo de 20262, Yanfran Ricardo Rondón Sastre presentó demanda de
tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la DEAJ, a fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al habeas data, al buen nombre, al
trabajo y al mínimo vital.
Hechos relevantes3
2. El 28 de octubre de 2014, el señor Rondón Sastre instauró demanda de tutela
contra el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, bajo la radicación núm. 11001-03-15-000-2014-02946-00.
3. Aquella fue admitida por el entonces magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
integrante de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 13 de
noviembre de 2014, en vista de que habían cesado las actividades de los juzgados
y tribunales de Bogotá y Cundinamarca. Sin embargo, como estas fueron
reanudadas, dicho magistrado remitió la solicitud de amparo del señor Rondón
Sastre al Tribunal Superior de Bogotá, por medio de auto del 15 de diciembre del
mismo año y con fundamento en las reglas de reparto establecidas en el Decreto
1382 de 2000.
1 El expediente del proceso es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
2 Índice 2 del expediente, archivos identificados con los certificados «0223D9AE25054446 (…)» y
«DBCE1021ED08E75D (…)».
3 Extraídos de la demanda de tutela y del expediente 11001-03-15-000-2014-02946-00, con el cual
se relacionan las pretensiones del accionante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01850-00
Accionante: Yanfran Ricardo Rondón Sastre
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otros
Referencia: Acción de tutela
4. El 28 de abril de 2025, el señor Rondón Sastre solicitó la anonimización de los
datos del trámite de tutela descrito, almacenados en el Sistema de Consulta de
Procesos Nacional Unificada, con sustento en que la publicidad de tales datos le
había impedido acceder a oportunidades laborales y académicas. Además, invocó
los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data, así como los
principios de temporalidad y de finalidad de la información.
5. El 5 de mayo de 2025, la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, integrante
de la Sección Cuarta de esta corporación, negó la anterior solicitud, con fundamento
en lo siguiente:
6. Primero, en que en virtud de los artículos 74 y 228 de la Constitución, así como
de la Ley 1712 de 2014, en la cual se consagró el principio de máxima publicidad
de la información controlada por las autoridades, la Rama Judicial debe poner a
disposición de las «personas interesadas» los datos de los procesos, a través de su
sitio web.
7. Segundo, en que la información del trámite de tutela identificado con la radicación
núm. 11001-03-15-000-2014-02946-00 es pública y no se encuentra sujeta a
ninguna de las causales de reserva consagradas en el artículo 24 de la Ley 1755
de 2015, ni contiene los datos sensibles definidos en el artículo 5 de la Ley 1581 de
2012, ni hace parte de la órbita privada delimitada por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-117 de 2018.
8. Tercero, en que la información del mencionado trámite no constituye un
antecedente judicial ni vulnera el derecho fundamental al habeas data. Esto último,
en tanto no es falsa ni está incompleta o desactualizada, sino que simplemente
corresponde a la constancia de la admisión y posterior remisión de una demanda
de tutela.
9. El señor Rondón Sastre insistió en su solicitud mediante escritos del 20 de mayo,
del 1° de septiembre y del 17 de diciembre de 2025. Frente a estos, la magistrada
Gutiérrez Argüello se remitió a la respuesta del 5 de mayo de 2025, a través de
oficios del 26 de mayo, del 4 de septiembre y del 18 de diciembre del mismo año.
Pretensiones
10. El señor Rondón Sastre formuló las siguientes pretensiones (transcripción con
posibles errores incluidos):
1. TUTELAR mis derechos fundamentales al Habeas Data, Buen Nombre,
Trabajo y Mínimo Vital.
2. ORDENAR al Consejo de Estado - Sección Cuarta, que en 48 horas proceda
a la ANONIMIZACIÓN (suprimir nombre y cédula) en el portal SAMAI y en la
Consulta Nacional Unificada, Consulta por Nombre o razón social.
3. ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) realizar
las gestiones técnicas de DESINDEXACIÓN ante motores de búsqueda
(Google, Bing, etc.) para que mi nombre no aparezca asociado a dicho proceso
en búsquedas web.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01850-00
Accionante: Yanfran Ricardo Rondón Sastre
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otros
Referencia: Acción de tutela
4. ORDENAR: que la presente Acción de Tutela no sea objeto de anotación
pública para evitar perpetuar el daño.
Fundamentos de la demanda
11. El señor Rondón Sastre sostuvo que la denegación de su solicitud, sustentada
en el principio de máxima publicidad de la información controlada por las
autoridades, fue desproporcional.
12. Además, adujo que la «anotación» del trámite de tutela ya mencionado le ha
causado un «veto laboral sistemático», pues las empresas Cabify, R-Sec y Alpina
lo excluyeron de procesos de selección tras identificar su existencia. En
consecuencia, señaló que la publicidad de dicho trámite le impide ejercer su
profesión y, por ende, afecta su derecho fundamental al mínimo vital.
13. Adicionalmente, señaló que los datos del mismo trámite son negativos, no
neutros, motivo por el cual están sometidos a un término de caducidad, de
conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y en la Sentencia
de Unificación 458 de 2012, proferida por la Corte Constitucional.
14. Por último, invocó el auto del 23 de septiembre de 2025, proferido por una de
las salas de decisión de tutelas de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual
se accedió a su solicitud de anonimización de los datos del proceso 11001-22-04-
000-2015-00174-01, en el que obró como accionante.
Trámite e intervenciones
15. Por medio de auto del 13 de marzo de 20264, el magistrado sustanciador admitió
la demanda de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la DEAJ, y
vinculó al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá.
16. Además, a través de auto del 7 de abril siguiente5, vinculó al Centro de
Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura —en adelante,
CENDOJ—, en calidad de demandado. Explicó que, al contestar la solicitud de
amparo, como se expondrá más adelante, la DEAJ señaló que, en virtud del
Acuerdo PSAA11-9109 de 2011, dicho centro tiene a su cargo la publicación, en el
sitio web de la Rama Judicial, de la información de los procesos judiciales reportada
por los despachos y corporaciones correspondientes.
17. La magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, integrante de la Sección
Cuarta de esta corporación6, solicitó negar las pretensiones de amparo. Adujo que
no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Rondón Sastre, con sustento
en los mismos argumentos expuestos en las contestaciones a las solicitudes de
4 Índice 4 del expediente.
5 Índice 15 del expediente.
6 Índice 11 del expediente, archivo identificado con el certificado «8DE65911606B9719 (…)».
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01850-00
Accionante: Yanfran Ricardo Rondón Sastre
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Referencia: Acción de tutela
este, así como en que los datos del expediente 11001-03-15-000-2014-02946-00
no corresponden a ninguna de las excepciones a la divulgación de la información
pública establecidas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014.
18. La DEAJ7 alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento
en que no tiene a cargo la administración de la información disponible en el Sistema
de Consulta de Procesos Nacional Unificada, sino que, en virtud del artículo primero
del Acuerdo 1591 de 2002, es responsable de la actualización y del mantenimiento
y soporte técnicos de la plataforma Justicia XXI, así como de la realización de las
capacitaciones correspondientes, a través de su Unidad de Informática.
19. También expuso que, de conformidad con el Acuerdo PSAA11-9109 de 2011,
expedido por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
los despachos y corporaciones judiciales son los encargados de registrar, modificar
y actualizar, en el sitio web de la Rama Judicial, la información de los procesos a su
cargo. Añadió que, según el mismo acuerdo, el CENDOJ es el responsable de
publicar dicha información en ese portal.
20. Con sustento en lo anterior, concluyó que la competencia para resolver la
solicitud de anonimización de datos presentada por el aquí accionante recae en el
despacho judicial correspondiente.
21. El CENDOJ8 se opuso a la solicitud de amparo constitucional, con fundamento
en que no causó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el
demandante, pues no registró la información del trámite de tutela aludido.
22. Sobre el particular, explicó que su función es administrar el sitio web de la Rama
Judicial y garantizar su funcionamiento, así como que la publicación de la
información de los procesos y la adopción de decisiones relativas a la anonimización
de datos es responsabilidad de los despachos judiciales.
23. Adicionalmente, expuso que el Sistema de Consulta de Procesos Nacional
Unificada integra la información de varias plataformas, entre las cuales se encuentra
Justicia XXI, que es administrada por la Unidad de Transformación Digital e
Informática de la DEAJ, en virtud del Acuerdo PCSJA23-12094 de 2023. Además,
señaló que esta última tiene a su cargo el establecimiento de las directrices del
tratamiento de datos personales y del procedimiento técnico para el ocultamiento
de ellos.
24. Finalmente, indicó que el registro de actuaciones judiciales en el mencionado
sistema se encamina a garantizar el principio de publicidad de la administración de
justicia y de la información pública, de modo que no implica, per se, una vulneración
del derecho fundamental al habeas data.
7 Índice 13 del expediente, archivo identificado con el certificado «712DDC38B2B0CC02 (…)».
8 Índice 20 del expediente, archivo identificado con el certificado «C7DDDD2D90C9DB22 (…)».
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Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otros
Referencia: Acción de tutela
25. El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá9 se opuso a la solicitud de amparo constitucional y expuso que, mediante
auto del 19 de junio de 2024, se dispuso el «ocultamiento» del expediente del
proceso penal adelantado contra el señor Rondón Sastre, al que se anexó la
sentencia mediante la cual se resolvió la demanda de tutela identificada inicialmente
con la radicación núm. 11001-03-15-000-2014-02946-00.
CONSIDERACIONES
Competencia
26. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo 13 del reglamento interno
de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.
Problema jurídico
27. La Sala determinará si, al negar la solicitud de anonimización de datos del
trámite de tutela 11001-03-15-000-2014-02946-00, la Sección Cuarta de esta
corporación impidió que el accionante accediera a oportunidades laborales y, con
ello, vulneró sus derechos fundamentales al habeas data, al buen nombre, al trabajo
y al mínimo vital.
Ausencia de vulneración de derechos fundamentales
28. Según el accionante, la publicación de la información del trámite de tutela
11001-03-15-000-2014-02946-00 en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional
Unificada causó su exclusión de procesos de selección adelantados por Cabify, R-
Sec y Alpina, de modo que implica un «veto laboral sistemático».
29. Para probar tal alegato, el señor Rondón Sastre aportó (i) ofertas laborales
emitidas por Cabify10 y R-Sec11 en abril y julio de 2025, respectivamente, (ii) la
postulación a un proceso de selección de Alpina12, suscrita el 30 de octubre del
mismo año, y (iii) un informe de evaluación de riesgo expedido el 11 de junio de
2025 por Easy Taxi13. Solo en este último se hizo referencia a procesos judiciales
en los cuales ha participado aquel; sin embargo, no se mencionó el trámite de
tutela identificado con la radicación núm. 11001-03-15-000-2014-02946-00.
9 Índice 10 del expediente, archivo identificado con el certificado «E601A2BAD1F31089 (…)».
10 Índice 2 del expediente, archivo identificado con el certificado «DBCE1021ED08E75D (…)»,
página 19.
11 Índice 2 del expediente, archivo identificado con el certificado «DBCE1021ED08E75D (…)»,
página 27.
12 Índice 2 del expediente, archivo identificado con el certificado «DBCE1021ED08E75D (…)»,
páginas 28 y 29.
13 Índice 2 del expediente, archivo identificado con el certificado «DBCE1021ED08E75D (…)»,
páginas 20 a 26.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01850-00
Accionante: Yanfran Ricardo Rondón Sastre
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otros
Referencia: Acción de tutela
30. Así las cosas, no puede considerarse que la publicación de dicho trámite en el
Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada, que integra la información
registrada en Samai y otras plataformas de la Rama Judicial, haya sido la causa de
la exclusión de los procesos de selección mencionados por el demandante ni, por
ende, que la denegación de la solicitud de anonimización de los datos
correspondientes haya afectado sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo
vital.
31. Por otro lado, el señor Rondón Sastre sostuvo que los datos del trámite en
mención son negativos, no neutros, motivo por el cual están sometidos a un término
de caducidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1266 de 2008
y en la Sentencia de Unificación 458 de 2012, proferida por la Corte Constitucional.
32. En este punto, es importante señalar que en dicha ley se desarrolló el derecho
fundamental al habeas data, consagrado en el artículo 15 de la Constitución como
aquel que tienen todas las personas «a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos
de entidades públicas y privadas».
33. En la Sentencia C-1011 de 2008, mediante la cual se revisó la constitucionalidad
de la misma ley, la Corte Constitucional explicó que el objeto de protección del
derecho fundamental al habeas data son los datos personales, es decir, aquellos
que (i) se refieren a aspectos exclusivos y propios de una persona y (ii) permiten
identificarla, en mayor o menor medida, gracias a la «visión de conjunto» con otros
datos.
34. De acuerdo con el literal e del artículo 3 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, los
datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados. Los primeros no
están sometidos a reserva ni restricción y, según la Corte Constitucional14, incluyen
aquellos contenidos en documentos públicos y en providencias judiciales. Los
segundos, de conformidad con el literal g del mencionado artículo, no tienen
naturaleza íntima ni reservada ni pública, e interesan a su titular y a la sociedad en
general o a determinados sectores de esta. Los terceros, al tenor del literal f del
mismo artículo, solo son relevantes para su titular, debido a su carácter íntimo o
reservado.
35. Ahora, la administración de datos personales se encuentra sometida, entre otros
principios, al de caducidad, como bien lo sugirió el demandante. Tal precepto, según
la Corte Constitucional15, implica que la información negativa debe ser retirada de
bases de datos, de conformidad con criterios de razonabilidad y oportunidad, una
vez desparezcan las causas que justificaron su acopio y administración.
36. En la Sentencia C-185 de 2003, reiterada en la SU-458 de 2012, la Corte indicó
que la mencionada información es aquella «no querida, perjudicial, socialmente
14 Sentencia C-1011 de 2008.
15 Sentencia C-185 de 2003, reiterada en la C-1011 de 2008.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01850-00
Accionante: Yanfran Ricardo Rondón Sastre
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otros
Referencia: Acción de tutela
reprobada o simplemente desfavorable». En la segunda de esas providencias,
además, explicó que el derecho fundamental al habeas data implica la facultad de
exigir la supresión de tal información, «cuando el administrador ha incumplido uno
de los principios de la administración de datos».
37. Tal facultad, de acuerdo con la Sentencia de Unificación 458 de 2012, abarca
dos modalidades: la primera, relativa a eliminación completa y definitiva de los
datos; la segunda, referente a la eliminación parcial de estos, lo cual habilita la
posibilidad de almacenarlos y divulgarlos, «pero de forma especialmente
restringida». Esta última modalidad aplica, por ejemplo, en el caso de los
antecedentes penales16.
38. Ahora, al momento de la presentación de la primera de las solicitudes de
anonimización, el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada y Samai
permitían visualizar sin restricción los autos del 13 de noviembre y del 15 de
diciembre de 2024, proferidos por el magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
entonces integrante de la Sección Cuarta de esta corporación.
39. Mediante el primero de dichos autos, se admitió la demanda de tutela
identificada con la radicación núm. 11001-03-15-000-2014-02946-00, en los
siguientes términos17 (transcripción literal):
Si bien de conformidad con las reglas de reparto previstas en el Decreto 1382
de 2000 [al] Consejo de Estado no le corresponde conocer de la presente acción
de tutela, este despacho avoca conocimiento de la misma, como consecuencia
del cese de actividades de los Juzgados y Tribunales Administrativos de Bogotá
y Cundinamarca, en atención al carácter prioritario y preferente de este
mecanismo constitucional.
En consecuencia, por reunir los requisitos del artículo 14 del Decreto 2591 de
1991, se dispone:
1. ADMÍTASE la acción de tutela presentada por el señor Yanfrán
Ricardo Rondón Sastre, para la protección de sus derechos fundamentales a la
libertad [y al] debido proceso, presuntamente vulnerados por el Juzgado Cuarto
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
16 En la Sentencia de Unificación 458 de 2012, la Corte señaló que la supresión parcial de datos «es
una alternativa para conciliar varios elementos normativos que concurren en el caso de la
administración de información personal sobre antecedentes penales». Además, explicó lo siguiente:
«Por un lado, la supresión total de los antecedentes penales es imposible constitucional y
legalmente. Ya lo vimos al referir el caso de las inhabilidades intemporales de carácter constitucional,
las especiales funciones que en materia penal cumple la administración de esta información
personal, así como sus usos legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control
migratorio. En estos casos, la finalidad de la administración de esta información es constitucional y
su uso, para esas específicas finalidades, está protegido además por el propio régimen del habeas
data. Sin embargo, cuando la administración de la información personal relacionada con
antecedentes pierde conexión con tales finalidades deja de ser necesaria para la cumplida ejecución
de las mismas, y no reporta una clara utilidad constitucional; por tanto, el interés protegido en su
administración pierde vigor frente al interés del titular de tal información personal. En tales casos, la
circulación indiscriminada de la información, desligada de fines constitucionales precisos, con el
agravante de consistir en información negativa, y con el potencial que detenta para engendrar
discriminación y limitaciones no orgánicas a las libertades, habilita al sujeto concernido para que en
ejercicio de su derecho al habeas data solicite la supresión relativa de la misma».
17 Índice
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01850-00
Accionante: Yanfran Ricardo Rondón Sastre
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otros
Referencia: Acción de tutela
2. NOTIFÍQUESE del presente auto a las partes. Al accionado,
remítasele copia de la acción para que en el término de dos (2) días y por el
medio más expedito, ejerza su derecho de defensa.
3. RECONÓCESE (sic) personería jurídica al doctor Pablo Iván Escobar
Barragán como apoderado del accionante, en los términos del poder visible en
folio 72 del expediente.
40. Por medio del segundo, el mencionado magistrado remitió la demanda de tutela
al Tribunal Superior de Bogotá, como se expone a continuación:
Atendiendo [al] hecho [de] que, a raíz del cese de actividades, ni los Tribunales
ni los Juzgados de este Distrito Judicial estaban recibiendo y tramitando
acciones de tutela, esta Corporación Judicial, en aras de la protección de los
derechos fundamentales, había avocado conocimiento de las mismas.
No obstante, es de público conocimiento que, a partir de la fecha, dichos
despachos judiciales están recibiendo y tramitando las acciones de tutela que,
por reparto, le[s] corresponden, conforme al Decreto 1382 del 2000.
En consecuencia, por la Secretaría General, REMÍTASE en el término de la
distancia, el presente proceso a Secretaría Tribunal Superior de Bogotá, a fin
de que sea sometido a reparto y se avoque conocimiento o se continúe el
trámite según el caso.
41. En la primera de las providencias citadas, únicamente se mencionaron (i) el
nombre del aquí accionante y de su apoderado, (ii) los derechos fundamentales
cuya protección se pretendía y (iii) la autoridad judicial a la cual se atribuía la
vulneración de estos. De ninguna manera, se hizo referencia al tipo de proceso o
de actuación adelantados por esa autoridad.
42. En la segunda, simplemente se señaló que la solicitud de amparo presentada
por el aquí demandante sería remitida al Tribunal Superior de Bogotá, de
conformidad con las reglas de reparto vigentes.
43. Tales providencias se derivaron del ejercicio de una función pública,
concretamente, la jurisdiccional, motivo por el cual, como bien lo advirtió la
magistrada Gutiérrez Argüello, tienen carácter público, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 228 de la Constitución18. Además, no contienen información sometida a
reserva, es decir, aquella descrita en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014
—mediante la cual se reguló el derecho fundamental de acceso a la información
pública—.
44. Por otro lado, el contenido de las providencias aludidas —reseñado en los
párrafos 41 y 42— no incluye información negativa, como lo sería, por ejemplo,
la relacionada con procesos o actuaciones penales.
18 «La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en
ellas prevalecerá el derecho sustancial».
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01850-00
Accionante: Yanfran Ricardo Rondón Sastre
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otros
Referencia: Acción de tutela
45. Así las cosas, la publicidad de las decisiones proferidas en relación con la
demanda de tutela identificada con la radicación núm. 11001-03-15-000-2014-
02946-00 no implica una afectación de los derechos fundamentales al habeas data
y al buen nombre. En consecuencia, la denegación de las solicitudes de
anonimización presentadas por el señor Rondón Sastre tampoco lo hace.
46. Expuesto lo anterior, debe indicarse que la información del proceso 11001-22-
04-000-2015-00174-01, también promovido por el aquí demandante, sí era de
carácter negativo. Debido a esto, precisamente, una de las salas de decisión de
tutelas de la Corte Suprema de Justicia dispuso la anonimización de los datos de
aquel.
47. Las providencias expedidas en el trámite de tutela identificado con la radicación
núm. 11001-03-15-000-2014-02946-00, de nuevo, no contienen información
negativa. En consecuencia, a la resolución de las solicitudes de anonimización de
los datos de aquel no eran aplicables los fundamentos de la decisión de la Corte
Suprema de Justicia.
48. Finalmente, se advierte que todo lo explicado en relación con la falta de
vulneración de derechos fundamentales por la publicidad de ese mismo trámite es
aplicable al presente proceso, cuyos datos, por consiguiente, no serán
anonimizados.
49. Con fundamento en todo lo anterior, se negará el amparo constitucional
solicitado por el señor Rondón Sastre.
50. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo de Yanfran Ricardo Rondón Sastre,
conforme a las razones anotadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes por el
medio más expedito, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01850-00
Accionante: Yanfran Ricardo Rondón Sastre
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otros
Referencia: Acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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