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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01853-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01853-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición del señor Albert Fidel Chávez Herazo contra el Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del Juzgado 2 Penal Municipal de Control Garantías de Valledupar (Cesar). TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Albert Fidel Chávez Herazo. En consecuencia, se ORDENA al Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Valledupar (Cesar) que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva la petición del señor Albert Fidel Chávez Herazo de 17 de diciembre de 2025, que le fue remitida por parte del Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). CUARTO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Valledupar (Cesar). QUINTO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Valledupar (Cesar). SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. SÉPTIMO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Albert Fidel Chávez Herazo Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicación: 11001-03-15-000-2026-01853-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01853-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de abril de 2026

Demandante: Albert Fidel Chávez Herazo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01853-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01853-00
Demandante: ALBERT FIDEL CHÁVEZ HERAZO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TEMA: Tutela de fondo – derecho de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Albert Fidel
Chávez Herazo, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Albert Fidel Chávez Herazo, en nombre propio, presentó acción de tutela2
contra el Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales de petición,
al habeas data, al buen nombre, a la intimidad y a la dignidad humana.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas ante la omisión
de la autoridad accionada en resolver la solicitud que radicó el 17 de diciembre de
2025.

1.2. Pretensiones

La parte actora pidió lo siguiente:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al Derecho de Petición, Habeas Data,
Buen Nombre, Intimidad y Dignidad Humana del accionante Albert Chávez Herazo.

2. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura – CENDOJ y/o al Proyecto
Protección Datos Personales – DEAJ Bogotá, que en el término improrrogable de
CUARENTA Y OCHO (48) HORAS contadas a partir de la notificación del fallo, den
respuesta de fondo, clara, precisa y congruente al Derecho de Petición presentado
el 17 de diciembre de 2025.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Mediante escrito radicado el 20 de febrero de 2026, a través del aplicativo web de recepción de

tutelas y habeas corpus en línea y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo
de Estado.
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Demandante: Albert Fidel Chávez Herazo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01853-00

3. ORDENAR a las entidades accionadas que en el término de CUARENTA Y OCHO
(48) HORAS procedan a evaluar y decidir de fondo la solicitud de eliminación de los
registros radicados 20001310400320080022000 y 20001400400220070053000 que
figuran a nombre del accionante en la página web de consulta de procesos de la
Rama Judicial, al igual que aquellos procesos en los cuales haya transcurrido el
tiempo de permanencia, en aplicación de los principios de caducidad del dato,
finalidad y proporcionalidad.

4. ORDENAR cautelarmente, y mientras se tramita la presente tutela, la suspensión
de la visibilidad pública de los registros mencionados, por cuanto su permanencia
constituye una vulneración continua y actual de los derechos del accionante3.

1.3. Hechos

La parte accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes:

Señaló que el 17 de diciembre de 2025 radicó una petición ante el Consejo Superior
de la Judicatura - Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), a través de la cual
pidió que se eliminaran los registros que figuran a su nombre en la página web de
Consulta de Procesos de la Rama Judicial, particularmente en los procesos
identificados con los radicados 20001-31-04-003-2008-00220-00 y 20001-40-04-
002-2007-00530-00.

Explicó que la solicitud fue debidamente radicada a través de los correos
electrónicos info@cendoj.ramajudicial.gov.co,
mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co y
atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Comentó que el 19 de diciembre de 2025 la División de Servicios Digitales y
Atención al Usuario del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) remitió por
competencia la petición a la dirección electrónica
protecciondatospersonales@deaj.ramajudicial.gov.co.

Alegó que a la fecha de interposición de la presente acción constitucional no ha
recibido una respuesta de fondo a su solicitud.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Albert Fidel Chávez Herazo consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, comoquiera que no ha recibido una contestación a la solicitud que
radicó el 17 de diciembre de 2025.

Precisó que han transcurrido más de los 15 días otorgados por el artículo 14 de la
Ley 1755 de 2015 para resolver su petición, situación que amenaza sus garantías
constitucionales, pues los registros que cuestiona continúan en el portal web de la
Rama Judicial, pese a que ya están archivados por prescripción de la acción penal.

Adujo que ello le causa un perjuicio grave a su honra, a su reputación y a su
reintegración social, comoquiera que actualmente ejerce como abogado y gerente
de firma.

3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

2
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Finalmente, destacó lo siguiente:

La Corte Constitucional, en Sentencia T-398 de 2023, reafirmó que la información
negativa sobre un individuo no debe conservarse indefinidamente una vez que ha
cesado la causa que la justificaba, y que la caducidad del dato negativo implica su
eliminación cuando su publicación resulta desproporcionada frente a los derechos
fundamentales del titular. El artículo 248 de la Constitución Política establece además
que únicamente las condenas proferidas en sentencia judicial en firme tienen la
condición de antecedentes penales, de manera que los registros de procesos
prescritos no deberían figurar como datos públicos accesibles.

1.5. Trámite de la actuación

Con auto de 10 de marzo de 2026, el magistrado ponente de esta decisión admitió
la tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo Superior de la
Judicatura - Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en calidad de autoridad
accionada. Así mismo, negó la medida provisional solicitada por el tutelante.

Luego, mediante auto de 25 de marzo de 2026 se vinculó en calidad de terceros
con interés en las resultas del proceso, al Juzgado 3 Penal del Circuito
Especializado con Función de Conocimiento de Valledupar (Cesar), al Juzgado 2
Penal Municipal de Control Garantías de Valledupar (Cesar), al Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Valledupar (Cesar), a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Cesar4.

Además, requirió al Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Documentación
Judicial (CENDOJ) y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que,
en el mismo término, allegara las constancias de remisión de la petición de 17 de
diciembre de 2025, así como de la prueba de la notificación de tales envíos al señor
Albert Fidel Chávez Herazo.

1.6. Contestación

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ)

La directora del Centro de Documentación Judicial informó que el 19 de diciembre
de 2025 remitió por competencia la petición al «Juzgado 03 Penal Circuito
Conocimiento - Cesar – Valledupar», al correo
j03pctoconvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co, así como al Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cesar (Valledupar), a la dirección
repcserspavpar@cendoj.ramajudicial.gov.co.

4 Notificada al correo secadmcsvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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Luego, agregó que mediante oficio CDJO25-3123 de 18 de diciembre de 2025
trasladó la solicitud al «Juzgado 03 Penal Circuito Conocimiento - Cesar –
Valledupar Correo electrónico: j03pctoconvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co y
Juzgado 02 Penal Municipal Control Garantías - Cesar – Valledupar Correo
electrónico: j02pmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co». Además, destacó que dichas
remisiones fueron informadas al actor.

Por lo tanto, consideró que no se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, puesto que la solicitud fue remitida a la autoridad competente, en virtud
a lo expuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

Comunicó que a través del Acuerdo PCSJA22-12130 de 29 de diciembre de 2023
del Consejo Superior de la Judicatura, fue creada la División de Seguridad y
Ciberseguridad de la información en la Unidad de Transformación Digital e
Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que lidera la
protección de datos personales en la Rama Judicial, y cuyo canal habilitando para
presentar consultas y reclamos es el correo electrónico
protecciondatospersonales@deaj.ramajudicial.gov.co.

Informó que la Consulta de Procesos Nacional Unificada es administrada por la
Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, de conformidad con el Acuerdo PCSJA23-12094 de 2023.

Sin embargo, puso de presente que la información publicada allí es un reflejo de lo
incluido directamente por los despachos y las corporaciones judiciales, que para el
caso que refiere el accionante correspondiente a los expedientes 20001-31-04-003-
2008-00220-00 y 20001-40-04-002-2007-00530-00, pertenecen al Juzgado 3 Penal
del Circuito de Valledupar y al Juzgado 2 Penal Municipal de Valledupar.

Reiteró que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
«las decisiones respecto la “anonimización” y/o modificación de información
corresponden exclusivamente a los despachos y corporaciones judiciales, y es la
Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial como administradora del Sistema de Información de
Procesos Justicia XXI, la encargada de indicar el procedimiento técnico».

Finalmente, la entidad allegó los documentos que le fueron requeridos mediante
auto de 25 de marzo de 2026.

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Mediante memoriales de 17 de marzo y 7 de abril de 2026 la entidad solicitó que se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado o que, subsidiariamente,
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.

Al respecto, precisó que la entidad resolvió la petición del actor el 4 de enero de
2026, en el sentido de trasladar por competencia la solicitud a la Oficina Judicial de
la Dirección Ejecutiva Seccional del Cesar, actuación que fue informada al
accionante al correo juridica@provincialegal.com.

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Afirmó que «los Sistemas de Gestión de Procesos y Manejo Documental Justicia
XXI y Justicia XXI Web – TYBA cuentan con los mecanismos técnicos que permiten
realizar el procedimiento de ocultamiento de información, correspondiendo
exclusivamente al Despacho Judicial que conoce del respectivo asunto evaluar la
solicitud del accionante y, de considerarlo procedente, adelantar las actuaciones
necesarias para la actualización u ocultamiento de los datos, conforme a la
normatividad vigente».

1.6.3. Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado con Función de
Conocimiento de Valledupar (Cesar)

La escribiente nominada del despacho solicitó que se desvincule al despacho de la
presente acción constitucional, dado que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del actor.

Informó que al buscar en el Sistema de Registro de Actuaciones, en el correo
institucional y en los archivos físicos y digitales del despacho, no se encontró
registro, actuación o trámite alguno dentro de los procesos de conocimiento de ese
juzgado relacionado con el señor Albert Fidel Chávez Herazo, identificado con
cédula de ciudadanía 2.436.337, ni con los radicados 20001-31-04-003-2008-
00220-00 y 20001-40-04-002-2007-00530-00.

Destacó que el 19 de diciembre del 2025 a través de correo electrónico se le remitió
por parte del Aplicativo Información - Nivel Central la copia de la petición, que en su
mensaje indicó que era para la Mesa de Entrada del Consejo Superior de la
Judicatura, con copia para el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio y el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado con Función de
Conocimiento de Valledupar, lo que a su juicio «indica que se comparte a manera
de información».

Refirió que ese despacho empezó a funcionar el 17 de octubre de 2010, razón por
la cual según los radicados de los procesos posiblemente estos fueron tramitados
por «Juzgado 03 Penal del Circuito Mixto, ahora nombrado Juzgado 06 Penal del
Circuito».

Alegó que no tiene competencia para tramitar la petición del accionante, puesto que
este es un procedimiento propio del Centro de Servicios Penales y de Ejecución de
Penas, que también fue notificado en el correo de 19 de diciembre de 2025.

1.6.4. Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Valledupar (Cesar)

El citador del mencionado Centro de Servicios Judiciales solicitó la desvinculación
del trámite al considerar que los derechos fundamentales del accionante no se
encuentran vulnerados, dado que no existe injerencia de esa dependencia respecto
de los hechos que motivaron la acción constitucional.

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Informó que, al revisarse la página de Consulta de Procesos Unificados de la Rama
Judicial, los libros radicadores, así como el sistema de reparto y digitalización no se
encontraron procesos a nombre del señor Albert Fidel Chavez Herazo. Además,
explicó que los radicados 20001-31-04-003-2008-00220-00 y 20001-40-04-002-
2007-00530-00 son de la Ley 600 del 2000 y, por lo tanto, ninguno corresponde a
la competencia del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Valledupar, que fue creado en el 2008.

En consecuencia, resaltó que no cuenta con registros, solicitudes, o antecedentes
que permitan dar cuenta de actuaciones procesales vinculadas a los datos
aportados por el accionante.

1.6.5. Juzgado 2 Penal Municipal de Control Garantías de Valledupar (Cesar)

La secretaría del juzgado solicitó que se declare la carencia actual de objeto por
hecho superado, comoquiera que la petición del actor fue remitida al Juzgado 3
Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Valledupar. Lo
anterior, toda vez que el Juzgado 2 Penal Municipal de Control Garantías de
Valledupar no lleva el conocimiento del proceso y, por lo tanto, no es el competente
para dar trámite a la solicitud de eliminación de registros.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Albert Fidel Chávez Herazo contra el Consejo Superior de
la Judicatura - Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), de conformidad con
lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 20195, artículo 25, de la Sala Plena de
esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración al derecho fundamental invocado por el señor Albert Fidel Chávez
Herazo ante la falta de respuesta a la petición de 17 de diciembre de 2025.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza
de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, y (iii) el caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

5 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable6.

2.4. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 20157, que señala 15 días para resolver la misma, de
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

6 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
7 «ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal

especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
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[...] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada8.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[...] la notificación [...] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»9

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión10; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a
recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de
los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de
la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a
todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la
respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de
lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo11.12

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

8 Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9 Ibídem.
10 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la sentencia

T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
11 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
12 Sentencia C-510 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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2.5. Caso concreto

2.5.1. En el sub examine el tutelante alegó que el Consejo Superior de la Judicatura
• Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) vulneró su derecho fundamental de
petición, dado que a la fecha de presentación de esta acción constitucional no había
resuelto la solicitud de 17 de diciembre de 2025, en la que pidió lo siguiente:

[…] por medio de la presente solicito la eliminación de los registros que figuran a mi
nombre en la página web de consulta de procesos de la Rama Judicial,
específicamente aquellos relacionados con los radicados:

1. 20001310400320080022000 (repetido 14 veces)
2. 20001400400220070053000 (repetido unas 14 veces)

Ambos procesos han sido archivados, dado que la acción penal correspondiente ha
prescrito según lo dispuesto por el juez de ejecución de penas hace más de 10 años.

Esta solicitud fue remitida a los correos info@cendoj.ramajudicial.gov.co,
mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co y
atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Con ocasión a la intervención realizada durante este trámite constitucional, se
evidencia que el 19 de diciembre de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura -
Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) remitió la petición del actor al Juzgado
3 Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Valledupar
(Cesar) y al Juzgado 2 Penal Municipal de Control Garantías de Valledupar (Cesar):

Además, le informó al accionante sobre dicho traslado al correo
albertchavezherazo@gmail.com:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Albert Fidel Chávez Herazo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01853-00

Así las cosas, la Sala encuentra que con la contestación de 19 de diciembre de 2025
la autoridad judicial accionada resolvió la petición de 17 de diciembre de 2025, en
el sentido de dar aplicación al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 y remitir la solicitud
a la autoridad que consideró competente para pronunciarse de fondo. Por lo tanto,
se negará el amparo incoado por el actor contra el Consejo Superior de la Judicatura
• Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).

2.5.2. Ahora bien, ante los requerimientos realizados mediante auto de 27 de marzo
de 2026, el Juzgado 2 Penal Municipal de Control Garantías de Valledupar (Cesar)
informó que la petición del actor fue remitida al Juzgado 3 Penal del Circuito
Especializado con Función de Conocimiento de Valledupar, por ser el competente
para dar trámite a la solicitud de eliminación de registros. Para tal efecto, allegó la
siguiente imagen:

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Demandante: Albert Fidel Chávez Herazo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01853-00

Por lo tanto, se entiende que el Juzgado 2 Penal Municipal de Control Garantías de
Valledupar (Cesar) también cumplió con el deber que le impone el artículo 21 de la
Ley 1755 de 2015, al remitir por competencia la solicitud que le fue enviada a quien
consideró competente para tramitarla. No obstante, comoquiera que la remisión se
realizó durante este trámite constitucional, esto es, el 4 de abril de 2026, la Sala
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

Por su parte, el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado con Función de
Conocimiento de Valledupar (Cesar) destacó lo que se transcribe a continuación:

De igual forma, se deja constancia que el día 19 de diciembre del 2025, nos
comparten como copia (c/c) por medio de correo electrónico el escrito titulado
“Derecho de Petición”, remitido por Aplicativo Información - Nivel Central, el cual
indica en el correo para mesa de entrada consejo superior de la judicatura y copia
para el centro de servicios judiciales sistema penal acusatorio y Juzgado 03 penal
del circuito con función de conocimiento, lo que indica que se comparte a manera de
información.

Ahora bien, al revisarse la documental allegada por el Consejo Superior de la
Judicatura - Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) se advierte que mediante
el oficio CDJO25-3123 del 18 de diciembre de 2025 esta autoridad le informó al
Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de
Valledupar (Cesar) lo siguiente:

Así las cosas, se informase da traslado de la petición al despacho judicial indicado
en la solicitud, con el fin de que se brinde la respuesta correspondiente al peticionario,
teniendo en cuenta que el despacho judicial que conoce del asunto es quien tiene la
potestad de dar a conocer, agregar, modificar u ocultar la información en el sistema
de Consulta de Procesos Nacional Unificada.

En ese sentido, la Sala advierte la vulneración del derecho fundamental de petición
del actor, comoquiera que el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado con
Función de Conocimiento de Valledupar (Cesar) no ha resuelto la solicitud que le
fue remitida el 19 de diciembre de 2025 por parte del Consejo Superior de la
Judicatura - Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), pese a que le fue
enviada al correo j03pctoconvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co, esto es, el mismo
del que fue remitida la contestación a la presente acción de tutela.

Por lo tanto, se amparará la mencionada garantía constitucional y, en consecuencia,
se ordenará al Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado con Función de
Conocimiento de Valledupar (Cesar) que, en el término de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva la petición del señor
Albert Fidel Chávez Herazo de 17 de diciembre de 2025, que le fue remitida por
parte del Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ).

Finalmente, la Sala no estudiara la presunta vulneración del citado derecho de cara
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Cesar y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema
Penal Acusatorio de Valledupar (Cesar).

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Demandante: Albert Fidel Chávez Herazo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01853-00

Ello, toda vez que la remisión que hizo el Consejo Superior de la Judicatura - Centro
de Documentación Judicial (CENDOJ) fue directamente al Juzgado 3 Penal del
Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Valledupar (Cesar) y al
Juzgado 2 Penal Municipal de Control Garantías de Valledupar (Cesar).

Por lo tanto, se accederá a la solicitud de desvinculación realizada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema
Penal Acusatorio de Valledupar (Cesar) y se negará respecto del Juzgado 3 Penal
del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Valledupar (Cesar).

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición del señor Albert
Fidel Chávez Herazo contra el Consejo Superior de la Judicatura - Centro de
Documentación Judicial (CENDOJ).

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
del Juzgado 2 Penal Municipal de Control Garantías de Valledupar (Cesar).

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Albert Fidel
Chávez Herazo. En consecuencia, se ORDENA al Juzgado 3 Penal del Circuito
Especializado con Función de Conocimiento de Valledupar (Cesar) que, en el
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, resuelva la petición del señor Albert Fidel Chávez Herazo de 17 de
diciembre de 2025, que le fue remitida por parte del Consejo Superior de la
Judicatura - Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).

CUARTO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio de Valledupar (Cesar).

QUINTO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Juzgado 3 Penal del Circuito
Especializado con Función de Conocimiento de Valledupar (Cesar).

SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

SÉPTIMO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01853-00

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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