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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01854-00

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01854-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Secretaría de Educación de Risaralda. SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por el señor Gustavo Marín Cárdenas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01854-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01854-001
Accionante : Gustavo Marín Cárdenas
Accionado : Tribunal Administrativo de Risaralda
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación de
Risaralda y Juzgado Segundo Administrativo de Pereira
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela
incoada por Gustavo Marín Cárdenas contra el Tribunal Administrativo de Risaralda,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El 6 de marzo de 2026, el señor Gustavo Marín Cárdenas, quien actúa por medio

de apoderada judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a
la administración de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01854-00
Accionante: Gustavo Marín Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

el Tribunal Administrativo de Risaralda.

3. Por consiguiente, solicitó:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300220240034600, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) GUSTAVO
MARIN CARDENAS, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y. analizando de manera concreta la situación particular del
(la) docente GUSTAVO MARIN CARDENAS a la luz de los argumentos planteados en
la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.

1.3 Hechos2

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el

accionante, se puede evidenciar que instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional
y el departamento de Risaralda (expediente 66001-33-33-002-2024-00346-00
/02), encaminada a obtener la anulación del oficio sin número del 17 de abril de
2024 y del acto ficto o presunto del 3 de julio de 2024, a través de los cuales se le
negó «[…] el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera
indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que
fue realizado un incremento del 44.89%, por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407
de 2008, proferidos por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del
escalafón 3AM, fue del 17,40% en su salario […]».

5. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira

que, el 17 de marzo de 2025 negó las pretensiones, al estimar que « [c]on lo probado
en los procesos no se tiene configurado la violación de la igualdad discutida, en la medida que: i) la
competencia del Gobierno Nacional para determinar la asignación salarial y los incrementos anuales
corresponden a una obligación constitucional y legal que no fue desconocida y no se tiene
demostrado que existan irregularidades que permitan verificar que dichas decisiones fueran
arbitrarias o caprichosas, obligando a plantear y realizar un estudio profundo según el test indicado
por la Corte Constitucional. Y ii) si en gracia de discusión se contara con los elementos para hacer
dicho estudio, es claro que el extremo activo cae en el yerro de comparar condiciones y

2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.

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características en los escalafones y grados de los docentes […] En otras palabras, la autoridad
competente dispuso un trato diferenciado frente a aquellos que se encuentran en situaciones
diferentes, valga reconocer, en escalafones que exigen un mayor desarrollo profesional del
educador, concediéndole un aumento superior como estímulo a ese esfuerzo. En consecuencia, mal
haría el despacho en tener como demostrada una desigualdad de trato a ciudadanos que de entrada
se encuentran en situaciones fácticas (profesionales) y jurídicas disímiles, en tanto la ley así lo
permite.».

6. Inconformes con esa decisión, tanto el demandante como la demandada Nación

• Ministerio de Educación Nacional interpusieron recursos de apelación, desatados
el 17 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el
sentido de confirmarla, con fundamento en que «[…] los criterios que el legislador señaló
específicamente en el numeral 2 del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, mediante la cual se
confirieron facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir los decretos que se
piden inaplicar, en virtud del principio de la configuración legislativa, bien puede el legislador
considerar que es necesario fijar unas diferentes condiciones salariales para los docentes
escalafonados de un grado, respecto de otro, atendiendo unos parámetros, sin que ello signifique
que se esté discriminado a los docentes de uno u otro grado. […]».

7. Asimismo, indicó que, « […] en la medida en que se trata de escalafones diferentes, no cabe

efectuar comparaciones entre la asignación salarial que se establece para quienes ingresan a la
carrera en escalafones disimiles y ya se estableció que no existe norma que imponga una obligación
de realizar estudios técnicos para la expedición de los decretos de aumento salarial, y tampoco
existe en el ordenamiento jurídico la obligación de realizar aumentos iguales para los docentes;
incluso la Corte Constitucional estableció la posibilidad jurídica debidamente fundamentada de
realizar aumentos por debajo a quienes ganen MÁS de dos SMLMV y ello materializa la posibilidad
de aumentos diferenciados entre diversos empleados públicos.».

8. Sobre la precedente situación, el tutelante expone que la providencia objeto de

censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables
al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002» ; (ii) defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó prueba alguna que

demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […] » y,

aun así, «[…] desestimó las pretensiones de la demanda sobre la base de una supuesta
justificación relacionada con la corrección de una brecha salarial […] »; y (iii) desconocimiento

del precedente, al omitir « […] aplicar […] la sentencia C-1064 de 2001, que exige garantizar
la igualdad sustancial en la fijación de incrementos salariales ».

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II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 12

de marzo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Risaralda; y (ii) dispuso vincular a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, departamento de Risaralda – Secretaría de Educación de
Risaralda y al Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, en los términos del
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestación de la acción

10. 2.1.1 La Secretaría de Educación de Risaralda3 manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, dado que no profirió la providencia cuestionada
ni tiene competencia para modificar o dejar sin efectos decisiones judiciales. Agregó
que la inconformidad del actor recae sobre la interpretación jurídica acogida por el
Tribunal accionado, circunstancia que, por sí sola, no configura los defectos
invocados. De otro lado, precisó que la entidad se limita a acatar las decisiones
judiciales en firme. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela o, en su defecto, negar el amparo y desvincularla del trámite.

11. 2.1.2 La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, el Tribunal Administrativo de Risaralda
y el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira guardaron silencio en la
oportunidad prevista para el efecto. No obstante, el Tribunal remitió el expediente
ordinario.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

12. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción

3
Visible a índice 13 de SAMAI.

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13. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Legitimación en la causa por pasiva

14. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

15. La Secretaría de Educación de Risaralda, en el escrito de intervención solicitó su

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no profirió
la providencia cuestionada.

16. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en

calidad de tercera con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.

3.4 Problema jurídico

17. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del 17
de septiembre de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Risaralda,
confirmó la providencia del 17 de marzo de 2025, en la que el Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira negó las pretensiones formuladas en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el tutelante contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Risaralda (expediente

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66001-33-33-002-2024-00346-00/02); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva invocadas en la solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales

18. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 4 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado5, es posible acudir a
la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se
han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse
plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al
examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la
actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

19. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

20. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;

4 Sentencia C-590 de 2005.
5 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García

González.

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(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

3.6 Caso concreto

21. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en criterio del actor,
en una indebida aplicación normativa y valoración probatoria relacionada con la
fijación de incrementos salariales en el escalafón docente, lo cual, de comprobarse,
conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la providencia atacada quedó
ejecutoriada el 7 de octubre de 20256 y la solicitud de amparo se presentó el 6 de
marzo de 2026, es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la sentencia acusada no
desató una acción de tutela.

6
Contra la sentencia del 17 de septiembre de 2025 se presentó solicitud de aclaración y/o adición, la cual fue resuelta
mediante auto del el 30 del mismo mes y año, notificado por estado el 2 de octubre de 2025.

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22. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico, comoquiera que, pese a que el actor alegó también desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación normativa y valoración
probatoria relacionada con el incremento salarial del escalafón docente, por lo que,
en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la
obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial7, resulta procedente
analizar este trámite a partir de las aludidas causales de procedencia de tutela
contra providencia judicial.

3.6.1 Defecto sustantivo

23. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

24. La jurisprudencia constitucional8 ha estimado que la providencia judicial proferida

con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido,
la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite
aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 9.

3.6.2 Defecto fáctico

7
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta
Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
8
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
9
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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25. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »10.

26. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra11.

3.7 Análisis del caso concreto

27. En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada

incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables al caso,
particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley
1278 de 2002», avalando un trato discriminatorio y desigual entre categorías del

escalafón docente.

28. Asimismo, en defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó prueba alguna que demostrara

la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […] » y, aun así,

«[…] desestimó las pretensiones de la demanda sobre la base de una supuesta justificación
relacionada con la corrección de una brecha salarial […] ».

29. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,

concluyó:

Sea lo primero señalar que los criterios que el legislador señaló específicamente en el
numeral 2 del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, mediante la cual se confirieron
facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir los decretos que
se piden inaplicar, en virtud del principio de la configuración legislativa, bien puede el
legislador considerar que es necesario fijar unas diferentes condiciones salariales para
los docentes escalafonados de un grado, respecto de otro, atendiendo unos
parámetros, sin que ello signifique que se esté discriminado a los docentes de uno u
otro grado.

10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

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Ahora bien, debe reseñar este juez colegiado que no existe una norma, ni alguna
jurisprudencia o línea jurisprudencial que respalde la tesis del demandante según la
cual, el gobierno nacional está obligado a realizar incrementos iguales para todos los
servidores públicos sin que importe o sea relevante su nivel y grado o incluso para el
caso concreto, para todos los docentes, quienes también tienen su propia regulación
específica al respecto (diferentes grado de escalafón y nivel salarial); aquello no se
deduce ni de la redacción de los artículos 2° 3° y 4° de la ley 4 de 1992, ni tampoco del
artículo 53 que se reseñan como vulnerados por la demanda

A su vez, la parte demandante aduce en la apelación, porque aquello no se plantea en
la demanda, una supuesta falta de «fundamento técnico», que en el escrito de
impugnación concreta como falta de estudios técnicos, respecto de los actos acusados,
que den cuenta de la existencia de razones objetivas y válidas para ordenar los
incrementos desiguales; pues bien, como ya se anunció, este es un argumento que no
fue presentado en la demanda y además se resalta, en la apelación tampoco se
identifica la norma jurídica que establece dicha obligación y que en consecuencia se
desconoció; en consecuencia, no le es dable a este juez colegiado en esta sede judicial
pronunciarse al respecto ya que debió hacerlo desde la demanda.

No obstante, en el hipotético caso que ese tema se hubiere planteado desde el inicio
del proceso, tampoco le asistiría razón a la parte demandante, en cuanto no probó que
el Gobierno haya tenido la obligación de realizar dichos estudios técnicos, por cuanto la
Ley 4 de 1992, «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19,
literales e) y f) de la Constitución Política» tampoco establece dicha obligación en su
artículo 2°, que fijó los criterios y objetivos que debe tener en cuenta el Ejecutivo para
la fijación del régimen salarial y prestacional.

Entonces, la sola aseveración realizada en la apelación no tiene la capacidad de enervar
la legalidad, ni de las normas generales (decretos), ni de los actos administrativos
particulares demandados. No basta con afirmar una indebida sustentación al momento
de fijar los incrementos desiguales para los años 2008 y 2009, para tener por
demostrada una vulneración al principio de igualdad pues la misma debe probarse y su
mera enunciación no desdibuja un régimen que contiene normas especiales como es el
caso del Estatuto de Profesionalización Docente, para dar un trato similar a grados y
niveles diferentes cuando estos son disímiles en requisitos y experiencia.

[…]

Luego, el Decreto 1278 de 2002 establece unas características distintas para los
docentes escalafonados en un grado diferente al otro. A manera de ejemplo, los títulos
académicos que se exigen para el docente escalafonado en el grado 3DM, son
diferentes a los que se le exigen a un docente escalafonado en el grado 3AM y 3BM,
están ligados a unos requisitos distintos que no encuentran equivalente entre ambos.

Así las cosas, en la medida en que se trata de escalafones diferentes, no cabe efectuar
comparaciones entre la asignación salarial que se establece para quienes ingresan a la
carrera en escalafones disimiles y ya se estableció que no existe norma que imponga
una obligación de realizar estudios técnicos para la expedición de los decretos de
aumento salarial, y tampoco existe en el ordenamiento jurídico la obligación de realizar
aumentos iguales para los docentes; incluso la Corte Constitucional estableció la
posibilidad jurídica debidamente fundamentada de realizar aumentos por debajo a
quienes ganen MÁS de dos SMLMV y ello materializa la posibilidad de aumentos
diferenciados entre diversos empleados públicos.

Ahora bien, se observa que la entidad demandada no vulneró los preceptos
constitucionales que alude el demandante, comoquiera que se estableció la
actualización salarial para los docentes para la vigencia 2008 y 2009, dentro de los
límites y de acuerdo a las competencias que le habían sido conferidas, sin que se
encuentre vulneración al principio de progresividad, toda vez que el mismo fue realizado

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01854-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

en un porcentaje igual o superior al establecido a la variación del IPC para el año
anterior, lo que garantiza la movilidad salarial y la capacidad adquisitiva del mismo; esto
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 CP y lo sostenido por la Corte
Constitucional.

[…]

Aunado a lo anterior, considera la Sala que, como lo reconoció el a quo, no resulta de
recibo la interpretación de la parte actora respecto de la normativa invocada, porque lo
que se buscó con la diferenciación en el porcentaje del incremento al salario, fue, por
un lado, garantizar que el docente que pertenece al escalafón inferior mantenga su valor
adquisitivo y, por el otro, reconocer la formación, capacitación y preparación de quienes
se encuentran en un escalafón superior, cuyo trato diferenciado es justificado en
atención a razones objetivas

[…]

30. De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por el tutelante, la autoridad

demandada sí aplicó en debida forma el Decreto 1278 de 2022, distinto es que
concluyera que, precisamente, uno de sus principales objetivos era establecer un
escalafón docente cuya clasificación atendiera diversos criterios como el nivel de
responsabilidad, desempeño, competencias, formación académica y experiencia,
para así determinar un salario diferencial de los educadores, sin que ello implicara
un trato discriminatorio o desigual.

31. Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio

fijado por esta subsección en un asunto de similares contornos12, según el cual, «[…]
El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional propio del juicio
de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al
desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de
cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, reciben una remuneración diferente.
Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de
un parámetro objetivo, discernible y razonable que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia
constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la
aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos». (Énfasis propio).

32. Ahora bien, para la Sala, no corresponde a la realidad el argumento del tutelante

con el que explicó el supuesto defecto fáctico en el que, a su juicio, incurrió la
providencia reprochada, relacionado con que no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la distinción salarial

12
Expediente 25000-23-42-000-2013-01319-01 (2828-2018), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01854-00
Accionante: Gustavo Marín Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

alegada, pues, la autoridad accionada, además de todo lo mencionado en
precedencia, advirtió que, « […] tampoco existe en el ordenamiento jurídico la obligación de
realizar aumentos iguales para los docentes; incluso la Corte Constitucional estableció la posibilidad
jurídica debidamente fundamentada de realizar aumentos por debajo a quienes ganen MÁS de dos
SMLMV y ello materializa la posibilidad de aumentos diferenciados entre diversos empleados
públicos.».

33. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo de Risaralda, ya había resuelto

con suficiente motivación la inconformidad planteada por el tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo de 17 de marzo del 2025, en el que el
Juzgado Segundo Administrativo de Pereira negó las pretensiones formuladas en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Risaralda
(expediente66001-33-33-002-2024-00346-00/02), la cual reiteró en esta acción de
tutela (para lo cual invocó las causales de defecto sustantivo, defecto fáctico y
desconocimiento del precedente), lo que denota que su intención, más allá de
manifestar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este
mecanismo constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener
un pronunciamiento favorable a sus intereses.

34. En consecuencia, no se configuró ni el defecto sustantivo ni el fáctico alegados

por el accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo
debidamente fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las
pruebas y postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.

35. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

III. DECISIÓN

36. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor

no acreditó que la providencia del 17 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, hubiere incurrido en defectos sustantivo y
fáctico. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01854-00
Accionante: Gustavo Marín Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Secretaría de Educación de
Risaralda.

SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados
por el señor Gustavo Marín Cárdenas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13

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