Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01855-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01855-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01855-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01855-00
Accionante: DIANA ISABEL CHINCHILLA CONTRERAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 10 de marzo de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Diana Isabel Chinchilla Contreras, actuando por intermedio de apoderada
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, «a la tutela
judicial efectiva y [al] principio de favorabilidad».
2. La accionante le atribuyó la trasgresión de sus garantías constitucionales
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al
Tribunal Administrativo de Risaralda. Así mismo, se dispuso vincular al Juzgado Cuarto Oral
Administrativo del Circuito de Pereira, a la Nación – Ministerio de Educación, al municipio de
Dosquebradas, a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento
Administrativo de la Función Pública, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
a la Fiduprevisora S.A. y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en
los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Diana Isabel Chinchilla Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
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a la sentencia del 17 de septiembre del 20253, mediante la cual la autoridad
judicial accionada confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Pereira que negó las pretensiones que
propuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por
la parte actora contra el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Dosquebradas, con el fin de que se anularan los oficios del 11 de abril de 2024 y
del 23 de marzo de 20244, respectivamente.
3. En concreto, el tutelante solicitó lo siguiente:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la
sentencia proferida el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente
radicado bajo número 66001333300420240021500, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) DIANA ISABEL CHINCHILLA
CONTRERAS, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y,
el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular
del (la) docente DIANA ISABEL CHICHILLA CONTRERAS a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico.
1.2. Hechos
4. Diana Isabel Chinchilla Contreras, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio
de Educación Nacional y el municipio de Dosquebradas, en procura de que se
le inaplicara «por ilegal» el Decreto 284 de 20245, y, en consecuencia, anulara
los oficios del 11 de abril de 2024 y del 23 de marzo de 2024 con los que,
manifiesta, se le negó el reconocimiento de la diferencia en los incrementos
salariales decretados de manera injustificada y desigual en el año 2008 y 2009,
violando los artículos 13 y 53 de la Constitución Política de Colombia, así como
los artículos 46 y 49 del Decreto - Ley 1278 de 2002.
5. Adujo que, en dichos años, los docentes que, como ella, se ubicaban en
el grado del escalafón docente 3AM recibieron un aumento menor que los que se
3 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de con radicado 66001-
33-33-0042024-00215-00/01/02
4 Mediante los cuales se desestimó la solicitud de reconocimiento de la diferencia en los
incrementos salariales decretados en los años 2008 y 2009 que alegó como desiguales para los
grados del escalafón docente 3DM > 3AM.
5 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras
disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.
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ubicaban en el grado 3DM.
6. Como sustento, adujo que entre los años 2005 a 2007 el incremento
salarial fue igual para todos los docentes escalafonados en el Decreto 1278 de
2002; sin embargo, para los años 2008 y 2009, el Gobierno nacional «decretó
aumentos porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial de dicho
personal, sin que mediara una exposición de motivos previa, razonada y
suficiente, esto es, respaldo fáctico, jurídico o técnico, que justificara la legalidad
de tal diferenciación; aunque este proceder fue excepcional, ya que, en los años
2012 y subsiguientes se retornó a un esquema de incrementos homogéneos para
todo el escalafón docente».
7. Como consecuencia de lo anterior, manifestó que se vio afectada, pues
para los años 2008 y 2009 «la categoría 3DM del escalafón docente recibió un
incremento acumulado en su salario del 52,56%, mientras que la categoría 3AM
únicamente obtuvo un incremento total del 35,81%, lo que refleja una diferencia
negativa de 16,75 puntos porcentuales en perjuicio de esta última, situación que
evidencia un trato desigual e indiscriminado en la asignación de los aumentos
salariales».
8. El conocimiento del asunto le correspondió en primera instancia al
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Pereira, que mediante
providencia del 19 de febrero del 2025 negó las súplicas de la demanda. Como
fundamento de su decisión, en resumen, sostuvo que los ajustes salariales
diferenciados entre un escalafón y otro responden a criterios de
profesionalización, experiencia y formación académica, lo que justificaba que
entre cada grado y nivel existieran salarios diferentes, que el caso no se trataba
de un trato diferenciado entre iguales, sino entre desiguales6, por lo que el trato
no es discriminatorio, y en consecuencia, no se vulneró el principio de igualdad o
«a trabajo igual, salario igual».
9. Inconformes con lo resuelto en primera instancia la demandante y el
Ministerio de Educación apelaron la decisión. En resumen, la demandante
argumentó que la sentencia de primera instancia no abordó de manera integral
los argumentos de la demanda, pues omitió analizar la ausencia de justificación
en los incrementos salariales diferenciados de 2008, 2009, y 2011. También
alegó que no se verificó si la disparidad obedeció a una causa objetiva o irregular,
ni se motivó el trato desigual frente a los principios de igualdad y proporcionalidad
salarial.
10. Así mismo, en su apelación precisó que no cuestionó la existencia de
salarios distintos, sino la diferencia porcentual aplicada en los incrementos, que
considera discriminatoria y perpetuadora de la desigualdad salarial. Finalmente,
criticó que los decretos expedidos carecieran de fundamentos fácticos y jurídicos
6 De conformidad con las sentencias C-078 de 2012, C-313 de 2003.
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para justificar la diferenciación. En consecuencia, solicitó la revocatoria de la
sentencia apelada y la nulidad de los actos administrativos demandados.
11. Por su parte, el Ministerio de Educación apeló lo relativo a la condena en
costas y agencias en derecho.
12. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual
mediante providencia del 17 de septiembre de 2025 confirmó lo decidido por el a
quo. En resumen, indicó que no hay lugar a aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, que el Gobierno nacional tiene una amplia potestad
regulatoria para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos
dentro de los cuales se encuentra la población docente al servicio del estado, con
la única obligación de realizar incrementos anuales, no desmejorar salarios y
prestaciones sociales, y respetar los criterios objetivos que le impone la norma7.
13. Explicó que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en especial la sentencia C-1064 de 2001, «dicho aumento salarial
no tiene que ser idéntico para todos», por lo que, por lo que el Gobierno Nacional
no está impedido para fijar incrementos salariales diferenciados entre los distintos
grados y niveles del escalafón docente, y hacerlo no configura una práctica
discriminatoria o violatoria de la igualdad, resaltando que «la fijación del
incremento de los salarios de quienes conforman el servicio público debe
responder, por mandato de las leyes sobre la materia, a condiciones y contextos
reales de orden social, administrativo y económico».
14. Así mismo, que lo que se buscó con la diferenciación porcentual en el
incremento del salario fue garantizar que el docente ubicado en el escalafón
inferior mantenga su poder adquisitivo, y por otro reconocer la formación
avanzada de quienes se encuentran en un escalafón superior, por lo que no se
acredita la violación de las disposiciones constitucionales enunciadas.
1.3. Sustento de la vulneración
15. La accionante argumentó que es necesaria la intervención del juez de
tutela pues la autoridad accionada validó como ajustada a derecho una decisión
que desconoció los «los principios constitucionales de igualdad material y debido
proceso, así como los parámetros normativos y probatorios aplicables al régimen
salarial docente sin ofrecer una motivación suficiente, razonada y válida», pues
no tuvo en cuenta los parámetros que al respecto fija el Decreto 1278 de 2002
en materia de asignación de salarios proporcionales a los docentes que se ubican
en los distintos escalafones.
16. Refirió que se configuró el defecto sustantivo porque el tribunal no
cumplió con su deber de aplicar un control judicial estricto sobre el asunto puesto
7 De conformidad con la Ley 4 de 1992.
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en su conocimiento al interpretar de manera desarticulada y errónea la normativa
aplicable al régimen salarial de los docentes y no se aplicó el precedente judicial
vinculante de la sentencia C-1064 de 2001, que exige una justificación objetiva y
suficiente para efectuar tratos diferenciados en materia salarial.
17. En ese sentido, afirmó que se cometió una «injusticia» con los docentes
de la educación pública, puesto que en los primeros años de entrada en vigor del
Decreto 1278 de 2002, los aumentos salariales se realizaron de forma igualitaria
para todos los docentes; sin embargo, para los años 2008 y 2009 el Gobierno
nacional, sin justificación objetiva alguna, los realiza de manera irregular y
diferenciada.
18. Sostuvo que el tribunal incurrió en un defecto fáctico en su dimensión
negativa, porque realizó una valoración indebida de las pruebas allegadas al
proceso que daban cuenta de incrementos salariales desproporcionados, lo
cuales otorgaron mayores aumentos a los docentes ubicados en escalafones
inferiores, sobre los ubicados en escalafones superiores.
19. Indicó que la parte pasiva no aportó ninguna prueba que justificara
objetiva, clara, y válidamente la desproporción de los salarios, por lo que «se
configuró una decisión adoptada con fundamento en meras conjeturas».
1.4. Intervenciones
20. El Tribunal Administrativo de Risaralda8 intervino por intermedio del
magistrado Juan Carlos Hincapié Mejía, quien, después de hacer un análisis
respecto de los requisitos generales y específicos de la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, manifestó que en la providencia
cuestionada se realizó un análisis juicioso y exhaustivo de la normativa,
jurisprudencia aplicable y pruebas allegadas al plenario, para arribar a la
conclusión adoptada, sin que se desprenda de la decisión un error grosero que
legitime la intervención del juez constitucional.
21. Afirmó, que lo que pretende la accionante por esta vía es reabrir un debate
meramente legal en cuanto al criterio adoptado en la decisión, buscando convertir
la acción de tutela en una instancia adicional para convertirla en una tercera
instancia, lo que la torna improcedente. Pero que, si en gracia de discusión se
admitiera que debe ser estudiada de fondo, solicitó se niegue el amparo. Así
mismo, remitió copia del expediente digital del proceso ordinario.
22. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Pereira9, actuando a través
del titular del despacho, intervino en el asunto en el sentido de indicar que las
etapas procesales surtidas, y las decisiones adoptadas hasta la sentencia se
8 Índice 12 de Samai.
9 Índices 13 y 17 de Samai.
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sustentaron en lo probado y en la normativa y jurisprudencia aplicable, por lo que
no se avizora violación alguna de derechos fundamentales, sino una reiteración
de alegaciones propias del proceso ordinario, por lo que solicita que se niegue el
amparo. De igual manera, remitió el link del expediente digital del proceso
ordinario.
23. El Departamento Administrativo de la Función Pública10, manifestó
que la acción debe ser declarada improcedente, pues lo que pretende es reabrir
un debate ya resuelto por el juez natural. Afirmó que la inconformidad frente a la
valoración del Tribunal Administrativo de Risaralda no configura una vulneración
de derechos fundamentales ni cumple con los requisitos jurisprudenciales
exigidos para la tutela contra providencias judiciales.
24. Asimismo, indicó que la accionante no demostró un perjuicio irremediable,
por lo que tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio. Explicó que la
sentencia cuestionada fue proferida dentro del marco legal, y en ejercicio de la
autonomía judicial, de modo que usar la tutela para controvertirla desconoce su
carácter subsidiario y afecta principios como la independencia judicial y la
seguridad jurídica.
25. Finalmente, respecto de la materia salarial debatida, explicó que los
incrementos anuales para docentes son fijados conforme a la Ley 4ª de 1992, los
lineamientos macroeconómicos y la jurisprudencia constitucional, que avala
diferencias salariales según formación, nivel escalafonario y sostenibilidad fiscal.
Reiteró que el Gobierno ha cumplido con la obligación de preservar el poder
adquisitivo del salario siguiendo el IPC y criterios de progresividad. En
consecuencia, las pretensiones de la accionante carecen de sustento jurídico y
no reflejan vulneración alguna atribuible al Departamento.
26. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público11, se opuso a las
pretensiones, y solicitó se declare la improcedencia del amparo, por cuanto no
cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, y lo que se pretende es reabrir el debate que ya
fue zanjado por el juez natural.
27. El Ministerio de Educación Nacional12 solicitó que se declare la
improcedencia del mecanismo de amparo dada la ausencia de vulneración de
derechos fundamentales, y que se le desvincule del trámite en atención a sus
competencias legales.
28. Por su parte, el municipio de Dosquebradas, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y la Fiduprevisora S.A.,
guardaron silencio pese a estar debidamente notificados del presente trámite
10 Índice 14 de Samai.
11 Índice 15 de Samai.
12 Índices 16 y 18 de Samai.
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constitucional.
II. CONSIDERACIONES
29. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.
2.1. Caso concreto
2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
30. El Consejo de Estado13 y la Corte Constitucional14, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales15 y a la configuración de algún
defecto especial16 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
31. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
32. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
15 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;
(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
16 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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33. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
34. La Sala advierte que Diana Isabel Chinchilla Contreras está legitimada en
la causa por activa, por ser quien promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se adoptó la sentencia de segunda
instancia que se cuestiona por esta vía.
35. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Risaralda
se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que
profirió la decisión controvertida.
36. De otro lado, el Ministerio de Educación Nacional solicitó ser desvinculado
del proceso en atención a sus funciones legales. No obstante, la Sala negará esa
petición con fundamento en que su vinculación fue realizada en calidad de tercero
por el interés que le puede asistir en caso de que se adopte alguna determinación
relacionada con la providencia judicial dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que conformó el extremo demandado.
37. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional17, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
38. En el sub judice, debe recordarse que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales en que la autoridad accionada
adoptó la decisión con desconocimiento de la normativa y jurisprudencia
aplicable al régimen salarial del personal docente y omitió la adecuada valoración
de las pruebas allegadas al proceso que evidenciaban la existencia de
incrementos salariales desproporcionados de los docentes escalafonados, dada
la diferencia porcentual entre aquellos de grados 3AM y 3DM.
39. Según los argumentos esgrimidos por la accionante, puso de presente
desde el proceso ordinario que el mencionado decreto vulneró su derecho a la
17 Sentencia SU-215 de 2022.
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igualdad por el «aumento irregular y diferenciado» que estableció. Así las cosas,
al proferirse la decisión controvertida se configuraron los defectos fáctico, por
indebida valoración de las pruebas, y sustantivo, porque no se realizó un control
judicial estricto sobre el asunto puesto en su conocimiento al interpretar de forma
indebida la normativa aplicable al régimen salarial de los docentes y no se aplicó
la tesis de la sentencia C-1064 de 200118 de la Corte Constitucional.
40. Cabe destacar que en la sentencia cuestionada se estudió precisamente
la mencionada tesis para explicarle a la parte actora que el Gobierno Nacional
tiene la competencia de fijar incrementos salariales diferenciados, de acuerdo
con la amplia potestad de configuración normativa que le otorga la Ley 4 de 1992.
41. Al respecto, se indicó que la sentencia C-1064 de 2001 establece que
«dicho aumento salarial no tiene que ser idéntico para todos», por lo que el
Gobierno nacional no está impedido para fijar incrementos salariales
diferenciados entre los distintos grados y niveles del escalafón docente, y hacerlo
no configura una práctica discriminatoria.
42. De conformidad con lo anterior, la autoridad judicial tutelada sostuvo que
el aumento salarial que reprocha Diana Isabel Chinchilla Contreras se fija
mediante decreto de acuerdo con criterios técnicos y objetivos. Al respecto,
explicó que el Gobierno Nacional puede establecer incrementos salariales
diferentes en atención a condiciones sociales, administrativas y económicas
reales. Además, señaló que la diferenciación busca tanto mantener el poder
adquisitivo de los docentes en niveles inferiores del escalafón, como reconocer
la mayor formación de quienes están en niveles superiores, por lo que no se
configura una violación de los principios constitucionales invocados.
43. En ese sentido, el debate constitucional que propone la accionante, a partir
de los defectos alegados, carece de relevancia constitucional en la medida en
que sus argumentos recaen en su inconformidad frente a lo decidido por el
operador judicial sin que explique de qué forma resultaron vulnerados sus
derechos fundamentales o proponga un estudio con enfoque constitucional, más
allá de querer reabrir la discusión jurídica para que se determine que corresponde
acceder a sus pretensiones.
44. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimido por el actor dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
18 Al respecto copió el siguiente aparte: «los porcentajes de aumentos salariales para los
servidores de las escalas superiores no pueden ser igual o mayor a los de las escalas
inmediatamente inferiores. De lo contrario se desconocerían los principios de equidad y
progresividad».
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parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia19.
45. Por esto, la sala declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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