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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01860-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01860-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Jacqueline Ángel Alzate, por las razones expuestas en la parte motiva. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01860-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01860-00
Demandante JACQUELINE ÁNGEL ALZATE
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y fáctico. Medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Incremento
salarial diferencial escalafón docente. Requisitos de procedencia de
tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Jacqueline Ángel Álzate, de conformidad con lo dispuesto
por los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de marzo de 20261, por intermedio de apoderada, la señora Jacqueline Ángel
Alzate interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por
estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de
favorabilidad con ocasión de la sentencia del 17 de septiembre de 2025 por la que
el tribunal accionado confirmó la decisión de primera instancia en la que se negaron
las pretensiones de la demanda al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 66001-33-33-007-2024-00274-00/02.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 17 de SEPTIEMBRE de 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300720250027400, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) JACQUELINE
ANGEL ALZATE, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del
(la) docente JACQUELINE ANGEL ALZATE a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.». (cita
textual)

2. Hechos

Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1
Samai, índice 3.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01860-00
Demandante: Jacqueline Ángel Alzate

2.1. La señora Jacqueline Ángel Álzate se desempeña como docente oficial en la
categoría 2C del escalafón docente vigente.
2.2. Sostuvo que con ocasión de los incrementos ordenados para el personal
docente vinculado en el nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278
de 2002, hubo aumentos porcentuales inequitativos para los años 2008 y 2009
en la asignación básica salarial de dicho personal, lo que generó una
diferenciación ya que los docentes ubicados en la categoría 2A fueron
beneficiados con mayores incrementos salariales. Explicó que para el año
2008 a la categoría 2C se le disminuyó en un porcentaje del «4,37%», mientras
que para la categoría 2A el incremento fue de un «14,11%»; para el año 2009,
a la categoría 2C se le incrementó en un porcentaje del «7,67%», mientras que
para la categoría 2A el incremento fue de un «15,61%».
2.3. El 2 de febrero de 2024 la docente presentó reclamación administrativa ante
el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Departamento de
Risaralda, solicitando el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
derivadas de los incrementos desiguales. El 27 de febrero de 2024 el Ministerio
de Educación Nacional dio respuesta negativa, mientras que el departamento
de Risaralda guardó silencio, por lo que la negativa se materializó el 2 de mayo
de 2024, frente a la petición radicada el 2 de febrero de 2024.
2.4. Para el año 2024 la señora Jacqueline Ángel Alzate haciendo uso del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra
la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Risaralda,
con el fin de que se inaplicara el Decreto 284 de 2024 y los demás decretos
que modificaron lo relacionado con el aumento de la asignación salarial que
correspondía a la categoría 2C, así como también se declarara la nulidad del
acto administrativo del 27 de febrero de 2024 del Ministerio de Educación y el
acto administrativo ficto del 2 de mayo de 2024 frente a las peticiones
radicadas el 2 de febrero de 2024.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales con ocasión del incremento salarial decretado de
manera desigual entre las categorías 2C y 2A del escalafón docente.
2.5. En primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira conoció del
proceso 66001-33-33-007-2024-00274-00. En sentencia del 25 de marzo de 2025
negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión señaló que la Constitución Política de 1991
y el legislador le dieron al Gobierno Nacional la posibilidad de establecer las
diferencias salariales en los diferentes escalafones, en razón a criterios
objetivos relacionados con la profesionalización de los docentes. Explicó que,
como la parte demandante invocó la vulneración del derecho de igualdad, era
necesario aplicar test de igualdad desarrollado en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional2.
Expuso que los dos grupos focales a comparar serían los docentes
escalafonados bajo los grados 2A y 2C. Sin embargo, no encontró que se
configure ningún criterio sospechoso de discriminación entre los grados 2A y
2C del escalafón docente. La parte demandante no se encuentra en una
condición de debilidad manifiesta, ni pertenece a un grupo discriminado o
marginado, ni acreditó una afectación grave al goce de algún derecho

2
«6.5.2. El juicio integrado de igualdad se compone entonces de dos etapas de análisis. En la primera, (i) se establece el
criterio de comparación, patrón de igualdad o tertium comparationis, es decir, se precisa si los supuestos de hecho son
susceptibles de compararse y si se confrontan sujetos o situaciones de la misma naturaleza. En esta parte, asimismo, (ii)
se define si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales. Una
vez establecida (iii) la diferencia de trato entre situaciones o personas que resulten comparables, se procede, como
segunda parte de este juicio, a determinar si dicha diferencia está constitucionalmente justificada» Sentencia C-104 de
2016.
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Demandante: Jacqueline Ángel Alzate

fundamental. Finalmente, precisó que la desigualdad salarial que alega la
parte actora que ocurrió durante la vigencia 2008 y 2009, se encuentra
ajustada a derecho, pues atiende a criterios como mayor experiencia y
evaluación de competencia. Señaló que dicha circunstancia no crea un
privilegio desproporcionado o desigual.
Añadió que el tratamiento de «a mayor nivel mayor salario, no resulta
desproporcionado, menos aún ilegítimo» porque las diferencias entre los grados
y niveles del escalafón obedecían a criterios objetivos, como estudios,
capacitación y experiencia según el estatuto de profesionalización docente
(Decreto 1278 de 2002) y en relación con los incrementos decretados por el
Gobierno Nacional.
Explicó que, por la manera en que estaba diseñado el escalafón docente, no
puede exigirse la aplicación de un trato igual a grupos del magisterio que son
desiguales. También indicó que no era aplicable al caso el principio de
favorabilidad, al no estar en el escenario de dos normas aplicables a un mismo
caso, sino que lo que se pedía era dejar de aplicar la norma que fijó la escala
salarial docente. Finalmente, manifestó que no se había desconocido el
principio de progresividad, por lo que no se encontraban soportadas las
condiciones para inaplicar por inconstitucional (ilegal) el Decreto 284 de 2004.
Esta decisión fue apelada por la señora Jacqueline Ángel Alzate y por el
Ministerio de Educación Nacional.
2.6. El Tribunal Administrativo de Risaralda conoció en segunda instancia el
recurso de apelación, y con sentencia del 17 de septiembre de 2025 confirmó
la decisión del Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira.
Como sustento, señaló que de los argumentos y pruebas aportados con la
demanda no se desprende una vulneración del derecho a la igualdad de la
demandante. Indicó que los aumentos salariales para los años 2008 y 2009
para las categorías 2A y 2C no deben considerarse discriminatorios, pues no
existe ninguna norma o jurisprudencia que indique que el gobierno nacional
está obligado a realizar incrementos iguales para todos los servidores públicos
con independencia de su nivel y grado.
Precisó que la administración tampoco está obligada a decretar aumentos
salariales iguales en los distintos grados del escalafón docente. Consideró que
dichos incrementos salariales contaban con pleno sustento normativo pues el
Decreto Ley 1287 de 2012 establece unas características distintas para los
docentes según el grado del escalafón en el que se encuentren, lo que impide
efectuar comparaciones entre asignaciones salariales correspondientes a
escalafones disímiles.
Finalmente, señaló que los aumentos diferenciados entre escalafones
corresponden a una política de incentivo a la formación avanzada y las
negociaciones con el magisterio, en las que se pretendía mejorar la calidad
educativa. También tenían el objetivo de cumplir con la jurisprudencia
constitucional de garantizar la conservación del poder adquisitivo del salario
respecto a la inflación.

3. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia
cuestionada incurrió en los siguientes vicios:

3

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Demandante: Jacqueline Ángel Alzate

3.1. Defecto sustantivo: Se configura en este caso porque el tribunal realizó una
interpretación irrazonable y desproporcionada de las normas aplicables al
caso, específicamente el artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4° de
1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002. Señaló que el tribunal consideró que los
incrementos salariales diferenciados entre los grados 2A y 2C obedecen a
criterios objetivos como la formación y la experiencia por lo que no se
vulneraría el principio de igualdad.
Sin embargo, afirma que se desconoció que la controversia no versaba
respecto a la diferencia estructural y permanente entre grados de escalafón
sino el trato desigual en los incrementos porcentuales aplicados en los años
2008 y 2009, pues fue allí, en donde para el año 2008 a la categoría 2C se le
disminuyó en un porcentaje del «4,37%», mientras que para la categoría 2A el
incremento fue de un «14,11%»; para el año 2009, a la categoría 2C se le
incrementó en un porcentaje del «7,67%», mientras que para la categoría 2A
el incremento fue de un «15,61%», lo que generó un trato diferencial y que no
fue compensado luego. Indicó que el tribunal desconoció el alcance de la
jurisprudencia de los principios de igualdad y equidad al avalar un incremento
salarial tan dispar para quienes acreditan mayor idoneidad, competencia y
responsabilidad. Así pues, señaló que asumir que el trato diferenciado está
justificado por la forma en la que está diseñado el escalafón desvirtúa el
principio de mérito y el valor del trabajo.
Afirmó que el tribunal no expone de manera clara y coherente las razones por
las cuales un educador ubicado en un nivel superior del escalafón, como lo
estaba la parte demandante (2C), puede tener un incremento más bajo que el
de aquellos ubicados en una categoría inferior (2A).
Sostuvo que aquellos empleados públicos que acrediten mayor preparación,
trayectoria profesional y logros debidamente comprobados, deberían percibir
una compensación económica proporcionalmente más elevada. Para esto citó
el literal j del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, los artículos 19, 20 y 21 del Decreto
Ley 1278 de 2002, los artículos 25 y 53 de la Constitución Política y la
sentencia T-369 de 2016 respecto de los criterios válidos que pueden justificar
una diferenciación salarial.
Explicó que el trato otorgado a los docentes del grado 2C frente al grado 2A
para el año 2008 y 2009 se realizó sin que mediara una justificación normativa,
técnica, ni presupuestal. Adujo que no se examinaron de fondo las
disposiciones que regulan el régimen salarial docente, las cuales establecen
de forma expresa que las retribuciones deben corresponder al nivel de
formación, experiencia y desempeño del trabajador.
Mencionó que no cuestiona la facultad del Ejecutivo para definir el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, sino que debate la forma
arbitraria en la que se ejerce pues las diferencias salariales deben ser
sustentadas en criterios objetivos racionales y proporcionales, que garanticen
el respeto de los principios de igualdad y de equidad material. Por lo que, no
es dable mencionar las brechas salariales para justificar la legalidad de la
actuación administrativa, cuando dichos fundamentos no fueron consignados
en los actos que dispusieron el incremento salarial.
3.2. Defecto fáctico: Asegura que el tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria ya que no se aportó prueba alguna que demostrara «la existencia de
motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa». Dijo que la sentencia
acusada tampoco precisó las justificaciones en la disparidad en el incremento
de los salarios.
Resaltó que, el artículo 13 de la Constitución Política y el Convenio 111 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la discriminación en
4

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Demandante: Jacqueline Ángel Alzate

empleo y ocupación, indican que el trato diferente como no discriminatorio en
materia salarial y prestacional debe tener sustento en razones jurídicas y
objetivas, pues cualquier tratamiento dispar que tenga una valoración subjetiva
es considerado arbitrario y discriminatorio.
Dijo que era deber del tribunal haber abordado de manera rigurosa el problema
planteado, lo cual no ocurrió «pues desestimó las pretensiones de la demanda sobre la
base de una supuesta justificación relacionada con la corrección de una brecha salarial, la
cual no fue acreditada dentro del expediente ni respaldada en los decretos que ordenaron los
incrementos cuestionados».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 12 de marzo de 2026 se admitió3 la acción de tutela presentada
por la señora Jacqueline Ángel Alzate contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Segunda de Decisión.

Asimismo, se vinculó en calidad de tercero con interés a la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, al Departamento de Risaralda, Secretaría de Educación, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público y al
Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira; ofició al mencionado juzgado para
que autorizara el acceso al expediente 66001-33-33-00-2024-00274-00/01; se
reconoció personería a la abogada Cindy Tatiana Torres Sáenz para actuar en
representación de la parte actora; y ordenó las notificaciones
correspondientes.

4.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda4 rindió informe en el que manifestó
que este asunto no supera el requisito de relevancia constitucional dado que
los planteamientos de la parte actora se dirigen a cuestionar argumentos que
fueron debatidos, analizados y resueltos en el trámite del medio de control
66001-33-33-007-2024-00274-00/01, aseguró que la parte actora pretende
usar el mecanismo constitucional como una instancia adicional para que se
estudien nuevamente las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Indicó que la controversia tiene una connotación patrimonial de carácter
privado, pues lo que se debate es un aspecto meramente legal, que no impacta
derechos fundamentales sino beneficios patrimoniales.

A su vez, destacó que la sentencia de segunda instancia fue dictada con un
debido sustento normativo y un análisis probatorio adecuado. Esto en razón a
que se realizó un análisis juicioso de las disposiciones normativas y
jurisprudenciales aplicables al asunto. Afirmó que la sentencia cuestionada es
producto de la autonomía de los jueces para aplicar normas sin que se
evidencie un error grosero que legitime la intervención del juez de tutela.

Finalmente adjuntó el enlace de consulta del proceso en el Sistema de Gestión
Samai y remitió copia de las piezas procesales.

4.3. El Ministerio de Educación Nacional5 solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela. Señaló que el asunto de la referencia carece de relevancia
constitucional dado que el debate gira en torno a una controversia de
naturaleza económica, lo que excede la competencia del juez de tutela. Señaló
que no se evidenció que se vulneraran los derechos fundamentales invocados
por la parte actora.

3
Samai, índice 5.
4
Samai, índices 11.
5
Samai, índice 12 y 16.
5

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Demandante: Jacqueline Ángel Alzate

4.4. El Municipio de Pereira, Secretaría de Educación6 allegó memorial en el
que se opuso a las pretensiones de la demanda, explicó que no es la entidad
competente para pronunciarse respecto de la acción de tutela puesto la parte
accionante no se encuentra vinculada como docente a la secretaría de
Educación de Pereira. Finalmente, solicitó ser desvinculado por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

4.5. El Municipio de Pereira, Secretaría Jurídica7 allegó memorial en el que
indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la accionante
dirigió su reclamación administrativa y su posterior medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el Departamento de Risaralda y el
Ministerio de Educación Nacional, sin involucrar al Municipio de Pereira en el
proceso contencioso administrativo que dio origen a la providencia judicial que
hoy se cuestiona. Concluyó que la vinculación del Municipio de Pereira debe
entenderse como una formalidad procesal, sin que pueda derivarse de ella
imputación alguna de vulneración de derechos fundamentales, lo que conduce
necesariamente a declarar la improcedencia del amparo frente a dicha entidad.

4.6. El Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira8, a través de su secretaria
adjuntó el enlace de consulta del proceso 66001-33-33-007-2024-00274-00/01
y envió copia de las piezas procesales.

4.7. El Departamento de Risaralda, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
el Ministerio Público guardaron silencio a pesar de haber sido notificados en
debida forma9.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199110, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales11 y especiales12 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se

6
Samai, índice 13.
7
Samai, índice 18.
8
Samai, índice 14.
9
Samai, índice 8.
10
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
11
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
12
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
6

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deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional13 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Cuestión previa: de la solicitud de desvinculación del Municipio de
Pereira, Secretaría de Educación

El Municipio de Pereira, Secretaría de Educación solicitó su desvinculación, sin
embargo, dicha autoridad no ha sido vinculada a este proceso. Al verificar el informe
de notificaciones14 remitido por la Secretaría General de la Corporación se advierte
que la comunicación dirigida al departamento de Risaralda se remitió por error al
correo contactenos@pereira.gov.co. Esta circunstancia no implica que el Municipio
de Pereira haya sido formalmente vinculado al proceso ni que deba comparecer al
mismo.

4. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de relevancia constitucional.

De superar dicho examen, se estudiará si el Tribunal Administrativo de Risaralda
incurrió en un defecto sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 17 de
septiembre de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho 66001-33-33-007-2024-00274-00/01.

5. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso
particular
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:

13
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
14
Samai, índice 8.
7

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Demandante: Jacqueline Ángel Alzate

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez
verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al
proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le
corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la
providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si
estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

6. Análisis del caso concreto

6.1. La Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la
parte actora busca que esta acción se convierta en un mecanismo adicional
para prolongar la discusión que ya fue conocida y resuelta por el juez natural
pues los argumentos que presentó la accionante en el escrito de tutela al
momento de sustentar la presunta configuración de un defecto sustantivo y
fáctico, guardan gran similitud con el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia en el proceso ordinario. Como se analizará a
continuación.

6.2. Se advierte que los planteamientos propuestos por la parte actora en el
recurso de apelación15 presentado contra la sentencia del 25 de marzo de
2025 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira coinciden con
los fundamentos del escrito de tutela, pues manifestó su inconformidad con
que se vulnerara el principio de igualdad al considerar que los incrementos
salariales estuvieron bien fundamentados al haber tenido en cuenta «una
variable objetiva relacionada con la posición en el escalafón docente».

15
Samai, índice 31. Expediente 66001-33-33-007-2024-00274-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01860-00
Demandante: Jacqueline Ángel Alzate

Manifestó que, la sentencia adolecía de un análisis relacionado con «la ausencia
de justificación sobre la limitación de los incrementos porcentuales diferenciados a los años
2008, 2009 y 2011», lo que consideró era el argumento central de la demanda.
Mencionó que no se estaba debatiendo la competencia del Gobierno Nacional
para expedir decretos nacionales que fijaran los salarios de los docentes
oficiales según su escalafón.
Dijo que la controversia no radicaba en la existencia de salarios diferenciados
por escalafón, sino en la inequidad de los porcentajes de incremento aplicados
en los años mencionados, que generaron una brecha acumulativa contraria a
los principios de igualdad, proporcionalidad y mérito. Argumentó que estas
diferencias carecen de justificación técnica y jurídica, vulneran derechos
fundamentales y perpetúan desigualdades en el tiempo. Por esto indicó lo
siguiente:
«En este caso, se observa un tratamiento desigual que resulta particularmente problemático,
dado que las circunstancias fácticas no han variado. Los incrementos porcentuales
salariales aplicados en los años 2005, 2006, 2007, 2010 y desde 2012 hasta la fecha se
han implementado de manera uniforme para todo el escalafón docente. Sin embargo, los
aumentos para los años 2008, 2009 y 2011 presentaron diferencias significativas entre los
distintos grados y niveles, a pesar que todos están sujetos al mismo marco normativo,
específicamente el Decreto Ley 1278 de 2002. Esta disparidad en el tratamiento salarial no
encuentra justificación, ya que el principio de igualdad y no discriminación exige un trato
equitativo en situaciones equivalentes, por lo que, la falta de variación en las condiciones
fácticas y normativas refuerza la necesidad de aplicar criterios idénticos en la determinación
de los incrementos porcentuales para esas anualidades, máxime cuando la parte demandada
al interior del proceso no logró justificar adecuadamente esta inconsistencia, lo que socava la
legalidad de la actuación administrativa acusada.
En este sentido, es evidente que, en este caso y en virtud del principio de favorabilidad, deben
aplicarse los incrementos salariales anuales de manera uniforme a todos los docentes. No es
aceptable que algunos docentes reciban incrementos porcentuales mayores que otros, ya que
esto vulnera claramente el principio constitucional de favorabilidad establecido en el artículo
53 de la Constitución Política. Tal actuación por parte del Ministerio de Educación Nacional y
de la Entidad Territorial Demandada constituye una transgresión a este principio
fundamental.»

Por ello, recordó que en las pretensiones de la demanda solicitó la inaplicación
del Decreto 284 de 2024 y la nulidad de los actos administrativos derivados,
con el fin de restablecer el derecho afectado y garantizar incrementos
salariales proporcionales y equitativos conforme con la Constitución, la Ley 4
de 1992 y el Decreto 1278 de 2002.
6.3. Mediante sentencia del 17 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo
de Risaralda, confirmó la decisión del juez de primera instancia al considerar
que, el cuestionamiento de la parte demandante era que los decretos que
modificaron la asignación salarial de los docentes ubicados en la categoría
2C para los años 2008 y 2009 desconocieron el principio de igualdad frente a
la categoría 2A, dado que estos últimos recibieron un incremento salarial
mayor sin que existiera justificación para ello.
Al respecto indicó que el tratamiento diferente que se establece en los actos
acusados no vulnera el derecho a la igualdad ni puede considerarse
discriminatorio. Explicó que no existe jurisprudencia o norma alguna que
indique que el gobierno nacional está obligado a realizar incrementos iguales
para todos los servidores públicos, o a todos los docentes, sin importar el
grado o escalafón en el que se encuentren.
Indicó que en la apelación se aduce una supuesta falta de fundamento técnico
de los actos acusados que no fue planteada en la demanda por lo que no le
es dable al juez colegiado pronunciarse al respecto. No obstante, señaló que
«en el hipotético caso que ese tema se hubiere planteado desde el inicio del proceso, tampoco
le asistiría razón a la demandante, en cuanto no probó que el Gobierno haya tenido la
obligación de realizar dichos estudios técnicos».
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Demandante: Jacqueline Ángel Alzate

Expresó que los criterios que debe tener en cuenta el Ejecutivo para la fijación
del régimen salarial están establecidos en la Ley 4 de 1992, que tampoco
impone dicha obligación.
Añadió que, el Decreto Ley 1278 de 2002 estableció el mérito como forma
idónea de ingreso, de permanencia y de ascenso, de ahí que no es viable
considerar que por el hecho de ser educadores todos merecen un trato
uniforme. Señaló que, existen razones objetivas para que se diera un trato
desigual para aquellos docentes que se encontraban en la categoría C y A, y
que incluso la Corte Constitucional estableció la posibilidad jurídica de realizar
aumentos por debajo a quienes ganen MÁS de dos SMLMV y ello materializa
la posibilidad de aumentos diferenciados entre diversos empleados públicos.
Reiteró lo señalado por el juez de primera instancia respecto a la finalidad de
la diferenciación en el porcentaje de incremento al salario ya que busca «por
un lado, garantizar que el docente que pertenece al escalafón inferior mantenga su valor
adquisitivo y, por el otro, reconocer la formación, capacitación y preparación de quienes se
encuentran en un escalafón superior, cuyo trato diferenciado es justificado en atención a
razones objetivas».

Frente al reparo que planteó el Ministerio de Educación Nacional, en lo relativo
a que no se condenó en costas y agencias en derecho a la parte actora en
razón a que la defensa judicial de la entidad implicó una erogación económica,
el tribunal dijo que dentro del expediente no existían evidencias sobre el valor
de los honorarios que tuvo que pagar la entidad demandada o de otros gastos
asociados a la defensa. De ahí que tampoco prosperó ese cargo.
6.4. Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora presentó los mismos
argumentos que planteó en el recurso de apelación, pero anunciados desde
la presunta configuración de un defecto sustantivo y fáctico.
Indicó que la sentencia efectuó una interpretación irrazonable y
desproporcionada de las normas aplicables al caso, específicamente el
artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4° de 1992 y el Decreto Ley 1278
de 2002. Que se encontraba en desacuerdo con que se considerara que los
incrementos salariales diferenciados entre los grados 2A y 2C obedecían a
criterios objetivos como la formación y la experiencia.
En su criterio se desconoció que la controversia no versaba respecto a la
diferencia estructural y permanente entre grados de escalafón sino el trato
desigual «en los incrementos porcentuales aplicados en los años 2008 y 2009»,
pues para el año 2008 a la categoría 2C se le disminuyó en un porcentaje del
«4,37%», mientras que para la categoría 2A el incremento fue de un «14,11%»;
para el año 2009, a la categoría 2C se le incremento en un porcentaje del
«7,67%», mientras que para la categoría 2A el incremento fue de un «15,61%»,
lo que generó un trato diferencial y que no fue compensado.
Indicó que el tribunal desconoció el alcance normativo del principio de igualdad
y el mandato de progresividad al no verificar si existían razones objetivas y
constitucionales válidas para justificar un incremento salarial tan dispar, así:
«No obstante, se comprobó en sede judicial que los incrementos salariales aplicados a los
docentes del nivel 2C (categoría en la cual se ubica el (la) docente) fueron inferiores a los
otorgados al personal ubicado en el nivel 2A, sin que el tribunal accionado ofreciera una
justificación clara y coherente que permitiera concluir que dicha diferencia era legal y ajustada
al marco normativo, pues se limitó a avalar el trato desigual sin examinar a fondo las
condiciones objetivas del caso ni las disposiciones que regulan el régimen salarial docente,
las cuales establecen de forma expresa que las retribuciones deben corresponder al nivel de
formación, experiencia y desempeño del trabajador, de manera que esta omisión no solo
refleja una ausencia de motivación adecuada, sino también un evidente error en la
interpretación de las normas y precedentes aplicables, razón por la cual se hace necesaria la
intervención del juez constitucional con el fin de restablecer los derechos fundamentales al

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debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la prevalencia del derecho sustancial sobre
formalismos infundados.
Finalmente, frente a la afirmación del Tribunal en el sentido de que el Gobierno Nacional
ostenta una competencia privativa para establecer diferencias salariales sin tener en cuenta
el grado y nivel en el escalafón, es necesario precisar que no se cuestiona la facultad del
Ejecutivo para definir el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. No
obstante, dicha potestad -como se reconoció en la jurisprudencia aludida por ambas
instancias-, no puede ejercerse de manera voluntariosa, caprichosa o arbitraria, sino que debe
estar sustentada en criterios objetivos, racionales y proporcionales que garanticen el respeto
de los principios de igualdad y equidad material; no siendo dable entrar a suponer motivos
válidos -como una pretendida corrección de las brechas salariales para justificar la legalidad
de la actuación administrativa, cuando dichos fundamentos no fueron consignados en los
actos que dispusieron los incrementos ni fueron acreditados por la parte demandada en el
desarrollo del proceso».

Reiteró que no cuestionaba la facultad del Ejecutivo para definir el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, sino que debatía la forma
arbitraria en la que se ejerce pues las diferencias salariales deben ser
sustentadas en criterios objetivos racionales y proporcionales. A su vez, dijo
que no existieron pruebas que sustentaran el incremento salarial diferenciado.

6.5. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
para insistir nuevamente en los planteamientos que ya fueron propuestos ante
el juez natural lo que no permite que se supere el requisito general de la
relevancia constitucional, pues los argumentos de esta acción buscan reabrir
el debate judicial ya que se pretende cuestionar que el Tribunal Administrativo
de Risaralda no justificó en debida forma los incrementos salariales
diferenciados aplicados en los años 2008 y 2009 los cuales asegura
vulneraron sus derechos.

Según su argumento, dichas variaciones impactaron la base salarial, pues
cada aumento se calcula sobre una cifra previamente ajustada, lo que genera
una acumulación de la disparidad y perpetúa la desigualdad salarial en el
tiempo, situación que, a su juicio, contraviene el principio de igualdad.

En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de
tutela se argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos
fundamentales al incurrir en defectos sustantivo y fáctico, lo cierto es que la
parte actora pretende utilizar este mecanismo constitucional para reiterar los
mismos planteamientos que ya fueron debatidos y resueltos en el proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

Dichos argumentos fueron analizados por el juez natural, quien no solo los
desestimó, sino que además explicó de manera detallada las razones jurídicas
y técnicas que sustentan la legalidad y razonabilidad de los incrementos
salariales aplicados en los años objeto de controversia.

En su decisión, se precisó que las diferencias obedecen a criterios normativos
vinculados al grado y nivel del escalafón docente, así como a la potestad de
configuración normativa del Gobierno Nacional, ejercida conforme con la Ley
4 de 1992 y el Decreto 1278 de 2002. Aspectos que de antemano suponen
para esta colegiatura, que el asunto versa sobre una situación que resultó
desfavorable a la parte accionante y que se limita a poner de presente su
inconformidad con la decisión.

De manera que, es posible concluir que el Tribunal Administrativo de
Risaralda, como juez natural ya resolvió los planteamientos de la parte actora
dentro del trámite ordinario 66001-33-33-007-2024-00274-00/01, al resolver el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

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Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales «la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios»,
pues la competencia del juez de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales…»16.

7. Conclusión

Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de relevancia
constitucional en el caso examinado, se declarará improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Jacqueline Ángel Alzate.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora
Jacqueline Ángel Alzate, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

16
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
12

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