Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01876-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01876-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01876-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01876-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ANA LUCÍA ALDANA VÁSQUEZ
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU
LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO,
TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS ARGUMENTOS DE LA TUTELA
FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 13 de abril de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó el amparo solicitado.
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01876-01
Actora: ANA LUCÍA ALDANA VÁSQUEZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora ANA LUCÍA ALDANA VÁSQUEZ, actuando a través de
apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al
principio de favorabilidad, los cuales estima vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR2, al haber proferido la
sentencia de 4 de septiembre de 2025 dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2024-00229-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 2B
del escalafón de docentes vigente regulado por el Decreto Ley 1278
de 2002; asimismo, que el Gobierno Nacional dispuso un incremento
para el personal vinculado al nuevo escalafón, pero para los años
2008 y 2009, dichos aumentos se hicieron de manera inequitativa
2
En adelante TRIBUNAL.
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Actora: ANA LUCÍA ALDANA VÁSQUEZ
sin que mediara una exposición de motivos que justificara la legalidad
en tal diferenciación.
Mencionó que se vio afectada al evidenciar que los docentes ubicados
en categorías inferiores como la 2A, fueron beneficiados con mayores
incrementos salariales respecto de la suya, pues para el 2008 la
categoría 2A recibió un aumento del 14,11%, mientras que la 2B
obtuvo solo el 5,69%; y para el 2009, el incremento para la posición
2A fue del 15,61%, en tanto que para la 2B apenas alcanzó el 7,67%.
Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, presentó reclamación
ante el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN3 y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL4, en
la que solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
derivadas de los incrementos desiguales e injustificados decretados
para los años 2008 y 2009. Dichas entidades dieron respuesta de
manera desfavorable mediante oficios núms. VAL2024EE006315 de
20 de febrero y 2024-EE-066666 de 1o. de marzo de 2024,
respectivamente.
Señaló que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento
3
En adelante Municipio.
4
En adelante Ministerio.
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del derecho, el cual le correspondió por reparto al JUZGADO
OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
VALLEDUPAR5 que, en sentencia de 23 de mayo de 2025, denegó
las pretensiones de la demanda.
Inconforme con lo anterior, presentó recurso de apelación el cual fue
resuelto por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR que,
mediante sentencia de 4 de septiembre de 2025, confirmó la decisión
de primera instancia.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo al
desconocer lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política6,
la Ley 4 de 18 de mayo de 19927, el Decreto 1278 de 20028 y la
sentencia C-1064 de 10 de octubre de 20019, proferida por la Corte
Constitucional, al no evaluar la proporcionalidad salarial en función
de la preparación, experiencia, calidad, idoneidad y capacidad del
5
En adelante Juzgado.
6
Que consagra el derecho fundamental a la igualdad
7
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
8 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
9
Corte Constitucional Sentencia C-1064 de 10 de octubre de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
y Jaime Córdoba Triviño.
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educador, así también al asimilar el debate a una comparación
abstracta entre grados del escalafón docente en lugar de verificar si
existían razones objetivas para justificar el incremento alegado.
Asimismo, que incurrió en defecto fáctico al haber hecho una
indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico
planteado, pues no se allegó elemento alguno que demostrara la
existencia de motivos válidos que explicaran el incremento salarial
desproporcionado otorgado a los docentes ubicados en el nivel 2A en
comparación con quienes, como la accionante, se encontraban en la
categoría 2B, por lo que se dio un trato inequitativo, generando
incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión
administrativa que avaló ese aumento.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó lo siguiente:
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CESAR en la sentencia proferida el día 04 DE SEPTIEMBRE DE
2025, en el expediente radicado bajo número 20-001-33-
33-008-202400229-01, transgredió los derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a)
ANA LUCIA ALDANA VASQUEZ, por considerar que las razones
de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas
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Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material
probatorio obrante en el proceso ordinario. .
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva
con una debida interpretación de la norma aplicable al debate
jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del
(la) docente ANA LUCIA ALDANA VASQUEZ a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos
debidamente probados en el debate jurídico. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar las pretensiones de la acción
de tutela de la referencia y, además, reiteró lo expuesto en la
providencia judicial cuestionada.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El MINISTERIO manifestó no tener legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que la presente acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial proferida por el TRIBUNAL, sin que se
advierta acción u omisión alguna que le sea atribuible.
I.6.2.- El MUNICIPIO solicitó declarar improcedente la acción de
tutela de la referencia, por cuanto la accionante pretende reabrir un
debate meramente legal ya resuelto por la jurisdicción de lo
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contencioso administrativo en dos instancias, sin que se advierta
arbitrariedad judicial alguna.
I.6.3.- El JUZGADO manifestó que todas las actuaciones surtidas
dentro del proceso ordinario cuestionado se realizaron respetando los
derechos y garantías de las partes, y las decisiones allí adoptadas
fueron debidamente motivadas, por lo que solicitó que se declare
improcedente la presente solicitud de amparo.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 13 de abril de 2026, la SECCIÓN SEGUNDA
denegó la solicitud de desvinculación elevada por el MINISTERIO y
también el amparo solicitado, por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional.
Aseguró que la autoridad judicial accionada realizó un análisis
razonable y adecuado de la normativa, la jurisprudencia y los
documentos aportados al proceso ordinario, sin que se evidenciara
un análisis arbitrario o caprichoso que constituyera una vía de hecho
por los defectos sustantivo y fáctico alegados.
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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y pidió
que se revoque, para que, en su lugar, se acceda al amparo
solicitado.
Señaló que el TRIBUNAL adoptó una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada de la normativa aplicable,
concluyendo que los incrementos salariales diferenciados respondían
a la formación y experiencia del docente, por lo que no se configuraba
vulneración al principio de igualdad.
Resaltó que la controversia no versa sobre la estructura del escalafón
ni sobre la diferencia natural entre grados, sino sobre la irregularidad
de los incrementos salariales aplicados durante las vigencias 2008 y
2009, en las que los docentes del grado 2A recibieron un aumento
del 14,11% y 15,61%, respectivamente, mientras que los del nivel
2B, pese a acreditar mayores exigencias académicas y evaluativas,
apenas obtuvieron incrementos del 5,69% y 7,67%.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
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el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
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sentencia de 4 de septiembre de 2025 proferida por el TRIBUNAL
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2024-00229-01.
Los disensos de la parte demandante radican en que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al
desconocer lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política,
la Ley 4 de 1992, el Decreto 1278 de 2002 y la sentencia C-1064 de
10 de octubre de 2001, proferida por la Corte Constitucional, al no
evaluar la proporcionalidad salarial en función de la preparación,
experiencia, calidad, idoneidad y capacidad del educador, así
también al asimilar el debate a una comparación abstracta entre
grados del escalafón en lugar de verificar si existían razones objetivas
para justificar el incremento alegado.
Asimismo, que incurrió en defecto fáctico al haber hecho una
indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico
planteado, pues no se allegó elemento alguno que demostrara la
existencia de motivos válidos que explicaran el incremento salarial
desproporcionado, por lo que se dio un trato inequitativo, generando
incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión
administrativa que avaló ese aumento.
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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 13 de abril de
2026, denegó el amparo solicitado, al no evidenciarse ningún medio
de convicción que el juez colegiado debía haber tenido en cuenta para
demostrar que la actora tenía derecho a la nivelación salarial
pretendida.
Inconforme con lo anterior, la demandante impugnó la decisión
proferida en primera instancia para lo cual expuso que la controversia
no versa sobre la estructura del escalafón docente ni sobre la
diferencia entre grados, sino que, por el contrario, va dirigida a
cuestionar la irregularidad en los incrementos salariales que se
aplicaron para los años 2008 y 2009, sin justificación técnica alguna.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
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Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».11
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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Actora: ANA LUCÍA ALDANA VÁSQUEZ
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
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discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora
es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad
porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la actora
se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada al
proferir la decisión cuestionada no se sustentó en pruebas que
acreditaran la existencia de motivos válidos para justificar los
incrementos salariales alegados; de igual forma, no se aportaron
estudios, informes ni conceptos que respaldaran su adopción.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión
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adoptada por el juez natural del asunto, circunstancia que fue
resuelta por el TRIBUNAL, así:
“[…] En primer lugar, el recurrente alegó que su inconformidad se
centra en la desigualdad porcentual aplicada al incremento salarial
de los docentes en los años 2008 y 2009. A su juicio, esta diferencia
ha generado un efecto acumulativo en su base salarial en los años
posteriores, lo que constituiría una vulneración al principio de
igualdad.
En el expediente se encuentra acreditado que la parte demandante
está vinculada como docente en el grado 2, nivel salarial B. Esta
condición se evidencia en la Resolución Nº 000127 del 21 de abril
de 2010 y en los comprobantes de nómina aportados con la
demanda.
A partir del año 2004, el Gobierno Nacional ha venido fijando las
asignaciones salariales de los docentes mediante los siguientes
decretos:
En particular, el Decreto 4181 de 2004 estableció:
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“Artículo 1º. A partir del 1º de enero de 2004 la asignación básica
mensual para los distintos grados del Escalafón Nacional Docente
de que trata el Decreto-ley 1278 de 2002, correspondiente a los
empleos docentes y directivos docentes de carácter estatal será la
siguiente:
Dado que la parte demandante centra su reclamo en el incremento
salarial de los años 2008 y 2009, la Sala procederá a analizar los
decretos correspondientes a esos dos años, con el fin de verificar
si existió una diferencia porcentual significativa que afectara su
remuneración.
En ese sentido, el Decreto 624 de 2008 fijó la remuneración de los
docentes, aunque fue modificado parcialmente por el Decreto 714
del mismo año, cuyo texto quedó así:
"Artículo 1°. Asignación básica mensual. A partir del 1° de enero
de 2008, la asignación básica mensual de los distintos grados y
niveles del escalafón nacional docente correspondientes a los
empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que
se rigen por el Decreto-ley 1278 de 2002, es la siguiente:
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Posteriormente, fue expedido el Decreto 702 de 2009, en el que se
fijó la remuneración de los docentes y directivos docentes, así:
“Artículo 1°. Asignación básica mensual. Modificado por el art. 1,
Decreto Nacional 1238 de 2009. A partir del 1° de enero de 2009,
la asignación básica mensual de los distintos grados y niveles del
escalafón nacional docente correspondientes a los empleos
docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen
por el Decreto-ley 1278 de 2002, será la siguiente:
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Conforme a lo expuesto, la asignación básica de los docentes y
directivos docentes del sector oficial, regulados por el Decreto-ley
1278 de 2002, se establece anualmente en una suma fija. Por
tanto, el aumento salarial no se calcula aplicando un porcentaje
sobre el valor del año anterior, sino que se fija directamente
mediante decreto.
La Ley 4ª de 1992 otorga al Gobierno Nacional la facultad de fijar
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,
incluida la población docente, conforme a lo dispuesto en el artículo
46 del Decreto 1278 de 2002. Esta facultad debe ejercerse dentro
de los límites establecidos por la ley marco, los cuales incluyen:
• La obligación de realizar incrementos anuales para contrarrestar
la inflación.
• La prohibición de desmejorar salarios y prestaciones sociales.
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En este contexto, la Sala no comparte la tesis del apelante, quien
sostuvo que los incrementos desiguales en los años 2008 y 2009
afectaron negativamente su base salarial. Dado que el valor de la
asignación no se determina por incrementos porcentuales
acumulativos, sino por montos fijos establecidos anualmente, por
lo que no se configura la afectación alegada.
El apelante también argumentó que los aumentos diferenciados
constituyen una práctica discriminatoria. Sin embargo, la
jurisprudencia constitucional ha sido clara al señalar que el
principio de igualdad no exige aumentos idénticos para todos los
servidores públicos. En particular, la Sentencia C-1064 de 2001
establece que:
“El reajuste salarial debe cobijar a todos los empleados públicos,
pero no necesariamente en el mismo porcentaje. La igualdad
sustancial permite establecer diferencias razonables y objetivas
entre servidores ubicados en distintas escalas salariales.”
En consecuencia, el Gobierno Nacional puede fijar incrementos
diferenciados, siempre que se basen en criterios técnicos, objetivos
y dentro del marco de la ley. La Constitución y la Ley 4ª de 1992
otorgan al Ejecutivo un margen de configuración normativa que
permite establecer reglas especiales para distintos grupos de
servidores públicos, sin que ello implique una vulneración del
principio de igualdad, siempre que dichas reglas respondan a
diferencias verificables y razonables.
Por tanto, no resulta acertado afirmar, como lo sostiene el
recurrente, que el Gobierno Nacional está impedido para fijar
incrementos salariales diferenciados entre los distintos grados y
niveles del escalafón docente. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 2,
literal h), otorga al Ejecutivo una amplia potestad de configuración
normativa, la cual debe ejercerse conforme a criterios de política
macroeconómica y fiscal.
Así, la decisión del Gobierno de aplicar aumentos diferenciados en
los años 2008 y 2009 se ajusta al marco normativo vigente y a la
facultad constitucional conferida para regular el régimen salarial de
los empleados públicos.
El apelante también hizo alusión a la vulneración del principio de
igualdad y del principio de “a trabajo igual, salario igual”. Sin
embargo, la Corte Constitucional ha reiterado que la igualdad
protegida por la Constitución es de carácter material, no formal. En
la Sentencia C-1064 de 2001, se precisó que:
“El aumento salarial no tiene que ser idéntico para todos. La
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igualdad matemática es contraria al principio según el cual los
iguales deben ser tratados igual y los diferentes, diferente. [...] La
brecha salarial entre servidores públicos justifica incrementos
diferenciados, siempre que se basen en criterios objetivos y
razonables.”
De igual forma, el Consejo de Estado8 ha señalado que el trato
diferenciado es constitucionalmente admisible cuando:
• Existen diferencias fácticas entre los sujetos comparados;
• El trato desigual persigue una finalidad legítima;
• Dicha finalidad es razonable y proporcional;
• El trato desigual guarda coherencia interna con la situación
diferenciada.
En este sentido, el principio de “a trabajo igual, salario igual” no
impide reconocer diferencias salariales cuando estas se sustentan
en criterios objetivos, como la formación académica o el nivel
dentro del escalafón.
La estructura del escalafón docente, conforme al artículo 20 del
Decreto 1278 de 2002, contempla tres grados (1, 2 y 3), definidos
por el nivel de formación, y cuatro niveles salariales (A, B, C y D),
a los que se accede mediante evaluaciones de desempeño y
competencias.
Por ejemplo, el Decreto 714 de 2008 estableció asignaciones
diferenciadas dentro del grado 2, según si el docente acreditaba o
no título de especialización, lo cual es
8 Consejo de estado. Sección primera. Radicado 11001-03-24-
000-2012-00238-00 del 20 de marzo de 2025. MP. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.
coherente con los objetivos de profesionalización y mérito
establecidos en la Ley 4ª de 1992.
Por ello, considera la Sala, que no se configura una práctica
discriminatoria por el hecho de aplicar incrementos salariales
diferenciados, siempre que estos respondan a criterios verificables
como la formación académica y el nivel alcanzado en el escalafón.
La igualdad sustancial permite este tipo de distinciones, en tanto
no sean arbitrarias ni desproporcionadas.
En consecuencia, no se configura una vulneración al principio de “a
trabajo igual, salario igual”, toda vez que los docentes ubicados en
los grados 2A y 2B del escalafón docente no se encuentran en
condiciones equivalentes. Como se ha expuesto, el acceso a cada
uno de estos grados exige requisitos distintos en cuanto a
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formación y evaluación, lo que justifica un tratamiento salarial
diferenciado. Por lo tanto, los cargos formulados por el apelante
serán desestimados.
Con fundamento en lo anterior, se confirmará la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar, que negó las pretensiones de la
demanda. […]”.
De los apartes transcritos de la sentencia objeto de tutela, se
evidencia que el TRIBUNAL realizó un análisis juicioso de los
argumentos traídos al proceso ordinario por la actora, así como de
la normativa aplicable y alegada como desconocida, los cuales lo
llevaron a concluir que la diferencia porcentual en el aumento de la
asignación salarial para los dos grupos en cuestión se ajustaba a
derecho, pues contrario a lo afirmado por la accionante, el Gobierno
Nacional no se encuentra en la obligación de incrementar en un
porcentaje igual el valor año tras año, ya que cuenta con la potestad
para fijar dicha escala prestacional siempre que acate lo dispuesto
en la Ley 4 de 1992.
Consideró que no resulta admisible la interpretación planteada por
la parte actora respecto de la normativa alegada, toda vez que la
diferenciación en el porcentaje del incremento salarial tuvo como
finalidad, por una parte, garantizar que los docentes pertenecientes
a los escalafones inferiores conservaran su poder adquisitivo y, por
otra, reconocer la formación, capacitación y preparación de quienes
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se encuentran en niveles superiores, razón por la que el trato
diferenciado si tenía justificación en criterios objetivos y razonables.
Asimismo, indicó que la parte demandante no probó las causales de
nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos de los
docentes ubicados en diferentes grados y nivel salarial para el año
2009, pues no se trata de sujetos ubicados en un plano de igualdad,
por lo tanto, no existía un imperativo normativo o jurisprudencial
para predicar que existiera la obligación de aumentos equitativos.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se
pronunció frente a los aspectos que alude la actora como
desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito general
de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que la actora no comparta la tesis allí dispuesta,
lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su
consideración.
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que ya fueron resueltos por la autoridad judicial
accionada, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no
le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, se modificará la decisión de primera instancia y, en
su lugar, se declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir el requisito general de la relevancia
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constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de junio de 2026.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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