Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01878-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01878-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01878-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
16 de abril de 2026
Demandante: Eduardo Víctor Liñán García
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-01878-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01878-00
Demandante: EDUARDO VÍCTOR LIÑÁN GARCÍA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia
de la acción por no cumplir el requisito de la inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 9 de marzo de 20261, el señor Eduardo Víctor
Liñán García, a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, a la propiedad privada e igualdad, así como para la aplicación de los
principios de confianza legítima y buena fe.
1
El correo fue enviado el domingo 8 de marzo de 2026 y se radicó al día siguiente.
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Demandante: Eduardo Víctor Liñán García
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-01878-00
La parte actora consideró transgredidas sus garantías constitucionales con
ocasión de las sentencias del 29 de mayo de 2012 y 6 de julio de 2020,
emitidas en el proceso de reparación directa con radicado 13001-23-31-000-
2010-00222-01 (45977), promovido por la señora Odette Liñán Sánchez (en
representación del aquí accionante), contra el entonces Ministerio del Interior y
de Justicia2 y la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura3.
Con las mencionadas decisiones, en primera instancia, se denegaron las
pretensiones de la demanda y, en segunda instancia, se revocó la decisión para
en su lugar declarar oficiosamente la configuración de la caducidad del medio
de control.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte accionante solicitó:
PRIMERA: AMPARAR de manera definitiva los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA JUSTICIA y PROPIEDAD PRIVADA del
señor EDUARDO VÍCTOR LIÑÁN GARCÍA, sujeto de especial protección
constitucional por su avanzada edad y el estado de indefensión derivado de
una mora judicial de 44 años.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida en el
año 2020 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por configurar una Vía de Hecho basada en un defecto fáctico y sustantivo
que hace imposible la justicia material.
TERCERA: PRETEN[S]ÓN PRINCIPAL - FALLO DE FONDO DIRECTO (SIN
REENVÍO).
Solicito al Honorable Juez de Tutela que, en ejercicio de la facultad
excepcional reconocida por la Corte Constitucional (Sentencias SU-120 de
2003 y T-110 de 2011), ASUMA LA COMPETENCIA PARA DICTAR
SENTENCIA DE FONDO Y REEMPLAZO dentro de este mismo trámite
constitucional. Esta petición se fundamenta en la avanzada edad del
accionante (80 años), el estado de vulnerabilidad del mismo y la mora judicial
sistémica de cuarenta y cuatro (44) años desde la incautación del bien.
Devolver el expediente al Consejo de Estado (reenvío) constituiría una carga
desproporcionada y una nueva vulneración al "plazo razonable" (Art. 8.1
CADH), perpetuando una denegación de justicia que ya ha superado cuatro
2
Actualmente, con la reestructuración del Decreto 2893 de 2011, corresponde a dos
ministerios, el del Interior y el de Justicia y del Derecho.
3
En las pretensiones de la demanda ordinaria se hizo referencia a que también se demandaba
a «cualquier otra entidad o persona que se le impute los daños…».
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décadas.
CUARTA: LIQUIDACIÓN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL.
Como consecuencia de la pretensión anterior, solicito que en la sentencia de
fondo se reconozca la responsabilidad objetiva del Estado y se ordene el
pago de OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
DE PESOS ($86.592.400.000). Esta suma no es una estimación subjetiva,
sino el resultado técnico de la productividad probada del bien y el peritaje de
2010, valores que deben ser indexados hasta la fecha del pago efectivo,
garantizando el principio de reparación integral (Art. 16 Ley 448 de 1998) y
evitando que consideraciones económicas marchiten el derecho sustancial
(Sentencia T-028 de 2022).
QUINTA: PRETEN[S]IÓN SUBSIDIARIA - ORDEN DE REEMPLAZO
PERENTORIA.
En el evento en que Su Señoría considere que no debe asumir el fallo de
fondo directo, solicito de manera SUBSIDIARIA que se ORDENE a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado proferir sentencia
de reemplazo en un término perentorio e improrrogable de quince (15) días
hábiles, bajo advertencia de incidente de desacato inmediato, tomando como
hito de certeza el Oficio No. 576 de 2008 y acatando los lineamientos de
valoración probatoria expuestos en esta tutela.
…4
1.3. Hechos
La parte accionante sostuvo que mediante sentencia del 29 de mayo de 2012,
el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, denegó las
pretensiones de la demanda de reparación directa que promovió a través de su
apoderada general Odette Liñán Sánchez contra la Nación, Ministerio del
Interior y de Justicia y la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, con
fundamento en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por
la pérdida de la motonave «Cantadora» de su propiedad, la cual fue embargada
y secuestrada en marzo de 1984, en el marco de un proceso ejecutivo que fue
archivado en el 20025. Proceso indemnizatorio que se basó en la falta de
vigilancia y custodia del bien.
4
Transcripción del texto original con posibles errores.
5
Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena (Bolívar), el cual fue archivado en el
año 2002; no obstante, en el archivo de la Dirección de Administración Judicial de la Seccional
Bolívar no fue hallado el expediente.
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Precisó que este proceso ordinario se identificó con el radicado 13001-23-31-
000-2010-00222-01 (45977).
Refirió que presentó un recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual
resolvió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con providencia
del 6 de julio de 2020, al revocar lo decidido en primera instancia para, en su
lugar, declarar oficiosamente la caducidad del medio de control porque el
término para demandar iba hasta el 3 de marzo de 2007, pues la parte
demandante tuvo conocimiento del daño el 2 de marzo de 20056; por lo que,
consideró que la demanda se presentó extemporáneamente el 7 de abril de
2010, incluido el tiempo que tomó la conciliación prejudicial7.
Expuso que en la sentencia también se indicó que las peticiones presentadas
con posterioridad ─30 de junio de 2006 y 11 de marzo de 2008─ eran
reiterativas de ese conocimiento previo del presunto daño invocado.
De conformidad con los datos registrados en el aplicativo Samai, la providencia
de segunda instancia se notificó mediante correo electrónico enviado el 15 de
septiembre de 2020. También se indica que se notificó por edicto electrónico del
17 al 21 del mismo mes y año.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales
porque con la providencia de segunda instancia demandada se declaró la
caducidad de la acción sin tener en cuenta que el conocimiento del daño
alegado, esto es, la pérdida de la motonave denominada «Cantadora» de su
propiedad, que fue embargada y secuestrada en el marco de un proceso
ejecutivo, no ocurrió el 2 de marzo de 2005 como se señaló en la providencia
sino el 7 de abril de 2008, fecha en la cual la Rama Judicial emitió certificación
oficial sobre la pérdida definitiva del bien y porque se omitió valorar que el daño
es de carácter continuado hasta tanto aparezca la embarcación.
Adicionalmente, indicó que cumple los presupuestos generales de procedencia,
particularmente el de la inmediatez puesto que su inacción entre 2020 y 2026
no obedeció a desinterés, sino a una profunda indefensión material y cognitiva
6
En la providencia se indicó que el daño alegado consistente en la supuesta pérdida de la
motonave denominada «Cantadora», embargada y secuestrada en el marco de un proceso
ejecutivo era conocido por el demandante como mínimo desde el 2 de marzo de 2005, fecha
para la cual tenía conocimiento de que la medida cautelar había sido levantada y de que el bien
no le fue devuelto ni se conocía su paradero.
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En dicho proveído también se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación, Ministerio del Interior y de Justicia.
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derivada de su avanzada edad y precariedad económica»
Expuso que es un ciudadano de más de 80 años, «víctima de la pérdida de su
único patrimonio a manos del propio Estado», por lo que no puede ser
castigado por su incapacidad para sortear las barreras de acceso a una defensa
técnica especializada, más aún cuando el «aparato judicial se tornó opaco y
hostil».
Mencionó que la demora no obedece a su desdén, sino una barrera estructural
impuesta por el mismo sistema que, tras 44 años de mora, ha agotado la
capacidad de resistencia del ciudadano.
Recordó que la inmediatez en materia de tutela no es un término de caducidad
automático, sino un análisis de razonabilidad; en un proceso donde el Estado
ha tomado 44 años para no resolver nada, por lo que, exigirle al ciudadano una
reacción en meses es una desproporción constitucional que premia la mora
estatal y castiga la vejez del administrado.
Señaló que la vulneración es continua y actual, pues se trata de un daño de
tracto sucesivo mientras la motonave «Cantadora» continúe desaparecida bajo
custodia estatal sin resarcimiento. Además, indicó que exigirle que cumpla con
el requisito de la inmediatez es una carga desproporcionada y que existe
justificación para su demora en la presentación de esta acción de tutela.
Expuso que con la decisión judicial cuestionada se configuró un defecto fáctico
puesto que la entidad demandada en el proceso ordinario sustrajo del comercio
a la motonave en el año 1982 y además, existió una omisión flagrante en sus
deberes de custodia y vigilancia, que permitió su desaparición y la pérdida del
expediente que la soportaba.
Agregó que la autoridad judicial cuestionada ignoró la trascendencia de dicha falla,
pues declaró la caducidad basándose en una simple petición de información de
2005, pero omitió valorar que la falla en el servicio es de carácter continuado.
Advirtió que no se puede escindir la negligencia del juzgado (perder el bien) de la
negligencia de la providencia atacada (negar la justicia por un formalismo
temporal). Esto, pues el error de la sentencia radica en haber otorgado efectos
jurídicos de conocimiento del daño a una etapa de incertidumbre, ignorando que el
daño antijurídico solo se hizo cierto cuando el Estado confesó su incapacidad
absoluta de devolver el bien.
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Precisó que, al no valorarse adecuadamente la génesis y la persistencia de la falla
en el servicio, la sentencia del Consejo de Estado se apartó de la realidad
probatoria, configurando una vía de hecho por defecto fáctico que despoja al
ciudadano de su derecho fundamental a ser indemnizado.
Afirmó que la prueba reina de esta conexión es el dictamen pericial de enero de
2010, donde el experto oficial afirma que el bien «había desaparecido estando en
cabeza del Juzgado», con lo que, se demuestra la falla en el servicio fue aceptada
técnicamente por un auxiliar de la justicia apenas en 2010, por lo que no podía
fijarse la caducidad en el año 2005.
Añadió que también se configuró un defecto sustantivo y un exceso ritual
manifiesto en el conteo de la caducidad puesto que se priorizó un formalismo (el
paso del tiempo contado desde una sospecha en 2005) sobre el derecho sustancial
(la pérdida real de un barco bajo custodia estatal).
Indicó que la caducidad en reparación directa no es un cronómetro automático;
debe contarse desde la certificación oficial de la certeza del daño. En este caso,
debía contabilizarse dicha figura no desde la petición de copias de 2005, sino el
oficio de 2008 donde el juzgado confesó que el bien no aparecía; por lo que, contar
el término desde 2005 es castigar al ciudadano por «esperar» a que la justicia
hiciera su trabajo.
1.5. Trámite
Mediante auto del 12 de marzo se admitió la demanda constitucional y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión 3.
A su vez, se dispuso la vinculación de los ministros del Interior y de Justicia y
del Derecho, de la directora ejecutiva de Administración judicial, del presidente
del Consejo Superior de la Judicatura y de la señora Odette Liñán8, en calidad
de terceros interesados.
8
De conformidad con el escrito radicado el 17 de marzo de 2026, la parte actora precisó el
segundo apellido de dicha vinculada e informó que envió la notificación a la señora Odette Liñán
Sánchez al correo vilmapalma_67@hotmail.com y al abonado celular/WhatsApp 3117194401,
con respuesta satisfactoria.
A su vez, la Secretaría General de la corporación también envió dicha notificación, pero al
correo electrónico vilmapalma_@hotmail.com; la cual resultó fallida porque la dirección estaba
incompleta.
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1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
La autoridad judicial demandada se opuso a la prosperidad de la solicitud de
amparo, al considerar que no resulta procedente toda vez que no se cumple
con el requisito de la inmediatez. Y tampoco se expuso una justificación
razonable que explique la tardanza en su presentación.
Refirió que el 9 de marzo de 2026 se radicó la acción de tutela contra la
decisión proferida el 6 de julio de 2020, la cual quedó ejecutoriada el 24 de
septiembre de 2020 de conformidad con el sistema de consulta de procesos
Samai, es decir, transcurrió aproximadamente cinco años y quince días
después de conocida la decisión.
Agregó que tampoco se acreditó el presupuesto de la relevancia constitucional,
en tanto que la parte accionante pretende crear, indebida e injustificadamente,
una instancia adicional frente a una sentencia en la que se hizo un correcto
análisis fáctico, probatorio y jurídico, ya que la providencia se sustentó en
derecho y con base en los medios de prueba valorados de manera razonada e
integral.
Resaltó que en la providencia acusada se abordó expresamente el estudio de la
caducidad de la acción de reparación directa de conformidad con las reglas
previstas en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Adujo que en la decisión demandada se precisó que el término de caducidad
debe contabilizarse a partir del momento en que se produce el daño o desde
cuando el interesado tiene conocimiento del mismo y que por tal razón, se
examinaron las circunstancias particulares del caso con el fin de determinar el
hito fáctico a partir del cual debía iniciarse el cómputo del término bienal.
Mencionó que se advirtió que admitir que el término de caducidad se compute a
partir del momento en que el demandante sostiene haber tenido certeza del
daño implicaría dejar al arbitrio subjetivo del interesado la determinación del
inicio del término legal, lo cual resulta incompatible con la naturaleza de orden
público de la institución de la caducidad.
Refirió que la sentencia acusada se encuentra debida y puntualmente
soportada en los elementos fácticos, probatorios y jurídicos aplicables al caso
sobre la base de una debida y ponderada valoración probatoria en el ámbito de
la autonomía funcional de la sala de decisión.
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Consideró que es manifiestamente improcedente e infundada la acción de tutela
promovida por el actor mediante la cual pretende, caprichosamente, revivir un
debate procesal ya concluido como si se tratara de una instancia adicional.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3
La secretaria de dicha corporación informó que el proceso ordinario fue
archivado en la caja 4-D01-2021, pero que a la fecha no ha sido posible ubicar
dicha caja ni el expediente físico y que, por tanto, se procedió a su búsqueda en
atención a un daño por fuga de aguas residuales ocurrido en el archivo del
tribunal.
1.6.3. Ministerio de Justicia y del Derecho
Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o
que en su defecto se deniegue lo pretendido, puesto que en la sentencia de
segunda instancia demandada se declaró su falta de legitimación en la causa
por pasiva, por lo que no se le atribuyó responsabilidad alguna.
1.6.4. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Nivel Central
Esta entidad pidió que se deniegue el amparo constitucional solicitado por la
parte actora puesto que no ostenta legitimación material en la causa por pasiva
respecto de los hechos que motivan la presente acción.
1.6.5. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Cartagena
Esta entidad solicitó que se deniegue por improcedente la acción de tutela
puesto que no existe legitimación en la causa por pasiva, ni existe relevancia
constitucional respecto de los derechos fundamentales invocados con relación a
esta Dirección Seccional.
1.6.6. Archivo Central Seccional Bolívar, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Esta dependencia indicó que luego de revisar la relación no se halló ubicación y
constancia de recibido del proceso 222-2010 (índice de Samai 21, al que
posteriormente se referirá la parte accionante).
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1.7. Intervención posterior de la parte actora
1.7.1. Con memorial radicado el 24 de marzo de 2026, el accionante se
pronunció sobre los informes presentados por las demandadas y vinculadas por
«incumplimiento probatorio, falta de personería y presunción de veracidad».
1.7.2. Mediante escrito separado y con la misma fecha anterior, la parte
accionante indicó que de conformidad con el documento del índice 21 del
aplicativo Samai, el 24 de marzo de 2026, el Archivo Central Seccional Bolívar
informó formalmente que, tras la búsqueda del proceso de reparación directa
000-2010-00222-00 «no se halló ubicación y constancia de recibido» del mismo,
lo cual, a su juicio, ratifica una vulneración sistemática al debido proceso bajo
las siguientes precisiones:
i) Omisión en la verificación de la verdad real e integración del expediente: la
sentencia atacada incurrió en un defecto fáctico por falta de iniciativa probatoria
judicial. Tanto el Tribunal de Bolívar como el Consejo de Estado en 2020, en su
calidad de directores del proceso, omitieron el uso de sus facultades de tutela
efectiva para decretar la prueba de oficio consistente en la incorporación de las
actuaciones del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena.
ii) Fallo sobre un expediente mutilado: al no haber exigido la remisión del
proceso civil, la sección tercera falló basándose en un expediente de reparación
directa incompleto. Esta «miopía procesal» impidió valorar cuándo cesó
realmente la custodia del Estado sobre el bien y cuándo pudo el actor conocer
el daño. Resulta imposible determinar la caducidad sobre una base probatoria a
la que le falta su pieza fundamental: la acción cambiaria.
iii) Confesión de extravío y prueba imposible: el hecho de que hoy el Archivo
Central admita que no encuentra rastro del expediente de 2010 (Índice 21),
ratifica que el Estado no puede garantizar la integridad de las pruebas que dice
haber «valorado debidamente». Es un contrasentido jurídico que se le exija al
accionante —un adulto mayor de 80 años— soportar las consecuencias de una
caducidad calculada sobre un vacío probatorio que el mismo Estado generó y
ahora reconoce mediante el extravío de los autos.
iv) Proactividad de la parte vs. inacción del juez: Es imperativo resaltar que esta
representación agotó los medios a su alcance ante el Juzgado Tercero Civil y el
Archivo Central, obteniendo respuestas negativas. Ante este escenario, era
deber del juzgador ejercer su poder oficioso para reconstruir o traer al proceso
los hitos procesales que interrumpían la caducidad, en lugar de sacrificar el
derecho sustancial por un rigorismo procesal omisivo.
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Sostuvo que la contestación de la autoridad judicial demandada corresponde a
un excesivo rigorismo formal y que, en el caso concreto debe efectuarse una
integración de unificación con las sentencias « SUJ-004 DE 2016 Y SU-2020)»,
puesto que la caducidad no puede contabilizarse de manera arbitraria cuando
existe una omisión administrativa continuada y una imposibilidad fáctica del
actor de conocer el daño, especialmente cuando el propio aparato judicial
extravía o ignora la integridad de los expedientes que sustentan el derecho
reclamado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción de
tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20159, así como en el Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
2.2.1. Legitimación en la causa por pasiva
2.2.1.1. Las Direcciones Ejecutivas de Administración Judicial, Nivel Central y
Seccional Cartagena manifestaron que no cuentan con legitimación en la causa
por pasiva y, por ende, solicitaron su desvinculación de esta acción de tutela.
Al respecto, la sala no accederá a la solicitud de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial puesto que su vinculación en la acción de tutela se
originó en que la Rama Judicial integró también la parte demandada en el
proceso ordinario, objeto de esta acción, la cual intervino en aquel puesto que
su representación recae en esta entidad.
En cuanto a la seccional, se precisa que esta fue integrada en atención a que
las circunstancias fácticas relatan que se demandó la responsabilidad del
Estado por la presunta falta de vigilancia y custodia respecto de una motonave
que fue embargada y secuestrada en marzo de 1984, a instancias de un
proceso ejecutivo que fue archivado en el año 2002; no obstante, en el archivo
de la Dirección de Administración Judicial de la Seccional Bolívar, no fue
hallado el expediente y, ello dio origen a la reparación directa objeto de esta
acción de tutela.
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Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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2.2.1.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva puesto que en el proceso ordinario objeto
de esta demanda, así se declaró.
De la revisión de la providencia de segunda instancia acusada, en efecto, se
encuentra que respecto de dicho ministerio la autoridad judicial demandada
declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva; por tanto, en esta sede
constitucional así se dispondrá.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales de
la parte actora con ocasión de la sentencia del 6 de julio de 2020, emitida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en el proceso de reparación
directa con radicado 13001-23-31-000-2010-00222-01 (45977), el cual promovió
contra el entonces Ministerio del Interior y de Justicia y la Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta configuración de los defectos
fáctico, sustantivo y por exceso ritual manifiesto.
Así las cosas, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la sección
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
10
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
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judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.11
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es
necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como
expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela constituye
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.12
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
11
Ibidem.
12
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.5.1. Inmediatez
En relación con dicho presupuesto general de procedencia, es oportuno indicar
que la acción de tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de
proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados,
lo que supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz. 13
De ahí que el presupuesto objeto de estudio exija que la tutela se presente tan
pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración
de los derechos fundamentales o por lo menos dentro de un término prudencial
y consecuencial a su ocurrencia.
En criterio de la sección, el plazo prudencial es de 6 meses contados desde la
ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el día hábil siguiente
a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que da lugar a la
solicitud de protección y la presentación de esta y cuando este es excesivo se
declara su improcedencia.
A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y
se pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias
fueron fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya
tesis es acogida por esta sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:
i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
13
El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos...».
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antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.14
La parte actora consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales con
ocasión de la sentencia del 6 de julio de 2020, emitida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B en el proceso de reparación directa con
radicado 13001-23-31-000-2010-00222-01 (45977), el cual promovió contra el
entonces Ministerio del Interior y de Justicia y la Rama Judicial, Consejo
Superior de la Judicatura, por la presunta configuración de los defectos fáctico,
sustantivo y por exceso ritual manifiesto.
Lo anterior, porque el accionante estimó que con dicha providencia de segunda
instancia se declaró la caducidad de la acción sin tener en cuenta que el
conocimiento del daño alegado, esto es, la pérdida de la motonave denominada
«Cantadora» de su propiedad, que fue embargada y secuestrada en el marco
de un proceso ejecutivo, no ocurrió el 2 de marzo de 2005 como se señaló en la
providencia sino el 7 de abril de 2008, fecha en la cual la Rama Judicial emitió
certificación oficial sobre la pérdida definitiva del bien y porque se omitió valorar
que el daño es de carácter continuado hasta tanto aparezca la embarcación.
Para ello, entre otros argumentos, el actor consideró que acreditó el
cumplimiento del presupuesto de la inmediatez porque la demora no obedeció a
su desdén, sino una barrera estructural impuesta por el mismo sistema judicial,
además porque es un ciudadano de más de 80 años que fue víctima de la
pérdida de su único patrimonio a manos del propio Estado, aunado a que alegó
que la vulneración de sus garantías constitucionales es continua y actual, pues
se trata de un daño de tracto sucesivo que no cesa mientras la motonave
«Cantadora» continúe desaparecida bajo custodia estatal y sin resarcimiento.
Así las cosas, se encuentra que, de conformidad con los datos registrados en el
aplicativo Samai, la providencia de segunda instancia se notificó mediante
correo electrónico enviado el 15 de septiembre de 2020 y también se notificó
por edicto electrónico del 17 al 21 del mismo mes y año; mientras que la acción
de tutela de la referencia se radicó el 9 de marzo de 2026.
Por lo que, desde que cobró ejecutoria la providencia hasta la fecha de
radicación de este mecanismo constitucional ha transcurrido más de los 6
meses que se consideran oportuno para ello.
14
Ver sentencias T-016 de 2006, T-1044 de 2007, T-166 de 2010 y T-576 de 2010.
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Esto quiere decir que no se cumplió el presupuesto de procedibilidad analizado,
pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir al juez
constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite deducir que se
ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación.
Es necesario recordar que controvertir una providencia judicial supone
cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que
el juicio sobre el requisito de la inmediatez en este tipo de asuntos resulta ser
estricto, máxime cuando solo se requiere que la decisión cuestionada se
encuentre ejecutoriada para que la persona acuda ante el juez constitucional
para solicitar el amparo de sus derechos, por lo que se impone al interesado
que lo haga en un plazo pertinente, salvo justificación razonable, carga que le
corresponde alegar a la parte accionante, la cual se echa de menos en el
presente caso.
Finalmente, se advierte que si bien la parte actora intentó justificar su tardanza
alegando que el daño lo originó la propia administración y que es continuado
porque la motonave no ha aparecido, lo cierto es que estos motivos
corresponden al asunto objeto de la litis del proceso ordinario, mas no a la
causa por la cual deba eximirse de aplicar el término razonable de los seis
meses para promover la acción constitucional contra la providencia judicial que
resolvió aquel caso concreto.
Por lo que, se precisa que pese a que el actor indicó su tardanza se debe a una
«indefensión material y cognitiva por su avanzada edad y precariedad
económica», lo cierto es que la edad o la falta de recursos por sí solos no
implican o justifican la inacción o ponen a la persona en indefensión. Tampoco
se trata de un daño continuado pues la providencia objeto de demanda se
emitió en una fecha cierta, esto es, el 6 de julio de 2020 y su notificación y
ejecutoria ocurrió como se expuso en precedencia.
Así, lo que se cuestiona en esta sede de tutela no es el presunto daño
continuado que se configura según el actor, ni el defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, sino los yerros que el demandante le atribuye a la
decisión judicial que puso fin al proceso ordinario; de modo que, ni la edad, ni el
presunto daño continuado, ni las fallas en el sistema judicial son justificaciones
para no promover la acción de tutela en el término antes mencionado, pues
estos se refieren al asunto del proceso original.
En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de tutela toda vez que
carece del presupuesto de la inmediatez.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud relacionada con la falta de legitimación en la
causa por pasiva de las Direcciones Ejecutivas de Administración Judicial, Nivel
Central y Seccional Cartagena.
SEGUNDO: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Ministerio de Justicia y del Derecho, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Eduardo Víctor Liñán García por no cumplir el requisito de la inmediatez.
CUARTO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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