Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01878-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01878-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01878-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01878-01
Accionante: Eduardo Víctor Liñan García
Accionados: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 16 de abril
de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
Eduardo Víctor Liñán García, mediante apoderado judicial1, interpuso acción de
tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la propiedad privada, a la
igualdad y al principio de confianza legítima y buena fe, los cuales estimó vulnerados
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado al proferir la
sentencia del 6 de julio de 2020, mediante la cual revocó la providencia del 29 de
mayo de 2012 del Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, declaró de oficio
la caducidad del medio de control de reparación directa identificado con el radicado
13001-23-31-000-2010-00222-01.
2. Hechos
2.1. Odette Liñán Sánchez, en representación de Eduardo Víctor Liñán García,
interpuso demanda de reparación directa3 contra la Nación – Ministerio del Interior
y de Justicia y la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, con
el fin de que se declarara su responsabilidad por la pérdida de la motonave La
1 Obra en el certificado 14CD655CC38B7649 942968546C94851E F0C01E46C3D6188D 55E1E99A4B2712C9,
índice 2.
2 Obra en el certificado F6AFA0FED6218641 4F61F2C77F990DEB 78AAC59EC8029CBF
2543CF0AB98FE2A2, índice 2.
3 Folios 1 – 13 del certificado 311C356F19F0AFA7 0821D2C3216B764F 8DE0A5D8210E9F91
D86C57823877D3F2, índice 52 del expediente 13001233100020100022201.
2
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Accionante: Eduardo Víctor Liñán García
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Cantadora4, mientras se encontraba secuestrada, vigilada y custodiada por el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena de Indias.
2.2. El 29 de mayo de 20125, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las
pretensiones de la demanda.
2.3. Inconforme, la parte demandante interpuso recurso de apelación6, el cual fue
resuelto por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 6 de
julio de 20207, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, revocar la providencia
recurrida y, en su lugar, declarar de oficio la caducidad del medio de control.
Como fundamento, se consideró que se tenía certeza de que la motonave fue
embargada y secuestrada en marzo de 1982; desde entonces, el actor no volvió a
tener noticias de ese bien ni retornó a su patrimonio. Así, tras el recuento de las
actuaciones procesales surtidas ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Cartagena, se concluyó que, pese a no haberse determinado una fecha precisa de
ocurrencia del hecho lesivo, consistente en la pérdida del vehículo acuático, para el
2 de marzo de 2005 el demandante ya tenía pleno conocimiento del daño.
En ese sentido, el término para demandar oportunamente feneció el 3 de marzo de
2007; como la demanda se presentó el 7 de abril de 2010, se declaró extemporánea.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante consideró vulneradas sus prerrogativas constitucionales, por
las siguientes razones:
3.1. El 2 de marzo de 2005 elevó una solicitud formal ante el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Cartagena, encaminada a obtener la devolución inmediata de la
motonave. No obstante, aunque esta Alta Corporación afirmó que dicha actuación
demostraba el conocimiento del daño, la petición constituyó, en realidad, un acto de
4 Folio 1, ibid.
5 Folios 2 – 17 del certificado 5E930CD5A86FE5E8 C5279746F1CC4B72 B498BE6BB85633B0
0395A8B9BAA027FD, índice 52 del expediente 13001233100020100022201.
6 Folios 25 – 30, ibid.
7 Folios 166 – 188, ibid.
3
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confianza legítima en la administración de justicia, con la expectativa de recuperar
el patrimonio. Además, para esa fecha no se había emitido una certificación oficial
sobre la pérdida definitiva, por lo que existía un estado de incertidumbre procesal,
mientras el expediente se hallaba en búsqueda.
Adicionalmente, con fundamento en el dictamen pericial naval practicado en enero
de 2010, se demostró que para ese momento aún se discutía administrativamente
la pérdida del bien, lo que desvirtuó el conocimiento cierto del daño desde 2005.
3.2. Respecto del requisito de inmediatez, reconoció que la sentencia atacada fue
proferida en el año 2020; no obstante, sostuvo que estuvo sometido a circunstancias
de indefensión material y cognitiva, debido a la avanzada edad y a la precariedad
económica, aunado a que la demora del aparato judicial generó una barrera
estructural en el acceso a la administración de justicia. En ese sentido, consideró
desproporcionado exigir el término de seis meses para ejercer el mecanismo
constitucional.
Sumado a ello, argumentó que existe una vulneración continua y actual de los
derechos fundamentales, de carácter sucesivo, mientras la motonave permanezca
desaparecida bajo custodia estatal, sin que se haya producido resarcimiento alguno.
Adicionalmente, justificó la demora en la crisis sanitaria global y en las restricciones
operativas derivadas de la pandemia, así como en la complejidad de reconstruir un
expediente que el Estado reconoció haber extraviado. Asimismo, señaló que acudió
a consultas aisladas con abogados cuyos honorarios no pudo sufragar, y que las
rutas de defensa pública ofrecidas por la Defensoría del Pueblo o los consultorios
jurídicos no constituían alternativas evidentes ni de fácil acceso.
3.3. También afirmó que existió una relación estrecha entre la falla del servicio que
pretendió demostrar en el proceso ordinario y la configuración de un defecto fáctico,
toda vez que se acreditó que la motonave fue sustraída del comercio y que se actuó
en contravía de los deberes de custodia y vigilancia del bien, lo que permitió su
desaparición y la pérdida del expediente. En consecuencia, al ignorar estas
circunstancias al momento de declarar la caducidad, se configuró el defecto
alegado.
4
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En esa línea, sostuvo que no permaneció en desidia entre 1982 y 1999; por el
contrario, realizó gestiones en los años 1999, 2000, 2006 y 2008, las cuales fueron
ignoradas por los despachos judiciales.
De igual forma, consideró que el defecto fáctico también se configuró porque el
Tribunal Administrativo de Bolívar fundamentó su decisión en una supuesta
ausencia de prueba de los perjuicios, sin valorar el dictamen pericial que establecía
el valor de la motonave y el lucro cesante derivado de su pérdida.
3.4. Asimismo, argumentó que se configuraron un defecto sustantivo y un exceso
ritual manifiesto en el cómputo de la caducidad, el cual debió realizarse no desde la
solicitud de copias de 2005, sino a partir del oficio de 2008 emitido por el juzgado
de conocimiento.
3.5. Finalmente, consideró vulnerado el principio de confianza legítima y estimó que
la demora excesiva del Estado no puede constituir fundamento para declarar la
caducidad en perjuicio del ciudadano, pues ello implicaría que la Administración se
beneficie de su propia culpa.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“Con todo respeto, Honorable Magistrado, solicito que se sirva efectuar las
siguientes declaraciones y órdenes:
PRIMERA: AMPARAR de manera definitiva los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA JUSTICIA y PROPIEDAD PRIVADA del
señor EDUARDO VÍCTOR LIÑÁN GARCÍA, sujeto de especial protección
constitucional por su avanzada edad y el estado de indefensión derivado de
una mora judicial de 44 años.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida en el
año 2020 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por configurar una Vía de Hecho basada en un defecto fáctico y sustantivo que
hace imposible la justicia material.
TERCERA: PRETENCIÓN PRINCIPAL - FALLO DE FONDO DIRECTO (SIN
REENVÍO).
Solicito al Honorable Juez de Tutela que, en ejercicio de la facultad excepcional
reconocida por la Corte Constitucional (Sentencias SU-120 de 2003 y T-110 de
2011), ASUMA LA COMPETENCIA PARA DICTAR SENTENCIA DE FONDO
5
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Y REEMPLAZO dentro de este mismo trámite constitucional. Esta petición se
fundamenta en la avanzada edad del accionante (80 años), el estado de
vulnerabilidad del mismo y la mora judicial sistémica de cuarenta y cuatro (44)
años desde la incautación del bien. Devolver el expediente al Consejo de
Estado (reenvío) constituiría una carga desproporcionada y una nueva
vulneración al "plazo razonable" (Art. 8.1 CADH), perpetuando una denegación
de justicia que ya ha superado cuatro décadas.
CUARTA: LIQUIDACIÓN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL.
Como consecuencia de la pretensión anterior, solicito que en la sentencia de
fondo se reconozca la responsabilidad objetiva del Estado y se ordene el pago
de OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS ($86.592.400.000). Esta suma no es una estimación subjetiva, sino el
resultado técnico de la productividad probada del bien y el peritaje de 2010,
valores que deben ser indexados hasta la fecha del pago efectivo, garantizando
el principio de reparación integral (Art. 16 Ley 448 de 1998) y evitando que
consideraciones económicas marchiten el derecho sustancial (Sentencia T-028
de 2022).
QUINTA: PRETENCIÓN SUBSIDIARIA - ORDEN DE REEMPLAZO
PERENTORIA.
En el evento en que Su Señoría considere que no debe asumir el fallo de fondo
directo, solicito de manera SUBSIDIARIA que se ORDENE a la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado proferir sentencia de reemplazo
en un término perentorio e improrrogable de quince (15) días hábiles, bajo
advertencia de incidente de desacato inmediato, tomando como hito de certeza
el Oficio No. 576 de 2008 y acatando los lineamientos de valoración probatoria
expuestos en esta tutela.
SUFICIENCIA PROBATORIA: Como se acreditó con el Certificado de Registro
de Panamá, el Despacho No. 26 (Acta de Secuestro) y el Oficio No. 576 de
2008 (Confesión de pérdida), el daño antijurídico y la responsabilidad del
Estado están plenamente probados. No existe necesidad de practicar nuevas
pruebas ni de realizar valoraciones jurídicas complejas que el Juez de Tutela
no pueda realizar de plano.
EVITACIÓN DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE: El actor ha esperado casi
medio siglo por una respuesta judicial. La eficacia del amparo constitucional
depende de que la reparación sea pronta y definitiva, ordenando la
indemnización indexada según el dictamen pericial que obra en el plenario.”8.
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 12 de marzo de 20269, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y al Tribunal
Administrativo de Bolívar; y, como terceros con interés, al Ministerio del Interior, al
8 Folios 14 – 15 del certificado F6AFA0FED6218641 4F61F2C77F990DEB 78AAC59EC8029CBF
2543CF0AB98FE2A2, índice 2.
9 Obra en el certificado 95230F633358FF0E 43E1F4CEAC737297 F4C81E90DE0191BA 138320A069A5CBE8,
índice 4.
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Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a Odette Liñán García 10.
5.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho11 informó que se acogería a lo probado
dentro del presente trámite constitucional y a lo aportado en el expediente de
reparación directa examinado. Además, señaló que resultaba necesario distinguir
entre el incumplimiento judicial de los deberes constitucionales que genere una
vulneración de derechos y la percepción errada del actor, según la cual, si no se
accede a sus pretensiones, el juez incumple su función. Por lo anterior, solicitó
declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto, negar las pretensiones del
amparo.
5.3. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado12 sostuvo que
la presente demanda tuitiva no cumplía con el requisito de inmediatez y, luego de
rendir informe sobre sus actuaciones, afirmó que la providencia cuestionada efectuó
un análisis expreso, razonado y debidamente sustentado del cómputo de la
caducidad realizado.
Además, aclaró que la comunicación expedida el 7 de abril de 2008 por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Cartagena no constituyó una certificación sobre la
pérdida definitiva de la motonave, sino una respuesta a una solicitud de copias del
expediente ejecutivo, en la que se informó que había sido remitido al archivo y, por
tanto, no era posible suministrar información sobre la ubicación de la embarcación.
En ese sentido, como no se reveló un hecho nuevo en relación con la situación del
bien, dicha actuación no tuvo la virtualidad de modificar el momento en que el
demandante tuvo conocimiento del daño.
Sumado a lo anterior, también se argumentó que, frente a las pruebas relacionadas
con los perjuicios derivados del daño reclamado, estas resultaban irrelevantes en
relación con el cómputo de la caducidad, toda vez que, si dicha situación se prolongó
en el tiempo, guardaba relación con la continuidad de los perjuicios, mas no con el
10 Los soportes de notificación obran en los índices 7 y 15.
11 Obra en el certificado 7C0695DA723D3965 B6229118D125A974 0E52EC8C3B9BA051
ACFF3DBDAA258861, índice 11.
12 Obra en el certificado 19A07940F3F4632C 93BC0AD11B76B494 3B651AAE3ACD2C5B
DAE25994E786918C, índice 12.
7
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momento en que se consolidó el daño. Para ello, precisó la diferencia entre los
conceptos de daño instantáneo o inmediato y daño continuado o de tracto sucesivo.
Finalmente, advirtió que la verdadera intención del actor era reabrir un debate
procesal ya concluido, como si se tratara de una instancia adicional.
5.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Cartagena13 solicitó
que se declarara la improcedencia del mecanismo constitucional, por cuanto no se
encontraba legitimada en la causa por pasiva, la acción de tutela no superaba el
requisito de relevancia constitucional ni existía vulneración alguna de derechos
fundamentales que le fuera imputable.
5.5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central14 propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y expuso que la acción de
tutela pretendía reabrir un debate ya decidido por la jurisdicción competente, con el
fin de obtener una decisión distinta a la adoptada dentro del proceso ordinario.
5.6. La parte actora allegó memorial15, mediante el cual justificó la procedencia de
la solicitud de amparo y afirmó que la pérdida de la motonave constituía un daño
que se actualiza cada día que la Administración omite su deber de restitución, por
lo que no se trata de un acto instantáneo agotado.
Además, sostuvo que la tardanza en interponer el mecanismo constitucional
obedeció a una situación de derrota material, al desconocimiento de las rutas de
defensa técnica, a una brecha cognitiva, así como a la pandemia y a la suspensión
de términos ocasionada por esta.
También reiteró que el término de caducidad no debió contabilizarse mientras el
Estado mantuviera al actor en una situación de incertidumbre, al ofrecerle una
respuesta que indicaba que su expediente se encontraba en estado de búsqueda;
por lo tanto, debió tenerse el Oficio 576 del 7 de abril de 2008 como el momento en
que obtuvo una respuesta objetiva, emanada de la autoridad judicial, respecto del
13 Obra en el certificado BBDD70C2ADE26285 3018427E4528A44F 68195F64D6E98696
86CEDAD5E1D99F60, índice 17.
14 Obra en el certificado E90E7DA959D2CA30 9AB3CDCB521EF147 450A41DCEE4D8D8A
88255F02F5B5F459, índice 18.
15 Obra en el certificado B3B6C4EF2A76495D 4A09995ED53076D4 DA8FC77DD6D4DC69
FC7156194CA229DE, índice 19.
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estado de su asunto particular. Asimismo, se opuso a los argumentos expuestos por
la parte demandada y por los terceros vinculados, y solicitó desestimar la
contestación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al estimar que
quien la suscribió no allegó poder ni acreditó acto administrativo que lo facultara
para representar judicialmente a la entidad, y, textualmente, requirió:
“Dada la avanzada edad del accionante (80 años) y el tiempo transcurrido
desde la pérdida de la motonave, el reenvío del proceso a la Sección Tercera
resultaría en una carga desproporcionada que haría nugatorio el derecho (Daño
consumado por el paso del tiempo).
Por tanto, con fundamento en la Sentencia SU-074 de 2022, solicito
respetuosamente que este Honorable Despacho dicte FALLO DE
REEMPLAZO, procediendo a desatar el fondo del asunto con base en las
pruebas aportadas, reconociendo la responsabilidad objetiva y ordenando la
indemnización correspondiente en un término no superior a 15 días”16.
5.7. El Archivo Central de la Dirección de Administración Judicial Seccional Bolívar17
informó que no halló ubicación ni constancia de recibido del proceso con radicado
“222-2010”18.
5.8. La parte actora allegó un escrito19 en el que consideró que el informe del Archivo
Central de la Seccional Bolívar constituyó un hecho nuevo que ratificó el defecto
fáctico invocado, toda vez que, ante la falta de iniciativa probatoria judicial para
decretar pruebas de oficio, se profirió un fallo con fundamento en un expediente
incompleto, lo que impidió valorar con certeza cuándo se pudo conocer realmente
el daño. Así, estimó que resultaba un contrasentido jurídico exigir al actor soportar
las consecuencias de la declaración de caducidad, calculada con base en vacíos
probatorios.
5.9. El Tribunal Administrativo de Bolívar20 informó que no había logrado ubicar el
expediente físico requerido.
16 Folio 5, ibid.
17 Obra en el certificado A53A365FCBCB6936 CD43BDC474234633 FD722B3FD5630A0E
1DEAC928A74C33A1, índice 21.
18 Folio 1, ibid.
19 Obra en el certificado 21A95B1719EE7DCD A00A3F7CB2541D4D 14AE1EA15D62E3D9
D15036CFFB03A1DB, índice 22.
20 Obra en el certificado 3515790993A77496 C8BAA8CF87A2C126 4A5DAFBECF7104FB
BEA37805081ACE8A, índice 25.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01878-01
Accionante: Eduardo Víctor Liñán García
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5.10. Como consecuencia, el actor reiteró21 que dicha respuesta por parte del
Tribunal Administrativo de Bolívar ratificó lo denunciado en su solicitud de amparo.
5.11. Los demás interesados guardaron silencio.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 16 de abril de 202622, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por las
Direcciones Ejecutivas de Administración Judicial del Nivel Central y de la Seccional
Cartagena, así como por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Además, declaró
improcedente el amparo impetrado, dado que no superó el requisito de inmediatez.
6.1. El a quo expuso que la providencia de segunda instancia censurada se notificó
el 15 de septiembre de 2020, mientras que la acción de tutela se presentó el 9 de
marzo de 2026; en consecuencia, el plazo de seis meses establecido por la
jurisprudencia como razonable para ejercer el mecanismo de amparo fue superado.
6.2. Adicionalmente, advirtió que, frente a los argumentos mediante los cuales la
parte demandante intentó justificar su tardanza, ninguno resultaba próspero, dado
que el hecho de que el daño hubiera sido originado por la propia Administración y
que se considerara continuado mientras la motonave no fuera ubicada se
relacionaba con aspectos propios del litigio ordinario, mas no con la causa por la
cual debía flexibilizarse el requisito de inmediatez.
Además, en lo relativo a la alegada indefensión material y cognitiva derivada de su
avanzada edad y precariedad económica, consideró que tales circunstancias, por sí
solas, no justifican la inacción ni configuran una situación de indefensión. Asimismo,
señaló que no existió un daño continuado, dado que la providencia reprochada fue
emitida en una fecha cierta.
21 Obra en el certificado 9E436C9E216759C5 94728272F560C6CC 611D5235F2547C86
4566510D84C7ADCA, índice 26.
22 Obra en el certificado 82737BD62655DC40 32818EB70BF73CCB 3CA32414A58CDB13
01E4ADB882166681, índice 28.
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7. Razones de la impugnación
La parte accionante presentó23 escrito de impugnación24, el cual sustentó mediante
los siguientes argumentos:
7.1. Consideró que existió una asimetría que derivó en la vulneración de los
derechos del actor, evidenciada en que el demandado en el proceso ordinario fue
el Estado, mientras que el demandante era una persona de 80 años, por lo que
aplicar el mismo rigor respecto del principio de inmediatez vulnera el derecho a la
igualdad material. Asimismo, expuso que, para el ciudadano, el litigio en discusión
representaba el resarcimiento de su único patrimonio, mientras que para el Estado
constituía únicamente un número de radicado y un eventual pago administrativo.
Adicionalmente, reiteró que el actor tendría que afrontar las consecuencias de la
pandemia, la pérdida del expediente y la negligencia del sistema judicial.
7.2. Además, invocó el principio de prevalencia del derecho sustancial y consideró
que la aplicación del requisito de inmediatez en el fallo impugnado constituyó un uso
abusivo del derecho procesal para evitar el estudio de fondo de una vulneración
causada por el propio Estado y que este se niega a reparar.
7.3. Asimismo, puso de presente que en primera instancia constitucional se omitió
considerar que, durante el trámite de la tutela, en el índice 21 de Samai, la
administración de justicia reconoció que no cuenta con el expediente ni en formato
físico ni digital; por lo tanto, el término de inmediatez no puede correr en contra de
quien se encuentra ante una imposibilidad material de actuar, debido a la
incertidumbre generada por el propio Estado.
7.4. Insistió en que fue un hecho notorio que, entre 2020 y 2022, la administración
de justicia enfrentó cierres físicos y una transición digital abrupta; además, el actor
desconocía las rutas gratuitas ofrecidas por la Defensoría del Pueblo, no contaba
con el conocimiento técnico para afrontar la complejidad de una tutela contra
providencia judicial, se encontraba en imposibilidad económica y la inexistencia del
expediente constituyó una barrera adicional.
23 Obra en el certificado 1CEFF2772AD7605D C03F71ADBC75780F 2D2C36E845FCEBC3
785D6F25FB63B86C, índice 34.
24 Obra en el certificado 804F29C37271B1AF 63534187E09ADF87 B025BD29EFE4A465
C9BA4DCA1AC10844, índice 34.
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7.5. Reiteró que la afectación no se configuró en 2020, sino que se mantiene con el
paso del tiempo, al persistir la falta de resolución de la situación patrimonial del actor
por la pérdida de su motonave; por ello, se confundió la fecha del fallo con la
vigencia de la vulneración y la existencia de un perjuicio actual. Asimismo, afirmó
que se incurrió en una lectura parcial y descontextualizada de la Sentencia T-256
de 2015 de la Corte Constitucional y que no existió una valoración desde un enfoque
de interseccionalidad. De esta manera, textualmente solicitó:
“Solicito respetuosamente a la Honorable Sección Primera del Consejo de
Estado:
REVOCAR en su integridad la sentencia del 16 de abril de 2026 dictada por la
Sección Quinta, la cual declaró la improcedencia por falta de inmediatez.
AMPARAR de manera definitiva los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad material y dignidad
humana de mi poderdante, el señor EDUARDO VÍCTOR LIÑÁN GARCÍA.
EMITIR FALLO DE REEMPLAZO (Sentencia sustitutiva): Dado que el
expediente cuenta con los elementos de juicio suficientes y en virtud de la
urgencia manifiesta por la edad del accionante (80 años), solicito que la Sala
no devuelva el proceso al inferior, sino que decida el fondo del asunto así:
A. Dejar sin efectos la providencia de la Subsección B de la Sección Tercera
que declaró la caducidad oficiosa en 2020.
B. Ordenar la reparación directa a favor del accionante, consistente en el pago
de la indemnización por la pérdida de la motonave, debidamente indexada con
el IPC causado desde la fecha de la pérdida hasta el pago efectivo.
C. Disponer que, en caso de que el Estado persista en la imposibilidad de
reconstruir el expediente (conforme a la confesión del Índice 21 SAMAI), se dé
pleno valor probatorio a las certificaciones y copias aportadas por esta
representación, en aplicación del principio de buena fe y favorabilidad al
administrado”25.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
8.1. Mediante auto del 29 de abril de 202626, el a quo concedió la impugnación.
8.2. La parte actora allegó alegatos de conclusión27 y manifestó que su situación de
vulnerabilidad no constituía un evento abstracto, sino una realidad médica
25 Folios 12 – 13, ibid.
26 Obra en el certificado CDDE677CA2369932 6AE5ECC4159E8D7A 471972B5103CBC40
27716B062A8F0BB7, índice 41.
27 Obra en el certificado 84AA465E7E87771F BF546C8072EA4E7A BDAAF57FC12E9CCA
C92210A6A452050F, índice 4 de segunda instancia.
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documentada en las historias clínicas que anexó como pruebas sobrevinientes. Así,
explicó que, si bien dichos documentos corresponden a los años 2025 y 2026, sus
patologías son de carácter crónico y degenerativo, diagnosticadas desde 2016; por
lo tanto, de conformidad con la Sentencia T-300 de 2023, debe flexibilizarse el
requisito de inmediatez. Adicionalmente, reiteró los argumentos expuestos tanto en
la demanda de tutela como en los distintos memoriales presentados con
anterioridad.
8.3. Finalmente, puso en conocimiento de esta autoridad judicial28 la Sentencia
STC17525-2025, proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte
Suprema de Justicia, con el fin de que se aplicara dicho criterio jurisprudencial con
enfoque diferencial, para superar el juicio de inmediatez.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 16 de abril de 2026 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos
generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si las providencias
censuradas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales alegada.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
28 Obra en el certificado CF834C05BAA36E3C CA12F8D67D363460 A8F57B8ED3D0BE71
7595AB18E9E3432A, índice 10, ibid.
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requisitos de procedibilidad29 y de procedencia30 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso
concreto
4.1. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de
agosto de 201431, especificó que la inmediatez es una condición que permite
concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si se
interpuso en un periodo razonable, para cuyo efecto fijó como regla general “un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso”32.
Sin embargo, para determinar la oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido
entre la firmeza de la providencia acusada y el momento en que fue interpuesta la
solicitud de amparo, cuando este sea mayor a 6 meses, la jurisprudencia
constitucional ha insistido en que en cada caso concreto se evalúe este
presupuesto, a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela.
4.2. En el presente litigio, aunque se señaló como accionados tanto al Tribunal
Administrativo de Bolívar como a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, conviene precisar que los reproches formulados son claros en indicar
que la imputación de la presunta vulneración de derechos fundamentales se
relaciona con la decisión de declarar, en segunda instancia, la caducidad del medio
de control de reparación directa. En esa misma línea, dado que la sentencia del 6
de julio de 2020 puso fin al asunto ordinario, será este fallo el que se tendrá en
cuenta para efectos de analizar el requisito de inmediatez.
29 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
30 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
31 Expediente 2012-02201.
32 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, Exp. 2012-02201.
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Así, se tiene que, según el edicto electrónico proferido por la Secretaría de la
Sección Tercera del Consejo de Estado33, la sentencia de segunda instancia del 6
de julio de 2020 quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de 2020. En consecuencia,
como la acción de tutela se radicó el 9 de marzo de 202634, se impone concluir que
la solicitud de amparo fue presentada por fuera del término dispuesto por la
jurisprudencia, el cual fenecía el 24 de marzo de 2021; en otras palabras, el
mecanismo constitucional se ejerció aproximadamente cinco (5) años después de
la oportunidad establecida para controvertir providencias judiciales.
4.3. Ahora bien, la Sala coincide con los argumentos del a quo en cuanto a que la
supuesta existencia de un daño continuado, derivado de la falta de entrega o
resarcimiento de la motonave que fue propiedad del tutelante, así como la pérdida
del expediente, son cuestiones relacionadas con la caducidad del medio de control,
susceptibles de discusión en el trámite ordinario, las cuales no inciden en el cómputo
de la inmediatez en sede constitucional, el cual se determina a partir de la fecha de
ejecutoria del fallo de segunda instancia, toda vez que a dicha providencia se le
imputó la vulneración de los derechos fundamentales aquí invocados.
4.4. Sumado a ello, aunque el actor pretende justificar la tardanza en las barreras
generadas por la pandemia por COVID-19, si bien este fue un hecho notorio, no es
posible tenerlo como una circunstancia que justifique su inactividad, toda vez que
dicha situación ocurrió hace ya seis años y, de conformidad con el Acuerdo
PCSJA20-11567 de 2020, la suspensión de términos derivada de la pandemia se
levantó oficialmente el 1 de julio de 2020, fecha anterior a la notificación y ejecutoria
de la providencia aquí reprochada.
4.5. Ahora bien, en relación con las historias clínicas y los diagnósticos aportados
durante el trámite de segunda instancia, la Sala no desconoce las afectaciones de
salud acreditadas en dichos documentos; sin embargo, aunque en ellos se
evidencia el tratamiento adelantado por el actor, no se desprende la existencia de
un padecimiento de tal entidad que le hubiera impedido, por completo, acudir a la
acción constitucional durante un término de seis años.
33 Obra en el folio 189 del certificado 5E930CD5A86FE5E8 C5279746F1CC4B72 B498BE6BB85633B0
0395A8B9BAA027FD, índice 52 del expediente 13001233100020100022201.
34 El domingo 8 de marzo de 2026 a las 9:51 pm, según el correo que obra en el certificado
0F8BCAECED3CFDC5 699A29F790CB5035 06245229A7180BF7 B8589C77A93FBC2D, índice 2.
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Asimismo, frente al argumento relativo a la existencia de barreras de acceso a la
administración de justicia y al desconocimiento de las vías gratuitas ofrecidas por la
Defensoría del Pueblo y los consultorios jurídicos, no obra prueba de que el tutelante
hubiera siquiera intentado acudir a dichas entidades o que hubiese adelantado
alguna diligencia ante los abogados privados que mencionó; por lo tanto, se advierte
que se trata de una afirmación que no resulta suficiente para flexibilizar el requisito
de inmediatez.
Finalmente, el actor hizo mención de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia
que, a su juicio, debía ser tenida en cuenta en el presente análisis; no obstante, la
mera referencia a dicha providencia, sin que se hubiera aportado ni explicado las
razones por las cuales sus fundamentos fácticos y jurídicos resultan similares a los
del caso concreto, impide a este juez constitucional tomar ese fallo como sustento
en el presente asunto.
4.6. En ese sentido, es claro que la solicitud de amparo no cumplió con el requisito
de inmediatez y no se observa la configuración de alguna situación que amerite su
flexibilización.
5. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 16 de abril de
2026, dado que la solicitud de amparo resulta improcedente.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 16 de abril de 2026, por las
razones expuestas ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
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TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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