Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01879-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01879-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01879-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01879-01
Accionante: Neyder Guillen Lerma
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Escalafón docente.
Decisión: Revocar para, en su lugar, negar el amparo por no configurarse el
defecto alegado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 8
de mayo de 2026 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Neyder Guillen Lerma ostenta la calidad de docente oficial en la categoría
2BE del escalafón regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
3. Entrelos años 2008 y 2009 el Gobierno Nacional dispuso incrementos
porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial de los empleados del
Estado.
4. Inconforme, la accionante presentó reclamación administrativa ante la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de Educación del departamento del
Cesar, con la finalidad de que se le reconocieran y pagaran las diferencias salariales
derivadas de los incrementos desiguales e injustificados decretados entre los años
2008 y 2009.
5. Sin embargo, la entidad territorial y el Ministerio de Educación negaron la petición
mediante los oficios 2024-EE-057041 del 27 de febrero de 2024 y
CES2024ER008409- CES2024EE004231 del 1° de marzo de 2024,
respectivamente.
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Acción De Tutela
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Accionante: Neyder Guillen Lerma
6. En consecuencia, el señor Neyder Guillen Lerma interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
departamento del Cesar, con el objetivo de que se inaplicara por ilegal el Decreto
284 de 2024, se declarara la nulidad de los actos administrativos previamente
mencionados y a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales correspondientes.
7. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar, mediante sentencia
del 13 de junio de 2025, negó las pretensiones de la demanda, argumentando que
la diferencia salarial se fundamentaba en criterios objetivos como nivel de estudios,
experiencia y escalafones alcanzados, por lo que las diferencias salariales no
implicaban necesariamente la violación del derecho a la igualdad.
8. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia
del 4 de septiembre de 2025, confirmó la decisión judicial anterior.
2.2. Fundamento jurídico
9. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
• Sustantivo: debido a que desconoció el régimen normativo que gobierna la
estructura salarial del personal docente, particularmente la Ley 4ª de 1992 y
el Decreto Ley 1278 de 2002, los cuales exigen que la remuneración se
determine con base en criterios objetivos.
• Fáctico: por «una indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico
planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo que el
mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel
inferior del escalafón (…), respondiera a razones objetivas, verificables y
debidamente fundamentadas. Ello, por cuanto no se allegó prueba alguna
que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha
decisión administrativa, por lo que, si no se tomó en cuenta la Ley 1278 de
2002, (…) resulta imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos
incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el expediente
ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto, lo que genera una
profunda incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión
administrativa que avaló este incremento salarial desigual».
2.3. Pretensiones
10. La parte accionante solicitó:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia
proferida el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo
número 20-001-33-33-008-2024 00214-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) NEYDER GUILLEN LERMA, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida
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Acción De Tutela
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por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio
obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente NEYDER GUILLEN LERMA a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el
debate jurídico».
2.4. Intervenciones
11. Por medio del auto del 16 de marzo de 2026, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al
Tribunal Administrativo del Cesar como accionado y a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y departamento del Cesar – Secretaría de Educación como
terceros interesados en el resultado del proceso.
12. ElTribunal Administrativo del Cesar informó que, tanto los juzgados
administrativos del circuito de Valledupar como el Tribunal Administrativo del
Cesar, han mantenido una línea uniforme en los asuntos relacionados con el
incremento salarial del escalafón docente, en el sentido de desestimar las
pretensiones de las demandas presentadas.
13. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar remitió link del
expediente digital.
14. El Ministerio de Educación Nacional solicitó ser desvinculado por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la acción de tutela no se
dirige en su contra.
2.5. Sentencia impugnada
15. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 8 de mayo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por
falta de relevancia constitucional, al considerar que los argumentos desarrollados
por la parte accionante no acreditan una vulneración de derechos fundamentales,
sino que se encamina a reabrir una controversia resuelta por el juez natural y
expone discrepancias de carácter eminentemente legal, en la medida en que la
autoridad judicial accionada se apoyó en una interpretación razonable del régimen
normativo aplicable y en el análisis del material probatorio allegado al proceso.
2.6. Impugnación
16. La parte accionante interpuso recurso de impugnación contra la decisión judicial
anterior, para lo cual argumentó que el asunto objeto de controversia sí reviste
relevancia constitucional, pues compromete de manera directa los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso. También indicó que la autoridad
judicial se equivocó al considerar que se trata de un asunto meramente económico,
pues dicho argumento desconoce que el núcleo del conflicto radica en un trato
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diferenciado dentro del escalafón docente. Además, reiteró los defectos
desarrollados en la acción de tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
18. Si bien la parte accionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en
un defecto fáctico, lo cierto es que su planteamiento resultó genérico, en la medida
que no identificó de manera concreta cuáles pruebas considera que no se
valoraron en debida forma y la incidencia que su análisis hubiera tenido en el
sentido de la decisión, motivo por el cual no satisface la carga mínima
argumentativa que imponga su estudio en sede de tutela. En consecuencia, esta
Subsección se abstendrá de analizar dicha causal, en caso de superarse los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
3.3. Problema jurídico
19. El problema jurídico se circunscribe en determinar si la acción de tutela cumple
los requisitos exigidos para cuestionar providencias judiciales, en especial el de
relevancia constitucional. En el evento en que así sea, deberá establecerse si el
Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en el defecto sustantivo al proferir la
sentencia del 4 de septiembre de 2025, al interior del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 20-001-33-33-008-2024-00214-01.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
20. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
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los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
23. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
24. Si bien la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, esta
Subsección considera que sí se encuentra cumplido dicho requisito, en la medida
en que se alega en debida forma la existencia de un defecto sustantivo relacionado
con el desconocimiento de la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002. Por
lo tanto, se procederá a verificar el cumplimiento de los demás requisitos.
25. Se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, debido a que la parte
accionante agotó todos los mecanismos idóneos de defensa antes de acudir a la
acción de tutela.
26. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio
en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que quedó ejecutoriada la providencia objeto de cuestionamiento,
esto es, el 16 de septiembre de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es
decir, el 9 de marzo de la presente anualidad.
27. No se alegó una irregularidad procesal.
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28. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de
sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
29. No se trata de sentencias de tutela
30. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
1. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic)
que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite
la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En
suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de
la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de
juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»1.
2. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando
la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento
del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto
que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía
e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha
facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada,
1Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra
limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de
Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión
que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce
ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se
adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador»2.
3. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la
normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
3.5.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto
4. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto sustantivo, debido a que desconoció el régimen normativo que gobierna la
estructura salarial del personal docente, particularmente la Ley 4ª de 1992 y el
Decreto Ley 1278 de 2002, los cuales exigen que la remuneración se determine
con base en criterios objetivos.
5. Sobre el particular, la autoridad judicial accionada consideró lo siguiente:
«Conforme a lo expuesto, la asignación básica de los docentes y directivos
docentes del sector oficial, regulados por el Decreto-ley 1278 de 2002, se
establece anualmente en una suma fija. Por tanto, el aumento salarial no se
calcula aplicando un porcentaje sobre el valor del año anterior, sino que se fija
directamente mediante decreto.
La Ley 4ª de 1992 otorga al Gobierno Nacional la facultad de fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, incluida la población
docente, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 1278 de 2002.
Esta facultad debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley
marco, los cuales incluyen:
• La obligación de realizar incrementos anuales para contrarrestar la inflación.
• La prohibición de desmejorar salarios y prestaciones sociales.
En este contexto, la Sala no comparte la tesis del apelante, quien sostuvo que
los incrementos desiguales en el año 2009 afectaron negativamente su base
2 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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salarial. Dado que el valor de la asignación no se determina por incrementos
porcentuales acumulativos, sino por montos fijos establecidos anualmente, por
lo que no se configura la afectación alegada.
El apelante también argumentó que los aumentos diferenciados constituyen
una práctica discriminatoria. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
sido clara al señalar que el principio de igualdad no exige aumentos idénticos
para todos los servidores públicos.
(…)
En consecuencia, el Gobierno Nacional puede fijar incrementos diferenciados,
siempre que se basen en criterios técnicos, objetivos y dentro del marco de la
ley. La Constitución y la Ley 4ª de 1992 otorgan al Ejecutivo un margen de
configuración normativa que permite establecer reglas especiales para
distintos grupos de servidores públicos, sin que ello implique una vulneración
del principio de igualdad, siempre que dichas reglas respondan a diferencias
verificables y razonables.
Por tanto, no resulta acertado afirmar, como lo sostiene el recurrente, que el
Gobierno Nacional está impedido para fijar incrementos salariales
diferenciados entre los distintos grados y niveles del escalafón docente. La
Ley 4ª de 1992, en su artículo 2, literal h), otorga al Ejecutivo una amplia
potestad de configuración normativa, la cual debe ejercerse conforme a
criterios de política macroeconómica y fiscal.
Así, la decisión del Gobierno de aplicar aumentos diferenciados en el año 2009
se ajusta al marco normativo vigente y a la facultad constitucional conferida
para regular el régimen salarial de los empleados públicos.
El apelante también hizo alusión a la vulneración del principio de igualdad y
del principio de “a trabajo igual, salario igual”. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha reiterado que la igualdad protegida por la Constitución es de
carácter material, no formal.
(…)
De igual forma, el Consejo de Estado ha señalado que el trato diferenciado es
constitucionalmente admisible cuando:
• Existen diferencias fácticas entre los sujetos comparados;
• El trato desigual persigue una finalidad legítima;
• Dicha finalidad es razonable y proporcional;
• El trato desigual guarda coherencia interna con la situación diferenciada.
En este sentido, el principio de “a trabajo igual, salario igual” no impide
reconocer diferencias salariales cuando estas se sustentan en criterios
objetivos, como la formación académica o el nivel dentro del escalafón.
La estructura del escalafón docente, conforme al artículo 20 del Decreto 1278
de 2002, contempla tres grados (1, 2 y 3), definidos por el nivel de formación,
y cuatro niveles salariales (A, B, C y D), a los que se accede mediante
evaluaciones de desempeño y competencias.
Por ejemplo, el Decreto 714 de 2008 estableció asignaciones diferenciadas
dentro del grado 2, según si el docente acreditaba o no título de
especialización, lo cual es coherente con los objetivos de profesionalización y
mérito establecidos en la Ley 4ª de 1992.
Por ello, considera la Sala, que no se configura una práctica discriminatoria
por el hecho de aplicar incrementos salariales diferenciados, siempre que
estos respondan a criterios verificables como la formación académica y el nivel
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alcanzado en el escalafón. La igualdad sustancial permite este tipo de
distinciones, en tanto no sean arbitrarias ni desproporcionadas». (Sic en toda
la cita)
6. De conformidad con lo anterior, esta Sala observa que las conclusiones a las
que arribó la autoridad judicial accionada no obedecieron al desconocimiento del
marco normativo aplicable, sino a una interpretación razonada y acorde a los
criterios establecidos en la Ley 4° de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, como
pasa a explicarse:
7. En efecto, la decisión judicial cuestionada analizó de manera detallada la
estructura del escalafón docente y precisó que los grados y niveles salariales
corresponden a diferencias objetivas asociadas a la formación académica a los
requisitos de ascenso previstos en la normatividad vigente.
8. Asimismo, el Tribunal explicó que la fijación de asignaciones salariales
diferenciadas según el nivel de formación profesional encuentra respaldo en los
criterios previstos en la Ley 4° de 1992, que autoriza al Gobierno Nacional a
establecer escalas remuneratorias basadas en factores como la capacitación,
experiencia y el mérito.
9. En ese sentido, la autoridad judicial accionada concluyó que el Decreto 714 de
2008, se ajustaba al marco legal, en la medida en que favorecía a quienes
acreditaban un mayor nivel académico, sin desconocer los principios de igualdad
y progresividad laboral.
10. Asílas cosas, esta Subsección estima que no se configurara el defecto
sustantivo, pues el Tribunal no fundamentó su decisión en normas contrarias al
asunto objeto de estudio, ni inaplicó disposiciones obligatorias. Tampoco interpretó
el ordenamiento jurídico de manera caprichosa o irrazonable.
11. Por el contrario, efectuó un análisis cualitativamente detallado del mismo,
acorde con el propósito de la ley marco y con la estructura del régimen salarial
docente, frente al cual concluyó que no resultaba adecuado comparar a empleados
ubicados en diferentes niveles salariales o exigir incrementos porcentuales
idénticos.
12. Lo que se evidencia entonces es una discrepancia de la parte accionante frente
a la decisión que resulta contraria a sus intereses, pero no representa la
vulneración de sus derechos fundamentales, ni configura el defecto alegado.
13. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez3, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.
3Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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14. En conclusión, la Sala considera que no se configuró el defecto sustantivo, toda
vez que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión en la Ley 4ª de
1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002 si trasgredir los derechos fundamentales
invocados por la accionante. Por lo tanto, se revocará la sentencia proferida el 8
de mayo de 2026 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela para, en su
lugar, negar las pretensiones de esta.
31. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2026 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el
señor Neyder Guillen Lerma, de conformidad con los motivos expuestos en
precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
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