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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01881-00

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01881-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo antes expuesto. SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por el señor Juan Carlos Palencia Pérez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01881-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01881-001
Demandante : Juan Carlos Palencia Pérez
Demandado : Tribunal Administrativo del Cesar
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional, municipio de
Valledupar y Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela

incoada por Juan Carlos Palencia Pérez contra el Tribunal Administrativo del Cesar,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

3. El señor Juan Carlos Palencia Pérez, quien actúa a través de apoderada judicial,

interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01881-00
Demandante: Juan Carlos Palencia Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

4. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 4 de septiembre de

2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia
de 7 de mayo del mismo año, en la que el Juzgado Octavo Administrativo de
Valledupar negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional y el municipio de Valledupar (expediente 20001-33-33-008-2024-00243-
00/01). En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva
decisión «[…] con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando
de manera concreta [su] situación particular […] a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico» .

1.3 Hechos2.

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por

el accionante, se puede evidenciar que, el 22 de agosto de 2024 instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el municipio de Valledupar (expediente 20001-33-33-
008-2024-00243-00/01), encaminada a obtener la anulación del oficio 2024-EE-
056838 (Con radicación relacionada N° 2024-ER-056499) del 27 de febrero de
2024, proferido por la Nación – Ministerio de Educación Nacional, y
VAL2024ER002543-VAL2024EE006050 del 16 de febrero de 2024, proferido por
el municipio de Valledupar; a través de los cuales se negó «[…] en primer lugar, la
inaplicación por ilegalidad del Decreto expedido en el año 2024 que fijó la escala salarial del
personal docente; y, en segundo lugar, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
expedidos por las autoridades demandadas. En consecuencia, solicitó se ordenara el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas durante los últimos tres (3) años
anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en virtud de la configuración del
fenómeno prescriptivo, así como de las que se causen hacia el futuro».

6. Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Octavo Administrativo de
Valledupar que, el 28 de marzo de 2025 negó las pretensiones, al estimar que «[d]e
esta manera, se tiene que, [el decreto 714 del 2008], consideró para realizar el ajuste salarial
correspondiente a dicha vigencia que, de acuerdo con el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002,
el salario de ingreso a la carrera docente regulada por éste, debía ser superior al que devengaran
los educadores regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979, además de que las asignaciones básicas
de los docentes del nuevo estatuto (Decreto 1278 de 2002), fueran equiparables a los salarios de
enganche de los profesionales de las ciencias sociales; y en virtud de ello, se modificó la asignación
básica mensual inicialmente estipulada en el artículo primero del Decreto 624 de 2008; lo que

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Demandante: Juan Carlos Palencia Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

explica el porcentaje de aumento en los distintos grados del escalafón. De modo que, los
incrementos que se definieron por el Gobierno Nacional, no obedecieron a una decisión caprichosa
de la administración que desconociera los derechos entre uno y otro nivel dentro del mismo o
diferente grado, sino que tuvo como fundamento, la materialización de los objetivos del Decreto
1278 de 2002, en el marco del proceso de profesionalización de la carrera docente».

7. Inconforme con esa decisión, la accionante interpuso recurso de apelación,
desatado el 4 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en
el sentido de confirmarla, con fundamento en que «[…] [d]esde este análisis, es posible
afirmar que no existe discriminación al aplicar incrementos salariales desiguales, pues si bien
desempeñan las mismas funciones, bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de
responsabilidad, la estructura del escalafón docente clasifica por grupos a los maestros oficiales
acorde con su formación académica y prevé que estos puedan ascender en el escalafón si cumplen
con los requisitos académicos y la evaluación del periodo de prueba, desempeño o competencias
según el caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y en el caso de estudio no se
evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso de escalafón».

8. Sobre la precedente situación, el actor expone que la providencia objeto de
censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables
al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002» ; (ii) defecto fáctico, porque, «desestimó las pretensiones de la
demanda sobre la base de una supuesta justificación relacionada con la corrección de una brecha
salarial, la cual no fue acreditada dentro del expediente ni respaldada en los decretos que
ordenaron los incrementos cuestionados, ya que dichos actos administrativos no aludieron en
forma alguna a tal situación […]»; y (iii) desconocimiento del precedente, al omitir «[…]
aplicar […] la sentencia C-1064 de 2001, que exige garantizar la igualdad sustancial en la fijación
de incrementos salariales».

II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 13

de marzo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cesar; y, (ii) dispuso vincular a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional, municipio de Valledupar y el Juzgado
Octavo Administrativo de Valledupar, en los términos del artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

3

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Demandante: Juan Carlos Palencia Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

2.1.1 Municipio de Valledupar -Secretaría de Educación3 requirió declarar
improcedente la acción del asunto, debido a que la acción de tutela no cumple con
el requisito de la relevancia constitucional dado que su pretensión busca «[…] reabrir
mediante la acción constitucional, un debate meramente legal, que ya había sido ampliamente
analizado y definido como corresponde por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa».

2.1.2 Tribunal Administrativo del Cesar4 Solicitó que se declare improcedente la
acción del asunto, porque revisar las actuaciones atacadas se circunscribe en
reabrir el debate constitucional ya clausurado.

2.1.3 Ministerio de Educación Nacional5 pidió que se declare improcedente la
acción constitucional y advierte su falta de legitimación en la causa por pasiva;
Argumenta que la controversia recae sobre una providencia judicial que no fue
proferida por el Ministerio de Educación Nacional y que la entidad no ha desplegado
ninguna acción u omisión que vulnere los derechos de la accionante.
Adicionalmente, alega que no se cumplen los requisitos excepcionales para que
una tutela proceda contra providencias judiciales y resalta una evidente ausencia
de relevancia constitucional, puesto que el debate planteado es de naturaleza
estrictamente económica y legal, excediendo la competencia del juez de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

10. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción.

11. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada

por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de

3
Índice 11 del expediente judicial en Samai.
4
Índice 14 del expediente judicial en Samai.
5
Índice 15 del expediente judicial en Samai.
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cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Legitimación en la causa del Ministerio de Educación Nacional

12. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

13. El Ministerio de Educación Nacional deprecó su desvinculación del presente
trámite constitucional, al carecer de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
no es la llamada a cumplir las pretensiones de la accionante; al respecto, la Sala
advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de tercero con
interés, por ser la entidad demandada dentro del proceso contencioso en cuestión,
esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que, se
negará su solicitud.

3.4 Problema jurídico.

14. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 4
de septiembre de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la providencia de 7 de mayo del mismo año, en la que el Juzgado Octavo
Administrativo de Valledupar negó las pretensiones formuladas en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la tutelante contra la Nación
• Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Valledupar (expediente 20001-
33-33-008-2024-00243-00/01) y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva invocadas en la solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

1. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional6 y de la Sala

6
Sentencia C-590 de 2005.
5

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Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado7, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

2. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

3. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos

7
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01881-00
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fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.6 Caso concreto.

15. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno, por tratarse de una sentencia emitida en
segunda instancia; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 16
de septiembre de 20258 y la solicitud de amparo se presentó el 9 de marzo
siguiente, es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.

16. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y fáctico,
comoquiera que, pese a que la actora alegó también el desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación normativa relacionada con
el incremento salarial del escalafón docente, por lo que, en virtud del principio de
oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de
manera extensiva el escrito inicial9, resulta procedente analizar este trámite a partir

8
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 9 de septiembre de 2025, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 11 siguiente, conforme al artículo 205 (numeral 2)
del CPACA.
9
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].

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de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.

3.6.1 Defecto sustantivo.

17. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

18. La jurisprudencia constitucional10 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 11.

19. En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada

incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables al caso,
particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley
1278 de 2002», avalando un trato discriminatorio y desigual entre categorías del

escalafón docente.

20. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,

concluyó:

Al tenor de la jurisprudencia trascrita, es posible concluir que, si bien es necesario
aumentar los salarios de los servidores públicos cada año con el fin de contrarrestar el
efecto de la inflación, el incremento entre unos y otros puede ser diferente teniendo en
cuenta políticas macroeconómicas y fiscales del país.

En este contexto, sería erróneo afirmar, conforme manifestó el recurrente, que el
Gobierno Nacional está imposibilitado para fijar valores en los que se aumente la

15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
10
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
11
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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asignación salarial diferente entre los escalafones y niveles salariales de los docentes,
en otras palabras, que el aumento salarial debe ser igual para todos los docentes cada
año, lo indicado por el apelante pierde sustento, toda vez que el Gobierno Nacional
cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar los valores de
incremento salarial cada año y los mismos deben obedecer a razones de política
macroeconómica y fiscal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2°, literal “h” de la
Ley 4ª de 1992.

Además, la naturaleza de las leyes marco consiste, no sólo en establecer unas
limitantes para disponer sobre determinadas materias, sino que, dada la complejidad
de algunas de ellas y tendencia al cambio, corresponde al Gobierno Nacional
reglamentarlas cada cierto tiempo de acuerdo con la realidad del país, como es el caso
de las asignaciones salariales de los servidores públicos.

En consecuencia, pretender que los aumentos salariales no dependan de la situación
socioeconómica del país sería, por un lado, abstraerse de la realidad, por cuanto las
condiciones económicas son mutables por diferentes factores, algunos de ellos
intempestivos, y por otro, desconocer la potestad de configuración normativa que ha
sido reconocida al ejecutivo por la Constitución Política.

En este contexto, sería erróneo afirmar, tal como lo señala el apelante, que el Gobierno
Nacional está imposibilitado para fijar valores en los que se aumente la asignación
salarial porcentualmente desigual entre los diferentes escalafones y niveles salariales
de los docentes, en otras palabras, que el porcentaje de aumento salarial debe ser igual
para todos los docentes cada año, pues el Gobierno Nacional cuenta con una amplia
potestad de configuración normativa para fijar los valores de incremento salarial cada
año, obedeciendo los mismos a razones de política macroeconómica y fiscal de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 2, literal “h” de la Ley 4 de 1992.

[…]

Del mismo modo, se tiene que la estructura del escalafón docente se encuentra
conformada por 3 grados (1, 2 y 3), en el que serán ubicados con base a su formación
académica, y, 4 niveles salariales en los que se inscribirán o ascenderán, una vez
superado la evaluación del período de prueba o las evaluaciones de desempeño y
competencias, conforme fue dispuesto en el artículo 2018 y siguientes del Decreto 1278
de 2002.

Ahora bien, para el año 2008 fue expedido en el mes de febrero, el Decreto 624, que
fijó la asignación básica mensual para los docentes del grado 2, distinguiendo sólo por
grado de escalafón y nivel salarial, no obstante, por medio del Decreto 714 de marzo
del mismo año, se modificó el decreto anterior en el sentido que se fijó para los
docentes del grado 2 en sus distintos niveles, una asignación diferente para quienes
tuviesen título de especialización y quienes no, beneficiando a quienes tuvieran mejor
nivel de formación profesional, lo cual se encuentra conforme con los objetivos y
criterios de la Ley 4 de 1992.

En el caso concreto se evidencia que, el demandante ubicado en el escalafón 3CM,
está inconforme con el aumento del salario del grado 3DM respecto al suyo, es decir,
con un grupo que si bien comparte el mismo grado, se encuentra en diferente nivel
salarial, pues uno se encuentra en el nivel D y el otro en el nivel C; en esa medida,
aunque es cierto que el incremento de quienes se encuentran en el escalafón 3DM fue
mayor respecto a los miembros del escalafón 3CM, éstos corresponden a niveles
salariales diferentes, por tanto, no podría predicarse en ellos la igualdad, porque no lo
son, acorde con la estructura de la población docente, dejando infundado el argumento
de desigualdad alegado por la parte activa.

Además; pese a que se evidencia una diferencia en el porcentaje de aumento ente los
niveles 3CM y 3DM, al nivel 3DM le correspondió una asignación salarial superior frente
a quienes se encontraban en el nivel 3CM, por lo que el decreto demandado acató los
criterios y objetivos del artículo 2° de la Ley 4ª de 1992, toda vez que el nivel 3DM es
de una categoría superior a la 3CM, hecho que destaca nuevamente su desigualdad.

9

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Demandante: Juan Carlos Palencia Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Desde este análisis, es posible afirmar que no existe discriminación al aplicar
incrementos salariales desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones,
bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del
escalafón docente clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación
académica, y, prevé que éstos puedan ascender en el escalafón, si cumplen con los
requisitos académicos y la evaluación del período de prueba, desempeño o
competencias según el caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002, sin
que se advierta en el caso de estudio, que la parte activa haya solicitado el ascenso de
escalafón.

21. De lo expuesto se colige que, de conformidad con el Tribunal, la parte actora

partió de un parámetro de comparación inválido al equiparar grados distintos del
escalafón docente12, por lo que explicó que el principio de igualdad salarial solo es
aplicable entre pares del mismo grado y nivel, ya que cada uno exige distintos
requisitos de formación académica, ingreso y evaluación, además, la decisión
resalta que la parte demandante no cumplió con la carga de probar la
inconstitucionalidad de los decretos, ni demostró que los incrementos salariales
diferenciados vulneraran el estándar de remuneración mínima, vital y móvil o que
hubieran sido inferiores al Índice de Precios al Consumidor de los años
cuestionados.

22. Contrario a lo indicado por el tutelante, el Tribunal aplicó un análisis razonado

del Decreto Ley 1278 de 2002 para sustentar su fallo al estudiar la normativa,
específicamente los artículos 20 y 21 del mencionado decreto, el accionado
argumentó que la diversidad en el escalafón docente responde a un objetivo
legítimo de profesionalización, por ello concluyó que el tratamiento diferenciado
aplicado por el Gobierno Nacional está justificado constitucionalmente, pues
reconoce las distintas exigencias de cualificación y progresión profesional de cada
grado, operando dentro del margen de configuración discrecional, mas no arbitrario,
que otorga la ley para dignificar la carrera docente.

23. Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio

fijado por esta subsección en un asunto de miliares contornos13, según el cual, «[…]
El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional propio del juicio
de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al
desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de
cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, reciben una remuneración diferente.
Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de
un parámetro objetivo, discernible y razonable que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia

12
3CM frente a 3DM.
13
Expediente 25000-23-42-000-2013-01319-01 (2828-2018), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01881-00
Demandante: Juan Carlos Palencia Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la
aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos». (Énfasis propio).

24. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo del Cesar ya había resuelto

con suficiente motivación la inconformidad planteada por el tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo de 28 de marzo de 2025, en el que el
Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar negó las pretensiones formuladas en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación
• Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Valledupar (expediente 20001-
33-33-008-2024-00243-00/01), la cual reiteró en esta acción de tutela (para lo cual
invocó las causales de defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del
precedente), lo que denota que su intención, más allá de manifestar la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.

25. En consecuencia, no se configuró el defecto sustantivo alegado por el
accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo debidamente
fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las pruebas y
postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.

3.5.2 Defecto fáctico.

26. Sea lo primero anotar, que una providencia judicial se encuentra viciada por el

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »14.

27. La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en

14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01881-00
Demandante: Juan Carlos Palencia Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra15.

28. El docente Juan Carlos Palencia Pérez reprochó que el Tribunal Administrativo

del Cesar omitió exigir y valorar pruebas que justificaran el incremento salarial
desigual en los siguientes términos: «el Tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria respecto del debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa, resulta
imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan
inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto»

29. Frente al defecto fáctico, la Sala denegará el amparo por considerar que la
demandante no enunció ningún medio de convicción que el juez colegiado debiera
haber examinado para demostrar que la actora no tenía derecho a la nivelación
salarial pretendida, ello es así, porque el Tribunal Administrativo no requirió analizar
material probatorio para sustentar su providencia, debido a que resolvió un estricto
punto de derecho frente a la aplicación de los decretos salariales.

30. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

IV. DECISIÓN

31. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la actora

no acreditó que la providencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, hubiere incurrido en defecto sustantivo. Por tal motivo, se
negará la solicitud de amparo.

32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

15
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
12

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01881-00
Demandante: Juan Carlos Palencia Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional, de conformidad con lo antes expuesto.

SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados
por el señor Juan Carlos Palencia Pérez, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13

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