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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01888-00

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01888-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Yamile Calvo Betancur en contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01888-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

27 de abril de 2026

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01888-00
Accionante: Yamile Calvo Betancur

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01888-00
Accionante: Yamile Calvo Betancur
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional -
Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Yamile Calvo Betancur contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Yamile Calvo Betancur, por intermedio de apoderada judicial 1, interpuso acción de tutela
en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio
de favorabilidad2, los cuales estima vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, con ocasión del fallo del 25 de septiembre de 2025, mediante el cual se
confirmó la sentencia del 25 de marzo de 2025 proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Pereira, que negó las pretensiones de la demanda dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado número 66001-33-33-007-2024-00266-00/02.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. La accionante afirmó que ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 3AM
del escalafón docente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

1
Poder conferido a la abogada Cindy Tatiana Torres Sáenz. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
8A5ABFFA6E17A548 B029DA004AC795DA D2DC9E9EB2531DC4 7A0AEDCD043566EF.
2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado CE7BA41EF42AB255 85E30906F9CC5CE5 9A61DD12876DDEC8

EF5CC8937E906E5B

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01888-00
Accionante: Yamile Calvo Betancur

2.2. Señaló que el Gobierno Nacional estableció incrementos salariales homogéneos
para el personal docente entre 2005 y 2007; no obstante, en las vigencias 2008 y 2009
dispuso aumentos porcentuales diferenciados en la asignación básica salarial, sin que, a
su juicio, existiera una motivación suficiente que los justificara. Añadió que esa situación
se corrigió a partir del año 2012, cuando se retomó un esquema uniforme de incrementos.

2.3. Con fundamento en lo anterior, la accionante presentó reclamación administrativa
ante la Nación-Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del
departamento de Risaralda con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de los incrementos que considera desiguales para las
vigencias 2008 y 2009. Lo anterior, con fundamento en la presunta desigualdad en los
incrementos salariales aplicados a las categorías 3DM y 3AM en los años 2008 y 2009.

Dicha solicitud fue resuelta de manera desfavorable por la Secretaría de Educación del
departamento de Risaralda y el Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Finanzas de la
Nación – Ministerio de Educación Nacional.

2.4. Ante dicha negativa, la señora Calvo Betancur formuló demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de
Educación Nacional y el departamento de Risaralda. En dicha demanda solicitó la
inaplicación por ilegalidad del Decreto 284 de 2024, que a su vez derogó el del Decreto
Nacional 887 del 2 de junio de 2023, Decreto Nacional 449 de 2022, Decreto Nacional
965 de 2021 y Decreto Nacional 319 de 2020 y/o declarar la nulidad de los decretos que
lo modifiquen, adicionen, aclaren o revoquen, con relación con la asignación salarial que
correspondió a la categoría 3AM, en el entendido que los salarios de los 3 años anteriores
a la fecha de realización de la reclamación, debieron ser superiores a lo ordenado por
estas disposiciones del orden nacional.

Adicionalmente, solicitó que se ordene la inaplicación de los demás decretos nacionales
que sean expedidos con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, que
modifiquen la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al
servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media con referencia a los
incrementos salariales que se realicen irregularmente con posterioridad al año 2024 y
hasta momento de la ejecutoria de la sentencia.

De igual manera, deprecó la nulidad del oficio del 28 de febrero de 2024 expedido por el
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Finanzas de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y del acto ficto que se produjo con ocasión del silencio del departamento de
Risaralda ante la reclamación presentada por el accionante el 6 de febrero de 2024, a
través de los cuales se niega al demandante el derecho a la diferencia en el incremento
salarial que fue decretado de manera desigual en el año 2011.

Pidió que se declarara que tenía derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
salariales causadas en los últimos 3 años anteriores a la reclamación, por haber operado
la prescripción trienal en los demás años y que la diferencia tenga efectos fiscales hacia
el futuro. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, deprecó que se condenara a las entidades demandadas al reconocimiento y

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Accionante: Yamile Calvo Betancur

pago de las diferencias salariales causadas en los últimos 3 años anteriores a la
reclamación y las que se llegaron a causar en el futuro, teniendo en cuenta la afectación
a su salario en ese tiempo.

De igual forma, solicitó se conden ara a la demandada a reconocer el pago de la
reliquidación de la prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones,
bonificación pedagógica, horas extras, cesantías anualizadas y demás emolumentos
percibidos por la parte actora los últimos 3 años anteriores a la reclamación. Además,
que se condenara a la parte demandada a reconocer el pago del ajuste del poder
adquisitivo aplicado desde el momento que debió pagarse la mensualidad e intereses
moratorios desde la fecha en que se causare el derecho.

2.5. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Pereira, bajo el radicado número 66001-33-33-007-2024-00266-00. Mediante
sentencia del 25 de marzo de 2025, dicha autoridad judicial negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos
conforme al ordenamiento jurídico, en tanto el Gobierno Nacional, al expedir el decreto
que modifica el régimen salarial, respetó la obligación de no regresión que impone el
principio de progresividad.

Igualmente, el juez aplicó un test de igualdad y concluyó que la diferencia en el
incremento salarial entre las categorías 3AM y 3DM está justificada, dado que, de
conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C -1169 de 2004,
los docentes que hacen parte del magisterio reciben un trato diferenciado derivado de los
estudios académicos y la fecha de ingreso al cargo, sin que ello implique una vulneración
al principio de igualdad. Por ello, consideró que no es desproporcional ni ilegítimo que se
garantice un mayor salario a quien se encuentra en un mayor nivel del escalafón; además,
puntualizó que un trato discriminatorio solo puede configurarse entre personas que se
encuentran en una misma condición, lo cual, a su juicio, no ocurre en el caso concreto.

Asimismo, respecto al principio de favorabilidad, expuso que este no es aplicable en la
situación objeto de análisis, en tanto no existe duda entre dos disposiciones normativas
aplicables al caso concreto, sino que existe una única disposición normativa a aplicar.

Además, determinó que no se vulneró el principio de progresividad, debido a que el
Gobierno Nacional siguió las directrices legales y constitucionales para fijar el régimen
salarial de los docentes, respetando el principio de no regresión en materia de derechos
sociales y prestaciones.

Finalmente, señaló que no procede la inaplicación por inconstitucionalidad del Decreto
284 de 2004, en tanto que, para que se conceda esta pretensión, se requiere un
desconocimiento manifiesto del ordenamiento jurídico, lo cual, conforme a lo explicado,
no ocurre en el presente caso. Por ello, resolvió negar las pretensiones y se abstuvo de
imponer condena en costas.

2.6. Inconforme con la decisión adoptada, la parte actora interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que la providencia carecía de un análisis exhaustivo y debidamente motivado

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Accionante: Yamile Calvo Betancur

por parte del fallador, en relación con los argumentos centrales de la demanda, en
particular, en lo concerniente a la ausencia de justificación de los incrementos
porcentuales diferenciados correspondientes a los años 2008, 2009 y 2011.

En ese sentido, afirmó que el juez de primera instancia omitió examinar si dicha
disparidad obedecía a una situación irregular o si, por el contrario, se sustentaba en una
causa objetiva y razonable. Asimismo, indicó que no se emitió pronunciamiento alguno
frente a la presunta falta de fundamentación del trato diferenciado en los incrementos
porcentuales aplicados a la base salarial.

Precisó que su reproche no se dirige a cuestionar la existencia de diferencias salariales
entre categorías, sino a evidenciar la ausencia de una justificación objetiva respecto de
los porcentajes de incremento, lo cual, a su juicio, configura un trato discriminatorio que
incide de manera acumulativa en la base salarial y perpetúa una situación de desigualdad
en el tiempo. De igual forma, alegó que los perjuicios generados a los docentes resultan
desproporcionados frente a los eventuales beneficios que dichas medidas podrían haber
producido en favor del sistema educativo

Igualmente, señaló que la medida vulnera el principio de proporcionalidad, debido a que
la misma no se justifica en un fin legítimo y está desprovista de fundamentos técnicos y
jurídicos que la respalden, quebrantando el principio de equidad y proporcionalidad
salarial. Además, sostuvo que la asignación salarial que se fijó en contravía de la
normativa aplicable ha sido replicada año tras año, por ende, la afectación causada no
se limitó al momento de la expedición de la normativa, sino que se ha replicado en años
posteriores, al ser base salarial para los incrementos que se realizaron en años
posteriores, ocasionando un defecto estructural.

Adicionalmente, manifestó que, en contravía de lo sostenido por el fallador, se configuró
una desproporción en la idoneidad de la medida, derivada de la ausencia de fundamentos
jurídicos y técnicos que respalden el incremento desigual entre los distintos n iveles del
escalafón. De igual forma, alegó que se vulneró el principio de igualdad, al desconocer
“el deber de tratamiento igual a supuestos de hecho equivalentes”.

2.7. Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Risaralda, confirmó la decisión impugnada. Para tal efecto, consideró que no existe
disposición normativa ni precedente jurisprudencial que imponga al Presidente de la
República la obligación de fijar incrementos salariales en idéntica proporción para los
docentes ubicados en distintos niveles del escalafón.

Asimismo, sostuvo que los incrementos diferenciados no tienen carácter discriminatorio,
en tanto persiguen finalidades legítimas, como la preservación del poder adquisitivo y el
reconocimiento del nivel de formación de quienes se encuentran en categorías
superiores. De igual manera, señaló que los aumentos salariales diferenciados
obedecieron a una política de austeridad y control fiscal, que hizo necesario adoptar
medidas orientadas a la protección del gasto público y, de manera concurrente, al
incentivo de la calidad educativa.

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Accionante: Yamile Calvo Betancur

En ese contexto, concluyó que los incrementos salariales diferenciados se encuentran
respaldados en motivaciones válidas y suficientes; por consiguiente, confirmó la decisión
de primera instancia.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud 3

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al
principio de favorabilidad.

En consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 25 de septiembre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 66001-33-33-006-2024-
00266-02 y, en su lugar, ordenar la emisión de una decisión de reemplazo conforme a
las pretensiones planteadas en el proceso ordinario.

Para sustentar su solicitud, alegó la configuración de los siguientes defectos:

3.1. Defecto sustantivo. Sostuvo que la autoridad judicial accionada realizó una
interpretación irrazonable y desproporcionada de las normas aplicables, en particular del
artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002.

Indicó que se desconoció el alcance del principio de igualdad y del mandato de
progresividad, al reducir el análisis a una comparación abstracta entre grados del
escalafón, sin verificar la existencia de razones objetivas y constitucionalmente válidas
que justificaran la diferencia en los incrementos salariales dentro de un mismo año, pese
a tratarse de un régimen salarial unitario establecido por la Ley 4 de 1922.

3.2. Defecto fáctico. Señaló que el tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria, al no acreditar la existencia de motivos válidos que sustentaran el incremento
desigual de salarios entre los docentes.

En ese sentido, afirmó que no se allegaron al proceso elementos probatorios que
demostraran la existencia de razones que justificaran el incremento salarial, por lo que
cuestionó la legitimidad de la decisión administrativa. Al respecto indicó que, a su juicio,
“ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto, lo que genera
una profunda incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión
administrativa que avaló este incremento salarial desigual, por lo que la ausencia de
sustento en tales parámetros no solo vulnera el principio de igualdad material consagrado
en el artículo 13 de la Constitución, sino que también desnaturaliza los fines del servicio
educativo y compromete la legalidad del acto administrativo cuestionado”.

3 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 6DC4A71C8E4087FD C03237925E52EAFF CC257526E3E7127E

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Accionante: Yamile Calvo Betancur

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 10 de marzo de 20264 ,se admitió la acción de tutela; se vinculó en
calidad de terceros con interés al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira,
a la Nación-Ministerio de Educación Nacional y al departamento de Risaralda; se ofició
al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, para que remitiera a este
trámite el expediente identificado con el radicado número 66001-33-33-007-2024-00266-
00/02. Igualmente, se ordenó notificar a las partes y se dispuso la suspensión de los
términos.

Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.1. El Tribunal Administrativo de Risaralda 5, allegó copia digital del expediente
ordinario al presente trámite. Asimismo, la magistrada Dufay Carvajal Castañeda solicitó
que se declare la improcedencia de la acción, al considerar que no se configuran los
requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. En
particular, precisó que la solicitud carece de relevancia constitucional, en tanto el debate
“no trasciende la controversia propia del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho”.

La magistrada sostuvo que la decisión proferida el 25 de septiembre de 2025 no
desconoció la Constitución, la ley ni la jurisprudencia aplicable. Agregó que, si bien el
juez constitucional puede, de manera excepcional, examinar providencias judiciales
cuando estas resulten arbitrarias, ello no implica que deba fungir como una instancia
adicional ni que pueda imponer una interpretación jurídica distinta por estimarla más
acertada frente a la adoptada por el juez natural.

A su juicio, la parte actora no identifica de manera clara el defecto en que habría incurrido
la providencia cuestionada, sino que pretende imponer su propia interpretación sobre el
asunto debatido, lo cual corresponde al ámbito de competencia del juez ordinario y no del
juez constitucional.

En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en
subsidio, que se deniegue el amparo, al no evidenciarse la vulneración de derecho
fundamental alguno.

4.2. La Secretaría de educación del departamento de Risaralda 6 manifestó que el
desacuerdo con la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo de Risaralda en
la providencia cuestionada no configura un defecto sustantivo ni fáctico que habilite la
intervención del juez constitucional, debido a que el principio de autonomía e
independencia judicial impide que se cuestionen o desconozcan las providencias
judiciales ejecutoriadas.

4 Índice 00005 en el aplicativo SAMAI, certificado A6C026B73F6148B6 0E2A775AED4A645B 1FD083F9691F740C

87E24532DF5127E3.
5 Índice 00014 en el aplicativo SAMAI, certificado B268D7EE94C30AC1 1F3A53E42AB40B46 D84144DD2F1CB062
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6 Índice 00015 en el aplicativo SAMAI, certificado C0288A03FAFD94FF 393A37676F687A6B 31EF46F6B3B5760F

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Accionante: Yamile Calvo Betancur

Asimismo, sostuvo que el régimen salarial del sector docente se encuentra dentro del
margen de configuración normativa del Gobierno Nacional y que las diferencias salariales
no constituyen automáticamente una vulneración al principio de igualdad, a menos que
se constate una acción discriminatoria, asunto que ya fue estudiado por el juez
competente en el marco del proceso ordinario.

Por ello, la entidad manifiesta que se atiene a lo dispuesto por el Tribunal accionado, en
tanto no le compete reabrir el debate jurídico ya surtido.

4.3. La Nación-Ministerio de Educación Nacional7 solicitó que se declare la
improcedencia de la acción por ausencia de relevancia constitucional, en tanto la
controversia versa sobre un asunto de contenido eminentemente económico.

Indicó que, en el caso concreto, no se demuestra que las presuntas vulneraciones a los
derechos fundamentales invocados comprometan de manera grave la existencia o
subsistencia del accionante, ni su acceso a la administración de justicia. Asimismo,
señaló que tampoco se acreditó la existencia de una vulneración indirecta de derechos
fundamentales, en los términos desarrollados por la jurisprudencia constitucional.

Adicionalmente, solicitó su desvinculación del trámite, al considerar que no es la autoridad
responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados.

4.4. El Juzgado Séptimo del Circuito de Pereira8, allegó copia digital del expediente
ordinario al presente trámite. Sin embargo, guardó silencio respecto de la solicitud de
tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Yamile Calvo Betancur es la titular de los derechos fundamentales que afirma fueron
vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado núm. 66001-33-33-007-2024-
00266-00/02.

7 Índice 00018 en el aplicativo SAMAI, certificado 333A4358CBBA0F7C D779C2676BEC3DF1 0BE72201D6FC6179

6FE0AB8541E9ADA6.
8 Índice 00020 en el aplicativo SAMAI, certificado 1E51956CE7C7B113 AB09F906F42BA20B 196E4C841D404471
61B7855A3BBE5D8F

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Accionante: Yamile Calvo Betancur

2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto el Tribunal Administrativo de Risaralda fue la autoridad que profirió la decisión
que, según la parte accionante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 11.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artícu lo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 13.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la

12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
13 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 14.

5. Caso concreto

La Sala advierte, desde ahora, que la presente acción de tutela no satisface el requisito
de relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. La parte actora cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, al considerar que incurrió en: (i) un defecto sustantivo, por realizar, a su juicio,
una interpretación abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas
constitucionales y legales aplicables al caso, en particular del artículo 13 de la
Constitución Política, de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002; y (ii ) un
defecto fáctico, derivado de una presunta indebida valoración probatoria, en la medida
en que, según afirma, no obra en el expediente prueba que acredite la existencia de
motivos válidos que justifiquen la decisión administrativa adoptada.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, se advierte que, en la sentencia del 25 de septiembre de 2025, dicha autoridad
judicial arribó a las siguientes conclusiones:

“Itera esta colegiatura judicial que los criterios que el legislador señaló
específicamente en el numeral 2º del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, mediante la
cual se confirieron facultades extraordinarias al Presidente de la República para
expedir los decretos que se pide inaplicar, en virtud del principio de la configuración
legislativa, bien puede el legislador considerar que es necesario fijar unas diferentes
condiciones salariales para los docentes escalafonados de un grado, respecto de otro,
atendiendo unos parámetros, sin que ello signifique que se esté discriminado a los
docentes de uno u otro grado.

Ahora bien, debe reseñar esta Magistratura que no existe una norma, ni alguna
jurisprudencia o línea jurisprudencial que respalde la tesis de la parte demandante,
según la cual el Gobierno Nacional está obligado a realizar incrementos iguales para
todos los servidores públicos sin que importe o sea relevante su nivel y grado o incluso
para el caso concreto, para todos los docentes, quienes también tienen su propia
regulación específica al respecto (diferentes grados de escalafón y nivel salarial);
aquello no se deduce ni de la redacción de los artículos 2°, 3° y 4° de la Ley 4ª de
1992, ni tampoco del artículo 53 de la Carta Política que se señalan como vulnerados
en el escrito de demanda.

14 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Yamile Calvo Betancur

(…)

Así entonces, la sola aseveración realizada en la apelación no tiene la capacidad de
enervar la legalidad ni de las normas generales (decretos), ni de los actos
administrativos particulares demandados; no basta con afirmar una indebida
sustentación al momento de fijar los incrementos desiguales para los años 2008 y
2009, para tener por demostrada una vulneración al principio de igualdad, pues la
misma debe probarse y su mera enunciación no desdibuja un régimen que contiene
normas especiales como es el caso del Estatuto de Profesionalización Docente, para
dar un trato similar a grados y niveles diferentes cuando estos son disímiles en
requisitos y experiencia.

Igualmente, en el sub lite se acusa ilegalidad de los actos opugnados, sin señalar la
norma legal que dispone la obligación de un incremento salarial igual entre los
distintos grados de escalafón, lo que supone que estos últimos deben ser
homogéneos y, por lo mismo, el solo establecimiento de grados dentro del escalafón
sería per se discriminatorio, lo que por supuesto no resiste mayor análisis. Como bien
lo anotó la Corte Constitucional, no es posible comparar prestaciones específicas
entre grados de escalafón diferentes.

Por su parte, el Decreto Ley 1278 de 2002 establece unas características distintas
para los docentes escalafonados en un grado diferente al otro, a manera de ejemplo,
los títulos académicos que se exigen para el docente escalafonado en el grado 3DM,
son diferentes a los que se le exigen a un docente escalafonado en el grado 3AM,
están ligados a unos requisitos distintos que no encuentran equivalentes entre ambos.

Así, en la medida en que se trata de escalafones diferentes, no cabe efectuar
comparaciones entre la asignación salarial que se establece para quienes ingresan a
la carrera en grados disimiles y ya se estableció que no existe norma que imponga
una obligación de realizar estudios técnicos para la expedición de los decretos de
aumento salarial, y tampoco existe en el ordenamiento jurídico la obligación de
realizar aumentos iguales para los docentes (…)

De este modo, el aumento salarial reconocido a la parte actora se cimentó en
circunstancias y criterios objetivos, de tal manera que el "grado" del escalafón fue un
elemento determinante en su remuneración mensual; luego, para el caso concreto,
no puede ser de recibo que se solicite la aplicación de un incremento superior, en
cuanto la fijación del incremento de los salarios de quienes conforman el servicio
público debe responder, por mandato de las leyes sobre la materia, a condiciones y
contextos reales de orden social, administrativo y económico, dado que en todo caso
el alza salarial no tiene que ser idéntico para todos, en tanto si bien en un Estado
Social de Derecho se propugna por el aumento salarial para todos sus servidores
públicos, no debe entenderse que este aumento deba realizarse en el mismo
porcentaje, por cuanto la igualdad se extiende y se entiende entre iguales.

Considera la Sala que, como lo señaló la a quo, no resulta de recibo la interpretación
de la parte actora respecto de la normativa invocada, porque lo que se buscó con la
diferenciación en el porcentaje del incremento al salario, fue, por un lado, garantizar
que el docente que pertenece al escalafón inferior mantenga su valor adquisitivo y,
por el otro, reconocer la formación, capacitación y preparación de quienes se
encuentran en un escalafón superior, cuyo trato diferenciado es justificado en
atención a razones objetivas.

Para concluir, al analizar el momento histórico del país, así como los elementos
esenciales de los acuerdos alcanzados entre FECODE31 y el Gobierno Nacional para
los años 2008 y 2009, no se puede desconocer que los aumentos diferenciados entre
escalafones corresponden a una política de incentivo a la formación avanzada y las
negociaciones con el magisterio, en las que se pretendía mejorar la calidad educativa.
Así, por ejemplo, se encontró que existió para la época una política de austeridad y
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control fiscal que llevó a priorizar los aumentos diferenciados, que no generalizados
debido a que la crisis financiera global de los años 2008 y 2009 impactó fuertemente
las condiciones fiscales del país, y generó una forma de controlar el gasto público s in
dejar de incentivar la calidad educativa

De conformidad con todo lo discurrido, la Sala encuentra que la parte demandante no
probó las causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos
salariales de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial,
para los años 2008 y 2009, conforme lo expresado a lo largo de estas
consideraciones; ya que, como se explicó, no se trata de sujetos ubicados en plano
de igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo normativo o jurisprudencial para
predicar que existía la obligación de aumentos iguales; carga procesal que le
correspondía al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso, en
concordancia con el 164 ibidem según los cuales toda decisión judicial debe estar
soportada en las pruebas que regular y oportunamente fueron allegadas al proceso,
y que corresponde a la parte interesada, por razón de los artículos 1757 del Código
Civil y 167 del citado CGP, probar la obligación o el supuesto de hecho de las normas
que consagren el efecto jurídico que ellas persiguen.” 15.

En ese sentido, la autoridad judicial accionada sostuvo que no resultaba acertado afirmar
que el Gobierno Nacional se encuentra imposibilitado para establecer incrementos
salariales diferenciados entre los docentes pertenecientes a distintos niveles del
escalafón, en la medida en que cuenta con una amplia potestad de configuración
normativa para fijar, anualmente, los valores de remuneración.

Asimismo, indicó que no existe disposición normativa que imponga la obligación de
realizar estudios técnicos previos para la adopción de incrementos salariales, exigencia
que no se desprende del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992, norma que establece los criterios
y objetivos que el Presidente de la República debe observar al fijar el régimen salarial y
prestacional.

Además, advirtió que la parte actora omitió aportar material probatorio que permitiera
sustentar la configuración de una causal de nulidad de los actos demandados, por ende,
no obró en el expediente ningún elemento que sustentara la existencia de una disposición
normativa que imponga al Presidente de la República la obligación de realizar
incrementos salariales en idéntica proporción a los docentes ubicados en distintos niveles
del escalafón.

Con fundamento en lo anterior, el tribunal concluyó que los incrementos salariales
diferenciados adoptados por el Gobierno Nacional se ajustaron al marco constitucional y
legal vigente y, además, se efectuó respetando las competencias que le fueron conferidas
al Gobierno Nacional. En consecuencia, no se evidenció vulneración alguna del principio
de progresividad.

Así las cosas, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Risaralda expuso de
manera suficiente, clara y razonada las razones por las cuales no resultaba procedente
acceder a las pretensiones de la demanda, en tanto: (i) no se acreditó la vulneraci ón del
principio de “a trabajo igual, salario igual”, dado que los docentes ubicados en los

15 Índice 00014 en el aplicativo SAMAI, certificado F90D8E5221F21F47 CF734537B096F51F 371169D29F50017D

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escalafones 3AM y 3DM no se encuentran en situaciones fácticas y jurídicas
equiparables, en razón de los distintos requisitos exigidos para su ubicación en cada uno
de ellos; y (ii) la diferencia en los incrementos salariales entre dichos grupos resulta
conforme al ordenamiento jurídico, puesto que, contrario a lo afirmado por la parte actora,
el Gobierno Nacional no está obligado a fijar incrementos porcentuales uniformes de
manera anual, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, dentro de los
límites previstos en la Ley 4ª de 1992.

5.3. Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitu cional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración 16.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.

A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que el accionante ni siquiera presentó
los reparos en función de los requisitos especiales, pues a pesar de que invocó la
configuración de los defectos sustantivo y fáctico, su argumentación se limitó a reproducir
los reproches elevados en el recurso de apelación presentados en el marco del proceso
ordinario.

5.4. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de
esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado
fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez
constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de

16 Sentencia SU215 de 2022.

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autonomía judicial.

5.5. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 17, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 18.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Yamile
Calvo Betancur en contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

MCMM

17 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
18 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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