Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01891-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01891-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01891-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
7 de mayo de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01891-00
Demandante: Walter Leandro Aguirre Mazo
Demandado: Corte Constitucional – Sala Plena
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Subsidiariedad
Síntesis del caso: La parte actora enjuició el auto mediante el cual la Corte Constitucional
devolvió a la Cámara de Representantes la Ley 2381 de 2024 para que subsanara un vicio
de procedimiento.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Walter Leandro
Aguirre Mazo, en nombre propio, contra la Corte Constitucional.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 12 de febrero de 2026, Walter Leandro Aguirre Mazo presentó, en
nombre propio, una acción de tutela en contra de la Corte Constitucional,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, seguridad social y acceso a la administración de justicia,
con ocasión del Auto 841 de 17 de junio de 2025, por medio del cual
devolvió la Ley 2381 de 2024 a la Cámara de Representantes.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“7. AMPARAR los derechos fundamentales invocados.
8. DEJAR SIN EFECTOS, por vía de tutela contra providencia judicial, el Auto A-
841 de 2025 en cuanto: (i) suspendió términos del proceso, y (ii) ordenó devolver
la Ley 2381 de 2024 para una supuesta subsanación legislativa posterior a su
promulgación.
9. ORDENAR a la Corte Constitucional que, dentro de un término perentorio,
profiera un nuevo pronunciamiento ajustado al marco constitucional y legal del
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01891-00
Demandante: Walter Leandro Aguirre Mazo
Demandados: Corte Constitucional – Sala Plena
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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control abstracto posterior, resolviendo conforme a competencias expresas
(decisión de fondo o actuaciones procedimentales previstas).
(…)”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) Paloma Susana Valencia Laserna demandó la inconstitucionalidad
de la Ley 2381 de 2024, a fin de que se declarara su inexequibilidad por
violar, en su proceso de formación, el artículo 157 de la Constitución Política.
Igualmente, indicó que los artículos 84.5 y el 93 de esa ley vulneraron el
artículo 48 de la Constitución.
5. 2) Mediante Auto de 13 de agosto de 2024, el magistrado sustanciador
de la Corte Constitucional admitió la demanda, tras establecer que los
cargos formulados satisfacían las condiciones mínimas de argumentación.
En esa misma providencia, se decretó la práctica de algunas pruebas con
el objeto de que los secretarios generales del Senado de la República y de
la Cámara de Representantes aportaran los antecedentes del proceso de
aprobación del proyecto de ley ulteriormente sancionada y promulgada
que permitieran resolver la demanda. Una vez se recibieron las pruebas
requeridas, el magistrado sustanciador dispuso continuar con el proceso
mediante Auto del 19 de septiembre de 2024, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 7 y 13 del Decreto 2067 de 1991.
6. 3) La Corte Constitucional, a través de Auto A-841 de 17 de junio de
2025, decidió devolver a la Presidencia de la Plenaria de la Cámara de
Representantes la Ley 2381 de 2024, por medio de la cual se establece el
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de
Origen Común, y se dictan otras disposiciones. Lo anterior, con el propósito
de subsanar el vicio de procedimiento en el que se incurrió en el trámite de
la Ley 2381 de 2024, puesto que debía someterse a discusión y votación de
la Plenaria de la Cámara de Representantes la proposición sustitutiva
presentada por María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros
representantes durante la sesión ordinaria de 14 de junio de 2024, por medio
de la cual se propuso acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado
y publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024.
7. Para cumplir con lo anterior, dispuso que la Plenaria de la Cámara de
Representantes tendría un plazo máximo de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la comunicación de la providencia, cuyo trámite solo
correría cuando el Congreso de la República se encontrara en sesiones
ordinarias, a menos que fuera convocado para ello en sesiones
extraordinarias.
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Decisión: Declara improcedente
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8. Finalmente, ordenó al Presidente de la Cámara de Representantes
que, vencido el término del numeral anterior, rindiera un informe sobre el
cumplimiento de la providencia y remitiera copia de las respectivas actas
de plenaria, para que la Corte Constitucional se pronunciara
definitivamente sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.
9. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
autoridad judicial accionada, como suprema guardiana de la Constitución
Política, no estaba facultada para suspender los efectos de una ley por la
supuesta configuración de un vicio de procedimiento, ya que eso no
solamente desconocía los artículos 6, 29 y 121 superiores, sino también lo
previsto en el Decreto 2067 de 1991.
10. Añadió que la reforma pensional consignada en la Ley 2381 de 2024
reguló relaciones masivas y definió expectativas legítimas, por lo que la
providencia enjuiciada lo que generaba era incertidumbre e inseguridad
jurídica.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
11. La Corte Constitucional3 rindió un informe en el que señaló que la
tutela era improcedente porque el accionante no acreditó una afectación
individual, directa y concreta de los derechos fundamentales invocados y,
por el contrario, planteó objeciones de carácter general, abstracto e
impersonal, limitadas a expresar su desacuerdo con una decisión que, en su
criterio, introdujo en sede de control de constitucionalidad de una ley ya
promulgada la figura de “devolución para subsanar”, la cual no estaba
prevista por el ordenamiento jurídico.
12. Precisó que el accionante ya había habilitado un medio de defensa
ordinario en el caso concreto, puesto que interpuso solicitud de nulidad
contra el Auto 841 de 2025, mediante escrito radicado el 16 de febrero de
2026, el cual se encontraba en trámite en esa Corporación.
13. El Presidente de la República4 allegó un escrito donde manifestó su
interés en coadyuvar la posición de la parte actora y, en consecuencia,
solicitar que se accediera a las pretensiones de amparo. En ese sentido,
2 Mediante Auto de 12 de marzo de 2026, el despacho ponente resolvió (1) avocar conocimiento de la acción de
tutela de la referencia remitida por la Corte Constitucional mediante Auto de 6 de marzo de 2026, (2) admitir la
acción de tutela presentada por Walter Leandro Aguirre Mazo, en nombre propio, (3) tener como demandada a
la Corte Constitucional, (4) vincular al Congreso de la República – Senado - Cámara de Representantes,
Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social,
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Igualdad y Equidad y al Departamento Nacional de Planeación, como terceros
con interés en el asunto, y (5) negar la medida provisional solicitada (suspender los efectos jurídicos del Auto 841
de 2025).
3 Índice 9 de SAMAI.
4 Índices 17 y 19 de SAMAI.
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Decisión: Declara improcedente
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sostuvo que la ausencia de un pronunciamiento definitivo sobre la
constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 prolongaba la incertidumbre
jurídica, no solo en términos abstractos, sino también en relación con la
implementación de medidas estructurales en materia de protección social,
lo cual impactaba de manera directa a diversos sectores de la población.
14. En ese contexto, puntualizó que la normativa en cuestión incorporaba
avances sustanciales en materia de equidad y protección social, tales como
la estructuración de un sistema de pilares (solidario, semicontributivo,
contributivo y de ahorro voluntario), así como medidas diferenciales
orientadas a poblaciones vulnerables, entre ellas la reducción de semanas
de cotización para mujeres con hijos.
15. El Ministerio de Hacienda5, el Ministerio de Igualdad6, el Ministerio de
Trabajo7 y el Departamento Nacional de Planeación8 indicaron que la tutela
debía declararse improcedente respecto de ellos porque no incurrieron en
acción u omisión alguna con la que se vulneraran los derechos
fundamentales del accionante. Por tal razón, señalaron que no tenían
legitimación pasiva en la causa y debían ser desvinculados.
16. El Senado de la República y la Cámara de Representantes, a pesar de
haber sido notificados en debida forma9, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Solicitud de coadyuvancia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
17. La Sala negará las solicitudes de desvinculación presentadas por
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Trabajo y
el Departamento Nacional de Planeación, comoquiera que su vinculación
al trámite de la acción de tutela se dio por las competencias a su cargo y,
en todo caso, en calidad de terceros con interés en el asunto.
2.2. Solicitud de coadyuvancia
18. Para la Sala es pertinente indicar que, sobre el tema de intervinientes
en el trámite de la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991
estableció expresamente que “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo en el
5 Índice 11 de SAMAI.
6 Índice 14 de SAMAI.
7 Índice 15 de SAMAI.
8 Índice 12 de SAMAI.
9 Índice 7 de SAMAI.
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Decisión: Declara improcedente
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resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o
de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud”.
19. Sobre este tema en particular, la Corte Constitucional, en Sentencia T-
1062 de 2010, sostuvo (se trascribe):
“[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación
de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir
las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin
que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría
entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.”10
20. En ese orden de ideas, se procederá a tener al Presidente de la
República como coadyuvante del demandante.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
21. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar el requisito de subsidiariedad
22. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el numeral
1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 199111, que desarrolló el artículo 8612
constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
23. La Corte Constitucional13 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
Además, ha señalado que, en el caso de acciones de tutela contra
providencias judiciales, la exigencia de agotar todos los medios de defensa
disponibles es más estricta, por lo que no resulta procedente acudir a este
10 Sentencia, T-70 de 2018.
11 “Artículo 6. causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”
12 “Artículo 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
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mecanismo como un medio judicial alternativo, adicional o
complementario de los establecidos por la ley14.
24. En consecuencia, el juez de tutela no puede interferir en las decisiones
del juez natural que se encuentran en trámite salvo cuando: 1) sea usada
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o 2) que
los recursos judiciales no sean idóneos o eficaces para superar la
vulneración15.
25. En ese orden de ideas, en el caso concreto no se configuró el
mencionado requisito (subsidiariedad) porque: 1) existen recursos judiciales
en trámite, y 2) no se acreditó un perjuicio irremediable.
26. 1) Como lo señaló la Corte Constitucional en el informe remitido, el 16
de febrero de 2026, la parte actora presentó una solicitud de nulidad contra
el auto enjuiciado que suspendió la Ley 2381 de 2024, según el accionante,
sin contar con las facultades para hacerlo, la cual se encuentra en trámite
y pendiente de decisión por parte de dicha corporación.
27. Además, no se alegaron motivos que dieran cuenta por qué ese
mecanismo no sería apto o capaz de lograr la protección de derechos que
ahora se pretende. Por ende, el carácter residual de la acción de tutela no
se cumplió.
28. 2) Asimismo, la parte actora no expuso de manera clara y concreta,
ni acreditó, la existencia de un perjuicio irremediable.
2.4. Conclusión
29. Tras corroborar que no se superó el requisito de subsidiariedad, la Sala
se abstendrá de pronunciarse sobre los demás requisitos de procedibilidad
y declarará la improcedencia de la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: RECONOCER al Presidente de la República como coadyuvante
del demandante.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-106 de 2024.
15 Ibidem.
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Decisión: Declara improcedente
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Walter Leandro Aguirre Mazo, en nombre propio, contra la Corte
Constitucional, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Trabajo y
el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlos, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 16.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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