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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01901-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01901-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01901-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

4 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01901-01
Demandante: Carlos Arturo Zuluaga Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01901-01
Demandante: Carlos Arturo Zuluaga Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda

Tema: Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho – ajuste salarial escalafón docente.
Requisitos generales de procedibilidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 20 de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Carlos
Arturo Zuluaga Rojas, quien actúa a través de apoderado judicial, por no satisfacer el
requisito general de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de marzo de 2026, Carlos Arturo Zuluaga Rojas, mediante apoderada judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala
Segunda de Decisión, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y
principio de favorabilidad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida
interpretación de la norma aplicable al debate jurídico, analizando de manera concreta la
situación particular del (la) docente CARLOS ARTURO ZULUAGA ROJAS a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en
el debate jurídico».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Las circunstancias que dieron lugar a la actuación administrativa

El señor Carlos Arturo Zuluaga Rojas es docente oficial en la categoría 2B del
escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01901-01
Demandante: Carlos Arturo Zuluaga Rojas

El accionante presentó ante el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Pereira solicitud de reajuste y nivelación salarial correspondiente a los años 2008 y
2009, por considerar que durante esas anualidades se le aplicó un incremento
porcentual inferior al reconocido a los docentes de la categoría 2A.

Sustentó su petición en que, durante dichas anualidades, el Gobierno Nacional aplicó
porcentajes de aumento desiguales e injustificados: a los docentes ubicados en la
categoría 2A se les incrementó el salario en un 14.11 % para lo que corresponde el
año de 2008 y 15.61 % el año 2009, mientras que para los de la categoría 2B a la cual
pertenece el actor el aumento fue apenas del 5.69 % para el año 2008 y 7.67 % el año
2009, respectivamente. Adujo que esta disparidad disminuyó su base salarial, lo que
afectó negativamente su remuneración progresiva en los años subsiguientes.

Indicó que, se decretó sin justificación legal un salario inferior a la categoría a la que
pertenece el demandante que afectó lo devengado en los años posteriores, en los que
sí se decretaron los incrementos en igualdad de condiciones para los docentes de las
categorías 2B y 2A, dado que se liquidó el incremento con la base del año anterior.

Mediante oficio de 04 de marzo de 2024 del municipio de Pereira y oficio de 28 de
febrero de 2024 del Ministerio de Educación Nacional, se negaron las pretensiones de
la solicitud del actor.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Carlos Arturo Zuluaga Rojas promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación y el
municipio de Pereira, con el fin de que se inaplicara por ilegalidad el Decreto Nacional
284 de 2024, que fijó la escala salarial del personal docente y se declarara la nulidad
de los actos administrativos que negaron su solicitud de reajuste salarial. Como
consecuencia, solicitó que se ordenara a las demandadas al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales causadas durante los últimos 3 años anteriores a la
presentación de la reclamación administrativa, en virtud de la configuración del
fenómeno prescriptivo, así como de las que se causen hacia el futuro.

El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, mediante sentencia de 19 de
diciembre de 2024, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva del municipio de Pereira y negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que “Frente a los fundamentos antes expuestos, podría pensarse que, tal
como lo dice el extremo activo de la litis, para los años 2008, 2009 y 2011 el régimen
salarial de los docentes comportó un trato desigual para cada uno de los escalafones,
donde es evidente que la escala salarial anual no fue fijada de manera unificada, lo
que sí había ocurrido con los Decretos 596 de 2006, en un 5% y 634 de 2007, en
4,5%. En otras palabras, el Gobierno Nacional expidió los decretos para los años
mencionados, fijando los salarios para todos los grupos docentes pertenecientes al
Decreto Ley 1272 de 2002, pero lo hace de manera irregular y desigual, afectando la
base salarial de los demandantes.

Por otro lado, como se dispuso en la segunda argumentación de la sentencia, no se
logró demostrar esa vulneración a la igualdad cuando los docentes demandantes son
comparados con aquellos que se encuentran en condiciones profesionales diferentes;
es decir, parte de comparar un escalafón y grado con otro que desde su creación tiene
unos requisitos diferentes a los primeros, lo que prueba que se tratan de tratos
desiguales a situaciones disímiles.”

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Demandante: Carlos Arturo Zuluaga Rojas

Indicó que, los aumentos porcentuales diferenciados aplicados en los años 2008, 2009
y 2011 no constituyen un trato discriminatorio, en tanto los grados 2B y 2A no son
sujetos comparables, pues se encuentran en niveles distintos del escalafón con
requisitos de formación, experiencia y mérito diferenciados.

El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, alegando
que el a quo no abordó el reproche central de la demanda, consistente en la ausencia
de fundamentación técnica y jurídica para el trato diferenciado en los incrementos
porcentuales aplicados únicamente en los años 2008, 2009 y 2011, mientras que en
los años 2005 a 2007, 2010 y desde 2012 en adelante los aumentos fueron
homogéneos para todas las categorías del escalafón. Sostuvo que esta diferenciación
carece de justificación objetiva y vulnera los principios de igualdad, equidad y
proporcionalidad, afectando de manera permanente la base salarial de los docentes
menos favorecidos.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia de 25 de septiembre de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia, argumentando que no existe vulneración del
derecho a la igualdad, ya que la diferenciación entre docentes está justificada por
parámetros objetivos según grado y nivel del escalafón.

Precisó que «Bajo tal panorama, la Sala encuentra que la parte demandante no probó
las causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos salariales
de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial, para los
años 2008 y 2009, de conformidad con las razones expuestas en las presentes
consideraciones; ya que, como se explicó, no se trata de sujetos ubicados en plano
de igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo normativo o jurisprudencial para
predicar que exista la obligación de aumentos iguales.»

El 30 de septiembre de 2025, el Ministerio de Educación Nacional presentó solicitud
de aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia, circunscrita
exclusivamente al numeral quinto de la parte resolutiva, relativo a la decisión sobre
costas en primera instancia.

Mediante auto del 15 de octubre de 2025, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda negó la solicitud, al considerar que el fallo era claro y que
los aspectos planteados por el Ministerio constituían una manifestación de
inconformidad con lo resuelto y no una verdadera omisión que ameritara aclaración o
adición.

3. Argumentos de la acción de tutela

La accionante afirmó que la tutela cumplía los requisitos generales de procedencia de
amparo e indicó que la sentencia cuestionada desconoció los principios de igualdad
material y debido proceso ante la falta de una motivación suficiente y válida.

Expresó que se configuró defecto sustantivo, porque el Tribunal avaló los
incrementos salariales desiguales fijados para los años 2008 y 2009.

Explicó que los decretos de esas anualidades otorgaron aumentos del 14.11 % para
el año 2008 y del 15.61 % para el año 2009 en la categoría 2A, frente al 5.69 % en
2008 y al 7.67 % en 2009 para la categoría 2B. Según el actor, este trato dispar
contraviene la Constitución y la ley, pues beneficia de forma injustificada a docentes

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Demandante: Carlos Arturo Zuluaga Rojas

con menores exigencias de formación y perjudica su base salarial futura de manera
permanente.

Alegó defecto fáctico por indebida valoración probatoria, porque el juez de segunda
instancia dio por cierta una supuesta justificación objetiva para la diferencia salarial, a
pesar de la ausencia total de pruebas técnicas o financieras en el expediente para
respaldar dicho trato discriminatorio y para omitir los criterios legales de mérito.

4. Trámite previo

El 11 de marzo de 2026, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Risaralda en calidad de demandado, y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la
Fiduprevisora S.A., al municipio de Pereira, al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado No. 66001-33-33-002-2024-00258-00/01/02, en calidad
de terceros con interés.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Risaralda solicitó negar el amparo, al considerar que
la decisión cuestionada fue producto de un análisis integral del marco normativo, la
jurisprudencia aplicable y el acervo probatorio, valorado conforme a la sana crítica.

Asimismo, sostuvo que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, por
tratarse de una controversia de carácter patrimonial y legal ya resuelta en segunda
instancia, por lo que el accionante pretende reabrir el debate y convertir la tutela en
una instancia adicional, lo cual resulta improcedente (Sentencia SU-128 de 2021).

Indicó que no se configura ningún defecto en la providencia, ni se evidencia
vulneración de derechos fundamentales, pues la decisión se adoptó dentro del marco
de la legalidad y la autonomía judicial. En ese sentido, reiteró que la tutela no es un
mecanismo para controvertir la valoración probatoria ni para replantear argumentos
ya decididos.

Finalmente, precisó que la inconformidad del actor responde a una interpretación
distinta de los hechos y del derecho, propia de una nueva instancia, sin que se
demuestre que la decisión judicial haya incurrido en un error manifiesto que habilite la
intervención del juez constitucional.

6. Terceros con interés

El municipio de Pereira sostuvo que la acción de tutela es improcedente, conforme
a la jurisprudencia constitucional (Sentencias C-590 de 2005, SU-159 de 2002, T-173
de 1993 y SU-424 de 2016), al no configurarse ninguna causal específica de
procedibilidad ni evidenciarse arbitrariedad judicial. Indicó que el actor pretende reabrir
un asunto ya resuelto en dos instancias, frente a una providencia adoptada conforme
a la ley y dentro de la autonomía judicial. Por ello, advirtió que admitir la tutela
implicaría convertirla en una instancia adicional de revisión, lo cual está prohibido por
la jurisprudencia constitucional.

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El Ministerio de Educación solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, al
considerar que no se configura vulneración de derechos fundamentales del
accionante. Asimismo, señaló que corresponde al extremo activo acreditar, dentro del
proceso, la eventual transgresión de sus derechos, de tal manera que se evidencie
que la decisión judicial cuestionada se aparta del ordenamiento jurídico y constituye
una actuación contraria a la legalidad.

La Fiduprevisora S.A., la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el Ministerio
Público, guardaron silencio a pesar de haber sido notificados.

7. Sentencia de primera instancia

El 20 de abril de 2026, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela porque el asunto carece de relevancia
constitucional.

Señaló que el actor pretende utilizar este mecanismo excepcional como una tercera
instancia para reabrir el debate legal y económico sobre los incrementos salariales
desiguales de los años 2008 y 2009 entre los grados 2A y 2B, controversia que ya fue
resuelta de fondo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

8. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, el accionante, por conducto de su apoderada
judicial, presentó oportunamente recurso de impugnación contra el fallo de primera
instancia.

En primer lugar, sostuvo que el a quo incurrió en una lectura fragmentada y formalista
del requisito de relevancia constitucional, al calificar el debate como meramente
económico, y desconoció así que el núcleo del conflicto compromete directamente el
derecho a la igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política,
el derecho al debido proceso en su dimensión de decisión motivada y razonada, el
principio de favorabilidad laboral, la tutela judicial efectiva y los artículos 25, 53 y 125
superiores que estructuran el sistema de mérito en la carrera docente. Lo anterior,
habida cuenta de que durante las vigencias 2008 y 2009 los docentes del nivel 2A
recibieron incrementos salariales del 14,11 % y 15,61 %, respectivamente, mientras
que los del nivel 2B, pese a pertenecer a una categoría superior del escalafón,
únicamente obtuvieron aumentos del 5,69 % y 7,67 %, sin que mediara justificación
objetiva, técnica ni normativa alguna que respaldara tal diferenciación.

En segundo lugar, la apoderada refutó que la acción constitucional constituyera un
mecanismo de tercera instancia, con apoyo en la doctrina consolidada de la Corte
Constitucional, particularmente la Sentencia C-590 de 2005, conforme a la cual la
tutela contra providencias judiciales procede válidamente cuando se configuran
defectos de naturaleza constitucional, tales como el desconocimiento del precedente
aplicable, el defecto sustantivo o material, el defecto fáctico, la interpretación
manifiestamente irrazonable, la omisión de motivación suficiente o la violación directa
de la Constitución. En ese sentido, precisó que la finalidad del amparo no consiste en
revalorar el mérito del litigio, sino en verificar si la providencia cuestionada respetó los
límites constitucionales que condicionan el ejercicio legítimo de la función
jurisdiccional.

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En tercer lugar, acreditó la configuración de un defecto sustantivo o material, por
cuanto la sentencia del Tribunal validó la estructura salarial diferenciada sin efectuar
control material de constitucionalidad, limitándose a reconocer la potestad
reglamentaria del Gobierno Nacional sin advertir que su ejercicio produjo un efecto
discriminatorio contrario a los artículos 13, 25, 53 y 125 de la Carta, así como al
Decreto Ley 1278 de 2002 y a la Ley 4ª de 1992. Precisó que, conforme a los Decretos
Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, durante esa vigencia al grado 2A se le reconoció
un incremento del 14,11 % (salario de $1.013.132), mientras que al grado 2B —pese
a su categoría superior— únicamente se le otorgó el 5,69 % (salario de $1.421.428);
y que, conforme a los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, el esquema se
reprodujo con un 15,61 % para el grado 2A ($1.171.300) frente a un 7,67 % para el
grado 2B ($1.530.452). Sostuvo que dicha potestad no es absoluta ni inmune al control
constitucional, y que la aplicación de incrementos porcentuales que duplicaron e
incluso triplicaron los del grado 2B generó una afectación estructural, acumulativa y
permanente sobre la base salarial, las prestaciones sociales y los derechos laborales
derivados del docente afectado.

En cuarto lugar, denunció la configuración de un defecto fáctico en su doble
dimensión, así: negativa, porque el Tribunal omitió valorar como prueba determinante
la ausencia total en el expediente de justificación técnica, financiera o de política
pública que respaldara el trato salarial desigual; y positiva, en cuanto dio por
acreditado un supuesto fáctico inexistente, al aceptar como válida una supuesta
finalidad de corrección de brechas salariales que no fue alegada ni demostrada por
las entidades demandadas, y que tampoco emerge del texto de los decretos salariales
de 2008 y 2009. Adicionalmente, señaló que la providencia desconoció precedentes
judiciales relevantes en casos análogos, entre ellos la sentencia del Juzgado Veintitrés
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín del 25 de marzo de 2025 y la del
Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín, que concluyeron la
vulneración del principio “a trabajo igual, salario igual” en circunstancias análogas.

Con fundamento en lo anterior, la apoderada solicitó al ad quem acoger la
impugnación, revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, amparar los derechos
fundamentales invocados y dejar sin efectos la providencia del Tribunal Administrativo
de Risaralda objeto del recurso de amparo constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

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En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde determinar si resulta procedente revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, porque en el presente
caso no se supera el requisito general de relevancia constitucional, pues el tutelante
insiste en los mismos argumentos expuestos dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: (i) relevancia
constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales; y, (ii) el análisis del caso concreto.

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como propósito salvaguardar la
autonomía e independencia de la función judicial, evitando que el juez de tutela
intervenga en asuntos cuya competencia corresponde a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha precisado que la exigencia de relevancia
constitucional cumple tres finalidades esenciales: (i) preservar la órbita competencial
y la independencia de los jueces pertenecientes a jurisdicciones distintas de la
constitucional, impidiendo que la acción de tutela sea utilizada para debatir asuntos
de mera legalidad; (ii) circunscribir el ejercicio de la acción de tutela a controversias
que involucren una verdadera afectación de derechos fundamentales, y (iii) evitar que
este mecanismo se convierta en una instancia adicional o en un recurso alternativo
para controvertir decisiones judiciales.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01901-01
Demandante: Carlos Arturo Zuluaga Rojas

De conformidad con los anteriores criterios, así como con los lineamientos
establecidos por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación
del 5 de agosto de 2014, para que un asunto sea considerado de relevancia
constitucional es necesario que se verifiquen los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 4.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

El señor Carlos Arturo Zuluaga Rojas interpuso la presente acción de tutela con el
propósito de dejar sin efectos la sentencia del 25 de septiembre de 2025, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Risaralda denegó sus pretensiones de reajuste
salarial.

Sustentó el amparo en la presunta vulneración de los derechos a la igualdad, al debido
proceso y al mérito, y le atribuyó a dicha providencia la configuración de los defectos
sustantivo y fáctico, ante la supuesta validación de incrementos salariales desiguales
sin criterios objetivos ni motivación suficiente.

Es preciso advertir que la accionante promovió demanda bajo el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se inaplicara por ilegalidad el
Decreto Nacional 284 de 2024 (junto con la normativa precedente) y anular los actos
administrativos contenidos en los oficios del 28 de febrero de 2024 (Ministerio de
Educación Nacional) y del 4 de marzo de 2024 (municipio de Pereira), que le negaron
la nivelación de sus ingresos. Su objetivo central era el reconocimiento y pago de las
4
Ibidem.

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Demandante: Carlos Arturo Zuluaga Rojas

diferencias salariales de la categoría 2B, frente a los porcentajes otorgados a la
categoría 2A, causadas durante los tres años anteriores a la reclamación.

El conocimiento de dicho asunto correspondió en primera instancia al Juzgado
Segundo Administrativo de Pereira, quien, mediante sentencia del 19 de diciembre de
2024, negó las pretensiones, al concluir que la diferencia porcentual aplicada por el
Gobierno Nacional no vulneró el derecho a la igualdad. Además, determinó que la
mayor asignación fijada para los docentes del nivel 2A frente a los del 2B constituyó
una medida razonable, amparada legalmente en criterios objetivos de preparación
académica, experiencia y mérito.

Contra la anterior decisión, el actor interpuso recurso de apelación, con fundamento
en que la controversia no giraba en torno a la existencia de salarios distintos según el
escalafón, sino a la inequidad de los porcentajes de incremento aplicados en los años
cuestionados. Afirmó que dicha disparidad carece de justificación técnica y jurídica, y
genera una brecha acumulativa que perpetúa la vulneración a los principios de
igualdad, proporcionalidad y mérito. Por consiguiente, insistió en solicitar la
inaplicación del Decreto Nacional 284 de 2024 y del oficio de 28 de febrero de 2024
del Ministerio de Educación Nacional y la nulidad de los actos administrativos, a fin de
restablecer su derecho y garantizar un reajuste salarial equitativo conforme a la
Constitución y la ley.

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora sustentó la configuración de dos
defectos específicos frente a la decisión cuestionada. Por un lado, alegó un defecto
sustantivo derivado de la interpretación errada de la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 1278
de 2002. Explicó que el fallo validó una política salarial contraria a los principios de
igualdad material y mérito, al avalar los incrementos del 14.11 % y 15.61 %
correspondientes a los años 2008 y 2009 para la categoría 2A, frente al 5.69 % y 7.67
% correspondiente a los años 2008 y 2009 para la categoría 2B. Precisó que este trato
desigual carece de justificación objetiva y generó una desmejora acumulativa,
estructural y permanente en la liquidación de sus prestaciones y salarios futuros.

Por otro lado, invocó un defecto fáctico al considerar que la autoridad judicial adoptó
su fallo sin el respaldo probatorio suficiente. Advirtió que el Tribunal dio por
acreditados hechos sin sustento probatorio en el expediente y omitió valorar de forma
adecuada los medios de convicción que demostraban la ausencia total de razones
técnicas u objetivas para imponer dicho esquema porcentual regresivo y
discriminatorio.

De lo expuesto hasta aquí, se evidencia que la discusión planteada en el proceso
ordinario fue resuelta de fondo por el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante la
providencia del 25 de septiembre de 2025.

En dicha decisión, el juez colegiado analizó los criterios para fijar el régimen salarial y
concluyó que los actos administrativos cuestionados conservan su presunción de
legalidad, pues se ajustaron a la normativa expedida por el Congreso de la República
y el Gobierno Nacional en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

Al abordar el caso concreto, el Tribunal resolvió confirmar el fallo de primera instancia.
Para arribar a dicha conclusión con fundamento en los siguientes argumentos:

En primer lugar, abordó la figura de la excepción de inconstitucionalidad y con
sustento en el artículo 4° de la Constitución Política y en las sentencias C-069 de 1995
y SU-132 de 2013, precisó que se trata de «una facultad o posibilidad (o si se quiere,

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una herramienta) de los operadores jurídicos» que se configura además como «un
deber en tanto las autoridades no puede[n] dejar de hacer uso de ella en los eventos
en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso
concreto y las normas constitucionales», siempre que dicha incompatibilidad sea
«manifiesta y no caprichosa» y bajo el entendido de que sus efectos son estrictamente
inter partes y no conllevan la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico. En ese
contexto, dejó sentado que la aplicación de la excepción exige un juicio riguroso de
incompatibilidad constitucional que, como se verá, no resultó acreditado en el caso
concreto.

En segundo lugar, efectuó un recuento normativo del escalafón docente previsto en el
Decreto Ley 1278 de 2002, destacando que dicho estatuto de profesionalización
docente estructura el sistema de clasificación de los educadores en tres grados y
cuatro niveles salariales cada uno, determinados con base en la formación académica,
la experiencia, la responsabilidad, el desempeño y las competencias demostradas. A
partir de ello, subrayó que los requisitos para la inscripción y el ascenso en el
escalafón son sustancialmente distintos entre grados y niveles, de manera que un
docente ubicado en el grado 2B acredita condiciones de formación y evaluación
diferentes a las de uno ubicado en el grado 2A, circunstancia que, a juicio del Tribunal,
hace jurídicamente inviable predicar una situación de igualdad entre unos y otros para
efectos de exigir un tratamiento salarial idéntico.

En tercer lugar, en lo referente al régimen salarial y prestacional de los docentes,
recordó que, por mandato de los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política, corresponde al Congreso fijar el régimen salarial mediante
normas generales, y al Gobierno Nacional ejecutarlas dentro de los criterios y objetivos
señalados por la Ley 4ª de 1992, entre ellos el nivel de los cargos, la naturaleza de las
funciones, las responsabilidades y las calidades exigidas para el desempeño, criterios
que, en el marco del escalafón docente, se traducen en diferencias salariales legítimas
entre grados y niveles. Igualmente, con apoyo en el artículo 46 del Decreto Ley 1278
de 2002, precisó que la escala única de salarios debe establecerse conforme al grado
y nivel acreditado en el escalafón.

En cuarto lugar, en relación con el derecho al incremento salarial anual y el
mantenimiento del poder adquisitivo, el Tribunal efectuó un recorrido jurisprudencial
que para concluir que si bien todos los servidores públicos tienen derecho a que sus
salarios se incrementen anualmente con el fin de preservar su poder adquisitivo frente
a la inflación, dicho derecho no es absoluto y admite limitaciones razonables y
constitucionalmente justificadas, especialmente respecto de quienes devengan
salarios superiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En palabras
de la sentencia C-1017 de 2003, «el derecho constitucional a mantener el poder
adquisitivo del salario no es un derecho absoluto» y «sólo puede ser limitado para
promover el fin constitucionalmente imperioso de preservar la estabilidad
macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal y elevado
endeudamiento».

Adicionalmente, resaltó que la jurisprudencia constitucional ha reconocido
expresamente la posibilidad jurídica de realizar incrementos salariales diferenciados
entre distintos grupos de empleados públicos, siempre que tal diferenciación
obedezca a criterios objetivos y razonables.

En quinto lugar, al abordar el principio de igualdad como eje central de la controversia,
reiteró la doctrina constitucional según la cual la igualdad comporta el deber de tratar
igual a los iguales y desigual a los desiguales, de modo que el juicio de igualdad exige

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como presupuesto indispensable verificar que los sujetos comparados se encuentren
en situaciones fáctica y jurídicamente equivalentes.

En este punto, anotó que los docentes pertenecientes a los niveles 2A y 2B del
escalafón docente (regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002) no se encuentran en
condiciones análogas ni asimilables, por cuanto los requisitos de inscripción,
permanencia y ascenso entre ambos niveles son sustancialmente distintos en cuanto
a título académico exigido, años de experiencia y calificaciones en evaluaciones de
competencias.

En consecuencia, concluyó que la parte actora pretendía «que la administración de
justicia garantice una igualdad entre desiguales», situación jurídicamente
improcedente al no resultar trasladables, sin más, las exigencias de un trato salarial
igualitario entre niveles distintos del escalafón.

En sexto lugar, al resolver el caso concreto, constató que la parte demandante no
aportó elementos de convicción suficientes para demostrar que los actos
administrativos acusados incurrieran en alguna de las causales de nulidad
consagradas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, pues la sola afirmación de
una diferencia porcentual en los incrementos salariales de 2008 y 2009 no desvirtúa
la presunción de legalidad que ampara dichos actos ni acredita una vulneración al
principio de igualdad cuando los sujetos comparados no se encuentran en situación
equivalente.

Además, advirtió que el argumento relativo a la ausencia de fundamento técnico de
los decretos salariales fue introducido únicamente en el recurso de apelación, sin
haber sido planteado en la demanda, lo que lo hacía inatendible en sede de alzada
por desconocer el principio de congruencia y la regla según la cual el debate de
segunda instancia se circunscribe a los argumentos oportunamente expuestos por las
partes en las oportunidades procesales previstas para ello.

Finalmente, concluyó que los incrementos diferenciados aplicados durante las
vigencias 2008 y 2009 encontraron sustento en criterios objetivos vinculados a la
política salarial del Estado, al cumplimiento de la finalidad del Decreto Ley 1278 de
2002 de elevar el salario de enganche del personal docente y a la necesidad de
reconocer las distintas condiciones de formación y experiencia exigidas entre niveles
del escalafón, sin que la parte actora hubiera desvirtuado tales razones mediante
prueba idónea.

Por ello, la Sala concluye que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia
adicional para reabrir un debate ya agotado, máxime cuando la providencia
impugnada se encuentra debidamente motivada y ajustada al ordenamiento jurídico.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que
expuso en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y lo que
realmente se evidencia es su inconformidad con las conclusiones a las que llegó el
juez natural.

Lo anterior es suficiente para confirmar la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el amparo invocado por la parte actora.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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