Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01902-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01902-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01902-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
7 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01902-00
Demandante: Elsa Gómez Bueno
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 7 de mayo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01902-00
Demandante: ELSA GÓMEZ BUENO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Contra trámite de acción de tutela. Defecto procedimental absoluto.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general de
subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Elsa Gómez Bueno contra el Tribunal
Administrativo de Santander y el Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 6 de marzo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Elsa Gómez Bueno pidió la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta porque no se le vinculó como tercera
con interés a la acción de tutela con radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00/01, en la
que, según dijo, se ordenó a la DIAN que nombrara a otras personas en el cargo de
gestor I, código 301, grado 1, que ocupaba en provisionalidad.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1.- Que se ampare mi derecho fundamental al debido proceso.
2.- Que se declare la nulidad de todo lo actuado dentro de la acción de tutela identificada con radicado
No. 680013333014-2025-00034-00, a partir del auto admisorio.
3.- Que se ordene al Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga
vincularme formalmente al trámite constitucional y notificarme en debida forma.
4.- Que se disponga la emisión de un nuevo fallo de tutela, una vez garantizado mi derecho de defensa
y contradicción.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Manifestó la parte actora que desempeñó en la DIAN el cargo de gestor I, código 301,
grado 1, nombrada en provisionalidad.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantó un concurso de méritos para proveer
empleos del sistema específico de carrera administrativa de la DIAN. Que en ese
concurso se profirió la Resolución 7480 del 12 de marzo de 2024, en la que, según dijo,
se conformó la lista de elegibles para el empleo de gestor I – opec 198476. Que la
convocatoria a ese concurso estableció expresamente que las listas de elegibles serían
utilizadas única y exclusivamente para las vacantes ofertadas.
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Demandante: Elsa Gómez Bueno
Por otro lado, la señora Mariela Gutiérrez Bautista promovió acción de tutela contra la
DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que se ordenara su nombramiento
en uno de los cargos de gestor I, grado I, código 301, que fueron creados con el Decreto
0419 de 2023.
Explicó que participó en la convocatoria DIAN – 2497 de 2022, con la intención de ocupar
el cargo de gestor I, código 301, de las 189 vacantes ofertadas. Que a través de la
Resolución 7480 del 12 de marzo de 2024 se conformó la lista de elegibles y ocupó la
posición 224.
Que a través del Decreto 0419 de 2023 la DIAN amplió su planta de personal y creó 170
cargos de gestor I, grado I, código 301, por lo que, a su juicio, podía ser nombrada en
alguna de esas vacantes.
La acción de tutela se adelantó bajo el radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00 y
correspondió al Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga que, por sentencia del
28 de febrero de 2025, amparó los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos
por mérito, a la igualdad, al trabajo y al debido proceso de la señora Gutiérrez Bautista y
ordenó a la DIAN que iniciara los trámites necesarios para hacer uso de la lista de
elegibles contenida en la Resolución 7480 del 12 de marzo de 2024, al momento de
proveer las vacantes creadas con el Decreto 0419 de 2023 del cargo de gestor I, grado
I, código 301 y que tuviera en cuenta los empleos que se encontraban ocupados por
funcionarios con estabilidad laboral reforzada o en condición de debilidad manifiesta.
Señaló que no existía justificación constitucional válida para que la DIAN no utilizara la
lista de elegibles contenida en la Resolución 7480 del 12 de marzo de 2024, para proveer
las vacantes de gestor I, grado I, código 301, creadas mediante el Decreto 0419 de 2023.
Inconforme, la DIAN impugnó; sin embargo, por sentencia del 10 de abril de 2025, el
Tribunal Administrativo de Santander confirmó la decisión impugnada, básicamente por
las mismas consideraciones del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela contra el trámite de otra acción de tutela. En cuanto al fondo del asunto,
adujo que durante todo el trámite de la acción de tutela promovida por la señora Mariela
Gutiérrez Bautista no se le vinculó, pese a tener interés directo y legítimo, debido a que
lo que se decidió en esa acción constitucional afectaba de manera inmediata su situación
jurídica, al poner en riesgo la permanencia en el cargo que ocupaba.
Que solo tuvo conocimiento de la acción de tutela cuestionada cuando fue notificada del
acto administrativo que la desvinculó, que fue expedido en cumplimiento de la orden de
tutela proferida en la acción constitucional con radicado 68001-33-33-014-2025-00034-
00/01.
Que la omisión en su vinculación impidió que ejerciera sus derechos de defensa,
contradicción e impugnación.
Que se le transgredió su derecho fundamental al debido proceso, puesto que se incurrió
en defecto procedimental absoluto, por falta de vinculación y notificación como tercera
interesada en la acción de tutela controvertida.
Que, de acuerdo con las sentencias T-247 de 2018, T-406 de 2020, T-272 de 2021 y el
auto 031 de 2018 dictados por la Corte Constitucional, debió ser vinculada como tercera
interesada.
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Demandante: Elsa Gómez Bueno
Finalmente, citó las sentencias del 27 de abril de 2017 y del 6 de agosto de 2018
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A 1 y B2, para
señalar que las autoridades judiciales demandadas tenían el deber de vincularla como
tercera afectada.
5. Trámite procesal
Por auto del 16 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Santander y a la juez catorce administrativa de Bucaramanga, y como
terceros con interés, a la señora Mariela Gutiérrez Bautista, al director de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN, al presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC, al ministro de Hacienda y Crédito Público y a los señores Darwin Cifuentes
Ballesteros, David Elías Castellón Beltrán, Luis Eduardo Corrales Figueroa y Pablo
Alfonso Prada Flórez.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 18 de marzo de
2026. Adicionalmente, el 26 de marzo de 2026, se publicó el auto admisorio en la página
web de esta Corporación.
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, ponente de la sentencia del
10 de abril de 2025, solicitó que se despacharan desfavorablemente las pretensiones de
la acción de tutela, debido a que no se configuraba ningún defecto ni evidenciaba
irregularidad en el trámite de la acción constitucional controvertida.
Realizó un recuento de los fundamentos de la providencia del 10 de abril de 2025, para
indicar que no desplegó actuaciones que implicaran la vulneración de los derechos
invocados por la parte actora. Que, por el contrario, respetó las garantías procesales de
las partes involucradas.
El Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga hizo un recuento del análisis
realizado en la sentencia del 28 de febrero de 2025 y señaló que había sido vinculado a
varias acciones de tutela con ocasión del amparo que decretó en esa providencia, entre
las que se encuentra una promovida por la señora Elsa Gómez Bueno con radicado
68001-33-33-011-2026-00089-00.
Que desconocía la situación particular de la accionante, porque ese asunto no fue objeto
del litigio en el trámite de la acción de tutela cuestionada. Que también desconocía si la
tutelante ocupaba uno de los cargos afectados por la decisión que adoptó el 28 de febrero
de 2025.
Que el conflicto propuesto por la demandante era autónomo e independiente del asunto
objeto de estudio de la acción de tutela con radicado 68001-33-33-014-2025-00034-
00/01.
La señora Mariela Gutiérrez Bautista pidió que: i) se acumulara la presente acción de
tutela con aquellas que previamente habían sido decididas por esta corporación con
identidad de objeto, causa y problema jurídico, ii) se declarara improcedente la solicitud
de amparo por configurarse la cosa juzgada constitucional y no acreditarse los
presupuestos excepcionales para su procedencia, iii) se denegaran las pretensiones de
la tutelante, porque no se han vulnerado sus derechos fundamentales y, iv) se
reconociera y mantuviera la vigencia y la firmeza de los fallos proferidos en la acción de
tutela con radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00/01.
1 Radicados 11001-03-25-000-2013-00421-00 (2468-13)
2 Radicado 05001-23-33-000-2014-00645-01 (1286-16)
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Demandante: Elsa Gómez Bueno
Adujo que la acción de tutela buscaba reabrir un debate constitucional ya resuelto en
decisiones judiciales que hicieron tránsito a cosa juzgada. Que esta corporación ya ha
decidido varias acciones de tutela con argumentos sustancialmente iguales a los
expuestos por la demandante.
Que la accionante no demostró la configuración de un fraude procesal, de alguna
arbitrariedad manifiesta o la violación al debido proceso, que hiciera procedente su acción
de tutela, y solo se limitaba a reiterar inconformidades sobre lo resuelto por los jueces
constitucionales.
Que la tutela que promovió no estaba relacionada con la desvinculación de funcionarios
nombrados en provisionalidad y que, en todo caso, esos funcionarios no tenían derecho
a intervenir.
Que los actos de desvinculación podían ser controvertidos a través de los
correspondientes recursos y los respectivos medios de control.
Que en la acción de tutela que inició se ordenó a la DIAN y a la Comisión Nacional del
Servicio Civil publicar en sus páginas web institucionales la existencia de esa acción de
tutela, con el fin de que quienes tuvieran interés pudieran intervenir, y que esa orden fue
cumplida en debida forma, en cumplimiento del deber de publicidad y garantía del debido
proceso.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público pidió su desvinculación, al considerar que
no tenía legitimación en la causa por pasiva, debido a que no era la entidad competente
para atender la solicitud de amparo presentada por la demandante. Que, además, no
había incumplido sus deberes legales o constitucionales.
Dijo que no era responsable de la vulneración de los derechos fundamentales alegados
por la parte actora ni era la entidad encargada de gestionar las pretensiones de la
tutelante. Que ha cumplido sus funciones dentro del marco de sus competencias legales
y constitucionales. Que no existía vulneración de derechos fundamentales que les fuera
atribuible.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solicitó su desvinculación, por falta
de legitimación en la causa por pasiva y por la inexistencia de trasgresión de derechos
fundamentales. Indicó que no ha vulnerado las garantías fundamentales deprecadas por
la accionante, toda vez que no es la entidad competente para resolver la controversia
planteada.
La Comisión Nacional del Servicio Civil pidió que se declarara improcedente la
solicitud de amparo, que se le desvinculara o se denegaran las pretensiones de la señora
Gómez Bueno.
Manifestó que no era la llamada a responder por las pretensiones formuladas por la parte
actora, por lo que, a su juicio, carecía de legitimación en la causa por pasiva. Que no
vulneró ni amenazó los derechos fundamentales reclamados, porque no tenía facultades
nominadoras ni incidencia en la expedición de actos administrativos relacionados con la
planta de personal de la DIAN y que la tutelante cuenta con los medios de control de
nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho para pedir la protección de las
garantías fundamentales reclamadas.
Los señores Santiago Roldán Montoya, Camilo Andrés Rey Soler, Rebeca Verano
Alarcón, María Isabel Jaramillo Delgado, Ketherine Johana Murillo Córdoba, María
Camila Parrado Vargas, Oscar Javier Gómez Guzmán, Laura Castaño Quintero,
Sandra Paola Velandia Monsalve y Lida María Rodríguez Montero presentaron
memorial de oposición y solicitaron denegar las pretensiones de la parte actora.
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Señalaron que se encontraban dentro de la lista de elegibles conformada por la
Resolución 7480 del 12 de marzo de 2024 y que fueron nombrados a través de la
Resolución 012938 del 31 de octubre de 2025.
Que la solicitud de amparo no cumplía los requisitos de inmediatez ni de subsidiariedad,
que, además, tampoco se acreditó la causación de un perjuicio irremediable. Que ya se
habían decidido varias acciones de tutela presentadas por otras personas, pero con los
mismos fundamentos, en las que se denegaron las pretensiones.
Que las sentencias dictadas en la acción constitucional controvertida se encontraban
amparadas en el principio de cosa juzgada y fueron excluidas de revisión por parte de la
Corte Constitucional. Que la DIAN reconoció la posibilidad de controvertir los actos
administrativos de desvinculación a través del recurso de reposición.
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional3 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona que no se le hubiere vinculado como
tercera interesada en la acción de tutela con radicado 68001-33-33-014-2025-00034-
00/01.
Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Comisión
Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitaron su
desvinculación, al estimar que no tenían legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, la vinculación de esas entidades no fue como parte demandada, sino en
calidad de terceros con interés, porque fueron vinculadas a la acción de tutela con
radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00/01. En consecuencia, no hay lugar a acceder
a las solicitudes de desvinculación.
2. Sobre la temeridad
La Sala debe señalar que el artículo 384 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
actuación es temeraria cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de
tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales. También señala que, en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o
decidirán desfavorablemente.
Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en la
indebida utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe (i)
identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en
3 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
4 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por
dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar.
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cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma persona o su representante; (iii)
identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción. Así lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional5, que a la letra dice:
(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona
natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma
persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales;
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo
de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa;
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma
pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental;
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los
tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez
constitucional tiene la obligación, a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo
proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la
duplicidad en el ejercicio del derecho de acción.
Ahora bien, revisada la acción de tutela con radicado 68001-33-33-011-2026-00089-00,
la Sala observa que no configura una actuación temeraria porque no se cumplen con los
presupuestos de la identidad de partes ni de objeto, debido a que esa acción
constitucional fue promovida por la señora Elsa Gómez Bueno contra la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la dignidad
humana, al debido proceso, a la igualdad y a los derechos de los niños, con ocasión a
las Resoluciones 12960 del 31 de octubre de 2025 y 002264 del 27 de febrero de 2026
por medio de las cuales se dio por terminada su vinculación con la DIAN.
3. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Elsa Gómez Bueno para proteger su derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales demandadas con ocasión a que
no se le vinculó como tercero con interés a la acción de tutela con radicado 68001-33-33-
014-2025-00034-00/01, en la que, según dijo, se ordenó a la DIAN que nombrara a otras
personas en el cargo de gestor I, código 301, grado 1, que ocupaba en provisionalidad.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito
de subsidiariedad, debido a que la parte actora contaba y cuenta con otros medios de
defensa judiciales para pedir la protección del derecho fundamental reclamado.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela, (ii) sobre el requisito de
subsidiariedad y (iii) el análisis del caso concreto.
4. De la acción de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela
En sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige contra la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra una
actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra de una decisión posterior.
En la primera hipótesis, la Corte Constitucional señaló que la regla es que no procede la
acción de tutela cuando la sentencia ha sido proferida por esa Corporación, sea por su
Sala Plena o por sus Sala de Revisión, caso en el cual solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias y deberá promoverse ante ella.
5 Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.
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Ahora, si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela procede de manera excepcional «cuando exista fraude y por tanto, se
esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en
la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación» (Resaltado fuera
de texto) .
Para la Corte, en cualquiera de las anteriores excepciones a la regla de improcedencia
de la solicitud de amparo contra sentencias o actuaciones adelantadas en tutelas, sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad de
esa acción contra providencias judiciales, como es que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial.
La Corte puntualizó que, si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.
Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste, por ejemplo, en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros
que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría
sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción
de tutela puede proceder de manera excepcional.
En sentencia T-313 de 2018, la Corte Constitucional precisó que, en observancia a los
lineamientos de la sentencia SU-627 de 2015, si la acción de tutela se dirige contra
ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo, sería procedente “frente a
actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela que se hubieran realizado antes o después de
proferir el fallo”.
Con posterioridad, la Corte Constitucional, en sentencia SU-387 de 2022, reiteró la
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias proferidas en el trámite
posterior a la sentencia de tutela. En ese caso se trató de una acción de tutela presentada
en contra de un auto que rechazó la impugnación de la decisión de primera instancia y
contra el auto que decidió no reponer ese auto.
5. Sobre el requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela <<solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable>>. Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.
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6. Análisis del caso concreto
La tutelante pide que se declare la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela con
radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00/01, porque no fue vinculada como tercera con
interés cuando así debió ser.
Señaló que debió ser vinculada a ese trámite constitucional, porque tenía un interés en
la controversia ventilada, puesto que lo que se decidió afectaba de manera inmediata su
situación jurídica, al poner en riesgo la permanencia en el cargo que desempeñaba.
Ahora, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional expuestos previamente, la
Sala constatará si el fallo de tutela cuestionado fue objeto de revisión.
De la revisión del sistema Samai del expediente 68001-33-33-014-2025-00034-00/01 la
Sala encontró que, el 29 de abril de 2025, el tribunal demandado remitió las diligencias a
la Corte Constitucional para su eventual revisión y esa Corporación mediante auto de 26
de junio de 2025, decidió no seleccionar el fallo que decidió ese asunto constitucional,
proveído notificado el 14 de julio de 2025, tal como se observa en la página electrónica
de esa Corporación, en donde consta:
Siendo así, es procedente determinar si se satisfacen las exigencias para que proceda la
presente solicitud de amparo contra el trámite de otra acción de la misma naturaleza, para lo
cual se advierte que el motivo de inconformidad de la aquí demandante se itera, es que no
fue vinculada al asunto constitucional con radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00/01,
pese a que, a su juicio, le asistía un interés en la controversia allí debatida.
De entrada, la Sala advierte que la acción de tutela se torna improcedente en la medida
en que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto, en primer lugar, la
parte actora pudo intervenir en la acción de tutela cuestionada, puesto que, en el auto
admisorio del 18 de febrero de 2025, el Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga
ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Comisión Nacional
del Servicio Civil que publicaran esa providencia en sus páginas web para que los
interesados intervinieran, orden que fue cumplida por las nombradas entidades, como se
advierte de las constancias aportadas al expediente de esa acción de tutela.
En segundo lugar, la señora Gómez Bueno contaba con otro medio de defensa judicial
para la protección de los derechos invocados, como lo era promover un incidente de
nulidad. Los Decretos 2591 y 2067 de 1991 no contemplan causales de nulidad aplicables
al trámite de acciones de tutela ni disponen reglas especiales que regulen el trámite
incidental de nulidad en sede de revisión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01902-00
Demandante: Elsa Gómez Bueno
No obstante, la Corte Constitucional6 ha precisado que respecto de las acciones de tutela
resultan aplicables las causales y el trámite de nulidades previsto en el Código General
del Proceso.
Finalmente, la Sala advierte que los reparos de la demandante están relacionados con
su desvinculación del cargo que ocupaba en la DIAN.
En ese orden, la señora Elsa Gómez Bueno cuenta con dos actos administrativos
particulares que definieron su situación jurídica, al dar por terminada su vinculación en
provisionalidad en la planta de personal de la DIAN y resolver el recurso de reposición
que interpuso contra esa decisión, a saber, las Resoluciones 012960 del 31 de octubre
de 2025 y 002264 del 27 de febrero de 2026.
De modo que la tutelante puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, para cuestionar las mencionadas resoluciones, de acuerdo con el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011, que establece que «Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en
el inciso segundo del artículo anterior».
Ese medio de defensa resulta idóneo y eficaz, porque la parte actora puede pedir la
suspensión provisional de los efectos jurídicos de esos actos, medida cautelar ágil y
efectiva, que permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso
y la efectividad de la sentencia. Incluso, la tutelante puede solicitar medidas cautelares
de urgencia, que pueden ser decretadas sin correr traslado al demandado, en el evento
de que se evidencie urgencia en el caso objeto de discusión, como lo dispone el artículo
2347 del CPACA.
En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para que la Sala concluya que
no hay lugar a pronunciarse sobre el fondo del asunto y declarar improcedente la solicitud
de amparo, por cuanto no satisface el requisito de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por Dirección de Impuesto y Aduanas
Nacionales (DIAN), la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
6 Sentencia T-661 del 5 de septiembre de 2014
7 Artículo 234. Medidas Cautelares de Urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión
será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada
en el auto que la decrete.
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5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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