Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01904-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01904-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01904-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01904-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA ELENA UPEGUI GALVIS
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE SUBSIDIARIEDAD. LA
ACTORA NO PROMOVIÓ EL RECURSO DE SÚPLICA CONTRA LA PROVIDENCIA
QUE RECHAZÓ LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora MARÍA ELENA UPEGUI GALVIS, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
1
En adelante Sección Segunda.
2
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Actora: MARÍA ELENA UPEGUI GALVIS
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima, los cuales estima vulnerados
por la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la providencia de 22
de octubre de 2025 dentro de la solicitud de extensión de
jurisprudencia identificada con el número único de radicación 2022-
00525-00.
I.2. Hechos
Manifestó que el 26 de julio de 2022 presentó ante la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES2 solicitud de
extensión de jurisprudencia, con el propósito que se acogieran los
efectos de las sentencias SU-136 de 21 de abril de 2022, proferida
por la Corte Constitucional3, y la de unificación dictada por esta
Corporación el 4 de agosto de 2010, dentro del expediente núm.
2006-07509-014, mediante las cuales se fijaron criterios relacionados
con la reliquidación de la pensión de jubilación conforme al régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 19935
aplicando las reglas de la Ley 33 de 19856 y sobre el abuso del
derecho en materia pensional.
2
En adelante Colpensiones.
3
Corte Constitucional, Magistrado Ponente doctor José Fernando Reyes Cuartas.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto
de 2010, C.P. doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila.
5
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"
6
Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público.”
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3
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Aseveró que a la solicitud le fue asignado el número único de
radicación 2025-00525-00 y le correspondió por reparto a la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante providencia de 22 de octubre
de 2025, la rechazó.
Advirtió que, inconforme con la decisión, interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto de manera desfavorable por la
SECCIÓN SEGUNDA mediante providencia de 3 de diciembre de
ese año.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la providencia judicial cuestionada incurrió
en defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual
manifiesto, al efectuar una interpretación restrictiva del mecanismo
de extensión jurisprudencial vulnerando el derecho de igualdad, en
la medida que su situación particular tiene similitud fáctica con otros
casos pensionales que han recibido protección constitucional.
Aseguró que la autoridad judicial accionada rechazó la solicitud de
extensión de jurisprudencia, sin analizar de fondo su situación
particular privilegiando una interpretación estrictamente formal.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
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“[…] Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima.
Dejar sin efectos el auto mediante el cual el Consejo de Estado
rechazó la solicitud de extensión jurisprudencial.
Ordenar al Consejo de Estado admitir y resolver de fondo la
solicitud de extensión jurisprudencial […]”. (Destacado
pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA manifestó que la actora pretende
utilizar la acción de tutela como un escenario adicional para reabrir
un debate procesal que ya feneció, además no acreditó la existencia
de un perjuicio irremediable que faculte la intervención excepcional
del juez constitucional.
I.5.1.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente el amparo
constitucional. Además, arguyó que en el presente asunto no se
materializó ningún vicio, defecto o vulneración de derechos
fundamentales que le sean atribuibles.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
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distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
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ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la providencia de 22 de octubre de 2025, proferida por
la SECCIÓN SEGUNDA dentro de la solicitud de extensión de
jurisprudencia identificada con el número único de radicación 2022-
00525-00.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima, habida cuenta que, a juicio
de la actora, incurrió en defectos sustantivo y procedimental por
exceso ritual manifiesto, al efectuar una interpretación restrictiva del
mecanismo de extensión jurisprudencial vulnerando el derecho de
igualdad, en la medida que su situación particular tiene similitud
fáctica con otros casos pensionales que han recibido protección
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constitucional.
Aseguró que la autoridad judicial accionada rechazó la solicitud de
extensión de jurisprudencia, sin analizar de fondo su situación
particular privilegiando una interpretación estrictamente formal.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos deprecados.
En ese orden, se examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el
requisito de la subsidiariedad.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»
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(Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
7 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
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Asimismo, esta Sección8 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite
el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto,
señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control
no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]”.
Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades
planteadas por la actora en este trámite constitucional recaen en que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al rechazar la solicitud de extensión de la jurisprudencia, sin analizar
de fondo su situación pensional particular.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la presente
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-
03-15-000-2017-03006-00.
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acción de tutela es improcedente por carencia del requisito
de subsidiariedad, habida cuenta que la parte actora no hizo uso
del recurso de súplica que procedía contra la providencia de 22 de
octubre de 2025, por medio de la cual la SECCIÓN SEGUNDA
rechazó de plano la solicitud de extensión de jurisprudencia, esto de
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 246 de
la Ley 1437 de 20119.
Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela es
improcedente ante la existencia de otros medios de defensa judicial,
esto es, el recurso de súplica, el cual la actora tuvo a su alcance y
no interpuso, por lo que no es válido que ahora pretenda suplir su
desidia y descuido dentro del trámite de la solicitud.
En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela
ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se emitan
unas órdenes que evidentemente son competencia del juez de
conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del trámite de la
solicitud de extensión de la jurisprudencia, escenario idóneo para
resolver la controversia aquí planteada.
9
“[…] ARTÍCULO 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados
por el magistrado ponente: […]
4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia […]”.
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Aunado a lo anterior, no se puede desatender en manera alguna el
carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, habida
cuenta que su desconocimiento afectaría el ordenamiento jurídico en
el sentido de que la garantía de los derechos fundamentales no sería
examinada por el juez natural para resolver las controversias
jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el
legislador.
Finalmente, con el fin de analizar si en el presente caso se configura
la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo
dispuesto por la Corte Constitucional10:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
10
Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que
sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito
introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas
probadas se pueda advertir tal situación.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de subsidiariedad,
razón por la que se declarará improcedente la solicitud de amparo,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
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Actora: MARÍA ELENA UPEGUI GALVIS
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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