Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01904-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01904-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01904-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01904-01
Accionante: MARÍA ELENA UPEGUI GALVIS
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO–SECCIÓN SEGUNDA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. SUBSIDIARIEDAD-
No se agotaron los medios de defensa procedentes. RECURSO DE SÚPLICA- Procede contra los autos dispuestos
por el artículo 246 CPACA. SUBSIDIARIEDAD-La tutela no procede para subsanar omisiones propias de las partes.
La Sala decide la impugnación interpuesta contra el fallo proferido el 19 de marzo de
2026, por el Consejo de Estado-Sección Primera-, que declaró improcedente la tutela por
falta del requisito de subsidiariedad.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
María Elena Upegui Galvis, en nombre propio, formuló acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima; que consideró vulnerados por
el Consejo de Estado-Sección Segunda-, al negar la solicitud de extensión de
jurisprudencia identificada con el número único de radicación 2022-00525-00.
En virtud del amparo, el accionante solicitó textualmente:
«Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad
jurídica y confianza legítima.
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Accionante: María Elena Upegui Galvis
Acción de tutela–Segunda instancia
Dejar sin efectos el auto mediante el cual el Consejo de Estado rechazó la solicitud
de extensión jurisprudencial.
Ordenar al Consejo de Estado admitir y resolver de fondo la solicitud de extensión
jurisprudencial.
Disponer que en el análisis del caso se tenga en cuenta el precedente fijado en la
Sentencia SU-136 de 2022.
Garantizar que no se aplique retroactivamente jurisprudencia posterior a una
situación jurídica consolidada desde 2013.
Ordenar en dicho análisis se valore la similitud fáctica reconocida en la sentencia
T-290 del 2022.»
2. Hechos relevantes
La señora María Elena Upegui Galvis, manifestó que el 26 de julio de 2022 elevó ante la
Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones- solicitud de extensión de
jurisprudencia, con el fin de que se aplicaran en su favor los criterios fijados en la
sentencia SU-136 del 21 de abril de 2022 de la Corte Constitucional y en la sentencia de
unificación proferida por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010 expediente 2006-
07509-01, relacionadas con la reliquidación de la pensión de jubilación bajo el régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme a las reglas de
la Ley 33 de 1985 y el análisis del abuso del derecho en materia pensional.
Señaló que dicha solicitud fue radicada con el número único 2025-00525-00 y asignada
por reparto a la Sección Segunda, la cual, mediante providencia del 22 de octubre de
2025, dispuso su rechazo. Indicó que, en desacuerdo con dicha decisión, interpuso
recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera desfavorable mediante providencia
del 3 de diciembre del mismo año por la referida Sección.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante, sostuvo que se configuró un defecto sustantivo y procedimental en
tanto la autoridad judicial accionada realizó una interpretación restrictiva del mecanismo
de extensión de jurisprudencia, con desconocimiento del derecho fundamental a la
igualdad. Lo anterior, por cuanto considera, su situación presenta similitud fáctica con
otros asuntos de naturaleza pensional en los que se ha otorgado protección constitucional
en términos análogos.
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Accionante: María Elena Upegui Galvis
Acción de tutela–Segunda instancia
Sostuvo igualmente que la Sección accionada rechazó la solicitud sin efectuar un análisis
de fondo de su caso particular, privilegiando una interpretación estrictamente formal del
mecanismo, lo que, en su criterio, condujo a la vulneración de sus derechos
fundamentales.
4. Trámite de primera instancia
El 10 de marzo de 2026, el Consejo de Estado-Sección Primera admitió la acción de
tutela1 formulada por la señora María Elena Upegui Galvis contra el Consejo de Estado-
Sección Segunda. Así mismo, ordenó la notificación al accionante y a la autoridad judicial
accionada, así como a la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, en
calidad de terceros interesados. Igualmente, requirió a la Secretaría de la Sección
Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado para que allegara copia completa del
expediente del proceso en cuestión.
En su escrito de contestación2, el Consejo de Estado-Sección Segunda solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que la parte accionante no agotó los
mecanismos judiciales ordinarios, pues no interpuso los recursos procedentes contra las
decisiones cuestionadas, pues sólo interpuso recurso de reposición contra la decisión de
rechazo, el cual fue resuelto mediante auto del 3 de diciembre de 2025. Aunado a esto,
en la contestación se expuso que la accionante pretende utilizar la acción de tutela como
un escenario adicional para reabrir un debate procesal que feneció.
Asimismo, en su escrito de contestación3, la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones- sostuvo que las inconformidades planteadas por el accionante no
proceden ante la existencia de la cosa juzgado, además del incumplimiento de los
requisitos de procedibilidad la acción de tutela, así como tampoco se encuentra
demostrado que Colpensiones haya vulnerado los derechos reclamados por el
accionante y está actuando conforme a derecho.
El 19 de marzo de 20264, el Consejo de Estado-Sección Primera- profirió sentencia de
primera instancia, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, al considerar
1 SAMAI, índice 4 de la primera instancia.
2 SAMAI, índice 10 de la primera instancia.
3 SAMAI, índice 12 de la primera instancia.
4 SAMAI, índice 15 de la primera instancia.
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que no se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que el accionante no agotó los
mecanismos ordinarios de defensa judicial a su alcance dentro del proceso solicitud de
extensión de jurisprudencia identificada con el número único de radicación 2022-00525-
00., pues no interpuso recurso de súplica que procedía contra la providencia de 22 de
octubre de 2025 por medio de la cual la Consejera Elizabeth Becerra Cornejo Sección
Segunda- Subsección B- Consejo de Estado- rechazó de plano la solicitud de extensión
de jurisprudencia, esto de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 247
de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, señaló que la acción constitucional no puede
utilizarse para reabrir un debate judicial ya concluido ni para subsanar omisiones
procesales atribuibles a la parte actora y a su apoderada judicial.
Posteriormente, la parte accionante, en su escrito de impugnación 5 , señaló que la
sentencia de primera instancia incurrió en una valoración errónea del requisito de
subsidiariedad, pues alega que la acción de tutela resulta excepcionalmente procedente
aun en ausencia del agotamiento de todos los mecanismos ordinarios de defensa judicial,
cuando se configura la vulneración de derechos fundamentales o la amenaza de un
perjuicio irremediable. En ese contexto, se advierte que la Sala dejó de valorar que la
controversia planteada reviste una evidente relevancia constitucional, en la medida en
que compromete directamente garantías fundamentales como el debido proceso, la
igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima.
Finalmente, el 24 de marzo de 2026, se concedió el recurso de impugnación6.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
19 de marzo de 2026, proferida por el Consejo de Estado-Sección Primera-, que declaró
improcedente la tutela por falta del requisito de subsidiariedad.
5 SAMAI, índice 19 de la primera instancia.
6 SAMAI, índice 21 de la primera instancia.
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Accionante: María Elena Upegui Galvis
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6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 7 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela8.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
7 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla tiene
dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa no sean idóneos ni
eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados9.
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude
a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede
desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni
pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe
conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado
asunto radicado bajo su competencia10.
Caso concreto
La señora María Elena Upegui Galvis, en nombre propio, promovió acción de tutela contra
el auto del 22 de octubre de 2025, proferido por el Consejo de Estado-Sección Segunda,
al considerar que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima
La Sala advierte que, la tutela promovida por la señora Upegui Galvis será declarada
improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad. Esto, pues la
Sala observa que el accionante no agotó todos los recursos que tenía a su disposición
dentro del proceso ordinario para controvertir la providencia.
Se observa que, como fundamentos de la acción de tutela, el accionante sostiene que la
providencia del 22 de octubre de 2025 incurrió en defectos de carácter sustantivo y
procedimental, al considerar que la autoridad judicial accionada adoptó una interpretación
restrictiva del mecanismo de extensión de jurisprudencia, con desconocimiento del
derecho fundamental a la igualdad. Sustentó esta afirmación en la existencia de
9Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
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Accionante: María Elena Upegui Galvis
Acción de tutela–Segunda instancia
similitudes fácticas entre su caso y otros asuntos pensionales en los que se ha reconocido
protección constitucional bajo supuestos análogos.
De igual forma, indicó que la Consejera Elizabeth Bercerra de la Sección Segunda -
Subsección B- del Consejo de Estado dispuso el rechazo de la solicitud sin adelantar un
estudio de fondo de su situación particular, al dar prevalencia a una lectura estrictamente
formal del mecanismo, circunstancia que, a su juicio, derivó en la vulneración de sus
derechos fundamentales.
Sin embargo, de los documentos aportados al proceso, la Sala advierte que la acción de
tutela interpuesta no satisface los requisitos de procedencia previstos para este
mecanismo constitucional frente a providencias judiciales.
En primer lugar, como ya lo mencionó el juez de primera instancia de la tutela, se constató
que, la parte actora omitió interponer el recurso de súplica contra la providencia de 22 de
octubre de 2025. En ese orden, se advierte la existencia de un mecanismo de defensa
judicial idóneo del cual la accionante podía hacer uso y, sin embargo, no lo ejerció, razón
por la cual no resulta admisible que, a través de la acción de tutela, pretenda subsanar la
falta de diligencia evidenciada dentro del trámite respectivo:
«la Sala evidencia que las inconformidades planteadas por la actora en este trámite
constitucional recaen en que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al rechazar la solicitud de extensión de la jurisprudencia, sin analizar
de fondo su situación pensional particular.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de tutela es
improcedente por carencia del requisito de subsidiariedad, habida cuenta que la
parte actora no hizo uso del recurso de súplica que procedía contra la providencia
de 22 de octubre de 2025, por medio de la cual la SECCIÓN SEGUNDA rechazó
de plano la solicitud de extensión de jurisprudencia, esto de conformidad con lo
establecido en el numeral 4 del artículo 246 de la Ley 1437 de 2011.
Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela es improcedente
ante la existencia de otros medios de defensa judicial, esto es, el recurso de
súplica, el cual la actora tuvo a su alcance y no interpuso, por lo que no es válido
que ahora pretenda suplir su desidia y descuido dentro del trámite de la solicitud.»
Así las cosas, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela se dirigió a controvertir
decisiones judiciales adoptadas dentro de un trámite ordinario en el que existieron medios
de defensa judicial idóneos y suficientes, los cuales no fueron ejercidos en la oportunidad
legal por la parte actora. Bajo esa perspectiva, la acción incumple el requisito de
subsidiariedad, en tanto la inconformidad debió plantearse de forma directa y oportuna
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mediante los recursos de reposición y súplica contra la providencia que rechazó la
solicitud de extensión de jurisprudencia, escenario procesal en el que correspondía al
juez natural valorar los argumentos. En este contexto, la Sala precisa que no es posible
alegar la propia culpa como fundamento de la vulneración reclamada, toda vez que hubo
incumplimiento de las cargas procesales atribuibles al accionante, quien no interpuso el
recurso procedente de súplica contra el auto del 22 de octubre de 2025 que rechaza la
solicitud de extensión de jurisprudencia.
En consecuencia, existió una inobservancia de los deberes procesales de la propia parte
demandante al no agotar los medios de defensa idóneos para superar la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
De otra parte, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara el
amparo como mecanismo transitorio. El actor tuvo a su disposición las instancias
judiciales previstas por la ley, sin que se demostrara una afectación grave y actual de sus
derechos fundamentales que hiciera procedente la intervención del juez constitucional.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez constitucional reevalúe las decisiones
adoptadas en el trámite ordinario, frente a las cuales se prevén, en el ordenamiento
jurídico, mecanismos procesales de contradicción. La acción de tutela no constituye una
instancia adicional para controvertir decisiones judiciales adoptadas dentro de un proceso
ordinario ni está prevista para desconocer la autonomía funcional de los jueces en la
aplicación del ordenamiento jurídico.
En virtud de lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, en virtud del
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por el Consejo
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Accionante: María Elena Upegui Galvis
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de Estado-Sección Primera-, que declaró improcedente la acción de tutela por falta del
requisito de subsidiariedad.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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