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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01905-01

Fecha
27 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01905-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01905-01 (7936)
Accionante: Norma Ruth Beltran Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la señora Norma Ruth Beltran Sánchez contra la
sentencia de primera instancia del 14 de mayo de 2026 proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1. Síntesis del caso

La señora Norma Ruth Beltrán Sánchez promovió solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad,
que estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar con ocasión de la
sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida dentro del proceso con radicado
núm. 20001-33-33-007-2024-00168-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01905-00, índice 2.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01905-01 (7936)
Accionante: Norma Ruth Beltran Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

2. La señora Norma Ruth Beltran Sánchez es educadora oficial ubicada en la
categoría 2BE del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el
Decreto-Ley 1278 de 2002.

3. La accionante, mediante sendos escritos radicados en la Secretaría de
Educación del departamento del Cesar y en el Ministerio de Educación Nacional,
solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos que, a su juicio, fueron «desiguales e injustificados decretados para el
año 2009, en los cuales se favoreció a docentes de una categoría inferior (2AE) en
detrimento de quienes, como ella, se encontraban en el escalafón 2BE».

4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los oficios
CES2024ER006748 y CES2024EE003028 del 22 de febrero de 2024, así como el
núm. 2024-EE-053966 del 27 de febrero de 2024, respectivamente, rechazaron el
requerimiento de la tutelante.

5. La señora Norma Ruth Beltrán Sánchez promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento
del Cesar y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejaran sin efecto los actos administrativos referidos; y, en
consecuencia, iii) se ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los
incrementos porcentuales establecidos por el Gobierno Nacional durante los tres (3)
años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en virtud del
fenómeno de la prescripción, con base en los incrementos porcentuales fijados por
el Gobierno Nacional durante el año 2009, conforme al valor reconocido para los
docentes ubicados en el escalafón 2AE, dado que el aplicado al nivel 2BE fue
inferior. Asimismo, solicitó el ajuste de sus prestaciones sociales.

6. El Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar, mediante sentencia del 30 de
abril de 2025, desestimó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
diferencia en el incremento salarial de los docentes durante los años 2008 y 2009
se encontraba debidamente justificada y ajustada a derecho, pues obedeció al
ejercicio de la potestad de configuración normativa del Gobierno Nacional para fijar
el régimen salarial y prestacional de los docentes oficiales, dentro de los límites
establecidos por la ley.

7. El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de providencia del 4 de septiembre
de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia
proferida el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo número
20001-33-33-007-2024- 00168-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) NORMA

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01905-01 (7936)
Accionante: Norma Ruth Beltran Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

RUTH BELTRAN SANCHEZ, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
NORMA RUTH BELTRAN SANCHEZ a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico. 2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en defecto sustantivo,
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.

10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de manera
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-
Ley 1278 de 2002, al otorgar un trato desigual en los incrementos salariales de los
docentes de las categorías 2AE y 2BE, decretados en el año 2009, cuya diferencia
carecía de sustento objetivo y produjo una afectación permanente en la base salarial
de los docentes de la categoría 2BE.

11. Asimismo, advirtió que, para el Tribunal, las diferencias en el incremento salarial
de 2009 respondían a criterios razonables previstos en la normativa, tales como la
formación académica, la experiencia y la ubicación en el escalafón docente; sin
embargo, no se tuvo en cuenta la aplicación de los principios de igualdad y
progresividad que regulan los aspectos salariales.

12. Por otra parte, señaló que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico,
porque pasó por alto que, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho, no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en los escalafones 2AE
y 2BE.

13. Finalmente, informó que, en sentencia del 25 de marzo de 2025, el Juzgado
Veintitrés Administrativo Oral de Medellín accedió a las pretensiones de una
demanda con iguales fundamentos fácticos y jurídicos, postura reiterada por el
Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín.

2.3. Trámite Procesal

14. El despacho ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 11 de marzo de 20263, admitió la solicitud de amparo;
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Cesar, en su condición de
autoridad accionada; y puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Séptimo

2
Se transcribe incluso con errores de texto.
3
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01905-00, índice 5.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01905-01 (7936)
Accionante: Norma Ruth Beltran Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
al departamento del Cesar, en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

15. El Ministerio de Educación Nacional4 manifestó que la acción de tutela contra
providencias judiciales es de naturaleza excepcional, residual y subsidiaria, razón
por la cual su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento estricto de los
requisitos generales y específicos definidos por la jurisprudencia constitucional,
presupuestos que, en su criterio, no se acreditaban en el caso concreto, toda vez
que la parte accionante pretendía reabrir un debate ya resuelto por el juez natural
y, con ello, sustituir indebidamente la autonomía e independencia judicial del
Tribunal.

16. Aunado a lo anterior, señaló que la inconformidad de la tutelante se circunscribía
a cuestionar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, sin que
existiera actuación u omisión atribuible al ministerio que pudiera constituir una
vulneración de sus derechos fundamentales. En consecuencia, solicitó que se
declarara la improcedencia y se dispusiera su desvinculación del trámite
constitucional.

17. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar5 indicó que reiteraba y
acogía los fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos
en la providencia del 4 de septiembre de 2025, así como los criterios impartidos por
el juez constitucional en la decisión adoptada dentro del presente trámite.

18. Además, informó que los once (11) despachos de los juzgados administrativos
del circuito de Valledupar y los seis (6) que conforman el Tribunal han mantenido
una línea uniforme en la decisión de los procesos relacionados con el incremento
salarial por concepto de escalafón docente, desestimando las pretensiones de las
demandas.

19. La Fiduprevisora S.A.6 solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela
y, en consecuencia, se ordenara su desvinculación del trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Alegó que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la accionante, pues no existe un nexo de causalidad
entre las actuaciones de la entidad y la presunta amenaza o vulneración alegada.
Precisó que no profirió la providencia judicial cuestionada ni incurrió en acción u
omisión que pudiera afectar los derechos fundamentales de la parte actora.

20. Los demás vinculados guardaron silencio.

4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01905-00, índice 14, certificado 32C614F22C5CAAA1 F6E71695048397AA
D7A7F7EEBC04F00F 617838FC3EEC5C73.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01905-00, índice 15, certificado 64E23C730C13A65B 768A160BE87BA02F
68F7C75938E250E3 0281591D66030BFA.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01905-00, índice 18, certificado 56717DF9A96D8D78
4A69F65B92D3C0D0 378013968CB111A3 3FCEA5EE072D171E.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01905-01 (7936)
Accionante: Norma Ruth Beltran Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 14 de mayo de 20267, declaró improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Para fundamentar su
decisión, destacó los argumentos de las providencias cuestionadas y afirmó que la
tutelante pretendía emplear este mecanismo excepcional como una instancia
adicional al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
propósito de abrir nuevamente el debate jurídico y probatorio y, de esta manera,
obtener una decisión favorable.

2.6. Impugnación

22. La parte actora presentó impugnación8 contra la sentencia del 14 de mayo de
2026. En su escrito afirmó que la decisión impugnada omitió realizar un análisis
riguroso de los hechos acreditados en el expediente, en relación con la
configuración de los defectos sustantivo y fáctico en los que incurrió el fallo del 4 de
septiembre de 2025.

23. Refirió que el asunto reviste relevancia constitucional, en tanto compromete la
presunta afectación de derechos laborales fundamentales derivada de la distorsión
de la base salarial de la accionante, con incidencia directa en su remuneración y
estabilidad económica. En ese sentido, la controversia trasciende el ámbito
meramente legal, pues involucra la garantía del derecho al trabajo en condiciones
dignas y justas, así como a una remuneración acorde con la labor desempeñada, lo
que justifica el análisis del juez constitucional.

24. Señaló que la tutela no se promovió como una instancia adicional para
controvertir la decisión adoptada por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Precisó que su finalidad se limitaba a obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, los cuales estimó
vulnerados por la providencia cuestionada.

25. Resaltó que, en el caso concreto, la evidencia salarial demuestra que, durante
el año 2009, la categoría 2AE del escalafón docente recibió un incremento del 15,61
%, mientras que la categoría 2BE obtuvo apenas un 7,67 %.

26. Agregó que la providencia judicial impugnada, al negar el reconocimiento de
esta inequidad, perpetuó una desigualdad incompatible con los artículos 13 de la
Constitución, 21 del Decreto-Ley 1278 de 2002 y la Ley 4 de 1992. Esa circunstancia
afecta el derecho a la igualdad, por lo que resulta evidente que la providencia
cuestionada incurrió en una vía de hecho.

27. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

7
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-01905-00, índice 20.
8
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-01905-00, índice 25.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01905-01 (7936)
Accionante: Norma Ruth Beltran Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

3. Consideraciones

3.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 14 de
mayo de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

29. La legitimación en la causa por activa de la señora Norma Ruth Beltrán Sánchez
está acreditada, porque fue la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Admi-
nistrativo del Cesar, debido a que fue la autoridad que profirió la providencia, objeto
de estudio.

31. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación, al considerar que no estaba llamado a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.

32. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.

34.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01905-01 (7936)
Accionante: Norma Ruth Beltran Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

36. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

37. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional13
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia14.

38. Contrario a lo que determinó la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la sentencia impugnada, esta Sala considera que la cuestión que se
discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse configurados
en el fallo del 4 de septiembre de 2025 los defectos alegados en el escrito de tutela,
quedaría acreditado en el proceso ordinario que la señora Norma Ruth Beltrán
Sánchez tenía derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial derivada
de los incrementos aplicados de manera desigual a los docentes regidos por el
Decreto-Ley 1278 de 2002, específicamente entre los niveles 2AE y 2BE de un
grado en el escalafón inferior al que pertenece.

11
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
12
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Ibidem
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de
relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo que implica revisar
«que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo
que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia
versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la
providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales .

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39. En ese escenario, la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar que confirmó
la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
comprometería y afectaría los derechos fundamentales para cuyo amparo se acudió
a esta acción constitucional.

40. La presente acción también supera el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela

41. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Cesar fue notificada el 9 de septiembre siguiente15, y la demanda de tutela se
presentó el 9 de marzo de 202616, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.

42. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y fáctico y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico

45. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Cesar
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad
de la tutelante?

46. En particular, deberá establecer si ¿la autoridad accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 4 de septiembre de 2025
que confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda promovida por la

15
Samai, exp. 20001-33-33-007-2024-00168-01, índice 13.
16
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01905-00, índice 3, certificado AB3CB6B4E73C882D 2A97B67E7170353F
6AC7A077A61B491E F8C40BFDB82D11BC.
17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

8

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accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento
del Cesar, relacionadas con el ajuste de la diferencia salarial entre su escalafón 2AE
con respecto al grado 2BE?

47. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

48. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.

49. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

50. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]20.

51. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

52. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
19
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.

9

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derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21

3.4.2. El defecto fáctico

53. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

54. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»25.

55. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso26.

56. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»28.

21
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.

10

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Accionante: Norma Ruth Beltran Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

57. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]29.

3.5. Caso concreto

58. En el asunto bajo estudio, la señora Norma Ruth Beltrán Sánchez promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del dere-
cho contra el departamento del Cesar y la Nación, Ministerio de Educación Nacio-
nal, con el fin de que se dejaran sin efecto los oficios CES2024ER006748 y
CES2024EE003028 del 22 de febrero de 2024, así como el núm. 2024-EE-053966
del 27 de febrero de 2024 y, en consecuencia, se ordenara pagar la diferencia sa-
larial existente entre el grado que ocupa como educadora ubicada en el nivel 2BE
respecto del 2AE del escalafón nacional docente.

59. En primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar,
mediante sentencia del 30 de abril de 2025, desestimó las pretensiones de la
demanda. Apelada dicha decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió fallo
el 4 de septiembre de 2025, en el que confirmó la providencia del juez de primera
instancia.

60. Ahora bien, la parte accionante alegó en el escrito de tutela que la autoridad
judicial accionada, al dictar el fallo del 4 de septiembre de 2025, incurrió en defecto
sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada de los postulados
normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, apartándose de los
lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia, especialmente de los
principios de igualdad y progresividad.

61. De este modo, precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto-Ley 1278
de 2002, al otorgar un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes
ubicados en los niveles 2AE y 2BE, decretados en el año 2009, sin tener en cuenta

29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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Accionante: Norma Ruth Beltran Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

que la diferencia carecía de fundamento objetivo, lo cual produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 2BE.

62. De otro lado, señaló que la decisión cuestionada contenía un defecto fáctico,
porque pasó por alto que, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho, no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en los escalafones 2AE
y 2BE.

63. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Cesar efectuó un
análisis a partir del marco constitucional y legal que regula las facultades del
Congreso de la República y del Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, incluido el personal docente, y precisó que
corresponde al legislador expedir la ley marco que establezca los objetivos y
criterios para dicha determinación, mientras que al Ejecutivo le compete desarrollar
esos lineamientos mediante decretos, con sujeción a los límites previstos.

64. En ese sentido, indicó que, en desarrollo de dichas competencias, la Ley 4 de
1992 estableció los criterios que debía observar el Gobierno Nacional para fijar la
remuneración de los servidores públicos, de manera que los actos administrativos
que se emitieran para darle cumplimiento podían «moverse libremente dentro de
ese marco, con claro respeto de la norma superior».

65. De igual forma, expuso que el Decreto-Ley 1278 de 2002 reguló el Estatuto de
Profesionalización Docente y estableció un sistema de clasificación de los
educadores basado en su formación académica, experiencia, desempeño y
competencias, el cual se materializa en una estructura escalafonaria que permite
asignar el salario correspondiente.

66. Así pues, la autoridad accionada explicó que el decreto plantea una estructura
del escalafón docente con base en tres grados, cada uno compuesto por cuatro
niveles salariales (A, B, C y D), que dependen de la formación académica del edu-
cador. De este modo, el ingreso a la carrera y la ubicación dentro del escalafón se
hacen conforme al título académico, y los ascensos o reubicaciones requieren una
evaluación de competencias, el cumplimiento de requisitos y un tiempo mínimo de
permanencia o experiencia.

67. Con base en lo anterior, el Tribunal precisó que en el expediente se demostró
que la señora Norma Ruth Beltrán Sánchez se vinculó como docente en carrera en
el grado 2BE, de conformidad con la Resolución 000119 del 1 de septiembre de
2016 y, según los comprobantes de nómina, su asignación corresponde al nivel que
ocupa en el escalafón.

68. Seguidamente, la autoridad judicial advirtió que la circunstancia que dio origen
a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se concretó en la inconfor-
midad de la parte actora con el aumento decretado para los años 2008, 2009 y
2011, pues, en su criterio, fue menor en comparación con otros docentes.

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69. Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Cesar efectuó un análisis del
Decreto 624 de 2008, modificado por el Decreto 714 de 2008, y del Decreto 702 de
2009, modificado por el Decreto 1238 de 2009, con el fin de comparar los incre-
mentos salariales asignados a los docentes ubicados en los niveles 2AE y 2BE en
los años 2008, 2009 y 2011, lo cual le permitió concluir que no le asistía razón a la
parte demandante cuando consideró que se afectó negativamente su asignación
básica, pues dicho valor no fue modificado porcentualmente, sino que el decreto lo
fijó en un monto líquido que solo pretendía seguir los preceptos estipulados en la
Ley 4 de 1992.

70. Con relación al monto de liquidación de las asignaciones del personal docente,
la autoridad accionada desarrolló el siguiente análisis:

El Decreto 624 de 2008, modificado parcialmente por el Decreto 714 de 2008, fijó la
remuneración de los servidores públicos docentes, así:

[…]

Posteriormente, fue expedido el Decreto 702 de 2009, en el que se fijó la remunera-
ción de los docentes y directivos docentes, así:

[…]

Luego, para el año 2011 se profirió el Decreto 1027 de 2011, en el que se fijó la
asignación básica mensual al siguiente tenor:

[…]

En las condiciones planteadas, luego del análisis de los decretos citados, relativos a
la actividad docente, considera el Tribunal que no le asiste razón al apelante cuando
asegura que el Gobierno Nacional fijó el aumento salarial en porcentajes disimiles
respecto de los distintos grados que conforman el escalafón, toda vez que el aumento
corresponde a una cifra exacta; lo que permite colegir que el aumento otorgado no
depende necesariamente del salario fijado para el año anterior sino que obedece a
la facultad del gobierno para fijar el régimen salarial de sus empleados como lo dis-
puso la Ley 4 de 1992.

Así, esa normatividad establece que corresponde al Gobierno Nacional fijar el régi-
men salarial y prestacional de los empleados públicos entre ellos la población do-
cente al servicio del Estado como se recalcó en el artículo 46 del Decreto 1278 de
200214; por lo cual para fijar la remuneración de los servidores públicos docentes se
exige que el acto promulgado por el Gobierno Nacional se ajuste a los límites esta-
blecidos por la Ley marco, dentro los cuales se destaca (en lo que respecta a la mo-
dificación de las asignaciones salariales) que el valor debe aumentarse anualmente
con el propósito de contrarrestar el fenómeno inflacionario y la imposibilidad de des-
mejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos, conforme a lo
establecido en el artículo 2° y 4° de la referida Ley marco; límites que no demostró la
parte demandante que, de alguna manera, fueron desatendidos.

En el escenario anotado, insiste la Sala, no se comparten los argumentos del recu-
rrente en cuanto a que el aumento en un porcentaje desigual que se realizó para los
años 2008, 2009 y 2011 afectó negativamente el valor del importe en el año siguiente,

13

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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

toda vez que este valor no es modificado porcentualmente, sino que el decreto lo fija
en un monto líquido que solo debe seguir los preceptos estipulados por la Ley marco,
como se indicó.

71. Posteriormente, la providencia acusada examinó la figura del aumento salarial
de los servidores públicos conforme los criterios establecidos por la Corte Constitu-
cional en la sentencia C – 1433 de 2000 e indicó que el Estado Social de Derecho
se distingue por hacer de la igualdad material un principio fundamental, orientado a
corregir las desigualdades existentes, garantizar el goce efectivo de los derechos
fundamentales y materializar la justicia social y la dignidad humana mediante la
sujeción de las autoridades a los principios y mandatos constitucionales, por lo cual
la igualdad no es matemática. Respecto a la decisión de la Corte, el Tribunal des-
taco lo siguiente:

[…] La igualdad protegida por la Constitución no es matemática sino material. La
igualdad debe ser entendida en sentido material o sustancial, apreciando la situación
semejante o diferente entre grupos de personas, de tal manera que los desiguales
sean tratados de manera desigual y los iguales de manera igual

El aumento salarial no tiene que ser idéntico para todos. La igualdad matemática o
mecánica es contraria al principio según el cual, los iguales deben ser tratados igual
y los diferentes deben ser tratados diferente. Este principio ha sido continuamente
reiterado por la Corte pues ocupa una posición medular en un Estado Social de
Derecho, en el que la igualdad no es formal, sino sustantiva o real. Siguiendo este
orden de ideas, la Corte constata que entre los servidores públicos hay diferencias
salariales de gran magnitud. Es decir, la brecha entre los servidores de bajos salarios
y los de salarios altos es extensa y además ha aumentado en la década de los años
noventa. Por lo anterior, la Corte concluye que debe hacerse un aumento para todos
estos servidores públicos, aunque éste no tiene que hacerse en el mismo porcentaje
para todos.

72. Por otro lado, la autoridad accionada refirió la providencia del Consejo de
Estado relativa al principio de «a trabajo igual, salario igual», en la cual se expuso
que la Corte Constitucional ha precisado que el trato diferenciado es
constitucionalmente admisible siempre que se funde en diferencias objetivas entre
las personas, persiga una finalidad legítima y razonable, guarde coherencia con las
circunstancias que lo justifican y resulte proporcional a los fines constitucionales
que pretende alcanzar:

[…] 156. De la jurisprudencia en mención se puede concluir que el trato diferenciado
es constitucionalmente admisible siempre que cumpla con una serie de requisitos
estrictos de razonabilidad y proporcionalidad. Lo anterior refuerza el principio de
igualdad material consagrado en la Constitución Política, que permite excepciones al
trato igualitario en la medida en que estén justificadas en criterios objetivos y
razonables, evitando discriminaciones arbitrarias o desproporcionadas.

157. Así, el derecho a la igualdad implica una igualdad real, que busca un trato igual
a las personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones, y que justifica un
trato diferente sólo cuando se encuentran bajo distintas condiciones

158. Con base en éste derecho fundamental contenido en la Constitución es que se
ha dado desarrollo al principio de “[…] a trabajo igual, salario igual […]”. No se puede

14

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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

dar un trato discriminatorio entre trabajadores, que cumpliendo una misma labor con
las mismas responsabilidades, sean objeto de una remuneración diferente. […]30.

73. Con base en lo anterior, la providencia cuestionada señaló que la decisión del
Gobierno Nacional de aumentar las asignaciones salariales de los docentes
oficiales de forma diferenciada, en consideración a los grados y niveles salariales
para los años 2008, 2009 y 2011, se ajustó a lo previsto por las normas que rigen
la materia, dada la potestad de configuración normativa otorgada por la
Constitución Política.

74. En este sentido, el Tribunal destacó que, si bien el incremento de los
educadores ubicados en el escalafón 2AE fue mayor al de quienes se encontraban
en el grado 2BE, lo cierto es que corresponden a niveles salariales distintos y no
podría predicarse de ellos una igualdad, porque no lo son conforme con la
estructura de la población docente.

75. Agregó que, al examinar los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, se
evidenció una diferencia en el porcentaje de aumento entre los niveles 2AE y 2BE.
De modo que al grado 2BE le correspondió una asignación salarial inferior a la de
quienes se encontraban en el escalafón 2AE, razón por la cual la norma acató los
criterios y objetivos del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, toda vez que el grado 2BE
pertenece a una categoría superior a la 2AE.

76. Así pues, el Tribunal concluyó que no existe discriminación por aplicar
incrementos salariales desiguales entre los docentes, ya que la clasificación en el
escalafón depende de la formación académica y del cumplimiento de requisitos
establecidos en el artículo 21 y siguientes del Decreto-Ley 1278 de 2002. Por lo
anterior, consideró que no se vulneraba el principio de «a trabajo igual, salario
igual», pues los grupos 2AE y 2BE tienen requisitos distintos para el acceso y
permanencia en el cargo, y por ello no son equivalentes.

77. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 4 de septiembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, no incurrió en los defectos
alegados, pues efectuó un análisis razonable y adecuado de la normativa, la
jurisprudencia aplicable al asunto y los documentos aportados al proceso, lo que le
permitió concluir que la diferencia salarial existente entre los docentes ubicados en
los niveles 2AE y 2BE del escalafón nacional docente se justificaba en criterios
objetivos definidos por el legislador (Decreto-Ley 1278 de 2002), relacionados con
la capacitación y el nivel educativo del docente.

78. En efecto, se advierte que el Tribunal examinó el contenido del Decreto-Ley
1278 de 2002 en conjunto con los decretos salariales 624 y 718 de 2008 y 702 y
1238 de 2009, para verificar la trazabilidad con la que el Gobierno Nacional fijó los
incrementos salariales durante dichas anualidades para los grados 2AE y 2BE, así
como las condiciones que llevaron a definir los valores respectivos.

30
Consejo de estado. Sección primera. Radicado 11001-03-24-000-2012-00238-00 del 20 de marzo de 2025. MP. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01905-01 (7936)
Accionante: Norma Ruth Beltran Sánchez
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79. El estudio normativo y jurisprudencial desarrollado por la autoridad accionada
permitió constatar que la diferencia salarial establecida para los docentes en los
grados 2AE y 2BE tenía una justificación válida y no resultaba contraria al principio
de progresividad y no regresividad en materia salarial, dado que no se demostró
una desmejora económica para los educadores ubicados en el grado 2BE.

80. Cabe aclarar que el porcentaje que la tutelante aduce fue reconocido para los
docentes ubicados en el grado 2BE en los años 2008 y 2009, no fue inferior al IPC
certificado por el DANE31 para esas anualidades, razón por la cual no puede
advertirse que el valor otorgado represente un acto inequitativo o regresivo frente a
sus derechos salariales.

81. Dicho esto, para la Sala no resulta posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo ni fáctico, como lo plantea la parte tutelante, pues las razones y motivos
que dieron origen a la fijación diferenciada del salario entre los grados 2BE y 2AE
encuentran fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto-Ley 1278 de
2002, el cual faculta al Ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los
educadores en los siguientes términos:

El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones adicio-
nales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño
de la institución educativa que dirijan.

82. De acuerdo con lo anterior, se observa que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cesar no realizó una interpretación sesgada de la normativa
aplicable ni de los criterios jurisprudenciales que rigen el caso sometido a estudio;
por el contrario, lo que se evidencia es que los argumentos desarrollados en la
providencia objeto de tutela se ajustan a las pautas establecidas por el legislador
sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.

83. Adicionalmente, el análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial
accionada, lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, revela que
fue estricto, objetivo y acorde con el contenido de los documentos aportados a la
actuación judicial. Por ello, no resulta posible concluir que la decisión objeto de
tutela fuera contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le haya otorgado el
valor probatorio que la tutelante pretendía atribuir a los medios de prueba allegados
al proceso.

84. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume

31
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) de Colombia para el año 2008 tuvo una variación anual del 7.67%. y en el año
2009 del 2.0.

16

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de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»32.

85. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, realizó una
interpretación coherente y razonable de las normas y de los criterios
jurisprudenciales aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en
el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien
la providencia objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante, ello no implica que
se hayan desconocido sus garantías constitucionales.

86. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir
el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.

87. Finalmente, es preciso señalar que las decisiones emitidas por los Juzgados
Veintitrés Administrativo Oral de Medellín y Veintiocho Administrativo de Medellín
no constituyen precedente vertical ni horizontal obligatorio para el Tribunal
Administrativo del Cesar, motivo por el cual no representan un criterio que deba ser
acogido por la autoridad accionada.

4. Conclusión

88. Por las razones expuestas, la Sala encontró que el Tribunal Administrativo del
Cesar no incurrió en los defectos alegados por la accionante. Por tal motivo,
modificará la sentencia del 14 de mayo de 2026 proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera de esta corporación, que declaró improcedentes las
pretensiones de amparo y, en su lugar, negará la tutela.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 14 de mayo de 2026 emitida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

32
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01905-01 (7936)
Accionante: Norma Ruth Beltran Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Segundo: Negar la tutela interpuesta por la señora Norma Ruth Beltran
Sánchez contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones
consignadas en esta sentencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con permiso

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx

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