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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01913-00

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01913-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, conforme a la motivación de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01913-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01913-001
Accionante : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial
Colombiana
Accionados : Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro2
Vinculada : Nohora Camila Ospina Jiménez
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, retiro del servicio por proceso
disciplinario
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de

tutela incoada por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial
Colombiana (FAC) contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Catorce (14) Administrativo de Santiago de Cali, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la parte actora frente a las providencias judiciales objeto de censura; luego,
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - FAC, actuando a través de
apoderado judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y el Juzgado Catorce (14) Administrativo de Cali.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Juzgado Catorce (14) Administrativo de Santiago de Cali.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01913-00
Accionante: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

4. Por consiguiente, la actora solicitó:

SEGUNDA: […] DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida
por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca [el] 03 de septiembre de
2025, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento radicada bajo el No.
76001 33 33 014 2013 00363 01.

TERCERA: ORDENAR al Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
en el término, dispuesto por su digno Despacho, contado a partir de la notificación
[de] la providencia, profiera nueva sentencia, bajo los lineamientos señalados en la
presente Acción de Tutela.

Hechos3

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

accionante, se puede evidenciar que, la señora Nohora Camila Ospina Jiménez
se encontraba vinculada como alférez al programa de formación de oficiales de la
Escuela Militar de Aviación «Marco Fidel Suárez» de la FAC.

6. El 26 de junio de 2012, con ocasión del reporte de pérdida de unas gafas marca

Ray-Ban, tipo piloto, de propiedad de su compañera de curso Luisa Fernanda
Salazar Vigoya, el personal de la FAC y la Dirección de Investigación Criminal e
Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional adelantaron una requisa. Luego, en
desarrollo de la diligencia de inspección realizada en el alojamiento de las cadetes,
las gafas fueron encontradas en la cómoda asignada a la señora Ospina Jiménez.

7. Con fundamento en los anteriores hechos, el Consejo Militar de la Escuela Militar

de Aviación «Marco Fidel Suárez» inició un proceso disciplinario contra la investigada,
por la presunta comisión de la falta gravísima contemplada en el numeral 17 del
artículo 54 del Reglamento de Régimen Disciplinario aplicable, consistente en
«apoderarse de bienes, dineros o valores ajenos en beneficio propio o de un tercero» .

8. Durante el trámite, la defensa presentó descargos y solicitó la declaratoria de

nulidad de la actuación, por irregularidades en el proceso, así como la práctica de
pruebas orientadas a controvertir los hechos objeto de investigación. Sin embargo,
mediante las actas No. 041 del 7 de septiembre de 2012 y No. 053 del 9 y 11 de
octubre de 2012, el Consejo Militar negó las nulidades invocadas y formuló cargos,
decisión que fue confirmada el 1 de noviembre de 2012 al resolverse el recurso de
reposición.

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, archivo 1.
2

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Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

9. La Junta Calificadora de la Escuela Militar de Aviación designada en segunda

instancia, mediante acta No. 090 del 18 de diciembre de 2012, ordenó retirar a la
señora Ospina Jiménez, decisión que fue confirmada mediante auto del 5 de
febrero de 2013 que resolvió el recurso de reposición interpuesto. Adicionalmente,
la entidad expidió la Resolución No. 271 del 2 de mayo de 2016, mediante la cual
fue retirada del programa de oficiales de la FAC.

10. Habiendo agotado la sede administrativa, la señora Ospina Jiménez promovió

demanda en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - FAC - Escuela
Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, con el fin de dejar sin efectos el acta No.
090 del 18 de diciembre de 2012, el auto del 5 de febrero de 2013 y la Resolución
No. 271 del 2 de mayo de 2016. A título de restablecimiento del derecho, solicitó su
reintegro, el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones y demás
conceptos laborales dejados de percibir, así como una retractación pública.

11. El asunto fue decidido, en primera instancia, por el Juzgado Catorce (14)
Administrativo de Cali (proceso con radicado No. 76001-33-33-014-2013-00363-00)
que, en sentencia del 3 de febrero de 2025 proferida en audiencia, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues, declaró la nulidad del acta
No. 90 del 18 de diciembre de 2012 y el auto del 5 de febrero de 2013 expedidos
por la Junta Calificadora de la Escuela.

12. El juzgado fundamentó su decisión en que constató que los actos administrativos

adolecían de falsa motivación y errónea valoración probatoria, al haberse impuesto
la sanción con fundamento en indicios y pruebas indirectas, que no acreditaban,
más allá de toda duda razonable, que la cadete sustrajo las gafas. A ello se sumó
que la Fiscalía 21 Local de Cali, mediante auto del 25 de abril de 2013, archivó la
investigación penal adelantada por los mismos hechos, por cuanto no logró
desvirtuar la presunción de inocencia. Así mismo, ordenó el reintegro de la
demandante, el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir a partir de su retiro, el reconocimiento de daño moral, así como la
publicación de un comunicado oficial con disculpas públicas a la actora.

13. Contra esta decisión, la FAC interpuso el recurso de apelación, en el que adujo,

en síntesis, que (i) no se configuró la causal de falsa motivación, pues la Junta
Calificadora valoró integralmente el acervo probatorio conforme a los principios de
3

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libertad probatoria y sana crítica, y dedujo una pluralidad de indicios graves,
concordantes y convergentes que acreditaron la falta y la responsabilidad de la
disciplinada, sin que el juez de instancia pudiera exigir prueba directa (como la
declaración de un testigo que hubiera presenciado el apoderamiento o la identidad
dactiloscópica positiva sobre el elemento sustraído), en desconocimiento del mérito
de la prueba indiciaria, (ii) no se vulneró la presunción de inocencia ni el principio
in dubio pro disciplinado, pues las circunstancias invocadas por el a quo fueron
expresamente analizadas y descartadas por la Junta Calificadora, y permitían
arribar al grado de convencimiento más allá de toda duda razonable sobre la
existencia de la falta y la responsabilidad de la investigada, y (iii) se aplicó
indebidamente el alcance jurídico de la orden de archivo proferida en la
investigación penal, ya que, se desconoció la autonomía de la acción disciplinaria
respecto de aquella, y el carácter provisional de la orden que, conforme con la
sentencia C-1154 de 2005, solo procede por ausencia de tipicidad objetiva y no
condiciona la decisión disciplinaria.

14. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, mediante sentencia del 1 de septiembre de 2025, confirmó
la decisión del a quo. Sostuvo que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la revisión judicial de los procesos disciplinarios es integral y, bajo ese
parámetro, el operador disciplinario no probó con certeza que la demandante se
hubiera apoderado de las gafas de su compañera de curso. Señaló que la
investigación se basó en una «flagrancia inferida» a partir del hallazgo del objeto en la
cómoda de la sancionada, pero que este supuesto se tornaba contingente, pues no
se acreditó de forma cierta el apoderamiento.

15. Adicionalmente, las gafas fueron entregadas a la presunta propietaria sin
someterlas a protocolos técnicos ni cadena de custodia, y la prueba dactiloscópica
no arrojó resultados que permitieran establecer la autoría. Agregó que la Fiscalía
21 Local de Cali archivó el proceso penal por no lograrse desvirtuar la presunción
de inocencia, y que la propia denunciante manifestó no haber visto a la disciplinada
apoderarse de las gafas, por lo que la duda razonable debía resolverse a favor de
ella en aplicación del principio in dubio pro disciplinado.

16. Según lo expuesto en la acción, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional –

FAC estima que sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia fueron vulnerados por las autoridades judiciales
4

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accionadas, porque, en sus decisiones del 3 de febrero y del 1 de septiembre de
2025, incurrieron en un defecto fáctico y un defecto sustantivo (por interpretación
errónea de las normas que debían fundar la decisión y por desconocimiento del
precedente judicial).

17. En concepto de la accionante, por un lado, «las normas que desarrollan el principio del

in dubio pro reo solo se aplican cuando, tras agotar el análisis de todos los medios (incluida la prueba
indiciaria), persiste una incertidumbre insuperable, entonces si la jurisdicción de lo contencioso
administrativo omite analizar los indicios construidos por el órgano disciplinario a partir de la prueba
testimonial practicada y otros medios de convicción obrantes en el proceso, está aplicando la regla
y principio del in dubio pro reo disciplinario en forma no sistemática con el resto del conjunto
normativo que implica cu[á]ndo se acepta su aplicación y cu[á]ndo no. La duda en todo caso debe
ser objetiva, y no producto del desconocimiento del principio del derecho probatorio de la libertad
probatoria. Si la prueba indirecta permite reconstruir el iter fáctico con claridad, el principio de
favorabilidad cede ante la verdad real alcanzada en el proceso. En consecuencias, las accionadas
erraron al “exigir "prueba directa" en casos de naturaleza subrepticia (oculta), como es el hurto en
alojamientos de escuelas militares», en contra de la libertad probatoria.

18. Por otro lado, los jueces naturales desconocieron los precedentes judiciales
desarrollados frente a dos aspectos fundamentales. Primero, sobre el alcance del
control judicial de las sanciones disciplinarias, pues las autoridades accionadas
«actuaron como una tercera instancia reelaborando una nueva valoración de la prueba en el proceso
disciplinario, y acogiendo la interpretación alternativa de ese análisis, sin hacer un verdadero control
de legalidad», pese a que, el juez «solo debe declarar la nulidad de los fallos disciplinarios
cuando encuentre que se vulneró el derecho al debido proceso o bien porque se omitió realizar una
valoración probatoria, o porque la realizada en los mismos es manifiestamente contraria a la realidad
procesal, o no es razonable»4. Según la accionante, los fallos cuestionados se edificaron
«en la selección de la existencia de un solo indicio (tenencia y ocultamiento del elemento sustraído
– flagrancia inferencial), desconociendo la estructuración de otros indicios concordantes y
convergentes tales como el Indicio de Oportunidad, Indicio de responsabilidad (de evasión), Indicio
de conocimiento previo del ilícito, construidos a partir de hechos indicadores (conocidos)
debidamente probados con la prueba testimonial y documental».

19. Segundo, las accionadas «desatendieron el principio de independencia y autonomía que

ostenta la acción disciplinaria de la acción jurisdiccional ordinaria penal» , según el cual «el
juzgamiento disciplinario rehúye su asimilación e identificación con lo penal, puesto que se trata de
dos zonas de juzgamiento que apenas tienen elementos de contacto» . Por ello, concluye la

accionante que «la orden de archivo – siempre de carácter provisional – de que trata el artículo

4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2020, Rad. 25000-23-42-000-2016-
04805-01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
5

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79 de la Ley 906 de 2004 no constituye un precedente que ate o amarre al operador disciplinario»
en la valoración probatoria del proceso disciplinario.

20. Adicionalmente, la parte accionante estima que el defecto fáctico se configuró

en tanto los jueces naturales aplicaron el principio de in dubio pro reo «de forma
aislada, sin valorar la convergencia y concordancia» de los siguientes indicios: «La cercanía
de los lockers no es una coincidencia irrelevante; establece la posibilidad física y temporal de la
conducta por parte de la investigada», «Las gafas no estaban “caídas” ni a la vista; estaban ocultas

bajo una toalla en un espacio de control exclusivo de la Cadete» , el testimonio del señor

Córdoba Rojas «revelaba que las únicas huellas encontradas en la cómoda de la procesa dieron
como resultado la uniprocedencia de las mismas con esta persona, luego no se encontraron huellas
que verificaran la supuesta intromisión en su lo[c]ker por alguien ajeno a ella», «la actitud “nerviosa
y sospechosa" de la convocada, conducta que convence y ofrece certeza sobre la culpabilidad a
título de dolo […] ya que, en forma activa pretendió borrar las huellas de las gafas de la cadete
Salazar con las medias que llevaba puestas en sus pies, dicha afirmación fue plenamente probada
en desarrollo del proceso» y « la manifestación que hiciera la propia disciplinada en la inspección
judicial en donde se halló el elemento en su lo[c]ker, señalando ante ello y con total seguridad que
esas eran las gafas de su compañera».

II. TRÁMITE PROCESAL

21. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 13

de marzo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Catorce
(14) Administrativo de Santiago de Cali, como parte accionada; y (ii) dispuso
vincular a la señora Nohora Camila Ospina Jiménez, en los términos del artículo 13
del Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

22. 2.1.1. El Juzgado Catorce (14) Administrativo de Tunja aportó copia digital

del expediente5 y alegó6 que la solicitud de amparo no tiene vocación de prosperar,
por cuanto, no se vulneró derecho fundamental alguno.

23. 2.1.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca7 sostuvo que «no hay un

juicio de relevancia por parte del accionante al atribuir los defectos, en qu[é] consistieron y c[ó]mo

5
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 12.
6
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 14, archivo 33.
7
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 18, archivo 38.
6

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afectan los derechos fundamentales, lo que s[í] se observa es que discrepan del razonamiento
probatorio del juez y del tribunal, lo cual de por s[í] no conlleva una irregularidad».

24. 2.1.3. Nohora Camila Ospina Jiménez8 señaló, frente a las pruebas indiciarias

mencionadas por la accionante, que:

[…] ninguna de las pruebas tiene la entidad suficiente para acreditar de manera cierta
la conducta imputada, tratándose en su mayoría de apreciaciones subjetivas,
elementos indiciarios carentes de gravedad, concordancia y convergencia, y medios
de convicción obtenidos en condiciones que comprometen su fiabilidad y validez,
sumado a la existencia de prueba técnica de carácter negativo, lo cual impide
estructurar un juicio de responsabilidad disciplinaria con el grado de certeza exigido
por el ordenamiento jurídico.

En efecto, la única prueba que eventualmente podría ser valorada como indicio
corresponde al hallazgo de las gafas en la cómoda (locker) de NOHORA CAMILA
OSPINA JIMÉNEZ. No obstante, dicho supuesto indicio se encuentra viciado en su
origen, en tanto surge de una diligencia irregular que rompe la cadena de fiabilidad
del elemento probatorio.

Habida cuenta que, momentos antes del referido hallazgo, la cadete NOHORA
CAMILA fue retirada del lugar de la inspección y conducida al baño para ser requisada
por la Teniente Mancera, perdiendo completamente de vista el desarrollo de la
diligencia que continuaba en su ausencia por parte del Intendente de Policía DARIO
SOLARTE. Es únicamente al momento de su regreso que, al manipularse los
elementos ubicados en la parte superior de la cómoda —específicamente las
sábanas—, se produce la caída de las gafas.

En tales condiciones, la diligencia de inspección carece de garantías mínimas de
transparencia, continuidad y control, lo que impide otorgarle credibilidad al supuesto
hallazgo, al no existir certeza sobre la inalterabilidad del lugar ni sobre la ausencia de
intervención de terceros durante el lapso en que la investigada fue retirada.

Aun en el evento de admitirse hipotéticamente dicho hallazgo, lo cierto es que el
mismo, de manera aislada, no compromete la responsabilidad disciplinaria de la
investigada, en tanto no permite inferir, bajo un razonamiento lógico y excluyente, que
haya sido ella quien introdujo el elemento en su cómoda, máxime cuando se
encuentra acreditado que el dormitorio era compartido por varias cadetes (10) y que
el acceso al mismo no estaba restringido de manera efectiva […].

25. Agregó que «[…] resulta relevante señalar que los mismos hechos dieron lugar a la apertura

de una investigación penal, la cual culminó con decisión de archivo ante la ausencia de elementos
probatorios que permitieran inferir la ocurrencia de la conducta atribuida a la investigada. Si bien es
cierto que las jurisdicciones penal y disciplinaria son autónomas, no puede desconocerse que dicha
decisión constituye un elemento indicativo de la debilidad del sustento probatorio existente, en la
medida en que, aun bajo un estándar investigativo distinto, no fue posible estructurar una hipótesis
de responsabilidad».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

8
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 19, archivo 38.
7

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Accionante: Fuerza Aeroespacial Colombiana
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26. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

27. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada

por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Cuestión previa

28. Si bien la parte accionante se refiere a la configuración de los defectos tanto en

la sentencia del 3 de febrero y el 1 de septiembre de 2025, esta Sala solo se referirá
a la sentencia del ad quem, por ser contentiva tanto de los argumentos del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca como del Juzgado Catorce (14) Administrativo
de Cali que sirvieron de fundamento para acceder parcialmente a las pretensiones
de la señora Nohora Camila Ospina Jiménez en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

3.4. Problema jurídico

29. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del 1
de septiembre de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la providencia del 3 de febrero de 2025, en la que el Juzgado
Catorce (14) Administrativo de Cali accedió parcialmente a las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por la señora Nohora Camila Ospina Jiménez contra la tutelante (expediente 76001-
33-33-014-2013-00363-00/01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración de justicia
invocadas en la solicitud de amparo.
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01913-00
Accionante: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

3.5. La acción de tutela contra providencias judiciales

30. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 9 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado10, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

31. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

32. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una

9
Sentencia C-590 de 2005.
10
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01913-00
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evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.6. Caso concreto

33. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora,
en un presunto defecto en la valoración de las pruebas del expediente y la
interpretación de normas en materia probatoria, lo cual, de comprobarse,
conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno, por tratarse de una sentencia de segunda instancia que
se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia quedó en firme el 1
de octubre de 202511 y la solicitud de amparo se presentó el 9 de marzo de 2026,
es decir, dentro de los seis meses siguientes; y (v) el fallo acusado no obedece a
uno de tutela.

34. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico, alegadas por la parte actora.

3.6.1. Defecto fáctico

11
Visible en el expediente electrónico del proceso 76001-33-33-014-2013-00363-01 en SAMAI, índice 16, según el cual se
notificó electrónicamente el 24 de septiembre de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada a los dos (2) días
siguientes, esto es, el 26 del mismo mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01913-00
Accionante: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

35. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 12. Así mismo, este

defecto se da cuando «[…] el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 13.

36. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos

aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento
en que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa
u omite su valoración y, sin una razón válida, da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente14. Se exige que el error
en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante y manifiesto, es decir, que
tenga la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión de fondo y, por lo
tanto, que afecte directamente los derechos del accionante.

37. La actora estima que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en

este defecto, en su dimensión negativa, en la providencia del 1 de septiembre de
2025, por cuanto aplicó el principio in dubio pro reo «de forma aislada, sin valorar la
convergencia y concordancia» de los indicios que quedaron debidamente probados en

el proceso disciplinario y permitían alcanzar el estándar de certeza requerido para
imponer la sanción.

38. En concreto, señaló que, la autoridad judicial omitió valorar los siguientes indicios

construidos por el órgano disciplinario: (i) un indicio de oportunidad, que radica en
que «la cercanía de los lockers no es una coincidencia irrelevante; establece la posibilidad física y
temporal de la conducta por parte de la investigada» ; (ii) un indicio de tenencia y
ocultamiento, ya que «las gafas no estaban "caídas" ni a la vista; estaban ocultas bajo una toalla
en un espacio de control exclusivo» de la cadete, a lo que se suma que, conforme al

testimonio del teniente Córdoba Rojas, «las únicas huellas encontradas en la cómoda de la
procesa[da] dieron como resultado la uniprocedencia de las mismas con esta persona, luego no se
encontraron huellas que verificaran la supuesta intromisión en su l[oc]ker por alguien ajeno a ella»;

12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
14
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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(iii) un indicio de evasión de su responsabilidad, derivado de «la actitud "nerviosa y
sospechosa" de la convocada, conducta que convence y ofrece certeza sobre la culpabilidad a título
de dolo […] ya que, en forma activa pretendió borrar las huellas de las gafas de la cadete Salazar
con las medias que llevaba puestas en sus pies»; y (iv) un indicio de conocimiento previo

del ilícito, configurado con la manifestación que la propia disciplinada hizo al hallar
el elemento, en tanto señaló «con total seguridad que esas eran las gafas de su compañera».

39. Con base en lo anterior, la accionante sostuvo que las autoridades judiciales

«sustituyeron la regla de la liberta[d] probatori[a] para imponer el régimen de la "prueba tarifada"»,

al exigir del órgano disciplinario «prueba directa sobre la apropiación del elemento» o
resultado positivo de la prueba lofoscópica, lo cual desconoce los artículos 165 y
240 a 242 del Código General del Proceso que regulan la prueba indiciaria.
Concluyó que, valorados los indicios en su convergencia, no había lugar a una duda
razonable y objetiva, sino a «una inferencia lógica obligatoria que despeja[ba] todo
enturbiamiento respecto a la realización de la conducta», por lo que la aplicación del principio

in dubio pro disciplinado resultaba improcedente.

40. Al respecto, el Tribunal accionado analizó los indicios mencionados de la
siguiente manera:

Para la Sala la valoración del razonamiento probatorio hace concluir respecto a las
circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho, que en principio se informa la
p[é]rdida de las gafas, y una vez intervienen se encuentran en la cómoda de la alférez
sancionada, es decir se encuentra probada el extravío temporal del objeto, su
búsqueda y el encontrarse en la cómoda perteneciente a la sancionada, sin embargo,
si bien as[í] no lo expuso el juez, construirían un indicio circunstancial en la medida
que la conclusión surge de su combinación, aunque coherente, en el relato de la cual
se deduce la participación de la alférez en la conducta a partir de encontrar el
elemento en la cómoda de la sancionada, sin embargo, sería contingente ya que al
analizar y contextualizar todos los indicios recopilados en la investigación y obtener
una imagen completa de los hechos estos deberían respaldar o refutar una teoría,
evaluados en conjunto, de forma inequívoca, lo cual no acontece por lo siguiente: […]

Lo que la Sala debe señalar, es que en apariencia el proceso disciplinario se basó en
uno de los tipos de flagrancia […]. En este escenario, se trata de una responsabilidad
por una flagrancia inferida a partir de probar la pérdida del objeto y su encuentro en
la cómoda del alférez sancionado, sin embargo, se tornaría contingente en cuanto a
estar probada de forma cierta su apoderamiento por la sancionada. En este
escenario, hubiere resultado importante que las gafas objeto de la investigación
hubieren sido objeto a protocolos técnicos y de cadena de custodia a efecto de
verificar indicios físicos como huellas, sin embargo, fueron entregadas a la presunta
propietaria, por ello la ausencia de otras pruebas y de prueba dactiloscópica impidió
establecer huellas que generaran indicios de apoderamiento por parte del alférez,
constituyendo un vació que ya no se puede resolver.

Del análisis individual y en conjunto de las pruebas, la Sala observa que del material
probatorio recolectado e incorporado al proceso disciplinario, como son el informe de
los policiales y las declaraciones obtenidas de las compañeras del alférez, no se
puede determinar con probabilidad de verdad y más allá de toda duda, que ella fuera
la persona que se apoderó en su provecho de las mismas, no hay certeza sobre los
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hechos, no existiendo, congruencia entre lo que prueba los actos urgentes de la
investigación preliminar realizada por parte del consejo militar y la decisión tomada
por la junta calificadora que resolvió retirar del programa de formación de la FAC al
alférez en un estándar de mayor exigencia para proferir un fallo sancionatorio, en
conclusión se debe considerar que la conducta no fue debidamente probada por parte
de la entidad demandada a quien le correspondía la carga de la prueba. […]

En este orden en contraste, la alegada apropiación carece de soporte lógico y
probatorio suficiente y resulta desvirtuada por el análisis y justificación en conjunto de
las pruebas, concluyéndose que la hipótesis de la demandante estaría mejor
soportada y justificada ya que partiendo de la presunción de inocencia, debiendo la
entidad accionada probar el apoderamiento, conduce inexorablemente a concluir que
existe duda sobre este aspecto […].

41. De esta forma, contrario a lo afirmado por la accionante, se observa que el

Tribunal sí tuvo en cuenta los indicios construidos a partir del acervo recaudado en
el proceso disciplinario. La providencia censurada reconoció expresamente que, de
las pruebas practicadas se desprendían circunstancias de modo, tiempo y lugar
que, en conjunto (la pérdida de las gafas reportada por la cadete Salazar Vigoya y
el hallazgo del objeto en la cómoda asignada a la sancionada), configuraban un
«indicio circunstancial» de participación de la investigada en la conducta imputada.

42. Sin embargo, el Tribunal encontró que existían vacíos probatorios que impedían

concluir sobre la comisión de la conducta punible más allá de toda duda razonable,
en tanto, las gafas fueron entregadas a la propietaria sin protocolos técnicos ni
cuidando la cadena de custodia, no se detectaron huellas para cotejo en la prueba
dactiloscópica y no fue posible establecer, a partir del informe policial y las
declaraciones de las compañeras de curso, que la demandante hubiera sido la
persona que se apoderó del objeto en provecho propio o de terceros. Con ello, la
autoridad judicial no desconoció el mérito de la prueba indiciaria, sino que realizó
una valoración conjunta del acervo probatorio y concluyó que los indicios
disponibles, examinados en su convergencia, no permitían arribar a una certeza
inequívoca sobre la autoría que desvirtuara la presunción de inocencia.

43. En ese sentido, no le asiste razón a la accionante cuando afirma que el Tribunal

sustituyó la regla de la libertad probatoria por una tarifa legal. La providencia
cuestionada no exigió aportar un testimonio directo del apoderamiento ni un
resultado positivo de la prueba lofoscópica, sino que advirtió que, en ausencia de
esos (a modo de ejemplo) u otros medios de prueba que permitieran superar la
contingencia del hecho indicador principal (el hallazgo del objeto en la cómoda de
la sancionada), los indicios restantes no lograban llevar al convencimiento más allá
de toda duda razonable que exige el derecho disciplinario para desvirtuar la

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presunción de inocencia.

44. En este contexto, se observa que la sentencia censurada no deviene de un

actuar caprichoso o ilegal de la autoridad accionada, en la medida en que su
decisión estuvo debidamente motivada, conforme con las pruebas aportadas en el
aludido proceso. De esta situación se colige que no incurrió en un defecto fáctico,
en ninguna de sus modalidades.

45. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

3.6.1. Defecto sustantivo

46. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

47. La jurisprudencia constitucional15 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice
o lesione la efectividad de los derechos constitucionales 16.

48. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como

causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando
setrata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo

15
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
16
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14

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241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia17, y la segunda hace referencia a cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un
defecto sustantivo18 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe19.

49. En el sub lite, la accionante considera que el Tribunal Administrativo del Valle

del Cauca incurrió en este tipo de defecto, de cara a la interpretación de las normas
aplicables, por lo siguiente:

[…] [las autoridades judiciales] decidieron anular los actos administrativos así
formados aplicando las reglas normativas que desarrollan el principio y derecho
fundamental del IN DUBIO PRO REO, considerando que no existía medios de
conocimiento suficientes para formar el estándar mínimo necesario para formar
la convicción del fallador de cara a la tipicidad de la conducta disciplinable y
por tanto su responsabilidad en cabeza de la sancionada.

Al punto es necesario precisar que las normas que desarrollan el principio del in dubio
pro reo solo se aplican cuando, tras agotar el análisis de todos los medios
(incluida la prueba indiciaria), persiste una incertidumbre insuperable, entonces
si la jurisdicción de lo contencioso administrativo omite analizar los indicios
construidos por el órgano disciplinario a partir de la prueba testimonial practicada y
otros medios de convicción obrantes en el proceso, está aplicando la regla y principio
del in dubio pro reo disciplinario en forma no sistemática con el resto del conjunto
normativo que implica cuando se acepta su aplicación y cuando no. La duda en todo
caso debe ser objetiva, y no producto del desconocimiento del principio del
derecho probatorio de la libertad probatoria. Si la prueba indirecta permite
reconstruir el iter fáctico con claridad, el principio de favorabilidad cede ante la
verdad real alcanzada en el proceso.

La sanción disciplinaria es legítima cuando el convencimiento del juzgador
disciplinario emana de una estructura indiciaria sólida, aun si esta parte de
testimonios indirectos. La libertad probatoria faculta al Estado para desvirtuar la
presunción de inocencia mediante inferencias lógicas racionales que, al ser valoradas
en conjunto, alcancen el estándar de certeza exigido, desplazando así la aplicación
del in dubio pro-reo al no existir una duda real, sino una verdad probada
indirectamente […] (Énfasis de la Sala)

50. La parte actora agregó que esta aplicación del principio in dubio pro reo
desconoce lo dicho por el Consejo de Estado en sentencia del 19 de marzo de

17
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
18
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
19
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15

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202020 según el cual el juez contencioso-administrativo «solo debe declarar la nulidad de
los fallos disciplinarios cuando encuentre que se vulneró el derecho al debido proceso o bien porque
se omitió realizar una valoración probatoria, o porque la realizada en los mismos es manifiestamente
contraria a la realidad procesal, o no es razonable». Esto en la medida en que, en este caso,

los jueces naturales anularon los actos administrativos sancionatorios sin
«profundiza[r] por [qué] las conclusiones probatorias arribadas por el órgano disciplinario de la
EMAVI, son producto de […]la omisión al realizar la valoración probatoria, o por [qué] la realizada
en los mismos fue manifiestamente contraria a la realidad procesal, o no son razonables […]
desconociendo la estructuración de […] indicios concordantes y convergentes».

51. Esta Sala considera que el fallo invocado no constituye un precedente en los

términos en que lo plantea la accionante. En la citada sentencia, la Subsección A
analizó un caso en el que la sanción disciplinaria se sustentó en el testimonio de
una patrullera a la que el disciplinado le solicitó dádivas. En ese asunto, la
Subsección concluyó que la prueba testimonial fue «válidamente practicada, no fue
controvertida, ni tachada la credibilidad de la testigo», de manera que no se desvirtuó el

valor probatorio que le fue asignado.

52. En ese sentido, el caso difiere del aquí estudiado, por cuanto, el Tribunal
accionado no revaloró una prueba testimonial cuya credibilidad había quedado
plenamente acreditada en el proceso disciplinario, sino que constató la existencia
de vacíos probatorios en los indicios construidos, que impedían alcanzar el
estándar de convicción más allá de toda duda razonable. Por ello, la sentencia
citada no contiene ninguna consideración sobre la aplicación del principio in dubio
pro reo.

53. En todo caso, en materia disciplinaria, esta Subsección21 ha sentado un
precedente según el cual:

[…] la garantía de la presunción de inocencia aplica en todas las actuaciones que
engloban el ámbito sancionador del Estado y, por consiguiente, también en materia
disciplinaria, en la medida en que se encuentra consagrada en el inciso cuarto del
artículo 29 de la Constitución Política y reiterada por el artículo 9º de la Ley 734 de
2002, que establece: “Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta
disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo
ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del
investigado cuando no haya modo de eliminarla”.

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández, Rad. 25000-23-42-000-2016-04805-01(2113-18).
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 9 de julio 2015,
Radicación: 11001-03-25-000-2012-00189- 00 (0777-12) y sentencia del 19 de febrero de 2026, Radicación: 47001-23-33-
000-2017-00460-02 (2160-2022).
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De esta forma, como lo ha establecido la Corte Constitucional, quien adelante la
actuación disciplinaria deberá conforme a las reglas del debido proceso, demostrar
que la conducta de que se acusa a una persona, está establecida como disciplinable;
se encuentra efectivamente probada; y, que la autoría y responsabilidad de ésta se
encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Sólo después de
superados los tres momentos, la presunción de inocencia queda desvirtuada, como
expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado Constitucional […].

54. Lejos de desconocer el precedente invocado por la actora, cuando el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca encontró que la autoría y responsabilidad de la
cadete no quedaron demostradas con los indicios construidos por la Junta
Calificadora, cumplió con resolver la duda a favor de la disciplinada, garantizando
la presunción de inocencia.

55. En cuanto al argumento según el cual el Tribunal desconoció el precedente que

establece la autonomía e independencia entre la acción disciplinaria y la acción
penal, aquel parte de una premisa errada, pues, como quedó demostrado en el
acápite anterior, esa autoridad judicial no se apoyó únicamente en la orden de
archivo de la Fiscalía Veintiuno (21) Local de Cali para concluir sobre la ausencia
de responsabilidad disciplinaria, sino que hizo una valoración integral de las
pruebas del proceso.

56. La accionada precisó que «si bien la investigación penal es autónoma y obedece a
principios y objetivos diferentes de la disciplinaria, se constató que la fiscalía general de la Nación
decidió archivar el proceso penal por no lograr desvirtuar la presunción de inocencia, elemento que
robustece la conclusión sobre la insuficiencia probatoria para sustentar sanción alguna, más aún
cuando la propia denunciante y dueña de las gafas, manifestó en interrogatorio que le hiciera la
fiscalía, que ni ella ni ninguna de sus compañeras vio u observó que el alférez se apoderara o tomara
de su cómoda dichas gafas». Así, el Tribunal no le atribuyó valor probatorio a esa

decisión, sino que la mencionó como un elemento que robustecía la conclusión a
la que ya había arribado de forma autónoma a partir de las pruebas del proceso.
En consecuencia, la sentencia censurada no adolece de un defecto sustantivo.

IV. DECISIÓN

57. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, en la acción

de tutela de la referencia, la actora no demostró que las providencias del 3 de
febrero y el 1 de septiembre de 2025, proferidas por el Juzgado Catorce (14)
Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, adolezcan
de los defectos fáctico y sustantivo, es menester negar el amparo solicitado.

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58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia invocados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana,
conforme a la motivación de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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