Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01913-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01913-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01913-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
30 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01913-01
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 30 de julio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01913-01
Demandante: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DE CAUCA Y OTRO
Tema: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Relevancia constitucional. Revoca fallo
que deniega y declara improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 27
de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
denegó el amparo pretendido en la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 9 de marzo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana, actuando a través de apoderada,
pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
A juicio de la tutelante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de las sentencias del 3 de febrero de 2025 y 1.º de septiembre de 2025, dictadas
por el Juzgado 14 Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión, que accedieron a las pretensiones dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 76001-33-33-014-2013-00363-
00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Mediante la presente acción de tutela se invoca la protección constitucional y se tutelen los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de mí representada,
por la vulneración que frente a los mismos concretaron las autoridades judiciales accionadas al expedir
las sentencias sentencia (sic) del 03 de febrero de 2025, el Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral
de Cali, y la providencia de segunda instancia del 01 de septiembre de 2025 que resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra aquella, con ponencia del MAGISTRADO PONENTE JHON ERICK
CHAVES BRAVO, del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso que
por nulidad y restablecimiento del derecho se adelantó bajo código único de radicación 76001 33 33
014 2013 00363 01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01913-01
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado
por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y en consecuencia
DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Magistrado Ponente JHON ERICK
CHAVES BRAVO el día 03 de septiembre de 2025, notificada a la entidad a través del canal digital el
día 25 de septiembre de 2025, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento radicada bajo
el No. 76001 33 33 014 2013 00363 01.
TERCERA: ORDENAR al Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión que, en el término, dispuesto por su digno Despacho, contado a partir de la notificación la
providencia, profiera nueva sentencia, bajo los lineamientos señalados en la presente Acción de Tutela.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Del proceso disciplinario
El 26 de junio de 2012, en el alojamiento de las cadetes de la Escuela Militar de Aviación
“Marco Fidel Suárez”, ubicado en la Base Aérea de la ciudad de Cali, se practicó una
diligencia de requisa a las cómodas del personal allí alojado, en razón de que el día
anterior la cadete Luisa Fernanda Salazar Vigoya había puesto en conocimiento de sus
superiores la pérdida de unas gafas marca Ray-Ban tipo piloto que guardaba en un overol
dentro de su cómoda personal.
En desarrollo de dicha diligencia, la entonces cadete Nohora Camila Ospina Jiménez
advirtió que el candado de su propia cómoda se encontraba abierto, circunstancia que
puso en conocimiento de los presentes antes de que se iniciara la revisión sobre la
misma. Durante la diligencia, la cadete Ospina Jiménez fue separada del sitio de la
inspección y llevada al área del baño del alojamiento para ser requisada, sin que se le
hallara ningún elemento. Sin embargo, al continuar la revista sobre su cómoda, el
subintendente Solarte Delgado halló, en la parte superior de esta y envueltas en una
sábana, las gafas Ray-Ban reportadas como extraviadas por la cadete Salazar Vigoya, y
las identificó como “las gafas de Salazar”.
Entre las pruebas practicadas en la investigación disciplinaria, se contó con la exploración
dactiloscópica o lofoscópica practicada por el subintendente Solarte a las gafas y a la
puerta de la cómoda de la cadete Ospina, el 26 de junio de 2012. En las gafas el resultado
fue negativo (solo se hallaron fragmentos, sin huella completa que permitiera cotejo); y
en la puerta de la cómoda de Ospina las huellas resultaron uniprocedentes con las de la
investigada.
Mediante Acta 041 de 7 de septiembre de 2012, el Consejo Militar de la Escuela de
Aviación Marco Fidel Suárez le formuló a la investigada la imputación por la presunta
comisión de la falta gravísima descrita en el artículo 54, numeral 17, del Reglamento de
Régimen Disciplinario para Alumnos de los Cursos de Formación de Oficiales de la
Escuela Militar de Aviación FAC 3-2 (“Apoderarse de bienes, dineros o valores ajenos en
beneficio propio o de un tercero”), oportunidad en la que la defensa técnica solicitó la
nulidad de lo actuado con fundamento en las irregularidades que atribuyó al recaudo
probatorio.
El Consejo Militar, mediante acta de continuación de audiencia 053 de fechas 9 y 11 de
octubre de 2012, negó la solicitud de nulidad, formuló cargos a la investigada y resolvió
remitir el caso a la Junta Calificadora, órgano competente para conocer de las faltas
gravísimas. Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición; sin embargo,
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Demandante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana
mediante acto administrativo del 1.º de noviembre de 2012, suscrito por el comandante
del Grupo de Formación de Oficiales, fue confirmada.
Mediante Acta 090 de 18 de diciembre de 2012, la Junta Calificadora resolvió retirar a la
Alférez investigada, por la comisión de falta gravísima descrita en el Reglamento de
Régimen Disciplinario para alumnos de los cursos de formación de oficiales de la Escuela
Militar de Aviación FAC 3-2, artículo 54, numeral 17.
Inconforme con la decisión, la defensa interpuso recurso de reposición el 8 de enero de
2013, el cual fue resuelto negativamente mediante auto del 5 de febrero de 2013, suscrito
por el director encargado de la Escuela Militar de Aviación, acto que fue notificado
personalmente a la sancionada el 6 de febrero de 2013, y la sanción de retiro se hizo
efectiva el 14 de febrero de 2013.
Paralelamente, la investigada fue denunciada penalmente por el delito de hurto por la
cadete Salazar Vigoya, denuncia que dio lugar a la investigación adelantada por la
Fiscalía 21 Local de Cali (Unidad Local de Patrimonio Económico) bajo el radicado
760016000193201223735, la cual culminó con auto de archivo de fecha 25 de abril de
2013, al no contarse con elementos que indicaran o sirvieran de fundamento para señalar
a la investigada como autora del hecho, con fundamento en el artículo 79 de la Ley 906
de 2004.
3.2. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Nohora Camila Ospina Jiménez, junto con José Eduardo Ospina Castaño y Nohora Stella
Jiménez Cárdenas, por conducto de apoderada judicial, formularon demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia – Fuerza Aérea – Escuela Militar de
Aviación “Marco Fidel Suárez”, con el propósito de que se declarara la nulidad de las
Actas (i) 041 del 7 de septiembre de 2012, (ii) 053 del 9 y 11 de octubre de 2012 del
Consejo Militar, (iii) del acto administrativo del 1 de noviembre de 2012 que resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra estas, (iv) del Acta No. 090 del 18 de diciembre
de 2012 de la Junta Calificadora y (v) del auto del 5 de febrero de 2013 que la confirmó.
Pidió que se ordenara, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro de la
demandante y el pago de los perjuicios materiales e inmateriales reclamados.
El proceso fue identificado con el número de radicación 76001-33-33-014-2013-00363-
00 y su conocimiento correspondió al Juzgado 14 Administrativo de Cali que, mediante
sentencia del 3 de febrero de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por considerar que los actos administrativos demandados adolecían de vicios
de legalidad por violación al debido proceso, inaplicación de las normas en que debían
fundarse y falsa motivación, derivados de una errónea valoración probatoria por parte del
operador disciplinario, quien sancionó a la investigada con fundamento en indicios y
pruebas de referencia, sin que se hubiera acreditado, más allá de toda duda razonable,
que ella fue la persona que se apoderó de las gafas.
El juzgado tuvo en cuenta, entre otros elementos, que la Fiscalía 21 Local de Cali había
ordenado el archivo de la investigación penal adelantada por los mismos hechos
mediante auto del 25 de abril de 2013, al no lograr desvirtuar la presunción de inocencia
de la entonces indiciada, circunstancia que, a su juicio, debió resolverse a favor de la
disciplinada.
Inconforme, la entidad demandada apeló y alegó la inexistencia de la causal de falsa
motivación, por cuanto la valoración probatoria efectuada por la Junta Calificadora fue
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razonable, proporcional e imparcial, y se edificó sobre una pluralidad de indicios graves,
concordantes y convergentes que en conjunto permitirían tener por acreditados tanto la
ocurrencia de la falta como la autoría de la disciplinada, sin que el juez de instancia
estuviera facultado para sustituir dicha valoración por su propio criterio sin motivar de
manera razonada y suficiente los yerros advertidos.
Discutió la inexistencia de la causal de violación al debido proceso por desconocimiento
de la presunción de inocencia o del principio in dubio pro disciplinado, por cuanto el
juzgado exigió indebidamente la existencia de prueba directa, con lo que desconoció el
principio de libertad probatoria previsto en el artículo 165 del CGP, conforme al cual la
prueba indiciaria es un medio válido para formar el convencimiento del operador
disciplinario.
Alegó la indebida aplicación del alcance jurídico de la orden de archivo de la investigación
penal, pues dicho archivo fue provisional y se sustentó en una valoración de elementos
subjetivos ajena a la competencia de la Fiscalía en esa etapa procesal, y que, en todo
caso, por el principio de independencia y autonomía entre las acciones disciplinaria y
penal, no resultaría vinculante para el operador disciplinario.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, profirió
sentencia de 1 de septiembre de 2025, que confirmó íntegramente la sentencia de
primera instancia.
Señaló que el proceso disciplinario se había sustentado en un indicio de “flagrancia
inferida”, derivado de la pérdida reportada del objeto y su posterior hallazgo en la cómoda
de la disciplinada, envuelto en una sábana, en desarrollo de la diligencia de registro
practicada el 26 de junio de 2012. Precisó, sin embargo, que dicho indicio resultaba
contingente, pues las gafas objeto de la investigación no fueron sometidas a protocolos
técnicos ni a cadena de custodia, sino que fueron entregadas a su presunta propietaria,
lo que impidió obtener una prueba dactiloscópica concluyente sobre quién las había
manipulado.
Agregó que ninguna de las declarantes en el proceso disciplinario (incluida la propia
denunciante) observó a la investigada apoderarse del elemento; y que además, la
Fiscalía General de la Nación había ordenado el archivo de la investigación penal
adelantada por los mismos hechos al no lograr desvirtuar la presunción de inocencia de
la entonces indiciada, circunstancia que, a juicio del Tribunal, robustecía la conclusión
sobre la insuficiencia del material probatorio para sustentar la sanción.
Concluyó que no existía certeza sobre la autoría de la disciplinada en el apoderamiento
imputado y que la decisión sancionatoria había desconocido el principio constitucional de
presunción de inocencia, al invertir indebidamente la carga de la prueba en cabeza de la
investigada, debiendo en su lugar haberse aplicado el principio in dubio pro disciplinado.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que la providencia cuestionada incurrió
en:
Defecto sustantivo por interpretación errónea de las normas que debían fundar la
decisión, pues el “in dubio pro reo” solo se aplica cuando, tras agotar el análisis de todos
los medios (incluida la prueba indiciaria), persiste una incertidumbre insuperable;
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entonces, si la jurisdicción de lo contencioso administrativo omite analizar los indicios
construidos por el órgano disciplinario a partir de la prueba testimonial practicada y otros
medios de convicción obrantes en el proceso, “está aplicando la regla y principio del in
dubio pro reo disciplinario en forma no sistemática con el resto del conjunto normativo
que implica cuando se acepta su aplicación y cuando no”.
Desconocimiento del precedente desarrollado en la sentencia de 19 de marzo de 2020,
Radicado 25000-23-42-000-2016-04805-01, con ponencia del magistrado Gabriel
Valbuena Hernández, sobre el alcance del control judicial de las sanciones disciplinarias,
pues las autoridades accionadas “actuaron como una tercera instancia reelaborando una
nueva valoración de la prueba en el proceso disciplinario, y acogiendo la interpretación
alternativa de ese análisis, sin hacer un verdadero control de legalidad”, pese a que, el
juez solo debía declarar la nulidad de los fallos disciplinarios cuando encontrara
vulnerado el derecho al debido proceso, bien porque se omitió realizar una valoración
probatoria, o porque la realizada en los mismos contrarió la realidad procesal, o no fue
razonable.
Alegó que en el presente caso, los fallos cuestionados se edificaron en la selección de la
existencia de un solo indicio (tenencia y ocultamiento del elemento sustraído y flagrancia
inferencial), y desconocieron la estructuración de otros indicios concordantes y
convergentes, tales como el indicio de oportunidad, el de responsabilidad (de evasión) y
el de conocimiento previo del ilícito, construidos a partir de hechos indicadores
(conocidos) debidamente probados, como la prueba testimonial y documental.
Defecto fáctico, como quiera que, para aplicar el principio de duda a favor del
disciplinado, dicha duda debía ser objetiva y no producto del desconocimiento del
principio “del derecho probatorio de la libertad probatoria”. Agregó que, si la prueba
indirecta permitía reconstruir el “iter fáctico” con claridad, el principio de favorabilidad
cedía ante la verdad real alcanzada en el proceso. En consecuencia, las accionadas
erraron al “exigir prueba directa" en casos de naturaleza subrepticia (oculta), como es el
hurto en alojamientos de escuelas militares.
Esgrimió que las accionadas desatendieron el principio de independencia y autonomía
que ostenta la acción disciplinaria de la acción jurisdiccional ordinaria penal, según el cual
“el juzgamiento disciplinario rehúye su asimilación e identificación con lo penal, puesto
que se trata de dos zonas de juzgamiento que apenas tienen elementos de contacto”, de
manera que la orden de archivo del proceso penal no constituía un precedente que atara
al operador disciplinario en la valoración probatoria.
Manifestó que los jueces naturales aplicaron el principio de in dubio pro reo de forma
aislada, sin valorar la convergencia y concordancia de los indicios advertidos en la
investigación disciplinaria, los que evidenciaron que (i) la cercanía de los lockers no era
una coincidencia irrelevante; pues estableció la posibilidad física y temporal de la
conducta por parte de la investigada, (ii) las gafas no estaban “caídas” ni a la vista; sino
que estaban ocultas bajo una toalla en un espacio de control exclusivo de la Cadete, (iii)
el testimonio del señor Córdoba Rojas revelaba que las únicas huellas encontradas en la
cómoda de la procesada “dieron como resultado la uniprocedencia de las mismas con
esta persona, luego no se encontraron huellas que verificaran la supuesta intromisión en
su locker por alguien ajeno a ella” y (iv) la actitud nerviosa y sospechosa de la convocada,
conducta que convenció y ofreció certeza sobre la culpabilidad a título de dolo, ya que,
en forma activa pretendió borrar las huellas de las gafas de la cadete Salazar con las
medias que llevaba puestas en sus pies, afirmación que fue plenamente probada en
desarrollo del proceso, esto sumado a la manifestación que hiciera la propia disciplinada
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en la inspección judicial en donde se halló el elemento en su locker, señalando ante ello
y con total seguridad que esas eran las gafas de su compañera.
5. Intervenciones
El Juzgado 14 Administrativo de Cali aportó copia digital del expediente y pidió que se
denegaran las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto no se vulneró derecho
fundamental alguno a la entidad accionante.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto del magistrado ponente
de la decisión cuestionada, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela.
Sostuvo que no hay un juicio de relevancia por parte del accionante al atribuir los
defectos, pues no señala en qué consistieron o cómo afectaron los derechos
fundamentales invocados; por el contrario, lo que sí se observó fue una discrepancia con
el razonamiento probatorio del juez y del tribunal, lo cual de por sí no conlleva una
irregularidad.
Nohora Camila Ospina Jiménez pidió que se denieguen las pretensiones de la acción
de tutela, por cuanto ninguna de las pruebas recaudadas en el trámite disciplinario tuvo
la entidad suficiente para acreditar de manera cierta la conducta imputada, tratándose en
su mayoría de apreciaciones subjetivas, elementos indiciarios carentes de gravedad,
concordancia y convergencia, y medios de convicción obtenidos en condiciones que
comprometen su fiabilidad y validez, sumado a la existencia de una prueba técnica de
carácter negativo, lo cual impidió estructurar un juicio de responsabilidad disciplinaria con
el grado de certeza exigido por el ordenamiento jurídico.
Señaló que la única prueba que eventualmente podría ser valorada como indicio
correspondía al hallazgo de las gafas en la cómoda de Nohora Camila Ospina Jiménez,
no obstante, se encontraba viciado en su origen, en tanto surgió de una diligencia
irregular que rompió la cadena de fiabilidad del elemento probatorio, dado que, momentos
antes del referido hallazgo, la cadete fue retirada del lugar de la inspección y conducida
al baño para ser requisada por la Teniente Mancera, perdiendo completamente de vista
el desarrollo de la diligencia que continuaba en su ausencia por parte del Intendente de
Policía Darío Solarte y fue únicamente al momento de su regreso que, al manipularse los
elementos ubicados en la parte superior de la cómoda —específicamente las sábanas,
se produjo la caída de las gafas.
Alegó que, en tales condiciones, la diligencia de inspección carecía de garantías mínimas
de transparencia, continuidad y control, lo que impedía otorgarle credibilidad al supuesto
hallazgo, al no existir certeza sobre la inalterabilidad del lugar ni sobre la ausencia de
intervención de terceros durante el lapso en que la investigada fue retirada.
Advirtió que, aun en el evento de admitirse hipotéticamente el hallazgo, lo cierto fue que
el mismo, de manera aislada, no comprometía la responsabilidad disciplinaria de la
investigada, en tanto no permitió inferir, bajo un razonamiento lógico y excluyente, que
haya sido ella quien introdujo el elemento en su cómoda, máxime cuando se encontró
acreditado que el dormitorio era compartido por varias cadetes y que el acceso al mismo
no estaba restringido de manera efectiva.
Resaltó que los mismos hechos dieron lugar a la apertura de una investigación penal, la
cual culminó con decisión de archivo ante la ausencia de elementos probatorios que
permitieran inferir la ocurrencia de la conducta atribuida a la investigada. Agregó que, si
bien es cierto que las jurisdicciones penal y disciplinaria son autónomas, no podía
desconocerse que dicha decisión constituía un elemento indicativo de la debilidad del
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sustento probatorio existente, en la medida en que, aun bajo un estándar investigativo
distinto, no fue posible estructurar una hipótesis de responsabilidad.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia dictada el 27 de
abril de 2026, denegó la solicitud de amparo. Precisó que solo analizaría la sentencia de
segunda instancia de 1.ª de septiembre de 2025, por contener los argumentos de ambas
instancias que sirvieron de base para acceder parcialmente a las pretensiones de la
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento.
Concluyó que no se configuró el defecto fáctico alegado, por cuanto el tribunal sí valoró
los indicios construidos por la Junta Calificadora, incluido el hallazgo de las gafas en la
cómoda como "indicio circunstancial", pero consideró que existían vacíos probatorios
como la entrega de las gafas sin cadena de custodia, la prueba dactiloscópica sin
resultado útil o la ausencia de prueba que ubicara a la investigada como autora, que
impidieron alcanzar la certeza más allá de toda duda razonable.
Descartó que el tribunal haya exigido "prueba tarifada" como el testimonio directo o la
dactiloscopia positiva; pues, por el contrario, hizo una valoración conjunta razonada del
acervo.
Tampoco encontró configurado el defecto sustantivo, en la medida en que el precedente
invocado por la accionante no resultaba aplicable, dado que en ese caso se trataba de
un testimonio directo válidamente practicado y no controvertido, situación distinta a la de
vacíos probatorios en la prueba indiciaria que fue la tesis analizada en el presente caso.
Añadió que el propio precedente de la Subsección exigía demostrar, conforme al debido
proceso, que la conducta estuviera tipificada, probada y que la autoría recayera en el
investigado; por lo que, al no acreditarse la autoría, el tribunal actuó conforme a la
presunción de inocencia y el principio in dubio pro disciplinado, sin desconocer
precedente alguno.
No encontró vulnerado el principio de autonomía de la acción disciplinaria frente a la
penal, pues el tribunal no fundó su decisión en la decisión de archivo adoptada por la
fiscalía, sino que solo lo mencionó como elemento que reforzaba una conclusión ya
alcanzada de forma autónoma.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.
Alegó que la sentencia impugnada incurrió en una interpretación restrictiva y fragmentaria
del alcance constitucional del debido proceso probatorio, con lo que desconoció la
estructura normativa y jurisprudencial que gobierna la valoración de la prueba indiciaria
en materia disciplinaria, así como los límites del control judicial de legalidad respecto de
las decisiones sancionatorias adoptadas en ejercicio de la potestad disciplinaria derivada
de la autonomía universitaria militar.
Reiteró los argumentos expuestos en la demanda, relacionados con la configuración del
defecto sustantivo por interpretación irrazonable, asistemática y contraria a las reglas de
valoración probatoria y el desconocimiento de la prueba indiciaria como medio autónomo
de convicción en materia disciplinaria.
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Agregó que la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional prohíben la
revaloración probatoria como tercera instancia, lo que consideró probado en este caso y
a su juicio constituyó un desbordamiento del control judicial por revaloración probatoria
indebida y desnaturalización del control de legalidad.
Alegó el desconocimiento del principio de autonomía e independencia del derecho
disciplinario y resaltó que existe un criterio consolidado sobre la independencia entre la
responsabilidad penal y la responsabilidad disciplinaria.
Manifestó que el Juez Constitucional de primera instancia omitió pronunciarse de manera
concreta y suficiente respecto de cada uno de los déficits de interpretación y análisis
probatorio-expuestos en el libelo introductorio de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que denegó la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que revocará el fallo impugnado, para en su lugar declarar la
improcedencia de la acción, pues los argumentos formulados por la parte demandante
en la solicitud de amparo coinciden con los que se desestimaron en la providencia
cuestionada, de ahí que se evidencie que emplea este mecanismo judicial como una
tercera instancia.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del
caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
1
Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación
razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
2
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y en la
impugnación, la Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-014-2013-00363-00/01.
Básicamente, tanto en la acción de tutela de referencia como en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho antes referido, la parte actora alegó que el análisis realizado
en el proceso penal era incompatible con el que es propio de la acción disciplinaria y que,
en virtud del principio de libertad probatoria, era posible la construcción de
responsabilidad disciplinaria con base en pruebas indiciarias y que el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho no podía sobreponerse a la autonomía de la autoridad
disciplinaria.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la aquí demandante contra la
providencia dictada el 3 de febrero de 2025, por el Juzgado 14 Administrativo del Circuito
de Cali, se lee lo siguiente:
… las gafas marca RAY BAN tipo piloto, de propiedad de la cadete SALAZAR VIGOYA (Q.E.P.D),
que se habían reportado como sustraídas del overol ubicado dentro de la cómoda personal de esta
misma alumna, son hallados en la parte superior de la cómoda personal asignado a la cadete
NOHORA CAMILA OSPINA JIMENEZ, envuelta entre una sábana de la cual se caen cuando esta
es inspeccionada dentro de la revista de registro practicada el 26 de junio de 2012 en el alojamiento
ubicado en el Orión II segundo piso.
La culpabilidad penal es incompatible con la disciplinaria porque ésta última reviste un carácter
profesional ligado con las obligaciones exigibles en la administración pública para quienes ingresan
al servicio público por cualquiera de los diversos sistemas de acceso al mismo, ser por libre
nombramiento y remoción, carrera administrativa o elección popular, respetando sus garantías y su
continuidad en el empleo, salvo las faltas que ameriten separación del servicio en los casos
especiales; al punto que el mismo artículo 16 del Código Disciplinario Único, dispone que “[l]a
sanción disciplinaria tiene función preventiva y colectiva, para garantizar la efectividad de los
principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben
observar en el ejercicio de la función pública”. [...] Ello traduce irremediablemente que la investigada
de ningún modo pudo ser absuelta».
(…)
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01913-01
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana
De los medios de conocimiento allegados al plenario se tiene que una vez notificada la revista de
registro en el alojamiento de las cadetes en el orión II segundo piso, se fueron haciendo presentes
en dicho lugar las alumnas que allí habitaban, exhibiéndose por parte de la cadete NOHORA CAMILA
OSPINA JIMENEZ, un comportamiento extraño e inusual que no se verifica en la actitud de las
demás alumnas, y que se evidencia en la forma alterada como aborda dicha situación, siendo la
única que advierte que su cómoda se encuentra sin el candado sellado, así mismo se quita toda su
ropa para que se proceda al registro personal en el área del baño, cuando ello no se había solicitado,
y finalmente en la interacción de la revisión de su cómoda realiza acciones intempestivas de evitar
el registro de la parte superior de la misma por parte de la Capitán Mallarino anteponiéndose bajo la
excusa que se revise primero su maleta y luego cuando se hallan las gafas de la cadete SALAZAR
VIGOYA en una sábana de su dotación señala sin dubitación que estas son esas gafas y no otras
sin explicar porqué ese conocimiento tan preciso en ese momento, sumado a la conducta observada
respecto al intento de interferir con el elemento hallado cuando se practicaba la prueba
dactiloscópica, consistente en la intención de borrar las huellas que allí pudieran existir.
(…)
Finalmente, existe un hecho objetivo evidenciado y comunicado en la práctica de una prueba
solicitada por la propia defensa de la investigada, como es la inspección ocular al lugar
correspondiente del alojamiento donde se desarrolló la revista de registro y es hallado finalmente el
elemento sustraído, en donde se documenta que las cómodas de las cadetes, para ese momento,
NOHORA CAMILA OSPINA JIMENEZ y LUISA FERNANDA SALAZAR VIGOYA (Q.E.P.D.) se
encuentran dispuesta una junta a la otra y además particularmente ubicadas al frente de la cama de
la primera de las mencionadas, lo cual configura el denominado indicio de oportunidad material. Este
indicio nos indica, la mayor probabilidad que una persona sea responsable en el acometer de la falta
investigada dada la disposición de las condiciones materiales que le permiten mayor capacidad de
acción que otras personas, en este caso la disposición de las cómodas y su ubicación de proximidad
con la cama de la investigada le permitían a ella conocer y observar la disposición interior de la
cómoda de SALAZAR VIGOYA, donde guardaba cada uno de sus elementos, así como la mayor
probabilidad de abrir esta cómoda sin causar sospecha, ante el hecho colindante o contiguo entre
los mobiliarios, teniendo en cuenta que las cómodas se abrían con cualquiera de las llaves de las
otras.
(…)
Indicios que examinados en su conjunto en la forma prevista en los artículos 240 a 241 en
consonancia con los artículos 165 y 176 del Código General del Proceso, convergen de manera
unívoca en una sola dirección indicativa que no es otra que la persona que sustrajo las gafas RAY
BAN tipo piloto de propiedad de la cadete SALAZAR VIGOYA, no fue otra que la hoy demandante,
quien tenía la mayor capacidad de intervenir la cómoda de aquella para retirar el elemento del mismo,
apoderándose de este con fines de beneficio personal, para lo cual lo oculta de la vista y disposición
de su legítima propietaria, utilizando una sábana en la cual envuelve el elemento sustraído
disponiéndolo en la parte superior de su cómoda, hecho que se revela el 26 de junio de 2012 en la
revista de registro que se hiciera a la misma, mostrando la investigada en ese procedimiento un
comportamiento previo alterado, inusual y extraño tendiente por lo menos en tres oportunidades en
interferir negativamente con el mismo, de lo que se infiere el conocimiento exacto de que allí se
encontraban las gafas de su compañera, tal como se evidencia cuando así lo expresa ella misma
ante el hallazgo de ese elemento al decir: “esa son las gafas de Salazar.
(…)
…omitió realizar el estudio y valoración en conjunto de los medios probatorios aducidos válidamente
en la actuación, aplicando las reglas del indicio como medio de prueba según los artículos 165, 240
a 242 del Código General del Proceso que en todo caso también existía en identidad legal en el
anterior código de procedimiento civil, y que demuestran que el fallo no fue producto de una
valoración amañada, desproporcionada, parcializada y sin considerar la totalidad de los medios de
convicción, por el contrario el juicio análisis de todos y cada uno de ellos aplicando las reglas de las
fuentes probatorio que las definen permitió en ejercicio de la sana crítica como medio de estudio de
los mismos, la convicción plena más allá de toda duda razonable de los presupuestos que legitiman
la sanción.
(…)
En contraste, en el escrito de tutela la accionante señala:
Los fallos de las instancias judiciales, omitieron realizar el estudio y valoración en conjunto de los
medios probatorios aducidos válidamente en la actuación, aplicando las reglas del indicio como
medio de prueba según los artículos 165, 240 a 242 del Código General del Proceso que en todo
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caso también existía en identidad legal en el anterior código de procedimiento civil, y que demuestran
que la decisión de retiro no fue producto de una valoración amañada, desproporcionada, parcializada
y sin considerar la totalidad de los medios de convicción, por el contrario el juicio análisis de todos y
cada uno de ellos aplicando las reglas de las fuentes probatorio que las definen permitió en ejercicio
de la sana crítica como medio de estudio de los mismos, la convicción plena más allá de toda duda
razonable de los presupuestos que legitiman la sanción.
(...)
Que las gafas marca RAY BAN tipo piloto, de propiedad de la cadete SALAZAR VIGOYA (Q.E.P.D),
que se habían reportado como sustraídas del overol ubicado dentro de la cómoda personal de esta
misma alumna, son hallados en la parte superior de la cómoda personal asignado a la cadete
NOHORA CAMILA OSPINA JIMENEZ, envuelta entre una sábana de la cual se caen cuando este
es inspeccionada dentro de la revista de registro practicada el 26 de junio de 2012 en el alojamiento
ubicado en el Orión II segundo piso, sin que se apreciaran huellas diferentes en ese casillero a las
de la disciplinada. (indicio de participación o responsabilidad)
(…)
De los medios de conocimiento allegados al plenario se tiene que una vez notificada la revista de
registro en el alojamiento de las cadetes en el orión II segundo piso, se fueron haciendo presentes
en dicho lugar las alumnas que allí habitaban, exhibiéndose por parte de la cadete NOHORA CAMILA
OSPINA JIMENEZ, un comportamiento extraño e inusual que no se verifica en la actitud de las
demás alumnas, y que se evidencia en la forma alterada como aborda dicha situación, siendo la
única que advierte que su cómoda se encuentra sin el candado sellado, así mismo se quita toda su
ropa para que se proceda al registro personal en el área del baño, cuando ello no se había solicitado,
y finalmente en la interacción de la revisión de su cómoda realiza acciones intempestivas de evitar
el registro de la parte superior de la misma por parte de la Capitán Mallarino anteponiéndose bajo la
excusa que se revise primero su maleta y luego cuando se hallan las gafas de la cadete SALAZAR
VIGOYA en una sábana de su dotación señala sin dubitación que estas son esas gafas y no otras
sin explicar poque ese conocimiento tan preciso en ese momento, sumado a la conducta observada
respecto al intento de interferir con el elemento hallado cuando se practicaba la prueba
dactiloscópica, consistente en la intención de borrar las huellas que allí pudieran existir. (indicio de
manifestaciones o conducta sospechosa posterior a la comisión de la infracción)
(…)
Existe un hecho objetivo evidenciado y comunicado en la práctica de una prueba solicitada por la
propia defensa de la investigada, como es la inspección ocular al lugar correspondiente del
alojamiento donde se desarrolló la revista de registro y es hallado finalmente el elemento sustraído,
en donde se documenta que las cómodas de las cadetes, para ese momento, NOHORA CAMILA
OSPINA JIMENEZ y LUISA FERNANDA SALAZAR VIGOYA (Q.E.P.D.) se encuentran dispuesta en
forma cercana lo cual configura el denominado indicio de oportunidad material. Este indicio nos
indica, la mayor probabilidad que una persona sea responsable en el acometer de la falta investigada
dada la disposición de las condiciones materiales que le permiten mayor capacidad de acción que
otras personas, en este caso la disposición de las cómodas y su ubicación de proximidad con la
cama de la investigada le permitían a ella conocer y observar la disposición interior de la cómoda de
SALAZAR VIGOYA, donde guardaba cada uno de sus elementos, así como la mayor probabilidad
de abrir esta cómoda sin causar sospecha, ante el hecho colindante o contiguo entre los mobiliarios,
teniendo en cuenta que las cómodas se abrían con cualquiera de las llaves de las otras como quedó
demostrado en el proceso.
(…)
Indicios que examinados en su conjunto en la forma prevista en los artículos 240 a 241 en
consonancia con los artículos 165 y 176 del Código General del Proceso, convergen de manera
unívoca en una sola dirección indicativa que no es otra que la persona que sustrajo las gafas RAY
BAN tipo piloto de propiedad de la cadete SALAZAR VIGOYA, no fue otra que la hoy demandante,
quien tenía la mayor capacidad de intervenir la cómoda de aquella para retirar el elemento del mismo,
apoderándose de este con fines de beneficio personal, para lo cual lo oculta de la vista y disposición
de su legítima propietaria, utilizando una sábana en la cual envuelve el elemento sustraído
disponiéndolo en la parte superior de su cómoda, hecho que se revela el 26 de junio de 2012 en la
revista de registro que se hiciera a la misma, mostrando la investigada en ese procedimiento un
comportamiento previo alterado, inusual y extraño tendiente por lo menos en tres oportunidades en
interferir negativamente con el mismo, de lo que se infiere el conocimiento exacto de que allí se
encontraban las gafas de su compañera, tal como se evidencia cuando así lo expresa ella misma
ante el hallazgo de ese elemento al decir: “esa son las gafas de Salazar.
(…)
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La culpabilidad penal es incompatible con la disciplinaria porque ésta última reviste un carácter
profesional ligado con las obligaciones exigibles en la administración pública para quienes ingresan
al servicio público por cualquiera de los diversos sistemas de acceso al mismo, ser por libre
nombramiento y remoción, carrera administrativa o elección popular, respetando sus garantías y su
continuidad en el empleo, salvo las faltas que ameriten separación del servicio en los casos
especiales; al punto que el mismo artículo 16 del Código Disciplinario Único, dispone que “[l]a
sanción disciplinaria tiene función preventiva y colectiva, para garantizar la efectividad de los
principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben
observar en el ejercicio de la función pública”. [...] Ello traduce irremediablemente que la investigada
de ningún modo pudo ser absuelta».
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en sentencia dictada el 1º de septiembre de 2025, en la que se consideró:
En este sentido, observa la Sala que el razonamiento probatorio del operador disciplinario en los
actos demandados se basó a partir de las siguientes pruebas recolectadas por los miembros de la
Policía Nacional DIJIN que llegaron para adelantar una inspección, quienes procedieron a tomar
unas declaraciones de la Capitán Mallarino Velandia Capitán Mallarino Velandia (sic) Eliana en
conjunto a lo manifestado por las cadetes RODRIGUEZ MARQUEZ, BARRERA SANDOVAL,
GARCIA CARRILLO, MONTOYA TORRES, ACOSTA INSUASTY, GALEANO NIÑO, prueban que
conocido el episodio por la comandante de escuadrilla se activa un procedimiento de revista o
registro sobre las cómodas de cada una de las cadetes en el alojamiento asignado a la también
cadete LUISA FERNANDA SALAZAR VIGOYA (Q.E.P.D.), propietaria de las gafas RAY BAN tipo
piloto, las cuales son halladas en el interior de la cómoda personal de la cadete OSPINA JIMENEZ,
incluido registro sobre las cómodas de cada una de las cadetes en el alojamiento asignado,
coincidiendo aquellas que las gafas estaban en la cómoda del alférez que se encontraba sin
candado en la diligencia de inspección ocular por parte de los policiales quienes procedieron a tomar
huellas de dactiloscopia y procedieron a devolver las gafas a su dueña y de lo cual realizaron su
informe ejecutivo, también contando con la denuncia ante la fiscalía veintiuno local de Cali por parte
de la propietaria de las gafas por el delito de hurto agravado, concluyendo el ente investigador
disciplinario, que no cabía duda que la alférez fue la persona que se apoderó de las gafas y por
estos hechos fue sancionada con retiro de la institución.
(…)
Para la Sala la valoración del razonamiento probatorio hace concluir respecto a las circunstancias
de modo, tiempo y lugar del hecho, que en principio se informa la pérdida de las gafas, y una vez
intervienen se encuentran en la cómoda de la alférez sancionada, es decir se encuentra probada el
extravío temporal del objeto, su búsqueda y el encontrarse en la cómoda perteneciente a la
sancionada, sin embargo, si bien así no lo expuso el juez, construirían un indicio circunstancial en
la medida que la conclusión surge de su combinación, aunque coherente, en el relato de la cual se
deduce la participación de la alférez en la conducta a partir de encontrar el elemento en la cómoda
de la sancionada, sin embargo, sería contingente ya que al analizar y contextualizar todos los
indicios recopilados en la investigación y obtener una imagen completa de los hechos estos deberían
respaldar o refutar una teoría, evaluados en conjunto, de forma inequívoca, lo cual no acontece por
lo siguiente: (…)
Lo que la Sala debe señalar, es que en apariencia el proceso disciplinario se basó en uno de los
tipos de flagrancia, distinguiendo cuando “la persona es sorprendida y aprehendida durante la
comisión”, la segunda cuando la aprehensión ocurre por señalamiento, persecución o voces de
auxilio y finalmente, la denominada “flagrancia inferida”, tiene como presupuesto que la persona sea
sorprendida con objetos, elementos o huellas “de los cuales aparezca fundadamente que acaba de
cometerla o de haber participado”, no obstante, este aspecto puede hacer parte posteriormente de
acusación en materia penal o de cargos en materia disciplinaria, se descarte su ocurrencia por
cuanto pueden concurrir otras circunstancias, que lleven a ello, lo que debe si establecerse es que
posteriormente permita estructurar la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes de la acusación
o los cargos y la actividad investigativa subsiguiente permita descartar la hipótesis penal o
disciplinaria o confirmarla, para lo cual conforme al estándar exigible certeza de la responsabilidad,
debe establecer cuáles son los medios de prueba pertinentes y agotar los trámites previstos en la
ley para su admisión; si pretende valerse de los testimonios de quienes aseguran haber sorprendido
al procesado, o evidencias físicas o documentos como medios de prueba, cargas que no pueden
ser eludidas.
En este escenario, se trata de una responsabilidad por una flagrancia inferida a partir de probar la
pérdida del objeto y su encuentro en la cómoda del alférez sancionado; sin embargo, se tornaría
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contingente en cuanto a estar probada de forma cierta su apoderamiento por la sancionada. En este
escenario, hubiera resultado importante que las gafas objeto de la investigación hubieran sido objeto
de protocolos técnicos y de cadena de custodia a efecto de verificar indicios físicos como huellas;
sin embargo, fueron entregadas a la presunta propietaria. Por ello, la ausencia de otras pruebas y
de prueba dactiloscópica impidió establecer huellas que generaran indicios de apoderamiento por
parte del alférez, constituyendo un vacío que ya no se puede resolver.
Adicionalmente, si bien la investigación penal es autónoma y obedece a principios y objetivos
diferentes de la disciplinaria, se constató que la fiscalía general de la Nación decidió archivar el
proceso penal por no lograr desvirtuar la presunción de inocencia, elemento que robustece la
conclusión sobre la insuficiencia probatoria para sustentar sanción alguna, más aún cuando la propia
denunciante y dueña de las gafas manifestó en interrogatorio que le hiciera la fiscalía, que ni ella ni
ninguna de sus compañeras vio u observó que el alférez se apoderara o tomara de su cómoda
dichas gafas.
Del análisis individual y en conjunto de las pruebas, la Sala observa que del material probatorio
recolectado e incorporado al proceso disciplinario, como son el informe de los policiales y las
declaraciones obtenidas de las compañeras del alférez, no se puede determinar con probabilidad
de verdad y más allá de toda duda, que ella fuera la persona que se apoderó en su provecho de las
mismas, no hay certeza sobre los hechos, no existiendo, congruencia entre lo que prueba los actos
urgentes de la investigación preliminar realizada por parte del consejo militar y la decisión tomada
por la junta calificadora que resolvió retirar del programa de formación de la FAC al alférez en un
estándar de mayor exigencia para proferir un fallo sancionatorio, en conclusión se debe considerar
que la conducta no fue debidamente probada por parte de la entidad demandada a quien le
correspondía la carga de la prueba.
En este orden en contraste, la alegada apropiación carece de soporte lógico y probatorio suficiente
y resulta desvirtuada por el análisis y justificación en conjunto de las pruebas, concluyéndose que
la hipótesis de la demandante estaría mejor soportada y justificada ya que partiendo de la
presunción de inocencia, debiendo la entidad accionada probar el apoderamiento, conduce
inexorablemente a concluir que existe duda sobre este aspecto ya que la pérdida del objeto y el
encuentro en una cómoda de la disciplinada si bien conduciría a una flagrancia inferida, pero no a
la certeza de la autoría por ende de la responsabilidad frente a la falta, por ello, se debe confirmar
el fallo de primera instancia dictado por el juez y debe reintegrarse al alférez a su condición de
aspirante a ser oficial de las FAC.
Como se ve, la discusión que propone la accionante ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que concluyó que la totalidad de pruebas obrantes en
el proceso disciplinario y la construcción indiciaria que se efectuó con base en éstas
resultaron insuficientes para encontrar plenamente demostrada la responsabilidad de la
accionante en la comisión de la conducta endilgada. De igual manera, el tribunal se
pronunció sobre el argumento de la apelante según el cual la prueba de lo ocurrido en el
proceso penal no podía estructurar el fallo disciplinario y concluyó que, en el caso
analizado, el archivo de la investigación penal fue solo un elemento adicional que permitió
reafirmar que no existían pruebas contundentes de la autoría de la falta endilgada a la
disciplinada.
En el escenario que propone la parte demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-014-2013-00363-
00/01, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por la tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de nulidad y
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restablecimiento del derecho, lo que denota que la acción de tutela de la referencia no
colma el requisito de relevancia constitucional, de ahí que deba revocarse la sentencia
impugnada, que la estudió de fondo para, en su lugar, declararla improcedente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia dictada el 27 de abril de 2026, por el Consejo de Estado, Sección
Segunda- Subsección B, que denegó el amparo pretendido en la presente acción de
tutela. En su lugar se dispone:
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 4
4
Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01913-01
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información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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