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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01923-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01923-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 20 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección A, de esta Corporación y remitir copia. CUARTO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01923-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintidós (22) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01923-011
Accionante : Ricardo Alberto Ojeda Blanco
Accionados : Tribunal Administrativo de Atlántico y la Secretaría General de
esa Corporación
Acción : Tutela
Tema : Inexistencia de vulneración y hecho superado
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra el fallo del Veinte
(20) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que declaró la configuración de la carencia actual de objeto por
hecho superado.
I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por

el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia
de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela2

2. El 9 de marzo de 2026, el señor Ricardo Alberto Ojeda Blanco, en calidad de
representante legal de la Asociación y Corporación Amerindia de las Comunidades
Indígenas del Atlántico “ASOCACIA”, quien actúa a través de apoderado judicial,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Atlántico y la Secretaría General de esa Corporación.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Índice 0002 de SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01923-01
Accionante: Ricardo Alberto Ojeda Blanco
Accionado: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro

3. Por consiguiente, solicitó:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

2. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico que dentro de las 48 horas siguientes:

• informe el número de radicado del proceso,
• indique el despacho judicial al cual fue asignado,
• informe el estado actual del expediente.

3. ORDENAR el reparto inmediato del expediente, en caso de que aún no se haya realizado.

4. COMPULSAR COPIAS ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que investigue la
posible falta disciplinaria por mora judicial injustificada.

1.3 Hechos3

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado en el escrito

de tutela, se puede evidenciar que, el accionante promovió medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el Ministerio del Interior y otras entidades, el cual,
fue radicado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca4, autoridad que, mediante
auto de Treinta (30) de Septiembre del Dos Mil Veintidós (2022) rechazó la demanda por
falta de competencia por el factor territorial y ordenó su remisión ante su homólogo del
Atlántico.

5. Que, mediante oficio de Trece (13) de Octubre de Dos Mil Veintidós (2022), la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente al Tribunal
Administrativo del Atlántico para su respectivo reparto; sin embargo, a la fecha de
presentación de la acción de tutela, el accionante no ha recibido información sobre: (i) el
número de radicado asignado, (ii) el despacho judicial competente, (iii) el estado del
proceso, ni (iv) si el expediente se encuentra registrado en el sistema judicial.

6. Sostiene que, la anterior situación constituye una mora judicial excesiva e injustificada,

que le impide continuar con el trámite del proceso contencioso administrativo.

1.4 Contestaciones de la acción.

7. La Sala Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico5 solicitó que se niegue el

amparo rogado, ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales que
sea atribuible a esa Corporación. En efecto, adujo que, el asunto objeto de queja

3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
4
Proceso núm. 25000-23-41-000-2022-00046-00.
5
Índice 00010 de Samai.

2

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Accionante: Ricardo Alberto Ojeda Blanco
Accionado: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro

constitucional le correspondió por reparto al Despacho 05 bajo el número de radicado
08-001-23-33-000-2022-00362-00, el cual, fue remitido por competencia a los Juzgados
Administrativos de Barranquilla, a través del auto de Veintisiete (27) de Noviembre de
Dos Mil Veintitrés (2023).

8. Además, informó que la anterior decisión fue comunicada al demandante, según dan

cuenta los oficios núm. 25776, 25777 y 25778 del Veintiocho (28) de Noviembre de Dos
Mil Veintitrés (2023). Así mismo, señaló que el expediente fue remitido al Centro de
Servicios el cinco (5) de Diciembre de esa calenda.

9. Finalmente, refirió que, con ocasión del presente trámite constitucional, requirió a la

Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de Barranquilla para que aportara
el acta de reparto correspondiente, la cual, fue enviada el pasado Diecisiete (17) de
Marzo.

10. La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico6 manifestó que la

acción de tutela es improcedente al no existir una vulneración a las garantías
constitucionales invocadas.

11. Para dicho cometido, informó que, en el aplicativo SAMAI se registraron las siguientes

actuaciones: (i) el 13 de octubre de 2022, fue repartido a la magistrada Carmén Rosa
Lorduy González; (ii) en auto de 11 de enero de 2023, comunicado el día 19 siguiente,
se inadmitió la demanda; (iii) el 1° de febrero de 2023, la parte actora subsanó la
demanda; (iv) en auto del 27 de noviembre de 2023, se declaró la falta de competencia
de la Corporación y, en consecuencia, se ordenó su remisión a los Juzgados
Administrativos del Circuito de Barranquilla; y (v) el envío del expediente se realizó el 5
de diciembre de 2023.

12. En tal medida, aseveró que, el accionante conoció de los datos de radicación del

proceso, pues, actuó al interior de este.

1.5 Providencia impugnada7.

13. Mediante sentencia de Veinte (20) de Abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección A, declaró configurada la carencia actual de objeto por hecho
superado, al considerar que, durante el curso de la acción constitucional, se conoció el

6
Índice 00009 de Samai.
7
Índice 00013 de Samai.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01923-01
Accionante: Ricardo Alberto Ojeda Blanco
Accionado: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro

radicado del proceso objeto de tutela8, el despacho que le correspondió el conocimiento
y el estado en que se encuentra.

1.6 La impugnación9

14. Inconforme con esa determinación, el demandante la impugnó, para lo cual, indicó

que, la entrega tardía de la información requerida no subsana la vulneración, pues,
consideró que la afectación se consumó y produjo efectos. Adicionalmente, indicó se
omitió pronunciamiento respecto a la responsabilidad institucional por la mora
injustificada, tampoco hubo correctivo alguno ni orden impartida para evitar futuras
vulneraciones.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

15. En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo 80

del 12 de marzo de 201913 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

16. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

2.3. Problema jurídico

8
Proceso núm. 08-001-23-33-000-2022-00362-00, asignado al Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla.
9
Índice 00021 de Samai.
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01923-01
Accionante: Ricardo Alberto Ojeda Blanco
Accionado: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro

17. Se contrae a determinar si en el presente asunto, como lo señaló la Sala de primera

instancia, se configuró el fenómeno de la carencia actual por hecho superado, con
ocasión de la asignación por reparto de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por el accionante.

2.4 Carencia de objeto por hecho superado

18. Se ha pregonado con acierto que la acción de tutela se encuentra orientada a
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, cuando ellos
sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública 14; sin
embargo, si la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparece, se configura el
fenómeno que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia
de objeto para decidir de fondo el asunto. Al respecto, la Corte Constitucional15 ha
definido este fenómeno jurídico en los siguientes términos:

4.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que
la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del
juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”16. Al respecto se ha establecido
que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar
un daño consumado o un hecho superado.

4.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de
tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al
objetivo de protección previsto para el amparo constitucional 17. En este supuesto, no es
perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones
acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones
pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es
que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”18 (Subrayado por fuera
del texto original).

4.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-045 de 200819, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de un hecho
superado, a saber:

“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca
de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del
accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción
que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

14
Artículo 86 de la Carta Política.
15
Corte Constitucional, sentencia T-59 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16
Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M. P. Humberto Sierra Porto.
17
Sentencia T-678 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis. Al
respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa
o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
18
Sentencia T-685 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto.
19
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01923-01
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Accionado: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado.” [Énfasis propio].

19. Conforme a lo anterior, es necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales deprecados en el caso sub examine aún persiste o si, por el
contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha, esto es,
si se configuró el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado.

2.5. Caso concreto

20. En el sub lite el tutelante, promovió la solicitud de amparo constitucional con ocasión

de la presunta mora judicial en que incurrió el Tribunal Administrativo del Atlántico para
dar trámite a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que fue remitida por
competencia por su homólogo del distrito judicial de Cundinamarca; pues, a la fecha de
presentación de la acción, aún no tenía noticia del número de radicado, despacho
competente ni el estado procesal.

21. Durante el curso de la primera instancia, el Tribunal accionado remitió copia del
expediente 08001233300020220036200, que corresponde a la demanda incoada por el
accionante, con lo cual, acreditó que le imprimió el trámite de rigor, pues, mediante (i)
auto del Once (11) de enero de Dos Mil Veintitrés (2023) inadmitió el libelo conforme lo
dispone el artículo 170 de la Ley 1437 de 2011; (ii) una vez subsanadas las falencias
anotadas, en auto del Veintisiete (27) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023) rechazó
por falta de competencia en virtud del factor objetivo-cuantía, y ordenó su remisión a los
Juzgados Administrativos de Barranquilla; y (iii) el Cinco (5) de diciembre siguiente se
materializó el envío del expediente20.

22. En ese orden de ideas, véase que el Tribunal Administrativo del Atlántico atendió

oportunamente la demanda promovida por el accionante, pues realizó los actos
procesales introductorios de calificación que concluyó en el rechazo por competencia, de
suerte que, no es dable predicar una vulneración por mora judicial atribuible a la
Corporación. Incluso, se observa que, a diferencia de lo narrado en el escrito de tutela,
el accionante sí conoció del número de radicado y trámite impreso al medio de control
ejercido, pues subsanó los yerros advertidos en el auto inadmisorio.

20
Índices 0001, 0005, 0009, 0013 y 0015, Expediente 08-001-23-33-000-2022-00362-00, visible en Samai

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23. Ahora bien, situación diferente es que, con posterioridad a la remisión por competencia

del mentado asunto, el accionante no hubiese tenido noticia del estrado judicial al que le
fue asignado por reparto, lo cual, fue subsanado durante el curso de la acción de tutela,
pues, nótese que con el informe rendido por el Tribunal Administrativo del Atlántico se
anexó copia del acta con secuencia 6269484 del Diecisiete (17) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis 2026, en la que, se determinó que el conocimiento del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho le correspondería al Juzgado Séptimo
Administrativo de Barranquilla, hecho que no fue objeto de reparo por el impugnante.

24. El mentado asunto fue asignado el número de radicado 08001333300720260006500,

cuya consulta en el aplicativo SAMAI muestra que, a la fecha de esta providencia, el
proceso fue radicado e ingresado a Despacho para resolver lo que en derecho
corresponde, tal como se observa:

25. En tal contexto, la Sala considera que en el presente asunto se configuró una carencia

actual de objeto por hecho superado, tal como lo dispuso la primera instancia, pues,
durante el trámite de la acción se satisfizo lo pretendido por el actor en la pretensión
tercera, esto es, el reparto inmediato del expediente. En consecuencia, cesó la conducta
que se consideraba como vulneradora de los derechos fundamentales invocados, y
cualquier orden que se adopte al respecto resultaría inane.

26. Finalmente, en lo que concierne a la compulsa de copias solicitada tanto en el escrito

de tutela como en la impugnación, es menester recordar que la naturaleza de la presente
acción constitucional es residual y subsidiaria, de modo que, si el accionante considera
que la autoridad judicial convocada incurrió en alguna conducta que pueda configurar un
hecho sancionable disciplinariamente, debe acudir directamente ante las autoridades
competentes para presentar la respectiva queja.

IV. DECISIÓN

27. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto no se acreditó

una vulneración de los derechos fundamentales que sea atribuible al Tribunal
Administrativo del Atlántico con ocasión del trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y respecto de la omisión en el reparto de esta demanda,

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Accionante: Ricardo Alberto Ojeda Blanco
Accionado: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro

se configuró la carencia actual por hecho superado. Por tal motivo, se confirmará la
sentencia impugnada.

28. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 20 de abril de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección A, de
esta Corporación y remitir copia.

CUARTO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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