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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01924-00

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01924-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva invocados por la sociedad Diageo Colombia S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01924-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintidós (22) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01924-001
Accionante : Diageo Colombia S.A.
Accionado : Consejo de Estado, Sección Cuarta
Vinculados : Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) y Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia, sanción por inexactitud en declaración de
renta
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por la sociedad Diageo Colombia S.A. contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
tutela judicial efectiva.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la tutelante

frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

2. La accionante, que actúa por medio de apoderado judicial, interpuso el presente recurso

de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01924-00
Accionante: Diageo Colombia S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta

3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de Diecinueve (19) de Mayo de

Dos Mil Veintidós (2022), mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta2,
confirmó la providencia de Quince (15) de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), en
la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
accedió parcialmente a las pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) [expediente 25000-23-37-000-
2016-01188-01]. En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada proferir una
nueva providencia en la que se concedan todas las súplicas del aludido asunto
contencioso-administrativo.

1.3. Hechos3

4. De acuerdo con los documentos que obran en el expediente y lo expuesto por la
accionante, se tiene que, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) [expediente 25000-23-37-000-2016-01188-01], encaminado a que, se
declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en (i) la liquidación oficial de
revisión 312412004000136 del Diecisiete (17) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014),
por cuyo conducto dicha entidad determinó el impuesto sobre la renta y complementarios
por el año gravable 2011 y le impuso una sanción por inexactitud; y (ii) la Resolución
012684 del Veintitrés (23) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015), mediante la cual, se
resolvió de manera desfavorable el recurso de reconsideración interpuesto contra la
anterior y, como consecuencia de esa declaración y a título de restablecimiento del
derecho se ordene el archivo de la actuación administrativa.

5. En dicho trámite contencioso administrativo, en primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en sentencia de Quince
(15) de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019) accedió parcialmente a las
pretensiones, por cuanto, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados (solo en lo que respecta a la liquidación de la sanción por inexactitud),
comoquiera que, en aplicación del principio de favorabilidad, disminuyó la tarifa de la
sanción por inexactitud impuesta del 160% al 100% conforme a la modificación que

2
C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
3
Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2.
2

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realizó el artículo 2824 de la Ley 1819 de 20165 al artículo 647 del Estatuto Tributario,
pero, mantuvo la modificación de la liquidación privada, porque, no logró justificar la
causación de los gastos publicitarios alegados en el marco de las relaciones comerciales
invocadas y negó la condena en costas solicitada.

6. Inconforme con esa decisión, la actora interpuso recurso de apelación6, desatado el

Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022) por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, en el sentido de confirmarla7, al estimar que, «[…] del análisis conjunto de las pruebas
del proceso bajo las reglas de la sana crítica se estableció que los gastos discutidos, contabilizados y
reclamados […] en su declaración tributaria, no están acreditados, y que la carga demostrativa […] no podía
limitarse a la afirmación de que las certificaciones aportadas cumplían los requisitos del artículo 3.º del
Decreto 1514 de 1998, sino a desvirtuar los hallazgos de la Administración ».

4
«ARTÍCULO 282. Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así: ARTÍCULO 640. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen
sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo dispuesto en
el presente artículo. Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante: 1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma;
y
b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por
no declarar, según el caso. 2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro del año (1) año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma; y
b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por
no declarar, según el caso. Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: 3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma,
y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. 4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma,
y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. PARÁGRAFO 1. Habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias. El funcionario competente
deberá motivarla en el acto respectivo. PARÁGRAFO 2. Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en firme, cometiere una nueva infracción del
mismo tipo dentro de los dos (2) años siguientes al día en el que cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso la sanción, con
excepción de la señalada en el artículo 652 de este Estatuto y aquellas que deban ser liquidadas por el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante. El monto de la sanción se aumentará en un ciento por ciento (100%) si la persona o entidad es reincidente. PARÁGRAFO 3. Para las sanciones previstas en los artículos 640-1, numerales 1, 2, y 3 del inciso tercero del artículo 648, 652-1,
numerales 1, 2 y 3 del 657, 658-1, 658-2, numeral 4 del 658-3, 669, inciso 6° del 670, 671, 672 y 673 no aplicará la proporcionalidad
ni la gradualidad contempladas en el presente artículo. PARÁGRAFO 4. Lo dispuesto en este artículo tampoco será aplicable en la liquidación de los intereses moratorios ni en la
determinación de las sanciones previstas en los artículos 674, 675, 676 y 676-1 del Estatuto Tributario. PARÁGRAFO 5. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable
sea posterior». 5
«Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y
la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones».

6
Comoquiera que, entre otros aspectos, a su juicio, no se tuvieron en cuenta certificados de revisor fiscal de las mandatarias, que
conforme con la normativa aplicable soportan los gastos de publicidad, propaganda y promoción en que incurrieron por cuenta del
mandante y las ofertas mercantiles, lo cual evidencia falta de valoración en sana crítica de las pruebas aportadas en las instancias
pertinentes. 7
Cabe precisar que, contra dicha sentencia (i) la consejera de Estado Myriam Stella Gutiérrez Argüello salvó voto, «[…] en cuanto
prohijó el rechazo de gastos operacionales de ventas por publicidad, propaganda y promoción en cuantía de $3.620.275.000, bajo la
consideración de que no se encontraban demostrados, esto, pese a obrar en los antecedentes las certificaciones de revisor fiscal de
los mandatarios a través de los cuales fueron ejecutados»; (ii) el consejero de Estado Milton Chávez García aclaró voto, con
fundamento en que, «[…] al exigir del mandatario una certificación donde se consigne la cuantía y el concepto de los costos,
deducciones o impuestos descontables, o devoluciones a que tenga derecho el mandante, avalada por contador público o revisor
fiscal; no requiere asimilarlo a una prueba contable con los requisitos del artículo 777 del Estatuto Tributario». 3

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Accionante: Diageo Colombia S.A.
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7. Posteriormente, el Dos (2) de Junio de Dos Mil Veintitrés (2023) interpuso recurso

extraordinario de revisión, con sustento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), esto es, la correspondiente a «[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación ». No obstante, aquel fue despachado

de manera desfavorable al ser declarado infundado por la Sala Doce Especial de
Decisión8 de esta Corporación9, mediante providencia del Dieciséis (16) de Julio de Dos
Mil Veinticinco (2025)10, dado que, «[…] no se probó la causal de nulidad que supuestamente se
originó en la sentencia y, aunado a ello, porque lo que pretende [la] recurrente es revivir el análisis
probatorio y jurisprudencial surtido en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, con
lo cual se evidencia su intención de convertir este asunto, indebidamente, en una tercera instancia, lo cual
jurídicamente no es procedente».

8. Sobre la precedente situación, la tutelante aduce que, la providencia censurada incurre

en defecto fáctico, defecto procedimental absoluto y defecto sustantivo «[…] al
pretermitir los hechos debidamente probados en dicho proceso a través de los medios de prueba
integrantes de: (i) las ofertas mercantiles irrevocables contentivas de los contratos de mandato celebrados
[con] DIALSA S.A., y ALTIPAL S.A., respectivamente; (ii) las certificaciones expedidas por los revisores
fiscales de dichas sociedades mandatarias en los términos del artículo 3° del Decreto 1514 de 1998; y (iii)
los documentos (de?) soporte allegados en la etapa administrativa y judicial, que daban cuenta de la
ejecución de las actividades de publicidad, propaganda y promoción rechazadas por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN».

II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, mediante auto del Quince (15)

de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la acción de tutela. En dicha decisión, se
(i) ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Cuarta; y (ii) dispuso vincular a la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

8
Cabe precisar que, el consejero de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar, quien conformó dicha Sala Especial de Revisión presentó
aclaración de voto, en cuanto a la condena en costas, comoquiera que, en su criterio, «[…] no se evidenció que la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal del recurso
extraordinario de revisión».
9
C. P. Fredy Ibarra Martínez.
10
Expediente 11001-03-15-000-2023-03001-00.
4

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01924-00
Accionante: Diageo Colombia S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta

2.1. Contestaciones de la acción.

10. 2.1.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección

B11 pidió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, dado que, «[…] la
controversia carece de relevancia constitucional y el mecanismo no puede utilizarse como una instancia
adicional del proceso ordinario en el que se profirió la providencia cuestionada, pues su finalidad es la
protección de los derechos fundamentales».

11. Agregó que, tampoco se satisfizo el presupuesto de la inmediatez, toda vez que, « […]

transcurrieron más de tres años entre la sentencia de segunda instancia -19 de mayo de 2022- y la
interposición del presente amparo constitucional y más de ocho meses desde el fallo del recurso
extraordinario de revisión el 16 de julio de 2025 y la radicación de la tutela, sin que se demuestre la
existencia de una justificación válida de la demora».

12. 2.1.2 La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)12 solicitó negar el amparo deprecado, comoquiera que, «[…] la
accionante pretende una nueva valoración de los hechos, las pruebas y las conclusiones jurídicas que
fueron objeto de examen en el proceso ordinario y con el recurso extraordinario de revisión, sin cumplir la
carga de acreditar un defecto específico de procedibilidad que justifique la intervención del juez
constitucional».

13. 2.1.3 El Consejo de Estado, Sección Cuarta guardó silencio en la oportunidad
prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud

de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2. La acción de tutela.

15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y

11
Índice 00024 de Samai.
12
Índice 00010 de Samai.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01924-00
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lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.3. Cuestiones previas.

3.3.1 Competencia para conocer de la presente acción de tutela.

16. Cabe advertir que, inicialmente esta tutela correspondió al despacho del consejero de

Estado Juan Enrique Bedoya Escobar; sin embargo, el Once (11) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026) manifestó encontrarse impedido, dado que, hizo parte de la Sala Doce
Especial de Revisión en la que se profirió la providencia que desató el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la actora contra la sentencia de segunda
instancia dentro del proceso ordinario, e inclusive aclaró voto, por lo que, con auto de
Seis (6) de Abril del mismo año este despacho declaró fundado dicho impedimento y
avocó el conocimiento del asunto.

3.3.2 Defectos alegados.

17. La Sala analizará el fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto

fáctico, comoquiera que, pese a que la demandante alegó también los defectos
procedimental absoluto y sustantivo, la génesis de la vulneración invocada radica, en su
criterio, en una presunta indebida valoración probatoria por parte de la autoridad judicial
accionada, especialmente, «[…] al omitir que el artículo 3° del Decreto 1514 de 1998 establece
expresamente que para soportar los respectivos costos, deducciones o impuestos descontables a que
tenga derecho el mandante, el mandatario deberá expedir una certificación donde se consigne su cuantía
y concepto, avalada por contador público o revisor fiscal», documento que, según afirmó, aportó

en debida forma, pero no fue analizado como correspondía, por lo que, en virtud del
principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela debe interpretar de manera
extensiva el escrito inicial13, resulta procedente analizar este trámite a partir de la aludida
causal de procedencia de tutela contra providencia judicial (defecto fáctico).

13
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta Corte
ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos fundamentales
de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos
que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y en esta
medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
6

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01924-00
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3.4 Problema jurídico.

18. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar si la

sentencia de Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022), mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, confirmó la providencia de Quince (15) de
Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), en la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B accedió parcialmente a las pretensiones
formuladas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-37-000-2016-01188-01, adolece de defecto fáctico y, por consiguiente, vulnera
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva
invocados por la accionante.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

19. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional14 y de la Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado15, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

20. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en

14 Sentencia C-590 de 2005.
15 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García

González.
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el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

21. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

22. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que, (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora, en una indebida
valoración probatoria, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos
que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que, contra la providencia
atacada se interpuso recurso extraordinario de revisión que fue resuelto con sentencia
en que conoció de fondo algunos cargos de inconformidad, decisión que quedó
ejecutoriada el Diecisiete (17) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)16 y la solicitud

16
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 10 de septiembre de 2025, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 12 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205 (numeral
2) del CPACA.
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.
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de amparo se presentó el Nueve (9) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir,
dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.

23. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del

asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por la demandante.

3.5.1 Defecto fáctico.

24. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto

fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»17.

25. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o

dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra18.

3.6 Análisis del caso concreto.

26. En el asunto sub examine, la accionante aduce que la providencia cuestionada incurrió

en defecto fáctico, «[…] al pretermitir los hechos debidamente probados en dicho proceso a través
de los medios de prueba integrantes de: (i) las ofertas mercantiles irrevocables contentivas de los contratos
de mandato celebrados [con] DIALSA S.A., y ALTIPAL S.A., respectivamente; (ii) las certificaciones
expedidas por los revisores fiscales de dichas sociedades mandatarias en los términos del artículo 3° del
Decreto 1514 de 1998; y (iii) los documentos soporte allegados en la etapa administrativa y judicial, que
daban cuenta de la ejecución de las actividades de publicidad, propaganda y promoción rechazadas por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN».

27. Ahora bien, en el sub lite se evidencia que, en la providencia objeto de reproche

constitucional, la autoridad accionada sostuvo:

Respecto a las certificaciones de revisor fiscal de las sociedades Altipal S. A. y Dialsa S. A.,
la contribuyente parte del entendimiento errado de que al constituir prueba de los gastos del
mandante en el contrato de mandato, su contenido se limita a consignar la cuantía y conceptos
de los mismos, y que su presentación inhibe la valoración de los documentos que los
respaldan.

17
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
18
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
9

Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01924-00
Accionante: Diageo Colombia S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta

Al respecto, se reitera que el artículo 3.º del Decreto 1514 de 1998, no escapa de las
previsiones del artículo 777 del Estatuto Tributario sobre las certificaciones de contadores y
revisores fiscales, que conforme con el criterio de la Sala 19, «debe[n] estar debidamente
soportado[s] con la información contable precisa y con los soportes correspondientes, así “no
puede limitarse a simples afirmaciones sobre las operaciones de orden interno y externo
carentes de respaldo documental”», y operan «sin perjuicio de la facultad que tiene la
administración de hacer las comprobaciones pertinentes 20», lo que es acorde con la obligación
del mandatario de conservar «las facturas y demás documentos comerciales que soporten las
operaciones que realizó por orden del mandante» y con la declaración del mandante de los
costos, deducciones, impuestos descontables o devoluciones que le correspondan con base
en «la información que le suministre el mandatario21».

Por ello, las certificaciones del mandatario deben registrar la información contable precisa, con
el respaldo documental a que haya lugar, de los «costos, deducciones o impuestos
descontables, o devoluciones a que tenga derecho el mandante», sin que ello implique la
existencia de un «requisito adicional».

Bajo ese entendido, las certificaciones de las mandatarias aportadas al proceso y los
documentos allegados como respaldo de las mismas no demuestran la existencia de los
gastos reclamados por la actora, en relación con las operaciones que supuestamente
realizaron en su nombre las mandatarias Altipal S. A. y Dialsa S. A.

Así, la certificación de Altipal S. A22., relaciona reembolsos de gastos por labores de mercadeo
y publicidad por $1.435.576.123, que forma parte del ingreso «por concepto de bonificaciones
para actividades varias», sin indicar mayor detalle en cuanto a los gastos certificados
(naturaleza, actividades, montos y contabilización, entre otros), y sin ofrecer información sobre
si los mismos se originaron en bienes y servicios adquiridos por la mandataria a terceros, o en
«las labores de mercadeo y publicidad que realizó la sociedad en nombre de esta» a que alude
la certificación.

Lo mismo ocurre en el caso de la certificación de Dialsa S. A 23, que carece de precisión alguna
sobre los gastos certificados por $2.184.699.105 (naturaleza, actividades, montos y
contabilización, entre otros), pues solo señaló que «recibió de DIAGEO Colombia S. A. un
reembolso de gastos por las erogaciones de mercadeo y publicidad que realizó en nombre de
esta, por valor de $2.184.699.105».

Así, las certificaciones señaladas «nada indica[n] sobre los libros contables, registros
contables, comprobantes internos o externos que soporten las afirmaciones en él[las]
realizadas24», ni tampoco detallan las características y naturaleza de los gastos debatidos; por
tanto, no cumplen los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

Aunado a lo anterior, como el gasto de publicidad contabilizado fue objeto de comprobación
especial, a la contribuyente le correspondía desvirtuar los hallazgos de la Administración para
demostrar la veracidad del mismo, lo cual no ocurre en este caso, pues DIAGEO tampoco
ofreció explicación respecto de las irregularidades detectadas por la DIAN de los documentos
que presentó como soporte de lasc certificaciones25, ni de las diferencias entre el valor total
de tales documentos frente estas últimas26, pese a que le correspondía la carga de hacerlo.

Por lo mismo, a pesar de que la certificación de revisor fiscal de la demandante no constituye
la prueba exigida por la legislación fiscal para demostrar los gastos que como mandante le
correspondían, en tanto la exigencia recae sobre la expedida por las mandatarias, las
irregularidades referidas desvirtúan su contenido.

19
Sentencia del 11 de marzo de 2021, Exp. 23137, reiterada en las sentencias del 15 de julio de 2021, Exp. 23964 y del 24 de febrero
de 2022, Exp. 24505, C. P. Milton Chaves García.
20
E. T. Artículo 777.
21
Inciso 3.º del artículo 29 del Decreto 3050 de 1997, recopilado por el Decreto 1625 de 2016.
22
Fl. 330 del cuaderno del Tribunal.
23
Fl. 328 del c. t.
24
Sentencia del 27 de mayo de 2021, Exp. 24502, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
25
Entre otros, facturas que no indican el valor de las transacciones que incorporan, documentos a nombre de terceros ajenos a la
mandataria y a la mandante, con incoherencias en la información contenida, que aluden a patrocinios, arriendos, gastos de
lanzamientos de restaurantes, planes de inversión, donaciones, reinados, apoyos a torneos, descuentos, matrimonios y preventas, y
otros que no permiten identificar su naturaleza ni las partes que intervienen en la negociación.
26
Conforme con la liquidación de revisión, de las deducciones reclamadas y certificadas en relación con Altipal, por $1.435.576.123,
los documentos de soporte totalizaron la suma de $780.082.247, que representa una diferencia de $655.493.879, y en el caso de
Dialsa, totalizaron $2.589.217.871, frente a los solicitados por $2.566.138.911, con una diferencia de $23.078.960.
10

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Así las cosas, no se cuestiona que la certificación de las mandatarias es el documento con el
cual el mandante soporta las erogaciones a que tiene derecho, sino la carencia de requisitos
y aptitud probatoria de las certificaciones aportadas por su falta de detalle, y las irregularidades
y ausencia de correspondencia de los documentos soporte de las mismas (facturas sin
requisitos, entre otros), circunstancias que no fueron explicadas por la demandante, sobre
quien recaía la carga demostrativa, conforme a lo previsto en el artículo 167 del Código
General del Proceso.

En consecuencia, del análisis conjunto de las pruebas del proceso bajo las reglas de la sana
crítica se estableció que los gastos discutidos, contabilizados y reclamados por la actora en
su declaración tributaria, no están acreditados, y que la carga demostrativa de la demandante
no podía limitarse a la afirmación de que las certificaciones aportadas cumplían los requisitos
del artículo 3.º del Decreto 1514 de 1998, sino a desvirtuar los hallazgos de la Administración
y probar la existencia del gasto.

Por las razones expuestas, no existió la indebida interpretación de la normativa, doctrina y
jurisprudencia aplicable, ni se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa, ni los
principios de buena fe y confianza legítima invocados por la actora.

28. De lo anterior se colige que, contrario a lo afirmado por la actora, la autoridad
accionada sí analizó todas y cada una de las pruebas documentales por ella aportadas,
distinto es que, considerara que estas no acreditaban las realidades de las operaciones,
por lo que, debían ser cotejadas con otros medios probatorios recaudados por la DIAN
en el marco de la investigación tributaria, conclusión a la que arribó teniendo en cuenta
el precedente jurisprudencial de la Sección Cuarta de esta Corporación sobre la materia.

29. Además, respecto a la certificación expedida por el revisor fiscal, como requisito
previsto en el artículo 3° del Decreto 1514 de 1998, la autoridad judicial accionada,
puntualmente precisó que, esta debía «[…] estar […] soportad[a] con la información contable
precisa y con los soportes correspondientes, así “no puede limitarse a simples afirmaciones sobre las
operaciones de orden interno y externo carentes de respaldo documental”», lo cual no cumplió la

actora, puesto que, «[…] las certificaciones de las mandatarias aportadas al proceso y los documentos
allegados como respaldo de las mismas no demuestran la existencia de los gastos reclamados […], en
relación con las operaciones que supuestamente realizaron en su nombre las mandatarias Altipal S. A. y
Dialsa S. A.».

30. En ese orden de ideas, esta Sala constata que, en la determinación judicial
cuestionada la autoridad demandada no incurrió en una valoración caprichosa o arbitraria
de los medios de prueba adjuntados al trámite de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25000-23-37-000-2016-01188-01, situación de la que se concluye que no
se configuró el defecto fáctico alegado.

31. Por otra parte, resulta oportuno precisar que, el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía la actora, no
involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus competencias
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jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de
los elementos de convicción obrantes en el expediente, así como la de otorgarles
diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de manera integral y bajo los criterios
de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.

32. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de una

valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que, imposibilita
al juez de tutela cuestionarlas, salvo que, sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este aspecto, la Corte
Constitucional27 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál
es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena fe.
En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las
pruebas realizadas por el juez natural es razonable.

[…]

Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

33. Asimismo, es claro que, el reproche formulado por el demandante fue expuesto, en

similares términos, a través del recurso extraordinario de revisión, el cual, fue declarado
infundado por considerarse que la sentencia no contenía una motivación insuficiente, lo
que denota que su intención, más allá de manifestar la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo constitucional como una
instancia adicional con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses.

34. Por último, esta Sala insiste en su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa

el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

27
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12

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IV. DECISIÓN

35. La Sala considera que en el presente asunto la actora no acreditó que la providencia

de Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, hubiere incurrido en defecto fáctico. Por tal motivo, se negará la
solicitud de amparo.

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y tutela judicial efectiva invocados por la sociedad Diageo Colombia S.A., por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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