Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01945-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01945-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01945-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01945-01
Accionante: NELLYS MARÍA ACUÑA DE ÁNGEL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se confirmará la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por
falta de relevancia constitucional.
2. La parte actora pretende utilizar este mecanismo como instancia adicional del
proceso ordinario para reabrir un debate netamente legal y económico resuelto por
el juez natural. La discusión sobre las diferencias salariales derivadas de los
incrementos decretados por el Gobierno nacional para las distintas categorías del
escalafón docente (2008-2009) carece de trascendencia constitucional. Además, la
providencia censurada no resulta caprichosa ni arbitraria.
II. ANTECEDENTES
La demanda
3. El 10 de marzo de 2026, la señora Nellys María Acuña de Ángel, a través de
apoderada judicial, presentó acción de tutela para proteger sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia1.
4. Atribuyó la vulneración a la sentencia dictada el 4 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó el fallo de primera instancia y negó
las pretensiones de su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Al
proceso se le asignó el radicado 20001-33-33-003-2024-00237-00.
Hechos relevantes
5. En el proceso ordinario, la actora solicitó la inaplicación y nulidad de los actos
administrativos que le negaron el reconocimiento de las diferencias en los
1 También consideró desconocido el principio de favorabilidad.
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Accionante: Nellys María Acuña de Ángel
incrementos salariales decretados para los años 2008 y 2009. Pretendió el pago de
dichos reajustes y la reliquidación de sus prestaciones sociales.
6. Argumentó que es docente oficial y que se encuentra escalafonada en la
categoría 3AM – 3BM. En los años 2008 y 2009, el Gobierno nacional decretó
aumentos porcentuales inequitativos. A la categoría 3DM se le aplicó un incremento
salarial del 44,89 % en 2008, mientras que 3AM solo obtuvo un 17,40 % y 3BM
13,92 %. En 2009 el aumento fue de 7,67 % para 3DM, 18,41 % para 3AM y 15,45
% para 3BM.
7. El Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar negó las pretensiones en
sentencia del 8 de mayo de 2025. Concluyó que es improcedente equiparar las
remuneraciones de categorías diversas y que la Administración no vulneró el
derecho a la igualdad porque las competencias y requerimientos de cada cargo son
diferentes.
8. La parte demandante apeló. Sostuvo que el fallador de primera instancia realizó
un análisis fragmentado sobre la vulneración del derecho a la igualdad y que omitió
realizar un estudio exhaustivo y razonado sobre la ausencia de justificación de los
actos demandados, respecto de los aumentos porcentuales decretados por el
Gobierno nacional.
9. En sentencia del 4 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la decisión. Precisó que los decretos fijaron montos líquidos, no aumentos
porcentuales, para cada grado y nivel salarial, y que el Gobierno nacional tiene la
facultad de establecer regímenes diferenciados con sujeción a la ley marco y a los
topes inflacionarios. Determinó que no se vulneró el principio de «a trabajo igual,
salario igual», pues los docentes 3AM, 3BM y 3DM se encuentran en diferentes
niveles y grados del escalafón, por lo tanto, no son iguales.
Pretensiones
10. La accionante solicitó dejar sin efectos la sentencia dictada el 4 de septiembre
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar y que se ordene proferir fallo de
reemplazo en la que se acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. Según la parte actora, la sentencia del 4 de septiembre de 2025 adolece de los
siguientes defectos: (i) sustantivo o material, porque se efectuó una interpretación
«abiertamente irrazonable y desproporcionada» de las normas constitucionales y
legales aplicables al caso, particularmente, del artículo 13 Superior, de la Ley 4 de
1992 y del Decreto 1278 de 2002; (ii) fáctico, porque la valoración probatoria no
tuvo en cuenta el debate planteado, a lo que se suma que la parte demandada no
demostró que la diferencia en el incremento salarial obedeciera a razones objetivas,
verificables y debidamente justificadas; y (iii) desconocimiento del precedente
jurisprudencial, en tanto no aplicó la sentencia C-1064 de 2001, que exige
garantizar la igualdad sustancial en la fijación de incrementos salariales.
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Accionante: Nellys María Acuña de Ángel
Trámite en primera instancia
12. Por auto del 11 de marzo de 20262, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar y vinculó, en
calidad de terceros con interés, al titular del Juzgado Tercero Administrativo de
Valledupar, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, a la
Fiduprevisora S.A. y al municipio de Valledupar.
Intervenciones
13. El Municipio de Valledupar3 pidió que se declare improcedente la solicitud de
amparo. Señaló que la accionante pretende reabrir un debate «meramente legal»
que fue previamente definido por su juez natural, además de buscar que a través
de este mecanismo constitucional se reinterprete el fondo del asunto. Finalmente,
adujo que no se probó la configuración de ningún defecto.
14. El Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar4 allegó copia digitalizada
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-
003-2024-00237-00.
15. El Tribunal Administrativo del Cesar5 se remitió a los argumentos expuestos
en la sentencia del 4 de septiembre de 2025 y destacó que los once juzgados
administrativos del circuito de Valledupar y los seis despachos de la misma
Corporación han mantenido una línea uniforme en la decisión de asuntos similares,
que desestima las pretensiones de las demandas presentadas, conforme al marco
legal y constitucional vigente. También aportó copia digitalizada del proceso
ordinario.
16. El Ministerio de Educación Nacional6 alegó la falta de legitimación en la causa
por pasiva. La accionante atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a
una decisión judicial en cuya adopción no participó. Agregó que el asunto carece de
relevancia constitucional, porque el debate propuesto ostenta una naturaleza
estrictamente económica, que excede la competencia del juez de tutela. No se
configuró ningún defecto en la providencia objeto de tutela.
Sentencia de primera instancia
17. En sentencia del 19 de marzo de 20267, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela. Determinó que el asunto carece
2 SAMAI, índice 5 del expediente de tutela de primera instancia.
3 SAMAI, índice 13 del expediente de tutela de primera instancia, documento electrónico con
certificado 946DC3003B0E9A26 A87CC4B48AAC2F27 F33296BB7382C9B2
B91A5C700E486B5F.
4 SAMAI, índice 14 del expediente de tutela de primera instancia, documento electrónico con
certificado 31F6509DC3DEE5E6 A1B46854E2DB24E4 1F0FA8729CF8F8F4
08F01BEF4A1FAC91.
5 SAMAI, índices 15 del expediente de tutela de primera instancia, documento electrónico con
certificado D4F1785024F5185E 1D6A2228C4FD62D4 B47FBB6439213702 B2A0827AF717CAF2.
6 SAMAI, índices 17 y 19 del expediente de tutela de primera instancia, documento electrónico con
certificado B5A1EBF7C4882691 C8762D8DFEBC0F5B 62C19438EBC74265
AFBBEEA0A3F4CA9B.
7 SAMAI, índice 21 del expediente de tutela de primera instancia.
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Accionante: Nellys María Acuña de Ángel
de relevancia constitucional porque la actora pretende realizar un nuevo análisis del
asunto puesto a consideración por el juez natural, como si se tratara de una tercera
instancia.
18. Finalmente, el hecho de que la parte actora no comparta la tesis expuesta no
significa que la decisión sea arbitraria.
Impugnación
19. La parte actora la impugnó8. Insistió en la configuración de los defectos alegados
y argumentó que el asunto sí tiene relevancia constitucional porque la interpretación
de los jueces naturales afecta sus garantías laborales y el derecho a la igualdad.
Además, sostuvo que el juez natural omitió realizar un control judicial estricto sobre
una actuación administrativa que introdujo un salario desigual e injustificado.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
20. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
instancia, conforme a lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo
080 de 2019, por el que se expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
Problema jurídico y metodología de la decisión
21. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida el 19
de marzo de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.
22. Para resolver el problema jurídico planteado, se verificará primero el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. De superarse, se analizarán los defectos alegados.
Análisis de la Sala
23. Conforme al precedente fijado en la C-590 de 2005 de la Corte Constitucional,
la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y
exige acreditar el cumplimiento estricto de los requisitos generales y, al menos, un
defecto específico.
24. En este caso, se constata la legitimación en la causa de las partes y que la
providencia atacada no es una sentencia de tutela ni de control abstracto de
constitucionalidad. Se acredita la inmediatez porque la demanda se presentó el 10
de marzo de 2026, plazo que resulta razonable frente a la sentencia cuestionada
del 4 de septiembre de 2025 (notificada el 9 del mismo mes). Se agotaron los medios
judiciales ordinarios de defensa. Además, la discusión planteada no versa sobre
una irregularidad procesal.
8 SAMAI, índice 26 del expediente de tutela de primera instancia.
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Accionante: Nellys María Acuña de Ángel
25. Sin embargo, el asunto carece de relevancia constitucional. El cumplimiento de
este requisito no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que
se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de
amparo contenga una carga argumentativa mínima y que no se utilice como
instancia adicional a las establecidas por el legislador.
26. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente reiterado de la Corte
Constitucional9 que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios,
ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o
la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad10.
27. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.
Caso concreto
28. Como bien señaló el juez de tutela de primera instancia, el asunto carece de
relevancia constitucional.
29. Es evidente que la demandante busca utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia para imponer su interpretación sobre los incrementos salariales
aplicados a las diversas categorías del escalafón docente en los años 2008 y 2009.
Ese reproche fue analizado íntegramente por el tribunal accionado, que determinó
que el Gobierno nacional tiene la facultad legal de fijar montos líquidos diferenciados
para cada nivel salarial, sin que ello implique una transgresión del derecho a la
igualdad.
30. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia
es que el juez natural, al resolver la apelación, efectuó un análisis integral y
razonado de la situación fáctica. Con fundamento en los preceptos normativos que
rigen la materia y la jurisprudencia aplicable al caso, concluyó que la señora Acuña
De Ángel no tenía derecho a la nivelación salarial reclamada. Por tanto, es claro
que el reproche de la actora se reduce a su inconformidad con el sentido de la
decisión que negó sus pretensiones económicas.
9 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
10 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional recordó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
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Accionante: Nellys María Acuña de Ángel
31. Finalmente, frente al supuesto desconocimiento de los parámetros fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia C-1064 de 2001: (i) que debe existir una
«justificación objetiva y suficiente para los tratos diferenciados en materia salarial»
y (ii) que la «línea de la Corte según la cual la igualdad en el trabajo no se reduce a
la igualdad matemática, pero tampoco permite incrementos que generen brechas
irrazonables sin soporte técnico ni normativo», la tutela carece de una carga
argumentativa mínima, porque la actora no identificó qué regla aplicable al caso
concreto fue ignorada, si existía una similitud entre el problema jurídico de la
providencia invocada como precedente y el que tenía que resolverse en su asunto,
y si las circunstancias fácticas eran o no equiparables11.
32. Además, el tribunal sí analizó dicha sentencia y concluyó que, si bien es
necesario aumentar anualmente los salarios de los servidores públicos para
contrarrestar la inflación, el incremento puede ser diferente entre unos y otros, de
conformidad con políticas macroeconómicas y fiscales. A partir de allí, y del análisis
de otros pronunciamientos jurisprudenciales12, determinó que el incremento salarial
podía variar entre docentes de grados distintos en el escalafón, sin que ello implique
un trato discriminatorio.
33. En suma, aunque la accionante insista en que el asunto tiene relevancia
constitucional, lo cierto es que sus argumentos expuestos a lo largo de este trámite
de tutela convergen siempre en el hecho de que, en su criterio, los actos
administrativos demandados contenían disposiciones ilegales, al haber
desconocido la desigualdad en el reajuste salarial de los docentes. Esta tesis fue
descartada razonablemente por el Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia
del 4 de septiembre de 2025.
34. Conforme a todo lo razonado, la Sala confirmará la sentencia impugnada, que
declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Nellys María
Acuña de Ángel, por falta de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
amparo.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
11 Al respecto, ver la sentencia SU-304 de 2024.
12 Sentencias (i) C-1017 de 2003 de la Corte Constitucional y (ii) del 15 de septiembre de 2016,
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, rad. 76001-23-31-000-2025-04234-
01(1204-12).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01945-01
Accionante: Nellys María Acuña de Ángel
TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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