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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01948-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01948-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Radicado: 11001-03-15-000-2026-01948-00 Accionantes: Petrona Isabel Alcazar Torrenegra Se declara la improcedencia de la demanda CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01948-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01948-00
Accionante: Petrona Isabel Alcazar Torrenegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia - Reiteración

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la señora
Petrona Isabel Alcazar Torrenegra en contra de la sentencia proferida el 11 de septiembre
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho llevada a cabo contra el Ministerio de Educación Nacional
y el departamento del Cesar con el fin de que se le reconocieran y pagaran las
diferencias salariales causadas con ocasión al incremento salarial decretado por el
Gobierno Nacional. Se declara la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto
no se superó el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 10 de marzo de 2026, la señora Petrona Isabel Alcazar Torrenegra , mediante
apoderada judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales a su juicio,
fueron vulnerados por la sentencia del 11 de septiembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó la decisión de primera instancia del 22
de mayo de 2025, emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar dentro

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia / Relevancia constitucional / Escalafón

docente.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01948-00
Accionantes: Petrona Isabel Alcazar Torrenegra
Se declara la improcedencia de la demanda

del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (rad. 20001-33-33-003-2024-
00173-01), mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia
proferida el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo número
20-001-33-33-003-2024-00173-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) PETRONA
ISABEL ALCAZAR TORRENEGRA, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
PETRONA ISABEL ALCAZAR TORRENEGRA a la luz de los argumentos planteados en
la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.2

B. Hechos

3. La señora Petrona Isabel Alcazar Torrenegra es docente oficial ubicada en la
categoría 1B del escalafón docente regulado por el Decreto ley 1278 de 20023.

4. El Gobierno Nacional decretó aumentos porcentuales diferenciados para la
asignación básica salarial del personal docente vinculado al nuevo escalafón
establecido en el Decreto ley 1278 de 2002 durante los años 2005,2006, y 2007. No
obstante, para el año 2008, el grado 1A recibió un incremento acumulado del 14,11%,
mientras que la categoría 1B obtuvo un aumento solo 10,23%, y para el año 2009, el
grado 1A recibió un incremento acumulado del 15,61%, mientras que la categoría 1B
obtuvo un aumento total de 12,11%.

5. La señora Petrona Isabel Alcazar Torrenegra interpuso reclamación administrativa
ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación
Departamental del Cesar con el fin de que se le reconocieran y pagaran las diferencias
salariales causadas con ocasión de los incrementos dispuestos para los años 2008 y
2009, en los cuales a criterio de la demandante se favoreció a docentes de una categoría
inferior (1A) en detrimento de quienes, como ella, se encontraban en una mejor posición
en el escalafón (1B)

6. Tales solicitudes fueron atendidas desfavorablemente mediante los oficios núm.
2024-EE-076692 (Con radicación relacionada N° 2024-ER-0081565) del 8 de marzo de
2024 y núm. CES2024ER008695 - CES2024EE004371 del 5 de Marzo de 2024,
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Cesar,
respectivamente.

2 Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.
3 Presidente de la República de Colombia. Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de

Profesionalización Docente”

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Accionantes: Petrona Isabel Alcazar Torrenegra
Se declara la improcedencia de la demanda

7. La señora Petrona Isabel Alcazar Torrenegra presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional y el departamento del Cesar, con el fin de que (i) se inaplicara
el Decreto núm. 284 de 2024, (ii) se declarara la nulidad de los actos administrativos
que negaron su reclamación administrativa y (iii) se reconociera y pagara las diferencias
salariales causadas en los últimos tres años anteriores a la reclamación administrativa,
con ocasión de las diferencias salariales decretadas para los años 2008 y 2009, así
mismo como de las que se causen hacia el futuro.

8. Mediante sentencia del 22 de mayo de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo de
Valledupar negó las pretensiones de la demanda, tras advertir que no hubo una
discriminación salarial, ya que tales ajustes obedecieron a parámetros objetivos y
razonables.

9. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, mediante el cual cuestionó las diferencias salariales e indicó que tal trato
desigual no persigue un fin legítimo ni se sustentó en un criterio razonable, razón por la
cual solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, y en su lugar, se
accedieran a las pretensiones de la demanda.

10. El11 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la
sentencia del 22 de mayo de 2025, tras determinar, entre otros, que las diferencias
salariales en la asignación docente se encuentran ajustadas a derecho, ya que el
Gobierno Nacional no se encuentra obligado a incrementar el mismo porcentaje a todos
los docentes del escalafón, por el contrario, cuenta con una amplia facultad para fijar la
escala salarial siempre que se limite a lo dispuesto en la Ley 4° de 1992, tal como ocurrió
en el caso concreto. Además, de acuerdo con la estructura del escalafón docente, no
se puede predicar la desigualdad entre las categorías 1A y 1B, debido a que no gozan
de las mismas características y requisitos.

C. Fundamentos de la vulneración

11. La accionante indicó que la sentencia del 11 de septiembre de 2025 incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico, razón por la cual se transgredieron sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad acceso a la administración de justicia, tutela
justicia efectiva y el principio de favorabilidad.

12. Sobre el defecto sustantivo manifestó que el Tribunal realizó una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcional del marco normativo aplicable al caso
concreto, en particular, frente al artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4 de 19924
y el Decreto 1278 de 2002.

13.Señaló que la conclusión a la que arribó la autoridad judicial accionada desconoció
que la discusión no giraba en torno a la diferencia estructural y permanente entre los

4 Congreso de Colombia. Ley 4 de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que

debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las
prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”

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Se declara la improcedencia de la demanda

grados del escalafón, sino a un trato diferenciado respecto los incrementos porcentuales
decretados para los años 2008 y 2009, diferencia que afectó la base salarial y que no
fue compensada en años posteriores.

14. Alegó que la sentencia cuestionada desconoce el alcance normativo del principio
de igualdad, equidad, mérito y el mandato de progresividad, ya que la decisión adoptada
se limitó a realizar una comparación abstracta entre los grados del escalafón, sin
verificar la existencia de criterios objetivos y constitucionalmente válidos para sustentar
los incrementos salariales desiguales dispuestos para categorías que, si bien son
diferentes, tienen la misma fuente de regulación.

15. Además, adujo que el Tribunal inaplicó la sentencia T-369 de 2016 de la Corte
Constitucional, mediante la cual se exige una justificación objetiva para otorgar tratos
diferenciados en materia salarial.

16. Respecto el defecto fáctico argumentó que el Tribunal desplegó una indebida
valoración probatoria frente a la discusión planteada, ya que no se allegó prueba alguna
que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la decisión
administrativa, lo que compromete la legalidad y desnaturaliza los fines del servicio
educativo.

17. Destacó que hay una falta de justificación legal y técnica, pues si bien pueden existir
diferencias en las asignaciones salariales, tal decisión debe fundamentarse en
requisitos objetivos y claros, lo cual no ocurrió en el caso concreto, por el contrario, la
autoridad judicial accionada desestimó las pretensiones de la demanda bajo el supuesto
de la corrección de una brecha salarial, sin embargo, tal aspecto no fue acreditado en
el proceso ordinario, así la decisión se adoptó con fundamento en meras conjeturas.

18. Destacó que el Tribunal redujo la controversia planteada a una comparación
abstracta entre los grados y las categorías del escalafón docente, desconociendo el
principio de progresividad en materia laboral y convalidando una medida regresiva, la
cual se encuentra prohibida de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 25, 53 y 93 de
la Constitución Política, así como por los tratados internacionales ratificados por
Colombia en materia laboral.

D. Trámite procesal

19. Mediante auto del 13 de marzo de 20265, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cesar, y en calidad de terceros con
interés, al Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y al departamento del Cesar, para que, rindieran un informe sobre
los hechos objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

5 Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.

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Accionantes: Petrona Isabel Alcazar Torrenegra
Se declara la improcedencia de la demanda

20. El Tribunal Administrativo del Cesar6 (accionado) indicó que se acoge a los
fundamentos expuestos en la providencia del 11 de septiembre de 2025, así como a la
decisión que se adopte en el presente trámite constitucional. Asimismo, resaltó que once
despachos administrativos del circuito de Valledupar y los seis despachos del Tribunal
Administrativo del Cesar han mantenido una línea uniforme en la decisión de los
procesos relacionados con los incrementos salariales por concepto de escalafón
docente, desestimando las pretensiones de las demandas, de conformidad con el marco
normativo vigente.

21. Además, allegó copia del enlace del expediente digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 20001333300320240017301.

22. El Ministerio de Educación (tercero con interés) indico que le asiste falta de
legitimación en la causa por pasiva para emitir un pronunciamiento de fondo, toda vez
que considera que la controversia plateada en la acción de tutela recae sobre una
decisión que fue adoptada por el Tribunal Administrativo Del cesar, por lo que considera
que la presente acción se dirige contra una providencia judicial, situación que amerita
un análisis riguroso de la procedencia del amparo constitucional conforme a los
parámetros fijados por la Corte constitucional en la sentencia C-590 del 2005. No
obstante, preciso que no es una entidad que profirió la sentencia objeto de
cuestionamiento, ni se advierte en el libelo cuál es la acción u omisión atribuible a esta
Cartera Ministerial que amerite su vinculación a este trámite, además de separarse
tangencialmente de cualquier vulneración de derechos fundamentales. Finalmente,
considera que resulta improcedente la presente acción de tutela con lo que respecta a
la vinculación de esta Cartera Ministerial.

23. El Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, y el departamento del Cesar
(terceros con interés) fueron debidamente notificados7, sin embargo, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

24. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por la señora Petrona Isabel Alcazar
Torrenegra contra el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

H. Sentido de la decisión – reiteración

25. La Sala, en consonancia con decisiones recientes de naturaleza similar 8, declarará
la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto no se satisfizo el requisito de

6 Índice 14 del expediente digital disponible en Samai.
7 Índice 8 del expediente digital disponible en Samai.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. radicados

núm. 11001-03-15-000-2025-08198-00; 11001-03-15-000-2025-07052-01; 11001-03-15-000-2026-00234-
00; 11001-03-15-000-2026-01070-00 y 11001-03-15-000-2025-07187-00.

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relevancia constitucional, toda vez que la controversia planteada por la accionante
corresponde a la reiteración de los argumentos expuestos en sede de apelación en el
proceso ordinario y se circunscribe a un asunto de mera legalidad y de naturaleza
exclusivamente económica.

26. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela9.

I. El requisito de relevancia constitucional

27. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.10 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada11, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.

28. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.12

En la sentencia SU-215 de 202213, la Corte Constitucional estableció, entre otros14, que

9 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte

Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
11 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.

Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de

2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14 La Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda de

tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe
involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras,
el asunto debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o
para la determinación del alcance de un derecho fundamental, (ii) se deben plantear argumentos
suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para

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la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial no debe
limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico.
En ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud debe trascender
la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

29. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

30. En el sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia del 11 de septiembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico. A continuación, la Sala describirá las características y
elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis
y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

31. El defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.

32. Por su parte, el defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o
valoración del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en
esencia, se configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”15.

K. Análisis del caso concreto – tesis reiterada

33. La accionante cuestiona la sentencia del 11 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, incurrió en los defectos factico y
sustantivo, sin embargo, la Sala advierte que la discusión planteada por la accionante
carece de relevancia constitucional.

34. Se evidencia que la demanda de tutela, más allá de procurar el amparo a los
derechos fundamentales invocados, está orientada a reabrir un debate de mera
legalidad a partir de los argumentos expuestos en el proceso ordinario con el fin de que
se tome una determinación favorable respecto el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de los incrementos porcentuales desiguales decretados
por el Gobierno Nacional.

encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental y (iii) el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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35. Así, en el recurso de apelación la accionante alegó, entre otros, que hubo una falta
de justificación frente a las asignaciones salariales, lo que configuró un trato
discriminatorio y conllevó a la transgresión de los derechos fundamentales de los
docentes y los principios de equidad, igualdad, legalidad y proporcionalidad. En
particular, se destacan los siguientes argumentos:

La problemática que se presenta se centra en la desigualdad en el incremento
porcentual aplicado para el año 2011 sobre los salarios de los docentes, quienes ya
reciben remuneraciones diferenciadas según su categoría en el Escalafón. Es decir, no se
cuestiona la existencia de salarios diferenciados, sino la inequidad inherente a los
porcentajes de aumento que se les otorgó en dichas anualidades, lo que constituye un
trato discriminatorio que afecta a ciertos grupos de educadores y, de igual manera, esta
aplicación inequitativa tiene repercusiones a largo plazo en la base salarial de los años
venideros, ya que cada incremento se calcula sobre la cifra ya ajustada. Así, las
disparidades de un año se acumulan, perpetuando la desigualdad salarial en el futuro,
situación que contraviene el principio de igualdad consagrado en la Constitución, el cual
establece que todos los trabajadores deben ser tratados de manera equitativa; por lo tanto,
se hace imperativo revisar los criterios que guían la asignación de estos incrementos
salariales, garantizando que todos los docentes reciban aumentos proporcionales y justos
que reconozcan adecuadamente sus capacidades y responsabilidades, y así se evite la
perpetuación de inequidades en el sistema educativo.

Bajo este escenario, la ausencia de justificación adecuada, tanto en sede administrativa
como en la judicial, respecto a los criterios utilizados para establecer los porcentajes de
incremento salarial en los años 2008, 2009 y 2011, compromete gravemente la confianza
en el sistema de remuneración docente, ya que la parte demandada sostiene que los
incrementos salariales están determinados por la posición en el escalafón docente.

Al respecto debe indicarse que dentro del presente asunto existió una desproporcionalidad
en la idoneidad de la medida, en tanto la misma debe justificarse en la búsqueda de un fin
legítimo dentro del marco normativo aplicable, sin embargo, en este caso, no se evidenció
que los incrementos salariales desiguales obedecieran a un propósito legítimo ni se
justificaron con criterios razonables o transparentes, la disparidad en los porcentajes de
aumento salarial entre los distintos escalafones se encuentra provista de una ausencia total
de fundamentos técnicos y jurídicos que la avalen, rompiendo con los principios de equidad
y proporcionalidad salarial.

EL HECHO DE QUE EL MINISTERIO NO HAYA OTORGADO UN TRATO IGUALITARIO
A LOS DOCENTES DE AMBOS ESCALAFONES, NI HAYA JUSTIFICADO DE MANERA
ADECUADA LAS DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS
SALARIALES, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LOS DOCENTES Y A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y LEGALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ESTA FALTA DE COHERENCIA Y JUSTIFICACIÓN NO
SOLO DEBILITA LA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SINO QUE CONFIGURA
UNA CAUSAL DE NULIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(LEY 1437 DE 2011). [Se destaca].

36. Del mismo modo, en el escrito de tutela, la accionante reiteró, en términos similares,
los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado contra la sentencia
del 11 de septiembre de 2025 para sustentar los defectos invocados, en específico la
accionante indicó:

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Se declara la improcedencia de la demanda

El defecto sustantivo se materializa porque la providencia desconoce el alcance normativo
del principio de igualdad, equidad, mérito y del mandato de progresividad, al asimilar el
debate a una comparación abstracta entre grados del escalafón, en lugar de verificar si
existían razones objetivas y constitucionalmente válidas para justificar un incremento
salarial tan dispar en un mismo año para categorías que, si bien son diferentes en requisitos,
comparten la misma fuente de regulación y están sujetas a un régimen salarial unitario
establecido por la Ley 4 de 1992. Al asumir que cualquier trato diferenciado queda
automáticamente justificado por el diseño del escalafón docente, el Tribunal desnaturalizó
el test de igualdad, omitiendo indagar por la proporcionalidad de la medida y por la
obligación del Estado de no generar retrocesos o discriminaciones arbitrarias en materia de
remuneración laboral.

En el sub examine, el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria respecto del
debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa, resulta
imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan
inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al
respecto, lo que genera una profunda incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de
la decisión administrativa que avaló este incremento salarial desigual, por lo que la ausencia
de sustento en tales parámetros no solo vulnera el principio de igualdad material
consagrado en el artículo 13 de la Constitución, sino que también desnaturaliza los fines
del servicio educativo y compromete la legalidad del acto administrativo cuestionado.

En este sentido, se reprocha la falta de justificación legal y técnica que se exige en estos
casos, como lo reconoció la jurisprudencia de las Altas Cortes al señalar que, si bien puede
darse diferencias en los aumentos salariales, tal decisión debe sustentarse en requisitos
claros y objetivos.

37. No obstante, tal discusión ya fue resuelta mediante la sentencia del 11 de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, tras concluir:

En el caso concreto se evidencia que, la demandante ubicado en el escalafón 1B, está
inconforme con el aumento del salario del grado 1A respecto al suyo, es decir, con un grupo
que si bien comparte el mismo grado, se encuentra en diferente nivel salarial, pues uno se
encuentra en el nivel A y el otro en el nivel B; en esa medida, aunque es cierto que el
incremento de quienes se encuentran en el escalafón 1A fue mayor en el año 2011,
respecto a los miembros del escalafón 1B, éstos corresponden a niveles salariales
diferentes, por tanto, no podría predicarse en ellos la igualdad, porque no lo son, acorde
con la estructura de la población docente, dejando infundado el argumento de desigualdad
alegado por la parte activa.

Desde este análisis, es posible afirmar que no existe discriminación al aplicar incrementos
salariales desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones, bajo las mismas
condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del escalafón docente
clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación académica, y, prevé
que éstos puedan ascender en el escalafón, si cumplen con los requisitos académicos y la
evaluación del período de prueba, desempeño o competencias según el caso, descritos en
el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002, sin que se advierta en el caso de estudio, que la
parte activa haya solicitado el ascenso de escalafón.

Concluyese de todo lo dicho, que la diferencia porcentual en el aumento de la asignación
salarial para los dos grupos de docentes es ajustada a derecho, pues contrario a lo afirmado
por el apelante, el Gobierno Nacional no está obligado a incrementar en un porcentaje igual

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01948-00
Accionantes: Petrona Isabel Alcazar Torrenegra
Se declara la improcedencia de la demanda

el valor, año tras año, en la medida en que cuenta con amplia potestad de configuración
normativa para fijar la escala salarial, en tanto se limite a lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992,
como lo hizo en el caso de estudio.

38. Así las cosas, es claro que la accionante se limita a reiterar los argumentos
expuestos en el proceso ordinario para sustentar la supuesta configuración de los
defectos fáctico y sustantivo, sin advertir una discusión novedosa que trascienda la mera
inconformidad de la accionante respecto la interpretación y decisión adoptada por la
autoridad judicial accionada.

39. En ese sentido, la Sala advierte que la discusión presentada corresponde a un
asunto de mera legalidad, por cuanto pretende que el juez de tutela realice,
nuevamente, el análisis de los elementos de prueba que obran en el expediente y el
marco normativo que regula el régimen salarial docente, aun cuando tal discusión ya
fue agotada con suficiencia por parte del Tribunal Administrativo del Cesar.

40. Aunado a lo anterior, el debate que propone la accionante corresponde a un asunto
exclusivamente económico, ya que no se plantean argumentos suficientemente dirigidos
a demostrar que la providencia judicial cuestionada afectó de manera grave las
garantías iusfundamentales invocadas, por el contrario el objeto de la solicitud de
amparo se circunscribe a que se reconozcan y paguen las diferencias salariales
causadas con ocasión del incremento porcentual fijado para los años 2008 y 2009 por
el Gobierno Nacional.

41. En suma, la Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto
no se superó el requisito de relevancia constitucional, ya que la controversia que
presentó la parte accionante (i) corresponde a un asunto de mera legalidad en el cual
se busca una tercera instancia para cuestionar la decisión adoptada por el juez natural
del asunto, (ii) se limita a un asunto predominantemente económico y (iii) se reduce a
los argumentos expuestos en sede de apelación en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01948-00
Accionantes: Petrona Isabel Alcazar Torrenegra
Se declara la improcedencia de la demanda

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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