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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01954-00

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01954-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01954-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de junio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Demandante: JORGE OCTAVIO VARGAS MÉNDEZ
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE POR FALTA DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

Síntesis del caso: la parte actora atacó la providencia mediante la cual la accionada confirmó la
decisión que negó librar mandamiento de pago. No obstante, la Sala declarará improcedente el
mecanismo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, porque los
cuestionamientos formulados se dirigen a controvertir la interpretación efectuada por el juez
natural sobre el alcance del título ejecutivo y la existencia de una obligación clara, expresa y
exigible, discusión que no trasciende el ámbito de la mera legalidad.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Jorge Octavio Vargas Méndez
en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para la
protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política, presuntamente vulnerados por las providencias del 2 de marzo de 2026 y 25 de
junio de 2025 proferidos por dichas autoridades, respectivamente.

I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1 Mediante escrito radicado el 10 de marzo de 2026 (índice 02 de Samai).

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

1) Mediante sentencia del 14 de junio de 2019, el Juzgado Once Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación no. 11001-33-35-011-2016-00218-00, promovido por el actor en
contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, declaró la nulidad del
Decreto 2187 del 11 de noviembre de 2015, a través del cual dicha autoridad dispuso
retirarlo del servicio activo de la Policía Nacional por la causal de "llamamiento a calificar
servicio".

2) La decisión anterior, fue adicionada el 14 de diciembre de 2023, en el sentido de
“confirmar la sentencia (…) pero, se adiciona en el sentido de ordenar el reintegro al
servicio activo del señor JORGE OCTAVIO VARGAS MÉNDEZ y a pagarle debidamente
indexados, las diferencias salariales y prestaciones sociales causados durante el lapso
de retiro del servicio activo”.

3) Promovió proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento de la anterior decisión y
solicitó que se convocara a una nueva junta asesora para evaluar su ascenso al grado
de brigadier general, ya que había sido excluido de ese proceso durante más de quince
años, y se restableciera plenamente su carrera profesional sin solución de continuidad,
lo que implica la preservación de su antigüedad, méritos y trayectoria, como si su retiro
irregular nunca hubiera ocurrido.

4) A través de auto del 26 de junio de 2025, el Juzgado Once Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá se abstuvo de librar mandamiento de pago porque, de la sentencia
objeto de ejecución, no advirtió que se haya ordenado el ascenso y, por tanto, no existía
una obligación clara, expresa y exigible; además, respecto al reintegro efectuado por la
entidad, el cual sí fue ordenado en el título ejecutivo, sostuvo que ese medio de control
no era la vía judicial idónea para determinar si las presuntas condiciones en las que se
realizó constituían incumplimiento susceptible de ser resuelto mediante mandamiento de
pago.

5) Interpuso recurso de apelación con base en que el título ejecutivo contenía una
obligación de hacer, clara, expresa y exigible, correspondiente a realizar la activación del
procedimiento reglado de evaluación para su ascenso, sin solución continuidad.

6) Por medio de providencia del 2 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión por

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

considerar que las sentencias proferidas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no contenían una obligación de hacer clara, expresa y
exigible orientada a adelantar el trámite individual de ascenso reclamado por el actor.

7) Asimismo, precisó que, en la sentencia del 14 de diciembre de 2023, esta Corporación
ya había señalado que el ascenso dentro de la carrera policial se encuentra sometido a
un régimen especial y que el juez no podía ordenarlo directamente en sede judicial,
porque ello implicaría invadir competencias propias de la administración.

Fundamento de la vulneración

La parte actora alegó la configuración de los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, con base en los
siguientes argumentos:

En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que la accionada efectuó una interpretación
fragmentada, restrictiva y excesivamente literal del título ejecutivo, porque asumió que,
como no existía una orden expresa de ascenso en la sentencia, no subsistía obligación
alguna susceptible de ejecución.

Según explicó, el fallo sí contenía mandatos claros relacionados con el restablecimiento
integral de su situación jurídica, derivados de la nulidad del acto de retiro, el reintegro al
servicio activo y la declaración expresa de inexistencia de solución de continuidad, de
modo que la autoridad judicial desconoció el alcance material del restablecimiento
ordenado.

Asimismo, indicó que el tribunal confundió el objeto del proceso ejecutivo, porque abordó
el asunto como si el accionante pretendiera obtener un ascenso automático al grado de
brigadier general, cuando en realidad lo que buscaba era el cumplimiento material y
efectivo del fallo judicial, lo cual incluía la reconstrucción de las condiciones funcionales
y profesionales que habrían existido si el retiro ilegal nunca hubiese producido efectos
jurídicos.

También alegó que la providencia accionada efectuó una interpretación incompleta de la
discrecionalidad administrativa, porque invocó el carácter discrecional de las

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

evaluaciones para ascenso dentro de la carrera policial sin considerar que la falta de
evaluaciones y de cargos obedeció, precisamente, al retiro ilegal posteriormente anulado.

Respecto del defecto fáctico, afirmó que la autoridad judicial tuvo por existente una
supuesta evaluación funcional sin verificar si realmente existían condiciones materiales
para efectuar una valoración objetiva, seria y verificable de su desempeño profesional,
ya que, luego de su reintegro, permaneció aproximadamente diez meses en vacaciones
y únicamente ocupó durante cerca de una semana el cargo de subcomisionado de
Derechos Humanos, circunstancias que, a su juicio, impedían estructurar una evaluación
auténtica dentro de la carrera policial.

En relación con el desconocimiento del precedente, manifestó que el tribunal se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia relativa al cumplimiento material de las sentencias
judiciales, al restablecimiento integral del derecho y a la eficacia real del acceso a la
administración de justicia2.

Finalmente, frente a la violación directa de la Constitución, sostuvo que la providencia
accionada desconoció el contenido material de los artículos 29 y 229 superiores, porque
permitió una interpretación del fallo judicial que, en su criterio, vació de eficacia real el
restablecimiento ordenado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
al admitir un cumplimiento puramente nominal del reintegro y mantener, en la práctica,
las consecuencias del retiro ilegal previamente anulado.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

2 Sobre el particular manifestó y citó “[e]l Consejo de Estado ha señalado de manera reiterada que el

restablecimiento del derecho debe colocar al afectado en la situación jurídica en la que se encontraría si el
acto ilegal nunca hubiera existido.
Este criterio fue reiterado por la Sala de lo Contencioso Administrativo en la sentencia proferida dentro del
expediente 25000-23-25-000-2000-00207-01 (1615-03), del 22 de julio de 2015, con ponencia del
Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (E), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por Fernando Cristancho Ariza contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional.
En dicha providencia el Consejo de Estado recordó que el restablecimiento del derecho no puede limitarse
a un reintegro meramente formal al servicio, sino que debe reconstruir integralmente la situación jurídica y
profesional del servidor público afectado por el acto ilegal”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

“PRIMERA
Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo,
dignidad humana y acceso efectivo a la administración de justicia del señor
JORGE OCTAVIO VARGAS MÉNDEZ, vulnerados con ocasión de la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso ejecutivo de la referencia.

SEGUNDA
Dejar sin efectos el Auto No. 057 del 2 de marzo de 2026, proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”,
mediante el cual se confirmó el auto del Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Bogotá que se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo dentro del
proceso radicado 11001-33-35-011- 2025-00156-01.

TERCERA
Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir una nueva
decisión dentro del proceso ejecutivo, en la cual se analice el título judicial de
manera integral, sistemática y conforme a la Constitución, estableciendo si el
cumplimiento del fallo de nulidad y restablecimiento del derecho se agotó o no
con una reincorporación meramente formal al servicio activo.

CUARTA
Ordenar que en la nueva decisión se valore el título judicial de manera integral,
sistemática y conforme a la Constitución, teniendo en cuenta:
• la nulidad del acto administrativo de retiro,
• el reintegro del accionante al servicio activo,
• la declaración judicial de inexistencia de solución de continuidad,
• el precedente constitucional sobre cumplimiento material de las sentencias
judiciales, y
• la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre restablecimiento integral del
derecho”. (fl. 19 de la demanda de tutela).

Actuación procesal

Mediante auto del 13 de marzo de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al titular del Juzgado
Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y, como tercero con interés, se vinculó
al ministro de Defensa Nacional y al comandante del Ejército Nacional, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 06
de Samai).

Posteriormente, por auto del 22 de abril de 2026 se vinculó al comandante general de la
Policía Nacional (índice 27 de Samai).

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

Intervenciones de las autoridades demandadas

El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca manifestó que no vulneró derecho fundamental alguno
porque la decisión que confirmó la negativa de librar mandamiento ejecutivo fue adoptada
de manera motivada, con observancia del debido proceso y a partir de un análisis integral
de las sentencias que servían de título ejecutivo.

El actor pretende obtener de las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho
dos obligaciones que no fueron ordenadas expresamente: i) convocar una nueva junta
asesora para evaluar su ascenso y ii) asignarle de manera inmediata un cargo acorde
con su grado de coronel; sin embargo, las sentencias base de la ejecución no contenían
una obligación clara, expresa y exigible relacionada con el ascenso, porque este se
encuentra sometido a un régimen especial y al cumplimiento de requisitos legales
adicionales cuya valoración corresponde a la administración en ejercicio de su potestad
discrecional.

Asimismo, aunque el reintegro reconocido judicialmente tenía incidencia en el tiempo de
servicio del actor, ello no suponía el derecho automático al ascenso ni permitía inferir la
existencia de una obligación ejecutable en ese sentido que nunca fue declarada.

Finalmente, señaló que el accionante y su apoderado han promovido múltiples acciones
de tutela y otras actuaciones judiciales relacionadas con la misma controversia, las cuales
han sido resueltas desfavorablemente3.

3 “1. 110010315000-2024-05107-00, de conocimiento del H.Consejo de Estado, en la cual se declaró la

improcedencia del amparo, decisión que fue confirmada por la misma Corporación, bajo el radicado 2024-
05107-01.
2. 110013342053-2025-00463-00, tramitada por el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá, que declaró la
improcedencia de la acción, decisión que fue confirmada el 12 de febrero de 2026, por la Sección Primera
-Subsección “C”, Magistrada Ponente Dra. ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES, de esta
Corporación
3. 110013335011-2025-00016-00, de conocimiento del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, que declaró
la improcedencia de la acción, decisión que fue confirmada por la Sección Segunda -Subsección “F” de
este Tribunal.
4. 110013109044-2025-00025-00, tramitada por el 044 Penal del Circuito con Función de Conocimiento
que declaró la improcedencia de la acción.
5. 110013103021-2025-00255-00, de conocimiento del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, que negó el
amparo solicitado”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

El accionante (índice dice 33 de Samai) allegó un escrito adicional, mediante el cual
informó como hecho sobreviniente la expedición y notificación del Decreto 0407 del 14
de abril de 2026, por medio del cual la Policía Nacional dispuso su retiro del servicio activo
por llamamiento a calificar servicios y que dicha decisión fue adoptada para eludir la
acción constitucional y vaciar materialmente el cumplimiento del fallo judicial que ordenó
su reintegro sin solución de continuidad.

Asimismo, su reintegro fue apenas formal, porque no se le asignaron funciones reales ni
un cargo acorde con su grado y trayectoria profesional, razón por la cual no existieron
condiciones objetivas de evaluación ni reconstrucción efectiva de su carrera institucional.

Igualmente, las juntas asesoras y el posterior retiro del servicio activo terminaron
neutralizando los efectos del fallo judicial derivados de las actuaciones administrativas
previamente anuladas por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por último, solicitó como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos del
Decreto 0407 del 14 de abril de 2026 y pidió que se verificara si la Policía Nacional dio
cumplimiento material y efectivo a las decisiones judiciales proferidas en favor del
accionante, la cual fue resuelta previamente en sentido desfavorable.

Las demás autoridades guardaron silencio, pese a que fueron notificadas en debida
forma4.

Trámite relevante en segunda instancia

A través de auto de 22 de mayo de 2026 el despacho ponente negó la medida provisional
solicitada en la impugnación porque no se cumplieron los presupuestos necesarios para
acceder a ella.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el

4 Por tanto, el expediente pasó al despacho (índice 34 de Samai).

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) cuestión previa, 3) delimitación
del asunto y 4) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

Cuestión previa

La Sala no encuentra acreditada una actuación temeraria, pues si bien el accionante ha
promovido previamente otras acciones de tutela relacionadas con la controversia de
fondo, en esta oportunidad cuestiona las providencias del 25 de junio de 2025 y del 2 de
marzo de 2026, decisiones que no fueron analizadas en los trámites constitucionales
anteriores, en consecuencia, no se configura identidad de objeto que permita concluir que
se trata de una nueva solicitud de amparo sobre asuntos ya decididos.

Delimitación del asunto

En primer lugar, la Sala precisa que, aunque la acción de tutela se dirigió indistintamente
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el
análisis se circunscribirá a los cargos formulados contra la providencia de segunda
instancia de 2 de marzo de 2026, por cuanto esta fue la que definió de manera definitiva
el marco decisorio del proceso ejecutivo y solo se plantearon reproches en contra de esta.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

Lo anterior, además, en atención a que, de accederse al amparo solicitado,
correspondería a dicha autoridad judicial dictar la providencia de reemplazo y dar
cumplimiento a la orden constitucional.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que
se protejan los derechos constitucionales antes enunciados, presuntamente vulnerados
por dicha autoridad, con ocasión de la providencia del 2 de marzo de 2026.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
siguientes razones:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente5, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal6”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

5 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

6 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

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Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales7”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales8”.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8 Ibidem.

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Acción de tutela

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
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reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios”9.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

9 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel

Cabo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

2.2 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto

1) En el presente asunto, la parte actora le atribuyó a la providencia proferida el 2 de
marzo de 2026 la configuración de los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, debido a que dicha autoridad concluyó
que las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho no contenían una obligación clara, expresa y exigible relacionada con el ascenso
del accionante al grado de brigadier general.

2) No obstante, la Sala advierte que los anteriores planteamientos carecen de relevancia
constitucional, porque la controversia propuesta se circunscribe, en esencia, a cuestionar
la interpretación efectuada por el juez natural respecto del alcance del título ejecutivo y
de las obligaciones que podían derivarse de las sentencias proferidas dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, particularmente, frente a si el
reintegro ordenado implicaba o no la obligación de adelantar el trámite de ascenso del
accionante.

3) En efecto, se observa que la providencia censurada sí analizó expresamente los
argumentos planteados por el actor y concluyó, de manera motivada, que las sentencias
objeto de ejecución no contenían una orden clara, expresa y exigible relacionada con el
ascenso, así como que dicho asunto se encontraba sometido a un régimen especial que
comprendía convocatorias, evaluaciones y valoraciones propias de la potestad
discrecional de la administración, razón por la cual el juez ejecutivo no podía entender
automáticamente incorporada dicha obligación dentro del título judicial:

“Así, las cosas, advierte la Sala que tal y como lo indicó el A quo, i) en las
sentencias de primera y segunda instancia, proferidas dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado
11001-33-35-011-2016- 00218-00, no se evidencia una obligación de hacer,
clara, expresa y exigible, correspondiente a realizar el trámite individual de
ascenso solicitado, y además, ii) en la sentencia proferida el 14 de diciembre de
2023, por esta Corporación, se precisó que “En cuanto hace a la pretensión de
ordenarse el ascenso, habrá de decirse que el mismo se encuentra reglado de
forma especial y que el juez no puede hacerlo por vía de orden en sentencia,
porque estaría coadministrando”.

Aunado a ello, iii) precisa la Sala que, aunque a reglón seguido de la anterior
manifestación se afirmó que para “Ese ascenso según el procedimiento, debe
haber una convocatoria a concurso de ascenso, que el policial sea convocado,
aprobar unas evaluaciones y que finalmente, sea ascendido.”; dicho argumento
fue realizado con el fin de resaltar que la accionada goza de la facultad
discrecional para ordenar o no el ascenso del demandante, toda vez que para

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

tales efectos se requiere el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en la
ley, que deben ser valorados dentro del marco de su potestad discrecional.

De igual forma, resalta la Sala que tal y como lo sostuvo el A quo, si bien lo
reclamado por el demandante constituye una obligación de hacer, no es posible
afirmar que lo pretendido fue ordenado de forma expresa en las sentencias
judiciales,-que constituyen el titulo ejecutivo-, porque no ocurrió así, ni tampoco
se infiere que de la orden principal, se genere dicha obligación, y además la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 3 de
julio de 2015, afirmó que las sentencias que ordenan el reintegro de miembros
de la fuerza pública no involucran la orden al Gobierno Nacional de ascender al
uniformado, toda vez que el Ejecutivo goza de la potestad discrecional de
disponer de los ascensos y, en particular, porque el paso tiempo de servicios
no es suficiente para otorgar una promoción, como quiera que para ello, es
necesario que se cumplan los demás requisitos exigidos en la ley.

En suma a lo expuesto, se resalta que, la H.Corte Constitucional en sentencia
T- 261 de 2014, sostuvo que “(...)la sentencia que ordena el reintegro involucra
el reconocimiento del tiempo laborado, que es válido para aspirar al ascenso,
pero no involucra el derecho a ascender automáticamente, porque para eso
deben cumplirse los demás requisitos consagrados en la ley.(...)”. (Negrillas
fuera del texto original)

En consecuencia, es claro que, las sentencias que ordenan el reintegro de
miembros de la fuerza pública retirados mediante actos que luego son
anulados, solo tienen efectos sobre el tiempo de servicio requerido para
el grado respectivo, y no confieren los demás requisitos para el ascenso.

En ese orden de ideas, se confirmará el auto emitido el 26 de junio de 2025, por
el Juzgado Once Administrativo de Bogotá, que se abstuvo de librar
mandamiento ejecutivo, en contra de la Nación- Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, precisando además que tampoco es viable acceder a las solicitudes
presentadas en esta instancia, de decretar medidas cautelares, sobre lo
pretendido por el ejecutante, por las mismas razones expuestas en esta
decisión.

4) Así las cosas, la inconformidad del accionante realmente se dirige a cuestionar la
valoración jurídica efectuada por el tribunal respecto del alcance de las órdenes
impartidas en el proceso ordinario y a obtener, por vía de tutela, una interpretación distinta
sobre el contenido obligacional de la sentencia ejecutada, propósito que resulta
incompatible con la naturaleza excepcional y residual de este mecanismo constitucional.

5) En ese contexto, no se evidencia una discusión que trascienda el plano de la mera
legalidad ni una actuación arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable por parte
de la autoridad judicial accionada, pues lo pretendido por la parte actora es reabrir un
debate ya resuelto por el juez competente en torno a la existencia de una obligación clara,
expresa y exigible susceptible de ejecución.

6) Además, la Sala advierte que los cargos formulados no evidencian una afectación
autónoma y desproporcionada de derechos fundamentales, sino una discrepancia frente

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01954-00
Actor (a): Jorge Octavio Vargas Méndez
Acción de tutela

al criterio jurídico adoptado por la autoridad judicial accionada respecto del alcance del
fallo ejecutado, asunto que corresponde definir al juez natural dentro del marco de sus
competencias constitucionales y legales.

7) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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