RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01959-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01959-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01959-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado respecto al derecho de petición, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado respecto a la presunta 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33- 000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00 Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ mora judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto de la petición de 28 de octubre de 2025, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01959-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO EN
LO CONCERNIENTE A LA SUPUESTA AFECTACIÓN AL DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SE DENIEGA RESPECTO A LA
PRESUNTA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA ALEGADA.

DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. (4-72)1 y el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA2 y su SECRETARÍA.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante 4-72.
2
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

artículo 86 de la Constitución Política, pidió la protección de su

derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por 4-72,

el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por cuanto esta última autoridad

no ha dado respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que le

envió el 28 de octubre de 2025.

I.2. Hechos

Pese a que el actor no fue claro, del escrito de tutela se extraen los

siguientes hechos:

Que el actor se encuentra recluido en el patio #1 del Establecimiento

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Duitama.

Que, el 28 de octubre de 2025, a través de la empresa de mensajería

4-72, envío derecho de petición dirigido al TRIBUNAL dentro de un

proceso de reparación directa, sin que haya recibido respuesta

alguna a la fecha de la presentación de la acción de tutela.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición y,

en consecuencia, se ordene al TRIBUNAL dar respuesta a su petición

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

y se le dé celeridad al proceso de reparación directa que promovió

con el fin de que se fije fecha para llevarse a cabo la audiencia de

conciliación.

I.4. Defensa

I.4.1.- La SECRETARÍA sostuvo que procedió a realizar una revisión

exhaustiva de su correo institucional, tomando como rango de fechas

el 1o. al 31 de octubre de 2025 y no encontró que el actor haya

radicado petición alguna, lo que le imposibilita dar respuesta.

En ese mismo sentido, destacó que revisado el aplicativo de consulta

SAMAI, no existe petición y/o escrito alguno radicado por el actor.

I.4.2.- La empresa 4-72 informó que la petición a la que hace

referencia el actor fue remitida el 6 de noviembre de 2025 al

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA.

I.4.3.- El TRIBUNAL informó que recibió por reparto un proceso de

reparación directa instaurado por el señor RICARDO JAMES

RÁMIREZ contra la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, al cual le fue

asignado el número único de radicación 2025-00109-00, en el que,

además, se solicitó amparo de pobreza.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

Adujo que, mediante auto de 6 de mayo de 2025, concedió el amparo

de pobreza y fue designado el curador ad litem. Más adelante, en

proveído de 15 de ese mes y año, declaró su falta de competencia y

ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos del

Circuito de Neiva, siendo asignado al Juzgado Décimo.

Finalmente, sostuvo que no se evidencia vulneración alguna frente al

derecho de petición alegado, pues la solicitud de 28 de octubre de

2025 a la cual hace referencia el actor no ha sido allegada al proceso

ordinario que tramitó en su momento, ni ha sido recibida a través de

la empresa de mensajería accionada, por lo que solicitó denegar el

amparo deprecado.

I.4.4.- El TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

NEIVA informó que a través de Oficio de 27 de marzo de 2026, dio

traslado por competencia de la petición en cuestión al TRIBUNAL.

Posteriormente, a través de otro memorial, solicitó declarar la

carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que el

TRIBUNAL dio respuesta a la petición presentada por el actor.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso Concreto

3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual

estima vulnerado por la empresa 4-72, el TRIBUNAL y su

SECRETARÍA, al no haber dado respuesta de fondo, clara y concreta

a la solicitud enviada el 28 de octubre de 2025.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la autoridad

judicial accionada vulneró el derecho fundamental alegado por el

actor, pero, antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta

pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición

ejercido ante autoridades judiciales.

Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades

judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no

resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se

pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante

el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites

para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador

constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el

contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o

administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el

amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20174, en

la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,

proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único

de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia
T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]”
(Negrillas y subrayas fuera del texto).

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha

explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la

potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su

soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes

asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en

nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace

referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su

conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)5.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción

5
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia6 que le asigna la ley7 […]”.

En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por la parte

actora en la solicitud presentada el 28 de octubre de 2025 es que el

TRIBUNAL le dé celeridad al medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 2025-00191-01 y se

fije fecha para llevarse a cabo la audiencia de conciliación, asunto

que corresponde al proceso judicial, por lo que consecuente con lo

anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado

respecto al derecho de petición alegado por el actor, por las razones

expuestas en precedencia, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la autoridad judicial

accionada incurrió en una mora judicial injustificada en el trámite del

medio de control de reparación directa identificado con el número

único de radicación 2025-00191-01.

6
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
7
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

Lo precedente, por cuanto de acuerdo con el criterio adoptado por

esta Sección en sentencia de 17 de noviembre de 20178 -según el

cual en estos eventos el juez deberá abordar el estudio de la acción

de tutela bajo la égida de una posible afectación al derecho

fundamental al debido proceso como consecuencia de haberse

incurrido en una mora judicial- procede la Sala a analizar si en el sub

examine se acreditó la mora judicial injustificada.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones

procesales desarrolladas dentro del medio de control de reparación

directa identificado con el número único de radicación 2025-00191-

01.

Según información relacionada en el aplicativo de consulta SAMAI,

se tiene lo siguiente:

• El 30 de abril de 2025 el señor RICARDO JAMES CASTRO

RAMÍREZ promovió ante el TRIBUNAL demanda en ejercicio

del medio de control de reparación directa contra la

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, en la que solicitó el

reconocimiento y pago de los perjuicios causados por la

presunta falla en la defensa técnica brindada por el apoderado

8
Consejo de Estado, Sección Primera; M.P.: María Elizabeth García González; Núm. único de radicación:
11001-03-15-000-2017-02583-00; Actor: María Eugenia Hernández Valenzuela; Demandado: Sala
Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Huila.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

judicial designado en el proceso penal adelantado en su contra

ante el JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE

ALTAMIRA, en el que resultó condenado a 12 años y 6 meses

de prisión. Sumado a ello, solicitó el amparo de pobreza.

• Al proceso le fue asignado el número único de radicación 2025-

00109-00 y le correspondió por reparto al magistrado

GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA que, mediante auto de 6

de mayo de 2025, concedió el amparo de pobreza y designó

curador ad litem, el cual aceptó su cargo el 23 siguiente y

presentó escrito de demanda el 13 de junio de ese año.

• El TRIBUNAL en auto de 15 de mayo de 2025, declaró la falta

de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir el

expediente a los juzgados administrativos del Circuito de

Neiva, siendo asignado al Juzgado Décimo bajo el número

único de radicación 2025-00191-00 que, en proveído de 1o. de

agosto de 2025, inadmitió la demanda.

• El 13 de agosto de 2025, fue allegado el escrito de subsanación

de la demanda, no obstante, mediante auto de 29 de ese mes

y año el referido Juzgado rechazó la demanda por falta del

requisito de procedibilidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

• Contra dicha decisión el curador ad litem interpuso recurso de

reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el

primero de estos de manera desfavorable por el citado

despacho judicial en proveído de 15 de septiembre de 2025 y

concedió en efecto suspensivo el segundo ante el TRIBUNAL.

• El 26 de septiembre de 2025 el asunto le fue asignado al

magistrado JOSÉ MILLER LUGO BARRERO para lo de su

competencia.

En virtud de lo anterior y conforme a las circunstancias fácticas

mencionadas, la Sala observa que, si bien no se ha resuelto el

recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la

demanda, lo cierto es que se ha surtido el trámite correspondiente

en el asunto, de tal forma que no se advierte una mora judicial

injustificada por parte de la autoridad judicial accionada, razón por

la cual se denegará el amparo solicitado frente al debido proceso,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Sumado a ello, es del caso advertir que, de conformidad con lo

expuesto por la empresa 4-72, se hizo necesario vincular como

accionado al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

NEIVA mediante auto de 20 de marzo de 20269, habida cuenta que

de la contestación allegada a este proceso por la mencionada red

postal, se indicó que la petición fue allegada el 6 de noviembre de

2025 a dicho tribunal, por lo que le fue remitida copia de la solicitud

de amparo para que rindiera informe sobre el particular.

En efecto, de las pruebas aportadas al plenario por la empresa 4-72,

se advierte que por error involuntario la petición del actor fue

remitida al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

NEIVA el 6 de noviembre de 2025, tal como se advierte a

continuación:

Ahora, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

9
Notificado el 24 de marzo de 2026 al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Nieva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

NEIVA al rendir informe, indicó que dio traslado de la petición

presentada por el actor al TRIBUNAL mediante Oficio de 27 de

marzo de 2026, tal como se observa de las pruebas allegadas al

proceso.

Por lo tanto, se evidencia que el TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA remitió la petición presentada por

el actor el 28 de octubre de 2025 al TRIBUNAL, para que fuera

aportada al proceso.

Mas adelante, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE NEIVA informó que el TRIBUNAL, mediante Oficio de 10 de abril

de 2026, dio respuesta a la petición del actor, la cual le fue enviada

por intermedio de los correos electrónicos institucionales del

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de

Duitama juridica.epcduitama@inpec.gov.co y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

epcduitama@inpec.gov.co, con el objeto de que le fuera puesta en

su conocimiento, tal como se observa a continuación:

Así las cosas, de acuerdo con el informe allegado, se advierte que la

solicitud del actor le fue contestada el 10 de abril de 2026 y enviada

a las direcciones electrónicas institucionales del mencionado centro

carcelario.

En ese entendido, para la Sala es evidente que el TRIBUNAL atendió

la solicitud del actor, informándole los procesos que ha promovido

ante esa autoridad judicial contra la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y

OTROS, entre ellos, el radicado con el número 41001-23-33-000-

2025-00191-01 y su estado actual, así como el link del aplicativo

SAMAI para su acceso y consulta, en el que efectivamente por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

intermedio del centro penitenciario o su defensor puede evidenciar

las actuaciones judiciales allí surtidas, entre ellas, el rechazó de la

demanda y la resolución del recurso de apelación que esta pendiente

por resolver dicha corporación, por lo que se advierte que las

circunstancias fácticas que generaron la presunta vulneración

desaparecieron y se entiende que se ha configurado la carencia

actual de objeto, por hecho superado.

En vista de lo anterior, cabe traer a colación el concepto de la

carencia actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en

la sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»10. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una

10
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de
la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria
la intervención del juez de tutela […]”11. (Negrilla fuera del
texto).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo

siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección

11
Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”12.

Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido

superado, la Sala también declarará la carencia actual de objeto pues

lo perseguido por el actor ya fue resuelto, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado

respecto al derecho de petición, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado respecto a la presunta

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ

mora judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de

esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO respecto de la petición de 28 de octubre de

2025, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta

providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.