Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01959-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01959-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01959-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO EN
LO CONCERNIENTE A LA SUPUESTA AFECTACIÓN AL DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SE DENIEGA RESPECTO A LA
PRESUNTA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA ALEGADA.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. (4-72)1 y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA2 y su SECRETARÍA.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1
En adelante 4-72.
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En adelante Tribunal.
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Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
artículo 86 de la Constitución Política, pidió la protección de su
derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por 4-72,
el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por cuanto esta última autoridad
no ha dado respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que le
envió el 28 de octubre de 2025.
I.2. Hechos
Pese a que el actor no fue claro, del escrito de tutela se extraen los
siguientes hechos:
Que el actor se encuentra recluido en el patio #1 del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Duitama.
Que, el 28 de octubre de 2025, a través de la empresa de mensajería
4-72, envío derecho de petición dirigido al TRIBUNAL dentro de un
proceso de reparación directa, sin que haya recibido respuesta
alguna a la fecha de la presentación de la acción de tutela.
I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición y,
en consecuencia, se ordene al TRIBUNAL dar respuesta a su petición
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Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
y se le dé celeridad al proceso de reparación directa que promovió
con el fin de que se fije fecha para llevarse a cabo la audiencia de
conciliación.
I.4. Defensa
I.4.1.- La SECRETARÍA sostuvo que procedió a realizar una revisión
exhaustiva de su correo institucional, tomando como rango de fechas
el 1o. al 31 de octubre de 2025 y no encontró que el actor haya
radicado petición alguna, lo que le imposibilita dar respuesta.
En ese mismo sentido, destacó que revisado el aplicativo de consulta
SAMAI, no existe petición y/o escrito alguno radicado por el actor.
I.4.2.- La empresa 4-72 informó que la petición a la que hace
referencia el actor fue remitida el 6 de noviembre de 2025 al
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA.
I.4.3.- El TRIBUNAL informó que recibió por reparto un proceso de
reparación directa instaurado por el señor RICARDO JAMES
RÁMIREZ contra la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, al cual le fue
asignado el número único de radicación 2025-00109-00, en el que,
además, se solicitó amparo de pobreza.
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Adujo que, mediante auto de 6 de mayo de 2025, concedió el amparo
de pobreza y fue designado el curador ad litem. Más adelante, en
proveído de 15 de ese mes y año, declaró su falta de competencia y
ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos del
Circuito de Neiva, siendo asignado al Juzgado Décimo.
Finalmente, sostuvo que no se evidencia vulneración alguna frente al
derecho de petición alegado, pues la solicitud de 28 de octubre de
2025 a la cual hace referencia el actor no ha sido allegada al proceso
ordinario que tramitó en su momento, ni ha sido recibida a través de
la empresa de mensajería accionada, por lo que solicitó denegar el
amparo deprecado.
I.4.4.- El TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
NEIVA informó que a través de Oficio de 27 de marzo de 2026, dio
traslado por competencia de la petición en cuestión al TRIBUNAL.
Posteriormente, a través de otro memorial, solicitó declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que el
TRIBUNAL dio respuesta a la petición presentada por el actor.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual
estima vulnerado por la empresa 4-72, el TRIBUNAL y su
SECRETARÍA, al no haber dado respuesta de fondo, clara y concreta
a la solicitud enviada el 28 de octubre de 2025.
En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la autoridad
judicial accionada vulneró el derecho fundamental alegado por el
actor, pero, antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta
pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición
ejercido ante autoridades judiciales.
Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o
administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el
amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
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Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20174, en
la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único
de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:
“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
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Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia
T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]”
(Negrillas y subrayas fuera del texto).
Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la
potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su
soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes
asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en
nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace
referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su
conocimiento.
Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:
“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)5.
La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
5
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
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en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia6 que le asigna la ley7 […]”.
En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por la parte
actora en la solicitud presentada el 28 de octubre de 2025 es que el
TRIBUNAL le dé celeridad al medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2025-00191-01 y se
fije fecha para llevarse a cabo la audiencia de conciliación, asunto
que corresponde al proceso judicial, por lo que consecuente con lo
anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado
respecto al derecho de petición alegado por el actor, por las razones
expuestas en precedencia, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la autoridad judicial
accionada incurrió en una mora judicial injustificada en el trámite del
medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 2025-00191-01.
6
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
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Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
Lo precedente, por cuanto de acuerdo con el criterio adoptado por
esta Sección en sentencia de 17 de noviembre de 20178 -según el
cual en estos eventos el juez deberá abordar el estudio de la acción
de tutela bajo la égida de una posible afectación al derecho
fundamental al debido proceso como consecuencia de haberse
incurrido en una mora judicial- procede la Sala a analizar si en el sub
examine se acreditó la mora judicial injustificada.
En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones
procesales desarrolladas dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 2025-00191-
01.
Según información relacionada en el aplicativo de consulta SAMAI,
se tiene lo siguiente:
• El 30 de abril de 2025 el señor RICARDO JAMES CASTRO
RAMÍREZ promovió ante el TRIBUNAL demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa contra la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, en la que solicitó el
reconocimiento y pago de los perjuicios causados por la
presunta falla en la defensa técnica brindada por el apoderado
8
Consejo de Estado, Sección Primera; M.P.: María Elizabeth García González; Núm. único de radicación:
11001-03-15-000-2017-02583-00; Actor: María Eugenia Hernández Valenzuela; Demandado: Sala
Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Huila.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
judicial designado en el proceso penal adelantado en su contra
ante el JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE
ALTAMIRA, en el que resultó condenado a 12 años y 6 meses
de prisión. Sumado a ello, solicitó el amparo de pobreza.
• Al proceso le fue asignado el número único de radicación 2025-
00109-00 y le correspondió por reparto al magistrado
GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA que, mediante auto de 6
de mayo de 2025, concedió el amparo de pobreza y designó
curador ad litem, el cual aceptó su cargo el 23 siguiente y
presentó escrito de demanda el 13 de junio de ese año.
• El TRIBUNAL en auto de 15 de mayo de 2025, declaró la falta
de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir el
expediente a los juzgados administrativos del Circuito de
Neiva, siendo asignado al Juzgado Décimo bajo el número
único de radicación 2025-00191-00 que, en proveído de 1o. de
agosto de 2025, inadmitió la demanda.
• El 13 de agosto de 2025, fue allegado el escrito de subsanación
de la demanda, no obstante, mediante auto de 29 de ese mes
y año el referido Juzgado rechazó la demanda por falta del
requisito de procedibilidad.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
• Contra dicha decisión el curador ad litem interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el
primero de estos de manera desfavorable por el citado
despacho judicial en proveído de 15 de septiembre de 2025 y
concedió en efecto suspensivo el segundo ante el TRIBUNAL.
• El 26 de septiembre de 2025 el asunto le fue asignado al
magistrado JOSÉ MILLER LUGO BARRERO para lo de su
competencia.
En virtud de lo anterior y conforme a las circunstancias fácticas
mencionadas, la Sala observa que, si bien no se ha resuelto el
recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la
demanda, lo cierto es que se ha surtido el trámite correspondiente
en el asunto, de tal forma que no se advierte una mora judicial
injustificada por parte de la autoridad judicial accionada, razón por
la cual se denegará el amparo solicitado frente al debido proceso,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Sumado a ello, es del caso advertir que, de conformidad con lo
expuesto por la empresa 4-72, se hizo necesario vincular como
accionado al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
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Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
NEIVA mediante auto de 20 de marzo de 20269, habida cuenta que
de la contestación allegada a este proceso por la mencionada red
postal, se indicó que la petición fue allegada el 6 de noviembre de
2025 a dicho tribunal, por lo que le fue remitida copia de la solicitud
de amparo para que rindiera informe sobre el particular.
En efecto, de las pruebas aportadas al plenario por la empresa 4-72,
se advierte que por error involuntario la petición del actor fue
remitida al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
NEIVA el 6 de noviembre de 2025, tal como se advierte a
continuación:
Ahora, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
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Notificado el 24 de marzo de 2026 al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Nieva.
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NEIVA al rendir informe, indicó que dio traslado de la petición
presentada por el actor al TRIBUNAL mediante Oficio de 27 de
marzo de 2026, tal como se observa de las pruebas allegadas al
proceso.
Por lo tanto, se evidencia que el TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA remitió la petición presentada por
el actor el 28 de octubre de 2025 al TRIBUNAL, para que fuera
aportada al proceso.
Mas adelante, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE NEIVA informó que el TRIBUNAL, mediante Oficio de 10 de abril
de 2026, dio respuesta a la petición del actor, la cual le fue enviada
por intermedio de los correos electrónicos institucionales del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Duitama juridica.epcduitama@inpec.gov.co y
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epcduitama@inpec.gov.co, con el objeto de que le fuera puesta en
su conocimiento, tal como se observa a continuación:
Así las cosas, de acuerdo con el informe allegado, se advierte que la
solicitud del actor le fue contestada el 10 de abril de 2026 y enviada
a las direcciones electrónicas institucionales del mencionado centro
carcelario.
En ese entendido, para la Sala es evidente que el TRIBUNAL atendió
la solicitud del actor, informándole los procesos que ha promovido
ante esa autoridad judicial contra la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y
OTROS, entre ellos, el radicado con el número 41001-23-33-000-
2025-00191-01 y su estado actual, así como el link del aplicativo
SAMAI para su acceso y consulta, en el que efectivamente por
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intermedio del centro penitenciario o su defensor puede evidenciar
las actuaciones judiciales allí surtidas, entre ellas, el rechazó de la
demanda y la resolución del recurso de apelación que esta pendiente
por resolver dicha corporación, por lo que se advierte que las
circunstancias fácticas que generaron la presunta vulneración
desaparecieron y se entiende que se ha configurado la carencia
actual de objeto, por hecho superado.
En vista de lo anterior, cabe traer a colación el concepto de la
carencia actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en
la sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»10. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
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M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
finalidad preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de
la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria
la intervención del juez de tutela […]”11. (Negrilla fuera del
texto).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo
siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
11
Ibidem.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01959-00
Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”12.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala también declarará la carencia actual de objeto pues
lo perseguido por el actor ya fue resuelto, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado
respecto al derecho de petición, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado respecto a la presunta
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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Actor: RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
mora judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO respecto de la petición de 28 de octubre de
2025, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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