Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01961-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01961-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01961-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01961-00
Accionante: Lyda Rodríguez Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Declara improcedencia por falta
de subsidiariedad y relevancia constitucional
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 10 de marzo de 2026, Lyda Rodríguez Torres instauró acción de tutela en busca
de que se dejara sin efectos la sentencia del 26 de junio de 20252, proferida por la
autoridad accionada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho3 que promovió en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio4. Lo anterior, con el propósito de
que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
2.
En la providencia cuestionada, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó la decisión del a quo5 que negó las pretensiones de la
demanda. La autoridad judicial consideró que a la actora no le asistía el derecho a
la pensión reclamada, por cuanto no logró acreditar su vinculación al servicio
docente con anterioridad al 27 de junio de 2003.
3.
Como fundamento de la solicitud de amparo, la tutelante alegó que la autoridad
demandada incurrió en los siguientes defectos:
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2
Notificada por correo electrónico el 9 de septiembre del mismo año.
3
Con radicado número 76001-23-33-000-2019-00314-01.
4
En adelante Fomag.
5
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dictó el fallo del 23 de junio de 2022.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01961-00
Accionante: Lyda Rodríguez Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
4.
Fáctico, por desestimar de forma arbitraria, restrictiva y formalista el valor
probatorio de la certificación de tiempo de servicios No. 246, expedida por el
municipio de Palmira, bajo el argumento de que no resultaba legible. A su juicio, una
revisión detallada de su contenido permitía establecer que se desempeñó como
docente oficial bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios durante los
periodos comprendidos entre el 18 de septiembre y el 31 de diciembre de 1995; el
15 de enero y el 30 de marzo de 1996; así como el 3 de abril y el 30 de junio de
1996. De igual manera, sostuvo que el encabezado del documento delimitó
expresamente el área de trabajo correspondiente a la “planta de cargos personal
docente”, lo cual daba cuenta de la naturaleza de las funciones desempeñadas.
5.
Señaló que dicho documento resultaba determinante para la resolución del asunto
y , además, resaltó que no fue objeto de tacha por la contraparte, circunstancia que
imponía al fallador la obligación de aplicar la presunción de veracidad contemplada
en el artículo 97 del Código General del Proceso.
6.
Procedimental, al fundamentar la decisión en una prueba decretada de oficio en
el trámite de segunda instancia, la cual fue incorporada en el expediente bajo la
restricción de información "clasificada", lo que impidió a la demandante acceder a
su contenido, limitando su posibilidad de ejercer una defensa técnica.
7.
Adujo que, si bien la autoridad judicial ordenó correr traslado de dicho elemento
probatorio, tal actuación careció de eficacia procesal, en la medida en que el archivo
permaneció bajo la restricción de información clasificada. Por ende, manifestó que
se pretermitió una etapa sustancial del proceso al no permitirle controvertir la prueba
en comento.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
8. Mediante auto de 13 de marzo de 2026, se resolvió admitir la demanda; notificar
de su presentación a la autoridad judicial accionada; vincular, en calidad de terceros
con interés, al Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y a la Fiduprevisora S.A; así como comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También se requirió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para que remitiera copia digital del expediente con
radicado número 76001-23-33-000-2019-00314-00/01.
(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B6
9. Sostuvo que no incurrió en los defectos endilgados, por cuanto la Sala valoró de
manera razonable el certificado No. 246 del 19 de enero de 2000, aportado por la
accionante con la reforma de la demanda. Resaltó que, en la providencia
cuestionada, se precisó que dicho documento no era legible, razón por la cual se
6
Intervención digital contenida en 7 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01961-00
Accionante: Lyda Rodríguez Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
consideró necesario decretar una prueba de oficio con el fin de esclarecer su
contenido.
10. En ese sentido, mediante auto del 27 de febrero de 2025, se ofició al municipio de
Palmira – Secretaría de Educación para que allegara copia de las órdenes de
prestación de servicios suscritas entre Lyda Rodríguez Torres y la entidad territorial
en los años 1995 y 1996 o, en su defecto, emitiera constancia del tipo de función o
labor desarrollada por la demandante en cada una de las órdenes de prestación de
servicios descritas en el certificado No. 246 de 19 de enero de 2000. A su vez, se
ordenó que, una vez recaudada la prueba, la Secretaría de la Sección corriera
traslado de la misma a los sujetos procesales, sin necesidad de que se expidiera una
nueva providencia, en aras de garantizar su derecho de contradicción.
11.Explicó que, en atención a dicho requerimiento, el municipio de Palmira informó
que, revisada su base de datos, no se evidenciaba vinculación laboral con la
demandante. Indicó que dicho memorial fue incorporado al expediente por la
Secretaría de la Sección como una actuación “clasificada”. Sin embargo, precisó que
ello no implica que el documento sea reservado o inaccesible, sino que su
visualización se encuentra habilitada únicamente para el despacho sustanciador, la
Secretaría, los sujetos procesales y los apoderados autorizados.
12. Agregó que, en cumplimiento del proveído del 27 de febrero de 2025, la Secretaría
corrió traslado de ese memorial a las partes, según consta en el aplicativo Samai.
Posteriormente, el 5 de mayo de esa misma anualidad, el apoderado de la actora
solicitó el enlace de acceso al expediente, solicitud que fue atendida por dicha
dependencia ese mismo día.
13. Con fundamento en lo expuesto, adujo que las partes tuvieron acceso al oficio
remitido por el municipio de Palmira en virtud de la prueba decretada de oficio y que,
incluso, en el caso de la parte demandante a su apoderado judicial se le suministró
el enlace de acceso al expediente. Por lo tanto, solicitó desestimar la solicitud de
amparo.
(ii) Ministerio de Educación Nacional7
14. Manifestó que el presente asunto carece de relevancia constitucional, por cuanto
gira en torno a una controversia de naturaleza estrictamente económica, sin que se
haya acreditado una vulneración a los derechos fundamentales invocados.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Análisis del caso concreto
15. EstaSubsección declarará improcedente la solicitud de amparo. En lo que
respecta al defecto procedimental, por no satisfacer el requisito general de
7
Intervención digital contenida en 10 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01961-00
Accionante: Lyda Rodríguez Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
subsidiariedad y, en cuanto al yerro fáctico, por no cumplir con el presupuesto de
relevancia constitucional.
16.De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. Por lo tanto, previo acudir al juez constitucional, el interesado debió
haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su alcance para
remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela
deviene improcedente.
17. En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional8 ha sostenido que, tratándose
de la acción de tutela contra providencia judicial, además de demostrarse la
afectación de derechos que se alega, también se debe acreditar que esa situación
fue puesta a consideración del juez natural de la causa o, en su defecto, que
existieron razones ajenas a su voluntad que le impidieron hacerlo.
18. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que los reparos en los que
sustentó la presunta configuración del vicio procedimental no superan el requisito de
subsidiariedad, en tanto no fueron expuestos ante el juez ordinario, ni se alegó la
existencia de una situación que hubiese impedido hacerlo.
19. Para fundamentar la ocurrencia de dicho defecto, la parte actora alegó que no
tuvo la posibilidad de controvertir la prueba decretada de oficio en el trámite de
segunda instancia, la cual sirvió de sustento a la decisión adoptada por la autoridad
accionada. Lo anterior, toda vez que, al ser incorporada al expediente, fue registrada
bajo el tipo de publicidad “clasificado”, lo que, según afirmó, le impidió acceder a su
contenido.
20. De la revisión del expediente en cuestión, se constató que, por medio de auto del
27 de febrero de 2025, la autoridad enjuiciada ofició al municipio de Palmira –
Secretaría de Educación para que remitiera copia de las órdenes de prestación de
servicios suscritas entre la accionante y la entidad territorial en los años 1995 y 1996,
o, en su defecto, expidiera constancia del tipo de función o labor desarrollada por la
demandante en cada una de las órdenes de prestación de servicios descritas en el
Certificado no. 246 de 19 de enero de 2000. Señaló que dicho documento fue
aportado de forma oportuna con la reforma a la demanda y que, si bien en este se
relacionaron los tiempos de servicios prestados por la actora a través de contratos
de prestación de servicios, no se estableció la naturaleza de las funciones
desempeñadas. Motivo por el cual la Sala estimó necesario esclarecer los aspectos
oscuros de la controversia, a través del decreto de esa prueba de oficio.
21. Enese mismo proveído, se dispuso que, una vez recaudada la prueba, por
Secretaría y sin necesidad de auto adicional, se corriera traslado de la misma a los
8
En sentencia T-186 de 2015.
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Accionante: Lyda Rodríguez Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
sujetos procesales por el término de tres (3) días, con el fin de garantizar su derecho
de defensa y contradicción.
22. En memorial fechado el 9 de abril de 2025, la entidad territorial allegó el Oficio
TRD- 203.1.18.01.00000001.10.2025000591, por medio del cual dio respuesta al
requerimiento efectuado a través del auto del 27 de febrero de esa anualidad. Dicho
documento fue registrado en el expediente bajo el tipo de publicidad de “información
clasificada”.
23. Según consta en el índice 21 del expediente digital, una vez recolectada la prueba
decretada de oficio, el 2 de mayo de 2025 la Secretaría de la Sección corrió traslado
del documento a los sujetos procesales por el término de tres días, indicando que
se encontraba disponible en el índice 19 del expediente.
24. Debe precisarse que, en el aplicativo Samai, las actuaciones y documentos
registrados en los expedientes pueden clasificarse según distintos tipos de
publicidad: pública, reservada o clasificada. En esta última categoría, la anotación y
los documentos solo son visibles para el despacho sustanciador, la Secretaría, los
sujetos procesales y sus apoderados judiciales.
25. Descendiendo al caso concreto, el documento incorporado a índice 19 del
expediente fue registrado bajo el tipo de publicidad “clasificado”, como se evidencia
a continuación:
26. En ese orden, el hecho de que la prueba decretada de oficio hubiese sido
registrada como “información clasificada” no constituía, por sí misma, un obstáculo
para que las partes tuvieran acceso a aquella, en la medida en que este tipo de
publicidad permite su visualización, entre otros, a los sujetos procesales y a sus
apoderados debidamente autorizados. Cosa distinta sería que el documento
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Accionante: Lyda Rodríguez Torres
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
hubiese sido clasificado como “reservado”, pues su acceso se limita exclusivamente
al despacho sustanciador, o que se hubiese presentado una falla o deficiencia
técnica que impidiera su consulta.
27. Sin embargo, en el expediente no obra evidencia de que la parte actora hubiese
puesto en conocimiento de la autoridad judicial accionada alguna dificultad técnica
que le impidiera acceder al documento y, por ende, que limitara su derecho de
defensa y contradicción, pese a haber contado con la oportunidad procesal para
ello9.
28. De manera que la demandante no puede pretender -vía tutela- subsanar sus
falencias, ni revivir etapas procesales bajo reproches que no fueron planteados en
las instancias respectivas, pues la labor del juez constitucional no puede estar
orientada a enmendar la inactividad o negligencia de las partes. En consecuencia,
en lo que atañe a tales reproches, se declarará la improcedencia del mecanismo de
amparo.
29. Lo propio ocurre con el alegado defecto fáctico, en tanto los planteamientos en lo
que se fundó dicho yerro no cumplen con la carga argumentativa exigida para
controvertir una providencia judicial.
30. La accionante cuestionó que se haya desestimado el valor probatorio de la
Certificación No. 246 del 19 de enero de 2000, expedida por el municipio de Palmira,
bajo el argumento de que no resultaba legible.
31. Sobre el particular, en el fallo censurado, la Sección Segunda - Subsección B del
Consejo de Estado señaló que, en la reforma de la demanda, se allegó copia de
dicho certificado. Indicó que si bien en el encabezado del documento se leía:
“DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE PALMIRA,
GERENCIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, PLANTA DE CARGOS PERSONAL
DOCENTE”, los tiempos de servicios allí reportados no resultaban legibles y no
permitían establecer con claridad la naturaleza de las labores desarrolladas. Razón
por la cual dispuso decretar prueba de oficio mediante auto del 27 de febrero de
2025.
32. Laautoridad accionada expuso que, en respuesta a dicho requerimiento, el
municipio de Palmira, en memorial del 9 de abril de 2025, informó que, una vez
revisada la base de datos de la entidad, no se evidenciaba vinculación laboral con
la demandante. A su vez, destacó que se corrió traslado a las partes de dicho
documento, sin que esas se hubiesen pronunciado al respecto.
33. A partir de una apreciación conjunta de la Certificación no. 246 del 19 de enero
de 2000, la prueba decretada de oficio y los demás elementos de juicio obrantes en
el plenario, la autoridad accionada concluyó que no se logró acreditar la suscripción
9
Únicamente obra una solicitud presentada por la empresa Lupa Jurídica a través de la cual se pidió el link de acceso al
expediente. Sin embargo, no se tiene certeza de a cuál de las partes prestaba el servicio de dependencia judicial. En todo
caso, dicha petición se limitó a requerir el enlace de acceso al expediente, sin que se hubiera informado la existencia de alguna
situación que impidiera la visualización de algún documento en particular.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01961-00
Accionante: Lyda Rodríguez Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de órdenes de prestación de servicios en los periodos comprendidos entre el 18 de
septiembre y el 31 de diciembre de 1995; el 15 de enero y el 30 de marzo de 1996;
y del 3 de abril al 30 de junio de 1996, como se afirmó en la demanda y en su
reforma.
34. En consecuencia, el juzgador estimó que únicamente se probó la vinculación de
la actora como docente a partir del 27 de enero de 2014, lo que evidenciaba que su
ingreso al sector educativo oficial fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, de ahí que no le resultara aplicable el régimen prestacional previsto en
la Ley 71 de 1988, lo que imponía confirmar la decisión de primera instancia, que
negó las pretensiones de la demanda.
35. De la lectura de la providencia acusada, así como de la revisión de los elementos
probatorios que le sirvieron de fundamento, en particular, el documento cuya
valoración se reprocha, no se desprende un análisis caprichoso, arbitrario o
irrazonable. Por el contrario, se muestra coherente y razonable de cara a las pruebas
recaudadas en el trámite contencioso-administrativo y a la convicción a la que
llevaron aquellas.
36. La consideración relativa a la insuficiencia del certificado aportado por la actora
no solo se sustentó en la dificultad para identificar con claridad los periodos allí
consignados, sino también en la imposibilidad de establecer con certeza la
naturaleza de las funciones desempeñadas. En ese sentido, la inconformidad de la
parte actora se circunscribe, en realidad, a discrepar con la apreciación realizada
por el juez de la causa sobre la ilegibilidad del documento.
37. No obstante, dicho razonamiento encuentra pleno respaldo en el principio de libre
apreciación probatoria y la sana crítica, pues a partir de la revisión del documento,
tanto en la versión digitalizada, como en la aportada con la acción de tutela, salta a
la vista las dificultades de legibilidad que impiden extraer del mismo conclusiones
claras y unívocas. Precisamente, ante la falta de claridad de dicho certificado, el juez
de segunda instancia, en ejercicio de sus facultades oficiales, decretó una prueba
adicional, con el fin de esclarecer los aspectos oscuros de la controversia.
38. Así, una valoración conjunta e integral del acervo probatorio permitió arribar al
convencimiento de que la demandante no logró demostrar su vinculación al servicio
docente en los términos alegados, requisito indispensable para el reconocimiento
pensional pretendido.
39. Como se vio, dicho análisis no se circunscribió a la conclusión relativa a la
ilegibilidad de la certificación inicialmente aportada, sino que comprendió una
valoración integral del material probatorio, incluida la prueba decretada de oficio.
Respecto de esta última, además, la autoridad accionada advirtió que no fue
controvertida por la demandante, pese haber sido debidamente incorporada al
expediente y puesta en conocimiento de las partes, consideración que se torna
razonable, si se tiene en cuenta que la actora no demostró haber alegado ante el
juez ordinario la existencia de una circunstancia que le impidiera acceder al
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01961-00
Accionante: Lyda Rodríguez Torres
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
contenido de dicho documento o ejercer oportunamente su derecho de
contradicción.
40. Bajo ese escenario, lejos de evidenciar una verdadera deficiencia probatoria que
amerite protección constitucional, lo que se advierte es una mera discrepancia con
la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada que, por
demás, se enmarca dentro de los parámetros de la razonabilidad jurídica.
41. De esta manera, la parte actora no desplegó un ejercicio argumentativo suficiente
para evidenciar la existencia de un error ostensible, manifiesto y determinante en la
decisión adoptada; falencia que cobra aún más relevancia, considerando que la
sentencia acusada fue proferida por una Alta Corte, cuyas decisiones gozan de un
margen interpretativo amplio que obliga a aceptar sus interpretaciones y
valoraciones probatorias, incluso cuando el juez de tutela discrepe con ellas. Ello
impone al actor una carga argumentativa aún más exigente, que revele la existencia
de un vicio de tal magnitud que resulte abiertamente incompatible con el
ordenamiento jurídico, lo que se echa de menos en esta oportunidad.
42.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
10
VF
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