Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01961-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01961-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01961-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01961-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: LYDA RODRÍGUEZ TORRES
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, PUES
LOS ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO
POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ADEMÁS, TAMPOCO SE
CUMPLE EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD, PUES DEBIÓ DE PONER DE
PRESENTE LA IMPOSIBILIDAD DE VISUALIZAR EL DOCUMENTO ANTE LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 8 de mayo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo.
1
En adelante SECCIÓN TERCERA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01961-01
Actora: LYDA RODRÍGUEZ TORRES
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora LYDA RODRÍGUEZ TORRES, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio
pro homine, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2, al
haber proferido la providencia de 26 de junio de 2025 dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 76001-23-33-000-
2019-00314-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que cuenta con más de 55 años y acumuló 20 años de
servicio en el sector público y privado, acreditando haberse
desempeñado como docente antes de la entrada de en vigencia de la
Ley 812 de 26 de junio de 20033.
2
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
3
"Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario".
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01961-01
Actora: LYDA RODRÍGUEZ TORRES
Indicó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN -
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG)4, con
el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto
mediante el cual se le negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 19 de diciembre de
19885.
Sostuvo que el proceso fue identificado con el número único de
radicación 2019-00314-00 y le correspondió por reparto al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA6 que,
mediante sentencia de 23 de junio de 2022, denegó las pretensiones
de la demanda.
Señaló que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación
el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante
sentencia de 26 de junio de 2025, confirmó la decisión del a quo, por
considerar que: “[…] la actora no tiene derecho a que el FOMAG le
4
En adelante FOMAG.
5
Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.
6
En adelante TRIBUNAL.
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reconozca y pague la pensión por aportes, pues no logró demostrar
su vinculación con anterioridad al 27 de junio de 2003 para ser
beneficiaria de la transición del artículo 81 de la Ley 812 del mismo
año, en ese entendido, el acto presunto derivado del silencio
administrativo negativo demandado conserva su presunción de
legalidad, pues efectivamente debía denegarse el reconocimiento
prestacional […]”.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en defecto
fáctico, por desestimar de forma arbitraria, restrictiva y formalista
el valor probatorio de la certificación de tiempo de servicios núm.
246, expedida por el municipio de Palmira, bajo el argumento de que
no resultaba legible, por cuanto una revisión detallada de su
contenido permitía establecer que se desempeñó como docente
oficial bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios
durante los períodos comprendidos entre el 18 de septiembre y el 31
de diciembre de 1995; el 15 de enero y el 30 de marzo de 1996; así
como el 3 de abril y el 30 de junio de este último año y, además, el
encabezado de dicho documento delimitó expresamente el área de
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trabajo correspondiente a la “planta de cargos personal docente”, lo
cual daba cuenta de la naturaleza de las funciones desempeñadas.
Agregó que la citada certificación resultaba determinante para la
resolución del asunto y no fue objeto de tacha por la contraparte,
circunstancia que, en su sentir, imponía al fallador la obligación de
aplicar la presunción de veracidad prevista en el artículo 97 del
Código General del Proceso (CGP).
Adujo que la autoridad judicial accionada también incurrió en
defecto procedimental, al fundamentar la decisión en una prueba
decretada de oficio en el trámite de segunda instancia, la cual fue
incorporada en el expediente bajo la restricción de información
"clasificada", lo que le impidió acceder a su contenido, limitando su
posibilidad de ejercer una defensa técnica.
Resaltó que si bien la SECCIÓN SEGUNDA ordenó correr traslado
de dicho elemento probatorio, también lo es que tal actuación careció
de eficacia procesal, en la medida en que el archivo permaneció bajo
la restricción de información clasificada y, por ende, se pretermitió
una etapa sustancial del proceso al no permitirle controvertir la
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prueba en comento.
I.4.- Pretensiones
Por lo anterior, la actora solicitó lo siguiente:
“[…] 1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO -SECCIÓN
SEGUNDA- SUBSECCIÓN B, en sentencia del 26 de junio de 2025
proferida dentro del medio de control identificado con No. 76001
23-33-000-2019-00314-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora LYDA
RODRÍGUEZ TORRES, por fundarse la decisión en un medio de
prueba obtenido en el trámite de segunda que no fue puesto en
conocimiento de la docente para garantizar el ejercicio legítimo del
derecho de defensa y contradicción.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
CONSEJO DE ESTADO -SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN B
dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se
profiera una nueva decisión judicial que garantice el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva. […]”
(Destacado texto original).
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA solicitó denegar el amparo
deprecado, por cuanto no incurrió en los defectos endilgados y, por
el contrario, valoró de manera razonable el certificado núm. 246 de
19 de enero de 2000 aportado por la accionante con la reforma de la
demanda, frente al cual en la providencia cuestionada se precisó que
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dicho documento no era legible, razón por la que se consideró
necesario decretar una prueba de oficio con el fin de esclarecer su
contenido y se requirió al municipio de Palmira.
Resaltó que el ente territorial informó que revisada su base de datos,
no se evidenciaba vinculación laboral con la actora, lo cual realizó a
través de un memorial que fue incorporado al expediente por la
Secretaría como una actuación “clasificada”, lo cual no implicaba que
el documento fuera reservado o inaccesible, sino que su visualización
se encontraba habilitada únicamente para el despacho sustanciador,
la Secretaría, los sujetos procesales y los apoderados autorizados.
Agregó que, en cumplimiento del proveído de 27 de febrero de 2025,
la Secretaría corrió traslado de dicho memorial a las partes, según
consta en el aplicativo SAMAI y, además, el 5 de mayo de esa misma
anualidad, el apoderado de la actora solicitó el enlace de acceso al
expediente, solicitud que fue atendida por dicha dependencia ese
mismo día, lo que demuestra que las partes tuvieron ingreso al oficio
remitido por el municipio de Palmira en virtud de la prueba decretada
y que, incluso, en el caso de la parte demandante a su apoderado
judicial se le suministró dicho link.
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I.5.2.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG
solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia,
debido a que el presente asunto carece de relevancia constitucional,
por cuanto gira en torno a una controversia de naturaleza
estrictamente económica, sin que se haya acreditado una vulneración
de los derechos fundamentales invocados por la actora.
I.5.3.- La FIDUPREVISORA S.A., vinculada en calidad de tercera
con interés directo, pese a ser debidamente notificada del presente
trámite, guardó silencio.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 8 de mayo de 2026,
declaró improcedente el amparo al considerar que no se cumplían los
requisitos generales de subsidiariedad y relevancia constitucional.
Frente al defecto procedimental alegado, advirtió que el hecho de
que la prueba decretada de oficio hubiese sido registrada como
“información clasificada” no constituía, por sí mismo, un obstáculo
para que las partes tuvieran acceso a aquella, en la medida en que
este tipo de publicidad permite su visualización, entre otros, a los
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sujetos procesales y a sus apoderados debidamente autorizados, por
lo que sería distinto si el documento hubiese sido catalogado como
“reservado”, pues su acceso se limita exclusivamente al despacho
sustanciador, o que se hubiese presentado una falla o deficiencia
técnica que impidiera su consulta.
Precisó que en el expediente no obraba evidencia de que la actora
hubiese puesto en conocimiento de la autoridad judicial accionada
alguna dificultad técnica que le impidiera acceder al documento y
ejercer su derecho de defensa, pese a haber contado con la
oportunidad procesal para ello, razón por la que no puede pretender
a través de la acción de tutela subsanar sus falencias, ni revivir
etapas procesales bajo reproches que no fueron planteados en las
instancias respectivas, pues la labor del juez constitucional no puede
estar orientada a enmendar la inactividad o negligencia de las partes.
En cuanto al defecto fáctico, consideró que los planteamientos en lo
que se fundó dicho yerro no cumplían con la carga argumentativa
exigida para controvertir una providencia judicial, pues la actora no
desplegó un ejercicio argumentativo suficiente que demostrara la
existencia de un error ostensible, manifiesto y determinante en la
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decisión cuestionada, lo cual cobraba aún más relevancia al tratarse
de una sentencia proferida por una Alta Corte, cuyas decisiones
gozan de un margen interpretativo amplio que obliga a aceptar sus
interpretaciones y valoraciones probatorias, incluso cuando el juez
de tutela discrepe con ellas.
Finalmente, concluyó que lejos de evidenciarse una verdadera
deficiencia probatoria que ameritara protección constitucional, lo que
se advertía era una mera discrepancia de la accionante con la
valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada,
la cual, por demás, se enmarca dentro de los parámetros de la
razonabilidad jurídica.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en
el escrito introductorio frente a la configuración de los defectos
fáctico y procedimental.
Además, señaló que, contrario a lo afirmado por el a quo, el presente
asunto sí reviste relevancia constitucional, toda vez que la autoridad
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judicial accionada fundamentó su decisión de negar el
reconocimiento de la pensión en la respuesta suministrada por el
Municipio de Palmira el 9 de abril de 2025, documento que si bien el
despacho afirmó haber compartido con las partes a través del índice
19 de la plataforma SAMAI, en el expediente digital quedó guardado
bajo la restricción de información "CLASIFICADA", impidiéndole
técnicamente que pudiera abrir el archivo, leerlo y defenderse ante
lo dicho por dicho ente territorial.
Insistió en que cumplió a cabalidad con su carga probatoria al aportar
los medios de convicción idóneos para demostrar su derecho al
reconocimiento de la pensión por aportes, entre ellos, la certificación
de tiempo de servicios núm. 0246 expedida por el municipio de
Palmira, la cual fue desestimada por la SECCIÓN SEGUNDA
amparándose en el argumento de que su información no resultaba
legible, pese a que su contenido material resultaba ser determinante
para la resolución del litigio en tanto demostraba fehacientemente el
tiempo en el que se desempeñó como docente oficial bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios y la naturaleza de
la función que desarrolló.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
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expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
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y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la providencia de 26 de junio de 2025, proferida
por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2019-00314-01.
A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio
pro homine, habida cuenta que, a su juicio, la SECCIÓN SEGUNDA
incurrió en defecto fáctico, por desestimar de forma arbitraria,
restrictiva y formalista el valor probatorio de la certificación de
tiempo de servicios núm. 246, expedida por el municipio de Palmira,
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bajo el argumento de que no era legible, pese a que resultaba
determinante para la resolución del caso concreto.
Además, alegó que también incurrió en defecto procedimental,
debido a que fundamentó la decisión en una prueba decretada de
oficio en el trámite de segunda instancia, la cual fue incorporada en
el expediente bajo la restricción de información "clasificada", lo que
le impidió acceder a su contenido y, por ende, no pudo controvertirla
ni ejercer su derecho de defensa.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 8 de mayo de 2026,
declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se
cumplían con los requisitos de la relevancia constitucional y
subsidiariedad.
Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recurso de
impugnación contra la decisión proferida en primera instancia, en el
que reiteró los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito
introductorio frente a la configuración de los defectos fáctico y
procedimental y, además, recalcó que, contrario a lo afirmado por el
a quo, el presente asunto sí reviste relevancia constitucional, toda
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vez que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión de
negar el reconocimiento de la pensión en la respuesta suministrada
por el municipio de Palmira el 9 de abril de 2025, documento que si
bien el despacho afirmó haber compartido con las partes a través del
índice 19 de la plataforma SAMAI, en la realidad quedó guardado
bajo la restricción de información "CLASIFICADA", impidiéndole
técnicamente que pudiera abrir el archivo, leerlo y defenderse ante
lo dicho por dicha entidad territorial.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
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Actora: LYDA RODRÍGUEZ TORRES
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]”. (Destacado fuera
de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
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discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por la actora es
que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo se tratara de una instancia
adicional al proceso ordinario cuestionado.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la
accionante se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial
accionada desestimó de forma arbitraria y restrictiva el valor
probatorio de la Certificación de tiempo de servicios núm. 246,
expedida por el municipio de Palmira, bajo el argumento de que no
era legible, pese a que resultaba determinante para la resolución de
su caso, pues acreditaba el tiempo en el que se desempeñó como
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docente oficial bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios y la naturaleza de la función que desarrolló.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que, frente
a la certificación de tiempo de servicios núm. 246 aludida por la
actora, expuso lo siguiente:
“[…] 3) En la reforma de la demanda, presentada oportunamente,
allegó copia del certificado de tiempo de servicios 0246 del 19 de
enero de 2000 expedido por el secretario de educación y la jefe de
la división administrativa del municipio de Palmira, Valle del Cauca,
y en cuyo encabezado se lee «DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA, MUNICIPIO DE PALMIRA, GERENCIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL, PLANTA DE CARGOS PERSONAL DOCENTE», en el cual
se relacionan de manera no legible los tiempos de servicio
prestados por la demandante a través de contratos de prestación
de servicios, sin establecer la naturaleza de la función desarrollada.
4) De conformidad con lo anterior, mediante auto que decreta
pruebas de oficio del 27 de febrero de 202549 se resolvió oficiar al
municipio de Palmira, Valle del Cauca, Secretaría de Educación
Municipal para que, en el término máximo de 10 días, allegara a
esta instancia copia de las órdenes de prestación de servicios
suscritas entre Lyda Rodríguez Torres y la entidad territorial en los
años 1995 y 1996, o en su defecto, emitiera constancia del tipo de
función o labor desarrollada por la demandante en cada una de las
órdenes de prestación de servicios descritas en el certificado 0246
de 19 de enero de 2000. […]”.
Asimismo, de conformidad con el estudio del material probatorio
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obrante en el expediente, la autoridad judicial accionada, concluyó
que:
“[…] 72. De acuerdo con lo anterior, es claro para la Sala que la
docente se vinculó al sector educativo oficial después del 27 de
junio de 2003, en la medida en que de las pruebas aportadas al
proceso no se pudo establecer la suscripción de órdenes de
prestación de servicios desde el 18 de septiembre de 1995 al
31 de diciembre de 1995, del 15 de enero de 1996 al 30 de
marzo de 1996 y del 3 de abril de 1996 al 30 de junio de
1996 como lo relaciona en la demanda y la reforma de la demanda,
contrario sensu, de acuerdo a la respuesta dada por el municipio
de Palmira, Valle del Cauca no se evidencia ningún tipo de
vinculación con ese ente territorial, luego entonces, se tiene que su
vinculación legal y reglamentaria como docente en provisionalidad
fue desde el 27 de enero de 2014, servicios que sin duda
acreditan su ingreso al sector educativo oficial después de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y que no la hacen
beneficiaria del régimen prestacional contenido en la Ley 71 de
1988 y el Decreto 2709 de 1994, debido a la acumulación de
tiempos públicos y privados.
73. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que no es
procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación de la
actora, toda vez que se vinculó al servicio docente oficial luego del
27 de junio de 2003, concretamente el 21 de enero de 2014, por
lo que su pensión se rige por la Ley 100 de 1993, modificada por
la Ley 797 de 2003, y el ingreso base de liquidación deberá
calcularse conforme a los factores salariales descritos en el Decreto
1158 de 1994, sin embargo, como todos los tiempos no son
públicos, le es aplicable la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de
1994 que consagra la pensión por aportes.
74. Precisó que la solicitud la hizo el 29 de noviembre de 2018,
cuando aún el FOMAG no estaba obligado a pagar la pensión por
aportes, pues la demandante no cumplía con el requisito de que los
aportes a la última entidad (FOMAG) hayan sido mínimo de seis
años, del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994 que dice
textualmente que «La pensión de jubilación por aportes será
reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que
efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación
continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años.
En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será
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reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya
efectuado el mayor tiempo de aportes». Por lo anterior, la actora
no tiene derecho a que el FOMAG le reconozca y pague la pensión
por aportes a la demandante, pues la entidad obligada era
Colpensiones, ante quien se debió agotar el trámite administrativo.
75. Frente a los razonamiento del Tribunal, la parte actora señaló
que se debe revocar la sentencia de primera instancia, pues como
puede evidenciarse, su vinculación a la docencia oficial data del 18
de septiembre de 1995, fecha que es anterior a la de entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual se le debe aplicar
la Ley 71 de 1988 y reconocerle una pensión por aportes a cargo
del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio por ser la entidad
a la cual se encuentra adscrita actualmente.
76. A juicio de la Sala, la vinculación al servicio educativo oficial es
crucial para establecer las condiciones en que los docentes deben
pensionarse. Tan es así que, como se ilustró en el marco teórico de
esta providencia, cuando dicha vinculación es posterior al 27 de
junio de 2003, se aplican las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a
efectos de determinar los requisitos para adquirir el derecho (con
excepción de la edad, que será de 57 años) y los parámetros para
reconocerlo; mientras que para los docentes que ingresaron al
servicio educativo con antelación, se garantiza que puedan
pensionarse con el mismo régimen de los servidores públicos del
orden nacional, lo que habilita la aplicación directa e integral de
normas anteriores a la Ley 100, como las leyes 33 de 1985 y 71 de
1988.
77. Esto obedece a que el criterio diferenciador se construyó bajo
una sola situación: la vinculación docente antes o después del 27
de junio de 2003. Con esta precisión se buscó, por un lado, avanzar
en el objetivo de unificar los distintos regímenes pensionales, al
indicar que a los docentes oficiales que se vinculen después de la
Ley 812 de 2003 se les aplicaría el régimen de prima media (con
excepción de la edad) y, por otro, garantizar la expectativa legítima
de aquellos que prestaron sus servicios antes del cambio
normativo, quienes esperaban pensionarse con normas anteriores
a la Ley 100 de 1993.
78. De otro lado, en relación con el régimen de transición contenido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es preciso señalar que,
para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigor de la Ley
100 de 1993 a nivel territorial, Lyda Rodríguez Torres acreditó
tener 33 años de edad de acuerdo a su fecha de nacimiento (10 de
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marzo de 1962) y un tiempo de servicios privados de 535 semanas,
por lo que tampoco es beneficiaria de ese régimen.
79. No obstante lo anterior, comoquiera que a la fecha de
expedición de esta sentencia la demandante ya tiene la edad
exigida para obtener la pensión conforme a la Ley 100 de 1993, se
ordenará al FOMAG que revise su situación pensional, siempre y
cuando cuente con la anuencia de la demandante para comprobar
si ya reúne los requisitos, y en caso de cumplir las exigencias de
ley, le sea reconocida la prestación conforme el régimen de prima
media.
80. En ese orden de ideas, le asiste razón al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, Sala de Oralidad al considerar que la actora no
tiene derecho a que el FOMAG le reconozca y pague la pensión por
aportes, pues no logró demostrar su vinculación con anterioridad
al 27 de junio de 2003 para ser beneficiaria de la transición del
artículo 81 de la Ley 812 del mismo año, en ese entendido, el acto
presunto derivado del silencio administrativo negativo demandado
conserva su presunción de legalidad, pues efectivamente debía
denegarse el reconocimiento del derecho prestacional. […]”
(Destacado fuera de texto).
De los apartes transcritos de la providencia objeto de tutela, se
evidencia que, al resolver el problema jurídico la SECCIÓN
SEGUNDA efectuó un análisis del material probatorio obrante en el
proceso ordinario, frente al cual determinó que la actora se vinculó
al sector educativo oficial después la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, en la medida en que de las pruebas aportadas no se
pudo establecer la suscripción de órdenes de prestación de servicios
desde el 18 de septiembre al 31 de diciembre de 1995, del 15 de
enero al 30 de marzo y del 3 de abril al 30 de junio de 1996, razón
por la que concluyó que la señora RODRÍGUEZ TORRES no tenía
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derecho a que el FOMAG le reconociera y pagara la pensión por
aportes solicitada.
Ahora, frente a la inconformidad de la accionante relativa a que se
dejó de valorar la certificación núm. 0246 de 19 de enero de 2000,
que aportó con la reforma a la demanda, la autoridad judicial
accionada explicó que dicho documento resultaba ilegible en la
mayoría de sus apartados y, además, del mismo no se lograba
acreditar la naturaleza de la función desarrollada por la actora.
Igualmente, para esclarecer dicha circunstancia, la SECCIÓN
SEGUNDA profirió el auto de 27 de febrero de 2025, mediante el
cual decretó una prueba de oficio y, en consecuencia, dispuso: “[…]
Oficiar al municipio de Palmira [Valle del Cauca], Secretaría de
Educación Municipal para que, en el término máximo de 10 días,
allegue a esta instancia copia de las órdenes de prestación de
servicios suscritas entre Lyda Rodríguez Torres y la entidad territorial
en los años 1995 y 1996, o en su defecto, emita constancia del tipo
de función o labor desarrollada por la demandante en cada una de
las órdenes de prestación de servicios descritas en el certificado 0246
de 19 de enero de 2000 […]”.
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En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN SEGUNDA
no sólo se pronunció, precisamente, frente a las inconformidades que
ahora alega la actora en sede constitucional, sino que además hizo
uso de la facultad oficiosa para decretar pruebas con el fin de reunir
el material probatorio suficiente para resolver el caso concreto, sin
que se vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente
arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía
judicial, por lo que el asunto carece del requisito general de la
relevancia constitucional.
Situación distinta es que la accionante no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN SEGUNDA decidió el asunto sometido a
su consideración.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
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relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez constitucional, quien no puede desconocer
la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Ahora bien, frente a la inconformidad de la actora relativa a que no
pudo acceder al memorial presentado por el municipio de Palmira el
9 de abril de 2025, por encontrarse bajo la restricción de información
"CLASIFICADA", impidiéndole técnicamente que pudiera abrir el
archivo, leerlo y así ejercer su derecho de defensa, la Sala advierte
que, tal y como lo sostuvo la autoridad judicial accionada en su
contestación y según la información registrada en SAMAI, a través
de su Secretaría se le corrió traslado a las partes de dicho documento
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y, posteriormente, se remitió directamente el link del mismo a la
empresa Lupa Jurídica, quien lo solicitó en calidad de dependiente
judicial de la accionante.
En tales condiciones, la Sala comparte lo concluido por el a quo al
considerar que tampoco se satisface el requisito de la subsidiariedad,
pues, de persistir en la imposibilidad de acceder al documento
aportado por el ente territorial, correspondía a la accionante informar
oportunamente esa circunstancia a la SECCIÓN SEGUNDA o a su
Secretaría para que, en el ejercicio de sus funciones de dirección del
proceso, adoptaran las medidas pertinentes, por lo que la acción de
tutela no puede erigirse en un mecanismo destinado a subsanar la
inactividad procesal de las partes ni a replantear situaciones que
pudieron ser oportunamente puestas de presente y resueltas dentro
del proceso ordinario.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo, que declaró
improcedente la solicitud de amparo y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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