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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01976-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01976-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Mario Alejandro Tobar Hincapié, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2026 1976 00 Accionante: Mario Alejandro Tobar Hincapié Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01976-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 01976 00
Accionante: Mario Alejandro Tobar Hincapié
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Mario Alejandro Tobar Hincapié,
en contra de la sentencia del 25 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado núm. 66001 33 33 002 2024 00335 00/01/02.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Mario Alejandro Tobar Hincapié, actuando por conducto de apoderada, promovió
acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la
sentencia proferida el día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente
radicado bajo número 66001333300220240035500 [sic], transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) MARIO ALEJANDRO TOBAR HICAPIÉ,
por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia
emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material
probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente MARIO ALEJANDRO TOBAR HICAPIÉ a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico. [Mayúsculas y negrillas originales del escrito de
tutela].

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01976 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 1976 00
Accionante: Mario Alejandro Tobar Hincapié
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que es docente oficial en la categoría 3CM del escalafón regulado
por el Decreto Ley 1278 de 2002.

Relató que, en ejercicio de su competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos, el Gobierno Nacional dispuso incrementos iguales para el
personal docente vinculado al escalafón establecido por el precitado decreto durante los
años 2005, 2006 y 2007. Sin embargo, expuso que para el año 2008, se decretaron
aumentos porcentuales «inequitativos» en la asignación básica salarial sin que mediara
una exposición de motivos previa, razonada y suficiente, con respaldo jurídico, técnico y
fáctico, que justificara la legalidad de tal diferenciación.

Manifestó que, en virtud de lo anterior, se vio afectado al evidenciar que para la categoría
3DM del escalafón docente recibió un incremento en su salario para los años 2008 y 2009
del 44,89% mientras que la categoría 3CM obtuvo solo un 32,71%; lo que evidencia una
diferencia negativa de 12,18 puntos porcentuales.

Señaló que presentó reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, solicitando el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
“desiguales e injustificados” decretados para el año 2008, en el cual se favoreció a los
docentes de la categoría 3DM en detrimento de quienes, como el, se encontraban en el
escalafón 3CM.

Indicó que el Ministerio de Educación mediante oficio sin número del 5 de marzo de 2024
negó su solicitud y que la entidad territorial mediante Oficio núm. 20240315-11279-I del
15 de marzo de 2024 también negó su solicitud.

Expuso que, ante la negativa de su solicitud, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento en contra del Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Pereira
con el fin que se declarara la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades demandadas.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Pereira que, mediante sentencia del 17 de marzo de 2025, negó las
pretensiones.

Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en sentencia del 25 de septiembre de 2025 la confirmó al
considerar lo siguiente:

“Conclusión: Bajo tal panorama, la Sala encuentra que la parte demandante no
probó las causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos
salariales de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel
salarial, para los años 2008, 2009 y 2011, de conformidad con las razones
expuestas en las presentes consideraciones; ya que, como se explicó no se trata
de sujetos ubicados en plano de igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo
normativo o jurisprudencial para predicar que existía la obligación de aumentos
iguales.”

2

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Accionante: Mario Alejandro Tobar Hincapié
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

Frente a la procedencia de la acción de tutela, sostuvo que su solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial.

Al respecto, aseveró lo siguiente2:

El presente asunto reviste especial relevancia constitucional, toda vez que la
providencia judicial negó el reconocimiento del derecho y en consecuencia, vulneró
los principios de igualdad material y progresividad salarial, consagrados en los
artículos 13 y 53 de la Constitución Política, para tal efecto, téngase en cuenta que,
se trata de un conflicto que no se agota en la mera interpretación de normas legales,
sino que compromete la vigencia efectiva de derechos fundamentales, toda vez que
la decisión judicial convalidó un trato discriminatorio entre categorías del escalafón
docente, pese a existir un precedente constitucional claro y vinculante que exigía
garantizar la igualdad sustancial en la asignación de incrementos salariales.

En cuanto a los requisitos generales de procedencia, alegó que la providencia acusada
incurrió en defecto sustantivo y defecto fáctico.

Sobre el defecto sustantivo argumentó lo siguiente3:

[…] la providencia judicial adolece de un defecto sustantivo que habilita la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias, en los términos
fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005, pues la decisión
se fundó en una interpretación arbitraria que desconoce principios constitucionales
aplicables al caso concreto, perpetúa una desigualdad salarial injustificada y
afecta de manera directa los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en
condiciones dignas de la parte actora. [ …].

Por último, respecto al defecto fáctico explicó lo siguiente4:

En el sub examine, el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria
respecto del debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión
administrativa, resulta imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos
incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la
sentencia ofrecen explicación alguna al respecto, lo que genera una profunda
incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión administrativa que
avaló este incremento salarial desigual, por lo que la ausencia de sustento en tales
parámetros no solo vulnera el principio de igualdad material consagrado en el
artículo 13 de la Constitución, sino que también desnaturaliza los fines del servicio
educativo y compromete la legalidad del acto administrativo cuestionado.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.

3

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 1976 00
Accionante: Mario Alejandro Tobar Hincapié
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

3.1. La tutela fue radicada el 10 de marzo de 20265 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 12 de marzo de 20266 la admitió y dispuso notificar7 al Tribunal
Administrativo de Risaralda, como parte accionada; así como vincular8, al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Pereira, a la Nación – Ministerio de Educación y
al municipio de Pereira, como terceros con interés directo en el proceso constitucional.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Risaralda y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pereira, para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
radicado núm. 66001 33 33 002 2024 00355 00/01/02, número que fue indicado conforme
a lo señalado en el escrito de tutela; no obstante, una vez recibidos los expedientes
remitidos por dichas autoridades judiciales9, se constató que el radicado correcto
corresponde al núm. 66001 33 33 002 2024 00335 00/01/02.

3.2. El secretario de educación en encargo del municipio de Pereira allegó escrito10 en el
que se opuso a las pretensiones de la tutela, al considerar, en primer lugar, que el
accionante carece de legitimación en la causa por activa. Ello, en tanto el número de
radicación citado en el escrito de tutela no corresponde a ningún proceso en el cual aquel
haya sido parte, circunstancia que impide establecer un vínculo jurídico directo con la
providencia judicial cuestionada y, en consecuencia, acreditar la titularidad del derecho
fundamental cuya protección se reclama.

De igual manera, sostuvo que la solicitud de amparo desconoce el requisito de
inmediatez, dado que la decisión atacada fue notificada en septiembre de 2025, mientras
que la acción de tutela se interpuso en marzo de 2026, sin que el accionante ofreciera
una explicación razonable que justificara el lapso de aproximadamente seis meses
transcurridos. Tal conducta, en su criterio, resulta incompatible con la naturaleza urgente
y subsidiaria del mecanismo constitucional.

Así mismo, enfatizó que la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un carácter
estrictamente excepcional y no puede ser utilizada como una tercera instancia para
reabrir debates jurídicos o probatorios ya definidos en el proceso ordinario. En el caso
concreto, señaló que las decisiones cuestionadas fueron debidamente motivadas,
proferidas en doble instancia, con valoración probatoria expresa y dentro del marco de la
autonomía judicial, sin que se configure defecto sustantivo ni fáctico alguno.

En ese sentido, concluyó que la controversia planteada obedece a una simple
inconformidad del accionante con las conclusiones alcanzadas por los jueces naturales,
y no a una vulneración directa de derechos fundamentales, razón por la cual solicitó negar
las pretensiones de la tutela y declarar probadas las excepciones formuladas.

5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01976 00.
6 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01976 00.
7 Esta orden se cumplió el 16 de marzo de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01976 00.
8 Esta orden se cumplió el 13 de marzo de 2026. Visto en los índices 9, 10 y 11 de la Sede Electrónica para

la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01976 00.
9
Visto en los índices 14 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 01976 00.
10 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01976 00.
4

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 1976 00
Accionante: Mario Alejandro Tobar Hincapié
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

3.3. La profesional especializada de la Oficina Asesora jurídica del Ministerio de
Educación Nacional allegó escrito11 en el que solicitó declarar la improcedencia del
amparo, toda vez que el debate planteado corresponde a una controversia de naturaleza
estrictamente económica, un litigio que involucra intereses privados y que, por ello,
excede la competencia del juez de tutela al carecer de relevancia constitucional.

3.4. La apoderada del municipio de Pereira allegó escrito12 en el cual sostiene que los
reproches formulados por la parte accionante se circunscriben a cuestionar el sentido de
la sentencia de segunda instancia, al estimar que esta vulneró derechos fundamentales
como el debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia, los cuales,
no trascienden el ámbito del debate ordinario ya agotado, en la medida en que
constituyen una reiteración de las inconformidades planteadas y resueltas en el trámite
judicial, de modo que el accionante pretende que el juez constitucional reexamine la
controversia y profiera una decisión distinta, utilizando la acción de tutela como una
instancia adicional.

Destaca, además, que el juez natural actuó dentro del marco de sus competencias
constitucionales y legales, con sustento en las pretensiones, las excepciones, las pruebas
y las normas aplicables al caso, sin apartarse de los hechos ni del derecho debatido por
las partes.

3.5. El Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Pereira remitieron13 el enlace del proceso identificado con el radicado núm.
66001 33 33 002 2024 00335 00/01/02, sin embargo, no se pronunciaron sobre los
hechos ni las pretensiones de la tutela.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 14 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,15 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202116, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201917, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

11 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01976 00.
12 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01976 00
13 Visto en los índices 14 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado

núm. 11001 03 15 000 2026 01976 00.
14 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
15 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
16 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
17 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
5

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Accionante: Mario Alejandro Tobar Hincapié
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente18:

4.2.1. El señor Mario Alejandro Tobar Hincapié, actuando por conducto de apoderada,
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el municipio de Pereira, pretendiendo la nulidad del

[…] acto administrativo OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 5 DE MARZO DE 2024
(…) en cuanto le negó a mi poderdante el derecho a la diferencia en el incremento
salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008
para el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que fue realizado un
incremento del 44,89%, (…), mientras que el incremento efectuado a la categoría
del escalafón 3CM, fue del 32,71% en su salario para el mismo año. […]

En igual sentido, solicitó la nulidad:

[…] total del acto administrativo OFICIO No 20240315 11279-I DE FECHA 15 DE
MARZO DE 2024 (…) en cuanto le negó a mi poderdante el derecho a la diferencia
en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual
en el año 2008 para el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que fue realizado
un incremento del 44,89%, (…), mientras que el incremento efectuado a la
categoría del escalafón 3CM, fue del 32,71% en su salario para el mismo año.
[Negrilla y subrayado del texto original]

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las entidades
demandadas reconozcan:

[…] el pago de las diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años
anteriores a la petición realizada (…), con ocasión de la diferencia en el incremento
salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008
para el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que fue realizado un
incremento del 44,89%, (…), mientras que el incremento efectuando a la
categoría del escalafón 3CM, fue del 32,71% en su salario para el mismo año […].
[Negrilla y subrayado del texto original]

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Oral Administrativo del
Circuito de Pereira que, en sentencia del 17 de marzo de 2025 negó las pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025 la
confirmó.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

La Sala evidencia que la Secretaría de Educación Municipal de Pereira alegó que el
accionante no se encontraba legitimado en la causa para promover la presente acción de
tutela. Al respecto, la Sala no comparte dicha consideración, por las razones que pasan
a explicarse.

18 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado

núm. 66001 33 33 002 2024 00335 00/01/02. Visto en los índices 11 y 12 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01976 00.
6

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 1976 00
Accionante: Mario Alejandro Tobar Hincapié
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

Frente a la legitimación en la causa por activa, el artículo 86 de la Constitución Política
establece que: «[…] toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública […]». [Se destaca].

A su vez, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispuso que, «[…] la acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales […]». [Se destaca].

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-511 de 2017, al hacer referencia de
la sentencia T-176 de 2011, anotó que: «[…] la legitimación en la causa por activa
constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de tutela tenga un
interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, de
tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental
reclamado es propio del demandante […]». [Se destaca].

En igual sentido ha señalado lo siguiente:

[…] la legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un
derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige
la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del
demandante, y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado,
vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente […]19.

A su turno, esta sección ha indicado que quien promueve una acción de tutela con el
propósito de buscar la protección de un derecho fundamental, presuntamente
amenazado o vulnerado con ocasión de las actuaciones que se surtan en el trámite de
un proceso judicial, debe acreditar que es o hizo parte del mismo20

En ese sentido, la Sala evidencia que si bien en el escrito de tutela se indicó de manera
errónea que el proceso ordinario objeto de debate correspondía al número 66001 33 33
002 2024 00355 00/01/02, lo cierto es que dicho yerro obedece a un error de digitación,
pues en la verificación integral del expediente remitido por las autoridades judiciales
accionadas se pudo constatar que el señor Tobar Hincapié sí promovió un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y el municipio de Pereira, al cual le correspondió el radicado núm. 66001 33 33
002 2024 00335 00/01/02 y en el que se profirieron las sentencias hoy acusadas.

De hecho, se corroboró que las fechas de las providencias coinciden plenamente con las
señaladas en el escrito de tutela, esto es, la sentencia de primera instancia del 17 de
marzo de 2025 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira
y la de segunda instancia del 25 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.

19 Corte Constitucional. Sentencia T – 568 del 17 de julio de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo.
20 Esta posición ha sido expuesta en: (i) Sentencia del 26 de noviembre de 2018. C.P. Oswaldo Giraldo

López. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 02901 01 y (ii) Sentencia del 26 de marzo de
2021. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2022 04272 01
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 1976 00
Accionante: Mario Alejandro Tobar Hincapié
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

En consecuencia, se tiene por acreditada la legitimación en la causa por activa del
accionante, en la medida en que ostenta un interés directo en el asunto sometido a
consideración, derivado de su calidad de parte dentro del proceso judicial que se
cuestiona.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que21:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

21 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.

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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

4.3.3. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)22. (Se destaca) […].

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate que se surtió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que
sus inconformidades están encaminadas a cuestionar la interpretación normativa
efectuada en el caso en cuestión.

22 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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Lo anterior, con el fin de insistir en que existió una desigualdad salarial injustificada entre
el escalafón 3DM y 3CM, lo cual ya fue objeto de debate.

Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia de segunda instancia acusada, expuso
lo siguiente23:

[…] Debe resaltar la Sala de decisión que, al pretender la nulidad de actos
administrativos como los que ahora se cuestionan, la parte demandante debe
demostrar que han sido expedidos con alguna causal de nulidad; sin embargo,
la información que brinda el material probatorio obrante en el plenario es muy
limitada, sin que la carga argumentativa permita llegar a la conclusión propuesta,
pues de los documentos que reposan en el dosier no es posible advertir una
vulneración al derecho a la igualdad, habida cuenta que el tratamiento diferente
que se establece en los actos acusados, en relación con el porcentaje del
aumento salarial entre quienes se encontraban en el escalafón 3DM y quienes
se encontraban en el escalafón 3CM no debe considerarse discriminatorio, por
lo siguiente:

[…]

[…] debe reseñar este juez colegiado que no existe una norma, ni alguna
jurisprudencia o línea jurisprudencial que respalde la tesis del demandante
según la cual, el gobierno nacional está obligado a realizar incrementos iguales
para todos los servidores públicos sin que importe o sea relevante su nivel y
grado o incluso para el caso concreto, para todos los docentes, quienes también
tienen su propia regulación específica al respecto (diferentes grado de escalafón
y nivel salarial); aquello no se deduce ni de la redacción de los artículos 2° 3° y
4° de la ley 4 de 1992, ni tampoco del artículo 53 que se reseñan como
vulnerados por la demanda.

[…]

[…] se observa que la entidad demandada no vulneró los preceptos
constitucionales que alude el demandante, comoquiera que se estableció la
actualización salarial para los docentes para la vigencia 2008, dentro de los
límites y de acuerdo a las competencias que le habían sido conferidas.

[…] la Sala encuentra que la parte demandante no probó las causales de nulidad
sustancial alegadas en relación con los aumentos salariales de los docentes
ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial, para el año 2008, de
conformidad con las razones expuestas en las presentes consideraciones; ya
que, como se explicó no se trata de sujetos ubicados en plano de igualdad y, por
lo tanto, no existe un imperativo normativo o jurisprudencial para predicar que
existía la obligación de aumentos iguales, por tal razón se confirmará la
sentencia de primera instancia.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el
juez natural de la causa y la valoración probatoria efectuada, por lo que se concluye que,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el
tercer criterio de la relevancia constitucional.

23 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 66001

33 33 002 2024 00335 02.
10

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En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión
del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación,
las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales
que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el supuesto en el
caso que aquí se examina.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Mario Alejandro Tobar Hincapié, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16 de
abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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